Teodorín Nguema Obiang, de 45 años, vicepresidente segundo de Guinea Ecuatorial e hijo del dictador africano, intenta negociar con la Justicia francesa para evitar el juicio sobre corrupción, presunto blanqueo de capitales y saqueo de las arcas públicas de su país que está a punto de fijarse en la Corte de París.
Los abogados de Obiang han sondeado a los jueces franceses para intentar llegar a un acuerdo y acogerse al procedimiento de reconocimiento de culpabilidad que existe en Francia y que permite declararse culpable, aceptar una pena y pagar una indemnización para evitar el juicio, según señalan a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación.
“Quieren evitar el espectáculo de un juicio largo en el que se presentarán muchas pruebas que, además, puede terminar en una condena. Mejor aceptar una pena y acabar lo más rápido posible”, dice una fuente que pide el anonimato. La Justicia francesa dictó una orden de busca y captura contra el hijo de Obiang después de que este se negara a declarar. Finalmente, Teodorín lo hizo por videoconferencia lo que anuló la orden de Interpol.
El juicio contra Obiang conlleva una poderosa carga mediática porque supone juzgar en Europa a un dirigente africano por un caso de corrupción. La excolonia española, de unos 700.000 habitantes, tiene una extensión de 28.051 kilómetros cuadrados y una renta per cápita de 35.000 dólares, aunque la mayor parte de los guineanos subsiste con un dólar al día.
Ocho de los diez testigos que le acusan de cobrar comisiones ilegales durante su larga etapa de ministro de Bosques son españoles, en su mayoría emprendedores que antes de iniciarse la causa revelaron a este periódico el presunto chantaje al que fueron sometidos por el hijo del presidente guineano. Germán Pedro Tomo, uno de ellos, residente en Madrid, cuenta con escolta policial. En 2005, dos sicarios colombianos intentaron asesinarle.
Los jueces Roger Loire y René Grouman han dirigido una compleja investigación sobre los bienes mal adquiridos —como se denomina esta investigación en Francia— embargando en 2012 las propiedades en París del hijo de Obiang: una residencia de 5.000 metros en el número 42 de la avenida Foch, una colección de coches de lujo —Bugattis, Rolls Royce, Bentleys y Porche— y obras de arte de Renoir y Degas, valorado todo en más de 110 millones de euros. Los vehículos ya han sido subastados por tres millones de euros.
La investigación sobre las propiedades de Obiang Nguema se inició después de que las ONG Sherpa y Transparency International presentaran una denuncia contra los presidentes de varios Estados africanos con propiedades en Francia. La de El Patron, apodo con el que se le denomina en Malabo, es la única que prosperó. La Justicia francesa no aceptó el argumento de sus abogados de que gozaba de inmunidad diplomática. La Corte de Apelación de París presidida por la señora Boizette rechazó su petición. Ahora, otra mujer, Elian Houlette, la nueva fiscal anticorrupción francesa, emitirá su calificación.
En el supuesto de que los jueces y el acusado lleguen a un acuerdo de culpabilidad tanto la fiscalía como un juez tendrán que validarlo en una vista, según señalan fuentes jurídicas.
Nguema Obiang, candidato a suceder a su padre en el poder, llegó en octubre a un acuerdo con la Justicia norteamericana para evitar que continuara investigándole por fraude y blanqueo. Aceptó vender su villa en Malibú por 30 millones de dólares (26,5 millones de euros) y entregarlos a ONG guineanas.
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