UNIÓN POPULAR
UP
GUINEA ECUATORIAL
COORDINACIÓN EXTERIOR
26/12/2002: COMUNICADO.-
Estamos asistiendo estos días, en la República de Guinea Ecuatorial, a una manifiesta, flagrante e incontestable demostración, por si a alguien le quedaba alguna duda, del carácter autocrático y totalitario del régimen del Presidente Obiang Nguema Mbasogo.
Después de saltar por encima de sus propias leyes, promulgadas unilateralmente y en base a su conveniencia política, para convocar elecciones presidenciales fuera de los periodos estipulados, así como protagonizar una campaña electoral basada en la represión, la intimidación y el abuso despótico del poder, acaparando todos los bienes y recursos del estado en favor del candidato oficial; el pasado día 15 de diciembre, ha demostrado una vez más su nula voluntad para poder llevar a cabo la democratización del país secuestrando vilmente la voluntad del pueblo al promulgar unos resultados totalmente ajenos al proceso electoral, fraudulentamente elaborados en los despachos de la mal llamada Junta Electoral Nacional (JEN) que no es más que un órgano más del PDGE presidido por el Ministro del Interior e integrado por otros tantos altos cargos de dicho partido. Al día de hoy, 26 de diciembre, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial PDGE, nos presenta lo que denomina una transcripción de la resolución firmada por los miembros del Tribunal Constitucional, otro apéndice del PDGE ya que está constituido exclusivamente por notorios dirigentes de dicha formación política. La Resolución del Tribunal de Apelación constituye además una simple copia literal de los mismos argumentos esgrimidos por la ejecutiva del partido PDGE y que son los mismos que ha estado manejando el propio Gobierno desde el mismo día 15 de diciembre.
Según el PDGE, a través del documento transcrito presentado, se ha respetado “escrupulosamente” la Ley Fundamental y la Ley número 15/1995 de fecha 9 de junio que regula las elecciones presidenciales, siendo todo ello falso, ya que ninguna Ley autoriza la implantación del voto público entre otras irregularidades; que el proceso electoral se ha efectuado con las garantías necesarias para asegurar la transparencia de su desarrollo, lo cual es otra falsedad, los candidatos han sufrido todo tipo de atropellos durante la campaña que han venido denunciando puntualmente ante la Junta Electoral nacional (JEN) sin obtener ningún resultado; que los candidatos han gozado de plena libertad para llevar a cabo la campaña electoral, siendo que se tuvieron que suspender muchos mítines por falta de garantías de seguridad debido a actuaciones gamberriles de los militantes del PDGE en varias cabeceras de municipios y distritos; que todos los candidatos y sus colaboradores han participado libre y activamente en todas las etapas de las elecciones, mientras todo el mundo sabe que los candidatos de la oposición tomaron la decisión de abandonar a principios de los comicios y en algunas mesas electorales retuvieron a los interventores de los partidos de la oposición a punta de pistola, según manifestación propia; y por último, resulta curioso que sea el propio Tribunal Constitucional el que considera ilegal y no ajustado a derecho ¿a qué derecho?, el que algunos de los candidatos decidieran retirarse, sin haberse detenido a analizar el porqué, además, como todos sabemos, el abandono se hizo no DESPUÉS, sino AL PRINCIPIO de iniciar el proceso y constatar que se había impuesto el voto público obligatorio. Lo cual ya contradice el punto anterior referente al cumplimiento de la legalidad vigente en materia electoral.
Desde Unión Popular seguimos manifestando nuestra preocupación al constatar el estado de deterioro en que se hallan nuestras instituciones, sobre todo, si se observa el concepto que el actual régimen que dirige los destinos de nuestro país tiene de las instituciones y órganos del Estado. Todas las instituciones y todos los poderes están subordinados al partido gubernamental y éste funciona bajo la dirección del Presidente de la República y de los miembros más allegados de su familia. Ninguna institución puede funcionar fuera del control del Partido y éste no hace absolutamente nada si no recibe órdenes de la “superioridad”. ¿Dónde está la independencia del Poder Judicial?, ¿cómo se entiende que un alto órgano del Estado como el Tribunal Constitucional, se reúna para tomar decisiones sobre los resultados de unas elecciones presidenciales, y en sus conclusiones ni siquiera recoja las quejas presentadas por los diferentes grupos políticos cuyos candidatos concurrían a las mismas, y que al inicio del proceso decidieron retirarse por constatar la manifestación descarada del fraude, que a su vez estaba abiertamente apoyada por la denominada Junta Electoral Central (JEN), órgano en principio destinado a velar por el cumplimiento de la legalidad durante el proceso?.
Desde UNIÓN POPULAR, no podemos dejar de manifestar nuestro más enérgico rechazo a este tipo de actuaciones; son totalmente improcedentes los resultados promulgados por la Junta Electoral Nacional (JEN) y carece de valor legal la Resolución del Tribunal Constitucional, por ser ambos órganos constituidos sólo por militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial PDGE y totalmente dependientes de esta formación política, por tanto incompetentes para determinar en temas donde ésta constituye una de las partes. No se ha respetado la legalidad ni en la convocatoria electoral, ni durante la campaña ni en la organización de las propias elecciones, por tanto el proceso en general debería quedar anulado e instar a una nueva convocatoria electoral.
UNIDAD, JUSTICIA Y PROGRESO
LA COORDINACIÓN EXTERIOR DE UNIÓN POPULAR (UP).
Fuente: Unión Popular de Guinea Ecuatorial
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