Denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Ginebra, primavera de 2005
Denunciante: El partido Fuerza Demócrata Republicana de Guinea Ecuatorial.
Estado denunciado y disposiciones del pacto violadas: Guinea Ecuatorial, Estado parte del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ratificado con fecha 25 de septiembre de 1987, en vigor desde el 25 de octubre del mismo año.
Disposiciones violadas
1. Artículo 7, sobre torturas y malos tratos.
2. Artículo 9, por el carácter arbitrario de las detenciones.
3. Artículo 10.1, por el trato recibido durante las detenciones.
4. Artículo 2.3, por la inexistencia de recursos para poner fin y remediar sobre las violaciones referidas y en especial la tortura.
5. Artículos 14.1, 14.2 y 14.3; porque las víctimas no han tenido asistencia letrada, no han sido puestos a disposición de un tribunal dentro de un plazo razonable de tiempo y fueron juzgados sin las más mínimas garantías jurídicas y procesales.
I.
Introducción
La grave, persistente y sistemática situación de violación de derechos humanos y libertades públicas que se registra en Guinea Ecuatorial durante los últimos 25 años de mandato del actual presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde el 3 de agosto de 1979, desbordan considerablemente la comprensión lógica y racional de los ciudadanos de este pequeño país, como se puede constatar en los múltiples, reiterativos y coincidentes informes y denuncias de los sucesivos Representantes Especiales de la Comisión de Derechos Humanos para Guinea Ecuatorial, los señores: Fernando Volio Jiménez, Alejandro Artucio Rodríguez y Gustavo Gallón Giraldo, así como diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las organizaciones pro derechos humanos internacionales, partidos políticos internos y asociaciones internacionales en materia de libertad de expresión y de derechos fundamentales.
Con el paso del tiempo y a pesar de la proclamación oficial del pluralismo político en 1991 y la consiguiente legalización de partidos políticos, la situación sociopolítica de Guinea Ecuatorial se ha ido deteriorando gravemente en materia de derechos humanos y libertades públicas. El régimen, obsesionado por conservar el poder a cualquier precio, no ha introducido ápices de cambios efectivos para garantizar el respeto del imperio de la ley, de la Constitución y de las reglas de juego democráticas divulgadas y aprobadas por el mismo Gobierno a través de las instituciones oficiales competentes. El pueblo en su conjunto, partidos políticos, sus líderes y militantes, están sometidos a una incesante y sistemática represión política difícilmente inimaginable en un país que se precia de una constitución democrática y pluralista.
Esta situación, que se ha hecho más patente en los últimos tres años, después de la revocación del mandato del último Representante Especial para el seguimiento de la situación de derechos humanos en el año 2002, ha convertido a Guinea Ecuatorial en un Estado caótico, minado por la arbitrariedad, la inseguridad jurídica, la corrupción política y económica, cuyos principales responsables son la oligarquía gobernante, que dirige el país con puño de hierro y absoluta impunidad, ignorando totalmente los elementales derechos fundamentales de los ciudadanos y violando sutilmente la Constitución y las leyes que emanan de ella, así como los Convenios y Tratados internacionales debidamente suscritos y ratificados por el Gobierno. Por tanto, estamos condenados al llanto y crujir de dientes porque el Presidente Obiang Nguema Mbasogo no mueve ningún solo milímetro de su postura despótica. Se muestra, ahora más que nunca, impermeable a la opinión pública nacional e internacional y que está dispuesto en todo momento a seguir incumpliendo los compromisos adquiridos para la democratización del país, a despreciar las leyes y a ignorar que en la democracia el juego consiste en tratar de convencer y no imponer con la fuerza de las armas su voluntad al pueblo.
El régimen del General Teodoro Obiang Nguema, apoyado en una violencia sin igual contra la disidencia política y recurriendo a todos los métodos de ultraje habidos y por haber, como la tortura, confinamientos, extorsión y pillaje, etc., ha desencadenado en estos últimos tiempos una implacable y rencorosa represión política contra la oposición y la población en general, que ha desembocado en detenciones arbitrarias e ilegales contra centenares de ciudadanos, quienes, además, han sido y están siendo torturados salvajemente por la policía política comandada por altos mandos del Ejército y sometidos a farsas de juicios que, sin las mínimas garantías jurídicas ni procesales, les han condenado a largas penas de prisión. La morfología típica que representa la dictadura guineana es la invención constante de golpes de Estado para ejercer el victimismo como justificación de sus crímenes contra los ciudadanos.
En la actualidad, el país bate récord y alberga, como ningún otro Estado africano, el mayor número de presos políticos y de conciencia. Muchos de estos no pudieron resistir las torturas, vejaciones y demás condiciones infrahumanas a que fueron objeto a manos de la policía política y fallecieron de forma indigente en la prisión. Otros tantos están desaparecidos tras ser detenidos por la policía política y sus familiares siguen, desesperadamente, reclamando el paradero de sus seres queridos cerca del régimen, y éste, como nunca, no tiene nada que explicar a nadie. Quienes no han sido asesinados al momento, se han visto forzado al exilio: el presidente Obiang es un fascista abominable que no tiene respeto alguno por la vida humana, un matón y un cobarde que arrebata la vida de sus víctimas en las condiciones más ultrajantes. La libertad y la vida en Guinea Ecuatorial son un privilegio que concede el Jefe de Estado a los ciudadanos y puede retirarlo a su voluntad.
No es cuestión de hoy, sino desde siempre, que Guinea Ecuatorial se haya convertido, curiosamente, en uno de los países que, sin haber sufrido guerras internas ni fraticidas, genera un alto porcentaje de refugiados políticos, debido al permanente acoso y hostigamiento gubernamental contra quienes pretenden hacer el debido uso de las libertades públicas reconocidas en la Constitución y en los Convenios internacionales suscritos en materia de derechos civiles y políticos. Los ciudadanos guineanos, hombres y mujeres, son cada vez más conscientes de que permanecer en el país es un auténtico ejercicio de pasión, que pone a prueba su capacidad de sumisión hacia las autoridades civiles, militares y poderes públicos, para garantizar su seguridad e integridad física y moral, así como su integración en la vida laboral, sea el sector público que privado: en Guinea Ecuatorial, se aplica, cual principio legal, la figura de la transferencia de responsabilidades a familiares, que entraña que si una persona hace el uso de derecho de expresar su opinión contraria a la política del Gobierno, se desencadena una persecución despiadada contra él y toda su familia, hasta perder ante la sociedad el derecho a la libertad, integridad física, trabajo, relación de amistad y el poder llevar una vida normal y digna. Precisamente, en virtud de este extraño principio, el régimen detiene, encarcela y tortura, como medidas de represalia, a familiares de los ciudadanos que han logrado huir del país por razones de persecución política. Esta triste situación, provoca en los familiares de los afectados una absoluta desesperación, dada la impotencia de que no pueden denunciar los hechos, encontrándose privado del más mínimo amparo y obligados a una autoexclusión social, sabedor de que cualquiera persona que entra en contacto contigo sufrirá el hostigamiento de los mecanismos represivos del régimen, vulnerándose así y de manera sistemática los principios básicos del Derecho natural e internacional.
En la República de Guinea Ecuatorial, no existe un sistema judicial merecedor de este nombre, sino tan solo una fachada levantada por el régimen para justificar sus crímenes contra quienes disienten del mismo; pues, no existen tribunales independientes, conculcándose, por otra parte, el principio de presunción de inocencia y sustrayendo al acusado el legítimo derecho a la defensa, al privarle de cualquier medio de prueba, mediante amenazas, coacción y tortura, sin respetarse ninguna garantía procesal.
La inseguridad jurídica y ciudadana es el principal obstáculo para el libre desenvolvimiento de los ciudadanos y el inicio de un crecimiento económico sostenible. La clase gobernante, familiares y colaboradores, como las fuerzas de seguridad y del ‘orden público’, o, sea, “la policía política”, ha erigido en dueños y señores de los ciudadanos y de sus bienes, de tal forma que el desarrollo de los ciudadanos en las actividades laborales, comerciales y de otra índole que les permita la supervivencia, depende, en mayor o menor grado, del grado de sumisión y subordinación hacia las autoridades civiles y militares del país, y de los familiares o parientes de la clase gobernante. En estas condiciones, francamente de extrema gravedad, la población ha visto en el exilio como la única posibilidad de garantizar su derecho a la vida y al libre desenvolvimiento, a su disfrute de los derechos civiles, sociales y económicos, a pesar de que el país es uno de los principales productores de petróleo en África subsahariana, con más de 350.000 barriles de crudo diarios y con un PIN que supera ya los 2.000 dólares por habitante.
Sin embargo, estos índices de desarrollo, contrastan profundamente con el nivel de pobreza, de miseria generalizada y de la ausencia de los elementales servicios sociales, como la sanidad, la educación y las infraestructuras básicas. La situación es extremadamente preocupante en el medio rural obligado, desesperadamente, a abandonar el campo y emigrarse en las principales ciudades, por si allí pueden encontrarse con las mínimas oportunidades de supervivencia.
El presente informe, elaborado por el Comité del exilio del opositor partido político Fuerza Demócrata Republicana, FDR, presenta de manera sucinta, pero objetiva, casos de violación de derechos humanos y libertades públicas a los que ha tenido acceso durante los últimos tres años. Pues, este partido, que el régimen desiste en reconocer oficialmente, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley de Partidos Políticos y depositados sus expedientes en la administración central del Estado para su legalización, sufre un hostigamiento sin precedentes en la penosa historia de la represión política y en la actualidad toda su Ejecutiva interna y numerosos simpatizantes enflaquecen en las cárceles del país en condiciones infrahumanas y de incomunicación, mientras otros han muerto, como consecuencia de las graves torturas que sufrieron cuando fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del régimen dictatorial del General Teodoro Obiang Nguema.
II.
Casos de violación de derechos humanos constatados por Fuerza Demócrata Republicana.
Las denuncias de violación de derechos humanos que fórmula este partido no sólo afectan a sus miembros y militantes, sino al conjunto de la oposición política en general.
En este apartado presentamos casos concretos de violación de derechos humanos y libertades fundamentales que ejemplifican de manera clara y contundente la grave situación sociopolítica que vive el país, para que sirva de constancia a esta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comunidad Internacional en general, cuyo arbitraje hemos venido demandando para que llame al orden el régimen de Guinea Ecuatorial sobre la inapelable necesidad de normalizar la vida sociopolítica, acabar con la arbitrariedad y la impunidad, y emprender una real apertura de transición democrática en el país.
II. (1). Detenciones y encarcelamientos arbitrarios, confinamientos extrajudiciales, torturas y malos tratos.- El régimen de Guinea Ecuatorial, como bien consta en esta Comisión de Derechos Humanos a través de informes de Representantes Especiales, ha venido y sigue practicando la represión y la persecución política de forma ordinaria y corriente para acabar con la disidencia política y los movimientos de reivindicación democrática. Para ello, recurre a métodos represivos más insidiosos, como las detenciones ilegales y arbitrarias, confinamientos extrajudiciales, torturas físicas y psicológicas, así como tratos denigrantes contra los detenidos. Después de marzo de 2002, una violencia política sin igual, caracterizada por la persecución gubernamental contra la oposición en general y Fuerza Demócrata Republicana en particular, sacude el país hasta el extremo de que se ha llevado a cabo diversos juicios, algunos a puertas cerradas, contra miembros y dirigentes de FDR, sus simpatizantes, familiares y demás ciudadanos.
En marzo de 2002, fueron secuestrados y encarcelados arbitrariamente miembros de la Ejecutiva interna de FDR, encabezados por su líder Felipe Ondó Obiang Alogo, el Secretario general Guillermo Nguema Elá y el Representante en Río Muni Donato Ondó Ondó. Después de casi tres meses a manos de las fuerzas de Seguridad, que les sometieron a todo tipo de maltratos y torturas físicas, fueron juzgados junto a otros 141 ciudadanos, la mayoría simpatizantes de FDR y familiares de sus dirigentes, así como responsables de otras dos formaciones políticas, entre ellos, Plácido Mikó Abogo, Secretario General de Convergencia Para la Democracia Social (CPDS) y dos militantes del partido Unión Popular.
En un posterior macro-juicio, celebrado en Malabo, capital del país, del 24 mayo al 13 de junio de 2002, el régimen les acusó de una tentativa de golpe de estado, cuya naturaleza nunca fue comprobada durante el juicio. Sin embargo, tanto ellos como otras 64 personas, fueron condenadas a penas de hasta 20 años de cárcel, y cinco de los simpatizantes encarcelados han fallecido en la prisión de Black Beach, debido a torturas, falta de alimentación y los mínimos servicios de salud. Se trata de: Venancio Bibang, Juan Ondó Nguema, Juan Asumu Sima (anciano de 80 años), Francisco Abesó Mbá y Moisés Esono Mbá. En esta causa, continúan encarcelados y todavía en condiciones inhumanas, aquejadas de constantes problemas de salud, un total de 34 personas, cuya relación se adjunta como anexo I.
Pero, a pesar de ello, y cuando a todas luces se ha demostrado que los imputados son víctimas de las medidas rutinarias de represión política contra la oposición, el régimen mantiene una actitud implacable y se niega a claudicarse ante las exigencias de su puesta en libertad incondicional, porque no han cometido otro delito que el derecho a la libre asociación política contemplada en la Constitución de Guinea Ecuatorial y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Resolución del Parlamento Europeo, de fecha 13 de junio de 2002, así como el informe de Amnistía Internacional, de fecha de 31 de junio del mismo año, confirman plenamente este extremo.
En diciembre 2003, el régimen de Teodoro Obiang, haciendo siempre suyo el odio y el rencor personalista contra la oposición, desencadenó otro escenario de detenciones ilegales, que culminaron en el primer trimestre de 2004, con un juicio celebrado a puertas cerradas en la ciudad de Bata contra numerosos ciudadanos, incluidos altos mandos del Ejército. Las víctimas, sometidas, como es práctica habitual, a maltratos físicos, fueron condenadas a penas que, hasta hoy, ni ellos mismos conocen.
Sin embargo, en ningún momento fueron formalmente acusados por el ministerio público, como tampoco se les notificó la sentencia recaída en su causa. No obstante, ha transcendido información en el sentido de que el Consejo de Guerra se negó a imponer penas por no hallar indicios racionales de criminalidad contra ellos, y fue el propio Jefe de Estado quien personalmente ordenó que les condenaran a penas que escribió con su puño y letra. La lista de los condenados se adjunta como anexo II.
En octubre de 2004, y poco después de celebrarse en el país un macro-juicio sobre una supuesta trama de invasión mercenaria atribuida al Gobierno guineano del exilio, la policía política, mandatada por el propio Jefe de Estado, desencadenó de nuevo una férrea y sistemática represión contra la población de Río Muni. La cifra de los detenidos aún dista de ser exacta, pero diversas fuentes contactadas por este partido hablan de hasta 300 ó 500 personas detenidas y que estarían pendientes de un Consejo de Guerra que, hasta el momento de redactar este informe, no se había celebrado. Parte de los afectados se adjunta como anexo III.
Por el momento, no ha transcendido información alguna sobre los delitos que les acusan. Lo que sí se sabe, es que muchos ciudadanos y ciudadanas, mujeres, ancianos, militares en activo y ex militares, mandos del ejército, están siendo detenidos en Guinea Ecuatorial desde el 17 de octubre del presente año. La práctica totalidad de ellos han sido torturados y otros despojados de sus bienes y separados de sus trabajos, aun cuando no se ha celebrado el correspondiente juicio ni existe sentencia condenatoria firme.
Esta represión, digno de una auténtica barbarie contra la población indefensa, es una práctica rutinaria del régimen de Teodoro Obiang Nguema, que mantiene maniatado a la población con prácticas intimidatorios, vejaciones, excesos de poder, abusos de violación de derechos humanos y demás tratos denigrantes, simplemente para mantenerles inermes de sus aspiraciones y exigencias por una Guinea Ecuatorial libre y democrática.
II.I (1). El caso de Cipriano Nguema Mba.- Teniente Coronel del Ejército, habilitado pagador de los militares de Río Muni y Magistrado de la Corte Suprema de Justicia con destino en Bata, se escapó del país en diciembre de 2003. Tras huir a Camerún, el régimen ordenó la detención de sus familiares e incluso amigos, que nada tienen que ver con los problemas que tuvo con el Gobierno, y todos sus bienes fueron confiscados y saqueados por la policía. Los nombres de sus familiares y amigos encarcelados se adjuntan como anexo III-IV, que también contiene nombres de las víctimas de la represión política de octubre de 2004.
II. I (2). El caso de Florencio Elá Bibang.- Ex Teniente Coronel, fue separado del Ejército hace aproximadamente dos años y hacía su vida como ciudadano normal residente en la ciudad de Bata. Pero, a mediados de octubre del pasado año 2004, huyó a la vecina República de Camerún, al ser avisado por sus compañeros de que iba a ser detenido. Como consecuencia de su salida del país, el régimen detuvo a sus parientes, que hasta la fecha permanecen en prisión. Se trata de sus dos esposas, Petronila Afumu Meyé y Marisol Ayekaba Ndong; su hijo de 17 año, Clemente Bibang Elá; su hermano y ex funcionario del Instituto de la Seguridad Social (INSESO) Bernardo Bibang Ondó; sus sobrinos, también de 16 y 17 años, respectivamente: Salomón Owono Ayong y Venancio Bengono Osá y Florentina Bengono Osá; su suegro Esono Nsang, del poblado de Nkuambé-Esandon (distrito de Mikomeseng) y el abuelo de una de sus mujeres, Federico, también del distrito de Mikomeseng. Están detenidos como rehenes hasta que se entregue el mismo Florencio Elá Bibang.
ES una de las prácticas tan insidiosas como abominables que habitualmente ha venido utilizando el régimen contra los familiares, parientes e incluso amigos de los que sufren persecución política. En algunos casos y cuando no han sido detenidos, se ha procedido a su separación de trabajo o de la administración y muchos confinados u obligados al exilio.
II. I (3). El caso de Ramón Ekoro Mbá.- Comerciante con residencia en Bata, también se escapó de Guinea Ecuatorial a mediados de octubre de 2004, cuando la policía política intentó capturarlo en el curso de una visita a su poblado natal de Ebenvang-Esamongón (distrito de Bata) y refugiándose en la República de Camerún. El régimen ha confiscado todos sus bienes y negocios, y la policía saqueó los almacenes que guardaban sus mercancías en Bata y en su poblado, donde también ostentaba negocios y sus familiares han sido encarcelados. Se trata de: Merodio Monasterio Bayeme, Juan Asumu Mbá, Archibaldo Bayeme, Matías Nsue Mba, Natividad Mikue, Desiderio Asumu Asumu y Martín Ensema Eyene, respectivamente.
II. I (4). El caso de Weja Chicampo.- Líder del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), el señor Chicampo está recluido en la cárcel pública de Black Beach hace casi un año. Nunca se le ha notificado los motivos de su detención y encarcelamiento, como tampoco ha tenido acceso a un abogado ni se le ha llevado ante un juez para oírlo en declaración y determinar su situación legal. Según informaciones recabadas, Weja fue detenido sobre las 2 de la madrugada en su domicilio y posteriormente conducido a un sitio inédito, donde permaneció varios meses en estado de incomunicación. Ha sufrido torturas e incluso hay informaciones, cada vez más persistentes, de que tiene las mandíbulas rotas como consecuencia de esas torturas. Weja era un exiliado político en España y optó por retornar al país, pero al cabo de unos meses era detenido. Aquello contrasta con las declaraciones del régimen que en numerosas ocasiones ha intentando hacer ver que los exiliados políticos lo son por motivos propios y no por persecución política.
II. I (5).- Bienvenido Samba Momesori.- Pastor de una Iglesia Evangélica, el señor Samba fue detenido, hace casi un año, cuando presidía una ceremonia religiosa y deportado directamente a la cárcel pública de Evinayong, donde permanece hasta la fecha, en las mismas condiciones que Weja Chicampo, es decir, sin juicio ni abogado. Por el contrario, ha sido torturado vilmente en muchas ocasiones, cuando ni siquiera le han notificado los motivos de su detención. El señor Samba, ya fue detenido y torturado en 1998, durante la famosa represión política contra el pueblo Bubi y los miembros del Movimiento de la Autodeterminación de la Isla de Bioko.
III. Extorsión y pillaje a los prisioneros.- Las autoridades carcelarias de Guinea Ecuatorial han convertido la desgracia de los presos políticos en un auténtico “botín”, que a más presos, mayor provecho y rendimiento económico obtienen por encina de sus rentas salariales. Esto explica el desorden y la perversión generalizada que reina en el sector público de la administración guineana, muy acostumbrada a los sobornos, la extorsión y el pillaje. Los responsables penitenciarios cobran inmensas sumas de dinero a los presos que quieren disfrutar de algunos días de permiso, que en derecho debería corresponderles conforme a las leyes penitenciarias, y que necesariamente deben ser concedidos por un juez o tribunal. Pero, como la Ley no se respeta en este país, los jefes de cárceles asumen indebidamente esta competencia, recurriendo a la extorsión, al pillaje y a los sobornos para conceder permisos a los presos, de modo que sus familiares están obligados a entregar importantes cantidades de dinero al responsable penitenciario. Los pagos oscilan entre 50.000 y 150.000 FCA (76,22 – 228,67€). Los presos, cuyos familiares no pueden satisfacer dicha cantidad, están obligados a permanecer en la cárcel tanto tiempo como dura su sentencia, sobre todo, cuando se trata de presos de conciencia. Por otra parte, los jefes penitenciarios disponen de los presos a su antojo, utilizándoles como mano de obra gratuita, sin ninguna contrapartida ni remuneración económica alguna, para sus actividades personales, como la construcción de viviendas, tareas domésticas o como mozos de limpieza o braceros, etc. El caso más concreto se registra en Malabo, capital de la nación, donde el Jefe de Black Beah, el señor Gumersindo se ha enriquecido considerablemente a costa de extorsionar a los presos, hasta el extremo de que ha llegado a adquirir cinco vehículos, que se dedican al servicio de taxi y construido tres viviendas en Malabo.
En Guinea Ecuatorial, los centros penitenciarios dependen directamente de la presidencia de la República y se hallan ubicados en los cuarteles militares, aunque la Ley dice que dependen del ministerio de Justicia y Culto, pero éste no tiene ninguna competencia al respecto. Pues, los directores de los centros penitenciarios, son asignados y nombrados personalmente por el mismo Presidente de la República, de entre los oficiales o suboficiales del Ejército de su máxima confianza.
IV. Eliminación y secuestro a la oposición del exilio.- Los tentáculos de la dictadura guineana han sobrepasado las fronteras nacionales. Independientemente de los secuestros de los dirigentes de FDR Felipe Ondo Obiang y Guillermo Nguema Elá registrados en 1997 en Libreville, capital de la república de gabonesa, el régimen de Malabo ha emprendido en los últimos años un sistema de espionaje exterior con el objetivo de eliminar a la disidencia política más temerosa.
IV. (I). El caso de Juan Ondó Abaha.- Teniente Coronel de la Marina, refugiado en la República de Benín desde 1997, fue secuestrado a finales de enero del presente año 2005 por la policía política del régimen de Teodoro mientras se encontraba en una visita al vecino país de Nigeria. En la actualidad, se encuentra recluido en el penal de Black Beach, sin saber la suerte que le depara. Según informaciones recabadas, el secuestro fue dirigido por el Ministro de la Seguridad Nacional, Manuel Nguema Mbá, tío del Presidente y reputado torturador. Juan Ondó Abaha, es hermano del dirigente de Fuerza Demócrata Republicana, Felipe Ondó Obiang Alogo, condenado a 20 años de prisión en junio de 2002.
IV. (II). En Camerún, se ha enviado a numerosos agentes del sistema para secuestrar, asesinar o envenenar a los exiliados. Como casos más recientes, se puede citar el de Lorenzo Ondó Elá, ex Coronel del Ejército, quien fue envenenado en su propia casa de Yaundé por un agente enviado por el régimen y que se presentó en su domicilio como familiar. Afortunadamente, no murió.
El 15 de noviembre de 2004, el régimen de Malabo envió a su policía política a Camerún con la misión de asesinar a Lorenzo Ondó Elá, junto a su compañero Florencio Elá Bibang. Los servicios policiales de dicho país les pusieron en alerta y la información transcendió a la prensa internacional.
Recientemente, el día primero de febrero del presente año, en España, donde menos se pensaba, el régimen envió a unos agentes para secuestrar al señor Cándido Elá Eyang, ex funcionario diplomático, que se encuentra refugiado en ese país hace un año. La misión de eliminarlo o secuestrarlo, fue encomendado a su propio hermano, Pedro Nsue Elá Eyang, notario de Bioko y agente secreto del régimen. Pero, cuando estaban a punto de cometer el crimen fueron descubiertos por uno de los hijos de Cándido, que inmediatamente alertó a la policía de la ciudad española de Granada, donde reside.
V. Inseguridad jurídica
V. (1). El caso de Germán Pedro Tomo.- Empresario y diputado del partido gobernante hasta diciembre de 2003, cuando huyó de Guinea Ecuatorial y se exilió en España. Por sospechar que colaboraba con la oposición del exilio y concretamente con Fuerza Demócrata Republicana, el régimen empezó a perseguirle. Sus empresas, dedicadas a la explotación de madera, fueron clausuradas arbitrariamente, a pesar de la existencia de acuerdos y contratos debidamente suscritos con el Gobierno. Posteriormente, se confiscó toda la maquinaria y las deudas contraídas por el Gobierno por la realizaron de algunas obras nacionales también quedaron impagadas.
El artículo 38 de las cláusulas del contrato suscrito con el Gobierno explícita que “todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden relación con el mismo, serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje. EL arbitraje tendrá lugar en tribunales competentes de Guinea Ecuatorial. Si una de las partes no está de acuerdo con las sentencias dictadas por los Tribunales podrá solicitar el arbitraje en un tribunal internacional”.
Sin embargo, sorprende que el Gobierno saltara olímpicamente ésta cláusula y decidiera unilateralmente deshacerse de todas las obligaciones contraídas con la empresa TROMAD, de Germán Pedro Tomo. El ministro de Obras Públicas, Teodoro Nguema Obiang, hijo del presidente, se limitó en comunicarle, mediante un simple escrito que “(…), queda totalmente prohibido a las empresas constructoras nacionales realizar obras de reparación y engravillado de carreteras en el ámbito nacional (…), por lo que los contratos que tiene esa empresa constructora firmados con la Administración del Estado quedan anulados. Igualmente, el mismo escrito le prohibía a operar en el sector forestal: “quedan suspendidas todas las actividades forestales que tiene esta empresa en la Región Continental, debiendo trasladar toda la maquinaria que dispone en las explotaciones forestales a Bata”.
En la toma de estas medidas prohibitorias del ejercicio de las actividades de sus empresas, no intervino en modo alguno la justicia ni los tribunales competentes, sino fue una decisión personalista del ministro, lo que demuestra el grado de arbitrariedad y de inseguridad jurídica que reina en el país, lo cual despierta tanto la desconfianza del ciudadano ordinario, como de inversionista privado nacional y extranjero. Casos de este tipo los hacen frente a diario cualquier guineano, sea o no de la oposición. El anexo V contiene el contrato así como el escrito del Ministro de Obras Públicas, Viviendas y Urbanismo.
V. (2). El caso de bienes inmuebles de los exiliados.- El Gobierno de Teodoro Obiang Nguema, no contento con la persecución política, ha iniciado recientemente un proceso de expropiación de bienes inmuebles de los opositores exiliados, para aniquilarlos económicamente, bajo falsos pretextos de ser “morosos deudores de la Hacienda Pública”. Sin embargo, el procedimiento seguido en este caso, no se ajusta a la normativa vigente en Guinea Ecuatorial sobre la materia, sino se trata, simplemente, de una mera estrategia gubernamental tendente a hundir la moral y la capacidad económica de los exiliados políticos, si se tiene en cuenta que muchos de ellos sobreviven en el extranjero gracias a los ingresos que generan los bienes inmuebles que tienen alquilados en el país.
Según las leyes fiscales en vigor, a todo deudor de la Hacienda Pública se le debe exigir el pago de sus obligaciones con el fisco a través de los procedimientos legales establecidos y no inventar fórmulas en contra de la Ley para perjudicar a determinadas personas por su afinidad política o ideológica. Esto es lo que efectivamente, el régimen de Malabo está haciendo en los últimos días. Según el escrito del Secretario de Estado para la Tesorería General, de fecha 24 de enero de 2005, “las rentas de los inmuebles de los señores Cristino Seriche Bioko, Julio Ndong Elá Mangué y Manuel Motó Tomo, sean ingresados en la cuenta número 001060264-01-N, abierta en BGFI-BANK de Malabo, denominada, Recurso de Litio Fiscal”, amparándose en una supuesta resolución del Juzgado de Primera Instancia de Bioko, según reza el precitado escrito. Sin embargo, la comunicación del Juez de Primera Instancia no constituye, en manera alguna, una resolución judicial, habida cuenta que los órganos jurisdiccionales se pronuncian mediante providencias, autos y sentencias.
Por otra parte, los afectados han intentado a través de sus representantes en Guinea Ecuatorial a saldar dichas deudas y se han encontrado con la negativa de Hacienda de admitir el ingreso de las cantidades adeudadas, alegando que existen instrucciones superiores de expropiar dichos bienes inmuebles por pertenecer a miembros de la oposición.
VI. Extorsión e inseguridad ciudadana
Las extorsiones, pillaje e inseguridad ciudadana son muy frecuentes en la sociedad guineana. La población está expuesta diariamente a las pretensiones, excesos de poder y comportamientos amorales de las autoridades públicas y militares, fuerzas de seguridad, del orden público y de la policía política. Recurren a todo tipo de ultrajes, porque han convertido a la población indefensa en su principal fuente de ingreso. Podría considerarse como exageración, pero en realidad, la situación del país no da para más y los ciudadanos son víctimas, a menudo, de los caprichos de las hambrientas fuerzas de seguridad, que recurren a ellos con imputaciones maniáticas, simplemente para usurparles.
Recientemente, dos casos han llamado la atención de FDR y que merecen la pena resaltar en este informe aunque, por razones de seguridad, las víctimas han pedido el máximo anonimato, ya que residen en el interior del país.
VI. (a). Un joven es torturado, encarcelado y usurpado por haber apoyado frente a un coche.- Eso ocurrió en fechas próximas a la Navidad de 2004. Un joven, junto a su amiga, se postró frente a un coche en el barrio capitalino de Lampert y, “desgraciadamente” los encontró el mismo propietario, quien les preguntó porqué estaban apoyándose en su coche. Ellos respondieron que se iban al ferial de copas y se habían quedado allí para esperar a otra pareja. Ni más ni menos, el dueño del vehículo, cuya identidad no se dio a conocer, se dirigió la Comisaría de Policía del barrio y denunció a la pareja. Pero lejos de transcribir exactamente lo que había ocurrido y el tono de la discusión, les acusó de, entre otras cosas, que durante la discusión arguyeron que “déjenos en paz, porque ya estamos cansados de estas cosas de Obiang Nguema”. El comisario de turno, cuyo nombre tampoco se dio a conocer, ni más ni menos, ordenó apalear y torturar al joven con 150 porazos en el culo y lo ingresó en el calabozo. Al día siguiente elevó el caso a la Comisaría central de Malabo y el joven permaneció 15 días recluido y para su liberación, se tuvo que pagar hasta 450.000 FCFA (686, 02 €).
VI. (b). Un caso similar en Bata.- Un emigrante nigeriano, que trabaja como vigilante nocturno de un solar de una señora acomodada, resultó vilmente torturado en el mes de noviembre; fue encarcelado y obligado a pagar 150.000 FCA para su puesta en libertad. Resulta que próximo al solar donde trabaja como vigilante, un señor se aprovechaba de su presencia para aparcar allí su vehículo, pero que en ningún momento le dijo nada. En un día cualquiera, su coche fue desvalijado por unos desconocidos. Ni más ni menos, se dirigió a la comisaría del barrio de Komandachina de Bata y denunció al vigilante. El comisario de turno, el señor Elá Nzang (comisario X), dictaminó su detención y tortura, sin oírle si quiera en declaración. Su puesta en libertad se condicionó con la paga de 150.000 FCA (228,67 €), que satisfizo su jefa.
Casos como estos, son muy frecuentes en la sociedad guineana. La población es víctima de las apetencias y voluntades de las fuerzas del orden público, que les expolia y encadenada, por su condición de indefensión y por la desgracia de vivir en un Estado funesto, donde la arbitrariedad y la impunidad son las máximas de oro.
VII. Conclusión
Guinea Ecuatorial, gobernada por una oligarquía despótica e insaciable, padece de una de las dictaduras más crueles y sanguinarias que aún quedan en el mundo; sin embargo, creemos que ésta se puede combatir para evitar una explosión social con consecuencias imprevisibles y tanto la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la Comunidad Internacional deben comprometerse en ello, mediante exigencias firmes y concretas al régimen de Malabo para que implemente lo más pronto posible una real apertura de transición democrática en el país, la puesta en libertad de todos los presos de conciencia, el cese del hostigamiento contra la población y la disidencia política, así como la habilitación de mecanismos que posibiliten el respeto escrupuloso de las leyes nacionales, los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados.
Fuente: FDR
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