Acabamos de remitir un escrito de petición de nulidad del decreto formulado por Obiang Nguema Mbasogo. Este decreto, el número 132/2015, establece el “levantamiento del Censo Electoral” del 15 al 30 de enero de 2016. Resulta que la ley 7/2015 firmada por la misma persona, en su artículo 44 establece en el párrafo 1 que el censo electoral es permanente y en su párrafo 2 dice que su revisión anual debe tener lugar cada año, desde el 1º de enero, siendo esta revisión susceptible de recursos que se han de fallar como más tardar el primero de agosto de cada año, habiéndose publicado previamente el censo  tras su realización en cada una de las circunscripciones censales, para que los guineanos tengan la oportunidad de recurrir pidiendo su corrección. La revisión automática del censo se realiza con los datos demográficos disponibles el 31 de diciembre del año anterior, remitidos por los ayuntamientos, sobre sus poblaciones residentes. Aquellos que hubieran fallecido, se les retira del censo, aquellos que hubieran cumplido los 18 años se les incorpora en el censo, aquellos que hubieran cambiado de residencia, se les cambia de circunscripción.

La Ley 7/2015 de Elecciones Presidenciales establece además que hay una revisión del censo durante el periodo electoral, aparte de las actualizaciones anuales indicadas.

El Censo electoral, que obviamente es distinto del censo de población aunque estadísticamente es correlativo con él, es responsabilidad de un departamento llamado SERVICIO DEL CENSO ELECTORAL, que pertenece a la Dirección General de Estadística y que a su vez está integrado en el ministerio de Planificación.

Cuando el artículo 44 de la Ley de Elecciones Presidenciales habla de un censo permanente, significa que ya existe y por tanto se elaboró en algún momento del pasado. Aquí se han hecho varios censos electorales y cada vez que se ha hecho, sin ajustarse a la ley, se ha gastado una cantidad enorme de dinero, dinero que es de todos nosotros. Obiang suele librar varios miles de millones al ministro de planificación, que los gasta a su libre albedrio. Simultáneamente existe el servicio de censo, con gastos asignados anualmente en los presupuestos generales del Estado. El dinero que Obiang libra al ministro de planificación no se debe librar porque la realización del censo, este levantamiento del censo electoral que realizan por cada elección, no se debe hacer.

Los agentes censales que se contratan, suponemos, de forma eventual, cobran un dinero. Son a su vez miembros del partido PDGE elegidos por el responsable de lo que ellos llaman células base. Es una forma de premiarles su adscripción al partido del dictador, usando fondos del Estado, Estado del que todos formamos parte. Quiere ello decir que eso del “levantamiento del Censo” debe formar parte de una liturgia para gastar dinero del Estado entre unos cuantos elegidos, empezando por el ministro de planificación y acabando con el ultimo agente censal. Por supuesto, el ministro del Interior y su cohorte de intimidadores (gobernadores y delegados) forman parte de esta liturgia. Todos ellos cobran añadidos. Y así ha sido siempre.

El gasto del levantamiento del censo es por tanto ilegal, porque la acción es ilegal. Nadie le dice al dictador que esto no se debe hacer ni él debe leer las leyes y decretos que firma. Esperemos que al menos le digan que hemos formulado un recurso de nulidad de su decreto y entre sus muchos desplazamientos tenga unos minutos para leerlo y decidir.

Es muy importante, es vital, que Obiang Nguema haga las cosas de acuerdo a la LEY. Hasta ahora no lo ha hecho.

¿Qué se supone que debemos hacer los que exigimos que el dictador y su gobierno cumplan la LEY y vemos que no la cumplen de forma sistemática?

Como Obiang no cumple la Ley, toda Guinea es un marasmo donde todos incumplen las leyes y normas. Todos intentan evadir el cumplimiento de las normas. Y cuando digo todos, significa TODOS, incluyendo los partidos de la oposición.

El total de médicos formados que han hecho el último curso en Cuba supera los 200. Pero faltan médicos ¿Dónde están?. Los médicos formados, pobremente formados porque el supuesto hospital universitario tiene menos recursos e instrumental que un ambulatorio de España y los profesores no tienen la preparación que deberían, tanto cubanos como guineanos, decía, estos médicos han sido formados con los recursos del Estado y deberían haber firmado un contrato para devolver al Estado parte de los gastos de su formación, ya sea trabajando en hospitales públicos, ya sea devolviendo el crédito equivalente. Resulta que algunos de estos médicos guineanos que pertenecen al clan dictatorial, trabajan en centros privados como La Paz, donde cobran al menos cinco veces lo que paga el Estado a los médicos en centros públicos. Y cobrando de esos centros privados –que se hicieron privados una vez fueron construidos con fondos públicos, otra aberración- también cobran del Estado porque han sido nombrados médicos de los centros públicos, a donde nunca van a trabajar. Y por eso no hay médicos en los hospitales públicos, el Regional de Malabo y el Regional de Bata. No van a su trabajo. Dicen que el sueldo, 300 euros, es muy bajo. Pero lo cobran. Una acción FUERA de la LEY. Un delito.

Por supuesto, el responsable de estos médicos no tiene autoridad sobre ellos. Si los despide mediante expediente disciplinario, otra persona los vuelve a poner en nómina, esa persona está más cerca de Obiang que el supuesto responsable de personal del departamento o del centro hospitalario. Total, no van al trabajo y cuando van no trabajan y cuando lo hacen, lo hacen con total ineficacia. Es una grave pérdida de dinero y de recursos humanos.

El caso de los médicos no es único. Muchos funcionarios no van a sus trabajos pero cobran el sueldo. Su responsable de personal teme tomar represalias contra ellos porque al final puede ser despedido si algunos de esos funcionarios absentistas tienen ligazón con la dictadura:  “el mismo que te ha puesto ahí es el mismo que me ha puesto aquí” suelen responder esos funcionarios indisciplinados. Todo al margen de la Ley.

Una vez fui a recoger un dinero enviado desde España. El local estaba lleno de extranjeros africanos que envían dinero al exterior. Cuando llegué a la ventanilla, la chica me pidió la fotocopia de mi documento de identificación. Le dije que yo tenía el original y me contestó “no me sirve, necesito fotocopia”. En otras partes del mundo, para enviar o recibir dinero, uno tiene que identificarse para el correspondiente control de transferencia de divisas al exterior. Y los bancos o empresas de envío se aseguran que el que va a enviar es el que dice que es, mirando la cara del que envía y la foto del documento de identificación. Posteriormente la empresa de envío de dinero hace una fotocopia del documento de identificación para su archivo. Esta actuación es correcta, pero en Guinea se actúa sin razón. Porque la gente que va a enviar el dinero utiliza fotocopias del DIP de otras personas y superan los límites establecidos de transferencia. No se aseguran que el DIP es original, la fotocopia puede haber sido manipulada digitalmente poniendo un número que no se corresponde con la persona que figura. Yo que venía a hacer las cosas correctamente, presentando mi DIP para que supieran que yo era el verdadero receptor, fui echado por la cajera maleducada que seguía insistiendo que “solo me vale la fotocopia” y yo tenía que salir a hacerla fuera, buscando alguna empresa de fotocopias en la calle. Lo que hacen aquí en Guinea en los bancos es ilegal, ya que no se aseguran que el que envía el dinero o recibe es el que está presente y muestra su DIP. Todo ello para que el señor que envía el dinero, miembro de la dictadura política o empresarial, pueda estar tranquilamente en su casa y enviar a alguien a hacer el trabajo, superando las cotas máximas de envío que el dictador estableció y que, según se ve, se lo salta todo el mundo con esta práctica ilegal. Las fugas de capital por persona en Guinea son las más altas de Africa, gracias a esta evidente ilegalidad. Pero todo el mundo se calla, dicen que así debe ser. La capacidad de pensar o de discernir, aquí, se ha reducido enormemente gracias a una dictadura irracional que no busca el óptimo sino mandar por las armas.

La oficina de expedición de documentos CENEDOGE está en principio bien organizada. Hacer un documento es caro. Hace mucho tiempo dejó de expedir documentos en Bata, porque Teodorín así lo decidió. Las razones no las conocemos, posiblemente un exceso de corrupción estaba en la base  esta decisión y este muchacho, cuando le da un pronto, decide con la oreja y no con la cabeza. El caso es que la expedición de documentos, visados, permisos de residencia, etc. estuvo paralizada durante varios meses. En la oficina de Malabo, algunos funcionarios listos han inventado un negocio en torno a ella. Los impresos que se rellenan cuestan un dinero, pero es que exigen además que se haga una instancia de solicitud, cuando el impreso es ya una instancia. Casualmente hay un chiringuito a la entrada del CENEDOGE donde un señor hace instancias con un portátil e impresora, que cuesta un dinero. Ahí mismo te hacen la fotografía tamaño carnet, porque te dicen que solo se admite la foto hecha en ese chiringuito y la que se lleva traída del fotógrafo chino no sirve. El señor que recoge los documentos es el que filtra y es el que debe haber colocado ese negocio floreciente. Y ese señor tiene una cinta métrica y en lugar de preguntar por la estatura, mide a las personas y rellena el campo de estatura, cobrando mil francos. Yo conozco mi estatura y tenía rellenados todos los campos, así que me libré de una parte. Todos esos añadidos pueden suponer 4 mil francos por persona. Si pasan por la oficina de documentos unas cien personas por día, el negocio de estos listos supone 400 mil al día, dos millones a la semana, que van a parar a los bolsillos de los funcionarios que han montado el negocio. A eso hay que sumar el coste de la expedición de cada documento. El negocio es un procedimiento al margen de la Ley, un delito. Y cuando uno se queja, te aconsejan pagar si quieres conseguir el documento. Además no hay sitio a donde quejarse, la indefensión es total. No hay mesa de información a la entrada y eso es una señal clara de que el ciudadano no existe para esa oficina.

Hoy en día los SIM de los dispositivos móviles inteligentes, los llamados Smartphone, son del tipo mini y micro. Cuando uno hace el contrato en GETESA para adquirir un número de teléfono móvil de prepago, solo entregan el SIM antiguo que es grande. Yo me quejé diciendo que mi teléfono no admite ese tamaño. Los SIM que todas las operadoras entregan hoy en día son de los tres tamaños y el usuario rompe el SIM al tamaño adecuado a su Smartphone. Mi queja solo sirvió para que me enviaran a la oficina de atención al cliente. Vaya, respiré aliviado, aquí hay una oficina de atención al cliente, pensé. En la oficina de atención al cliente, un señor dicharachero escuchó mis quejas y me pidió el SIM. Sacó de uno de los armarios de su mesa una maquinita y recortó el SIM al tamaño adecuado. Le di las gracias y me dijo: son 4 mil francos. ¡maldita sea! Exclamé, esto debe ser gratuito… tuve que pagar.

Y GETESA sigue entregando SIM grandes, para que el responsable de atención al cliente haga su agosto a costa de los clientes. Una grave irregularidad. Y GETESA es la empresa de telecomunicación más cara del mundo, no se saben las tarifas, que han tenido que ser aprobadas en Consejo de Ministros. No hay control de cuánto cuesta una llamada ni nadie vigila lo que cobra. GETESA tiene que mantener a muchos trabajadores que no trabajan pero cobran, todos situados en la órbita dictatorial.

Los extranjeros del Africa Occidental de la calle la Libertad de Malabo –hay una calle de la Libertad que se dirige justo hacia el palacio del dictador- le hacen ahora la competencia al simpático empresario de atención al cliente de Getesa, cobran 3 mil y te inundan de ofertas de smartphones piratas traídos de Dubai.

Por los datos que voy manejando, las empresas estatales no tienen beneficios sino pérdidas. Gepetrol, Ceiba, Getesa, etc. son los ejemplos de empresas con pérdidas, que necesitan unas transferencias de fondos desde la Hacienda Pública. No se explica por qué estas empresas, que operan casi en régimen de monopolio, con precios muy elevados de sus servicios, son incapaces de generar beneficios o al menos operar sin pérdidas. Lo que hace el régimen es colocar a su gente como trabajadores de esas empresas, muchas veces sin trabajar pero con sueldos muy elevados. Es decir que no se pretende que esas empresas funcionen bien, sino premiar con elevados sueldos a las personas de la dictadura, primero del entorno familiar, luego del entorno de su pueblo y luego del entorno de su distrito. El personal de esas empresas no se ha elegido por calidad y cantidad para optimizar los resultados, es decir, para que funcione bien. Ceiba por ejemplo trata a los clientes como si fueran animales, no explica nada a nadie, pone y quita los aviones al libre albedrio, mantiene el montaje de tener aviones matriculados en Portugal y tripulación de White que resulta muy costoso y la ejecutiva tiene sueldos millonarios cuando encima la compañía tiene pérdidas.

Estas empresas estatales y organismos autónomos a los que el Estado tiene que inyectar dinero porque operan en pérdidas como diseño, trabajan casi siempre al margen de la legalidad. No es nada nuevo. La compañía Ceiba tiene unos aviones que fueron comprados por el Estado y no por Ceiba. Eso debería gestionarse como si fueran unos créditos que Ceiba debe devolver al Estado, incluyendo los costes de amortización financiera y los de amortización del material aéreo dentro de la estructura de costes de la empresa. La entrega de aviones comprados por el Estado a Ceiba, una sociedad anónima con participación estatal, no está formalizada por ningún procedimiento. Por tanto la situación de esos aviones es ilegal o al menos informal. No puede haber nada informal dentro de la Administración del Estado, sino que debe ajustarse a la Ley. No existe ninguna normativa que aborde las empresas estatales, aunque se intenta ahora crear entes con funciones de Holding financiero, como fue el caso del INI en España, algo que no se ha llegado a realizar del todo. Actuar dentro de la Ley no forma parte del pensamiento de Obiang Nguema Mbasogo.

La circulación vial es aquí una anarquía. No se siguen las normas de circulación y se evitan los accidentes solo por evitar hacer daño al coche propio. De modo que el que más miedo tiene es el que cede el paso, no el que se halle a la derecha en el sentido de circulación, por ejemplo. El importe de las multas, cuando se ponen, que no se ponen casi nunca, no se hacen de acuerdo al código de circulación.

Y así todo, nadie sigue la Ley porque el que gobierna este país lo ha transformado en un mundo sin leyes.Lo que podia ser una aparente ventaja para el dictador, se ha puesto en su contra y terminará con su dictadura.