La ONU denuncia que en Guinea Ecuatorial hay presos políticos y violencia de Estado

El informe destaca que algunos prisioneros políticos ”no son enjuiciados por tribunales civiles, sino por tribunales militares”, los cuales, ”por definición”, no son independientes.


El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha presentado un nuevo informe sobre Guinea Ecuatorial en el que denuncia la existencia de ”presos políticos” que cumplen ”largas condenas”, la práctica de detenciones ilegales y clandestinas por parte de las autoridades, la falta de garantías procesales a que se enfrentan los detenidos y los malos tratos y métodos de inmovilización que se imponen a los reclusos, como los encadenamientos con esposas y grilletes que ”pueden durar hasta varios años”.

”Guinea Ecuatorial es un país en transición”, afirmaron el pasado 13 de julio en Malabo las dos miembros de la delegación, la española Manuela Carmena Castrillo y la paraguaya Soledad Villagra de Biedermann, al término de una visita a Guinea Ecuatorial ”en virtud de una invitación del Gobierno y en respuesta a una solicitud del Grupo”.

”Después del descubrimiento de petróleo en su territorio, el Estado cuenta ahora con los recursos financieros necesarios para desarrollar el país tanto económica como socialmente”, prosiguieron las dos expertas. ”El desarrollo económico implica y va de la mano con la promoción y protección de los Derechos Humanos”, añadieron, no sin destacar, ”con satisfacción”, que el Gobierno ”ha comenzado un proceso de reforma del régimen institucional y legal relativo a la privación de libertad así como programas de capacitación de autoridades y de funcionarios competentes”.

No obstante, señala la declaración del Grupo, durante la visita se ha constatado la existencia de ”prisioneros que podrían ser calificados como políticos y que se encuentran cumpliendo largas condenas”. ”Algunos de ellos fueron traídos desde países vecinos sin observar ningún proceso legal formal”, prosigue.

El Grupo de Trabajo se ha mostrado ”preocupado particularmente por la práctica de la detención clandestina”, ya que durante su visita, recibió pruebas convincentes sobre la presencia en prisión de cuatro personas ”cuya presencia no ha sido reconocida por el Gobierno”, como son los casos de Juan Ondó Abaha, Felipe Esono Ntutumu, Florencio Ela Bibang y Antimo Edu Nchama.

Asimismo, el informe destaca que algunos prisioneros políticos ”no son enjuiciados por tribunales civiles, sino por tribunales militares”, los cuales, ”por definición”, no son independientes y presentan ”la particularidad de que sus abogados defensores pertenecen también al cuerpo militar y no aseguran, con frecuencia, una defensa adecuada”. Aparte, los procedimientos ante los tribunales militares ”son sumarios y no existe la posibilidad de apelar sus sentencias”.

Otro punto destacado por las expertas es ”la interpretación excesiva de las atribuciones de la Policía”, que conduce ”a frecuentes detenciones que no tienen base legal alguna”. En estas circunstancias ”las autoridades que ordenan detenciones sin base legal, disfrutan, con frecuencia, de impunidad”. Asimismo, ”las mujeres están detenidas junto con hombres y hay menores que se encuentran detenidos en los mismos lugares que los adultos.

Fuente: Europa Press y Diarioexterior.com

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