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Editorial

2009 Informe de Derechos Humanos: Guinea Ecuatorial.


publicado por: l aP el 11/05/2010 23:34:50 CET

Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de EE.UU.

Informes de 2009 por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos.

11 de marzo 2010

Guinea Ecuatorial, con una población estimada de aproximadamente un millón, es nominalmente una república constitucional multipartidista. Todas las ramas del gobierno estaban dominados por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien ha gobernado el país desde que tomó el poder en un golpe militar en 1979, junto con su clan del grupo mayoritario étnico Fang y su partido político el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). En noviembre 29, el Presidente Obiang fue reelegido con el 95,37 por ciento de los sufragios emitidos. Los resultados desiguales y la deficiente supervisión independiente del proceso electoral levantó las sospechas de fraude electoral sistemático. De Relaciones Exteriores tomó nota de observadores diplomáticos numerosas irregularidades y la presencia de personal militar en todos los lugares de votación. Si bien las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que elementos de las fuerzas de seguridad actuaron de forma independiente.


Los siguientes problemas de derechos humanos fueron reportados: la limitada capacidad de los ciudadanos a cambiar su gobierno, como los asesinatos ilegales por fuerzas de seguridad, la tortura de los detenidos y presos por las fuerzas de seguridad, las condiciones que amenazan la vida en las cárceles y los centros de detención, la impunidad oficial, la detención arbitraria, la detención, y la detención en régimen de incomunicación, el acoso y la deportación de los residentes extranjeros con el debido proceso limitado; la corrupción judicial y la falta del debido proceso; las restricciones al derecho a la intimidad, la restricción de las libertades de expresión, prensa, reunión, asociación y circulación; la corrupción gubernamental, la violencia y la discriminación contra la mujer, la trata de personas sospechosas, la discriminación contra las minorías étnicas, y las restricciones sobre los derechos laborales.
Tras un ataque armado 17 de febrero en el palacio presidencial, que se atribuyó más tarde un grupo rebelde de Nigeria, el gobierno rodeados, detenidos arbitrariamente sin orden judicial y sin cargos a numerosas personas, de los cuales uno murió por los golpes durante los interrogatorios y de los cuales dos fueron torturados.



RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS


Sección 1 Respeto por la integridad de la persona, incluyendo la libertad de:


a. Privación arbitraria o ilegal de la vida


No hubo reportes de agentes del Estado cometen homicidios por motivos políticos, sin embargo, las fuerzas de seguridad cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales durante el año.


El 17 de febrero, ocho pescadores nigerianos fueron detenidos para ser interrogados en relación con un asalto armado al Palacio Presidencial en Malabo el mismo día. Los funcionarios de seguridad también detuvieron a Afiong Etim, la esposa de uno de los pescadores, que murió como consecuencia de palizas administradas durante el interrogatorio. Los ocho pescadores se encontraban en la prisión de black beach en espera de juicio a fin de año. Dos de 10 ecuatoguineanos también detenido en relación con el ataque fueron detenidos en prisión de Black beach en espera de juicio a fin de año, los otros ocho estaban en libertad bajo fianza.


El 15 de septiembre, cuatro oficiales de policía fuera de servicio a golpes Akeem Jimoh, un residente legal de Nigeria, que al parecer se negó a pagar un soborno. Jimoh, quien se dirigía a casa del trabajo, fue detenido por tres policías que le solicitaron sus documentos de identificación. Jimoh telefoneó a un amigo para traer los documentos y, posteriormente, su presentación a la policía, que llegó a ser verbalmente abusivo y exigió un soborno de 50.000 francos CFA ($ 115). Después de la partida del amigo, el cuerpo fue encontrado Jimoh cerca del centro de Malabo, con una fuerte contusión en la cabeza. Funcionarios del gobierno alegaron ningún testigo se habían presentado para justificar la paliza, pero admitió que los policías habían tratado de extorsionar a un residente legal. Los cuatro oficiales, que afirmaba Jimoh fue encontrado inconsciente en otro lugar después de correr de la policía, fueron suspendidos de servicio y espera de los resultados de una investigación a fin de año.



No hubo nuevos acontecimientos ocurridos en los siguientes 2.008 asesinatos fuerzas de seguridad: la policía enero asesinato de un inmigrante ilegal alegada; la muerte en marzo de detención de Ncogo Mbomio, miembro de un partido proscrito político, cuya muerte Amnistía Internacional (AI) afirmó era un consecuencia de la tortura, la policía de mayo de asesinato de un ciudadano de Malí; y diciembre de la muerte de un pescador de Camerún.


No había más información disponible en el 2007 la tortura muerte de Salvador Ndong Nguema, un miembro de la oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS), y los dos miembros de fuerzas de seguridad detenidos en relación con el homicidio fueron liberados y reasignados.


Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos durante el año.


El ex coronel del ejército de Cipriano Nguema Mba, que fue secuestrado de Camerún en octubre de 2008 y secretamente transportado a la cárcel de Black beach de Malabo, se mantuvo en prisión a finales de año (véase la Sección 1.e.).


Florencio Ela Bibang, Antimo Edu Nchama y Felipe Esono Ntutumu, todos los cuales fueron secuestrados en 2005 de países extranjeros donde habían estatuto de refugiado, fueron confirmados por fuentes gubernamentales se celebra en al prisión de Black beach a finales de año (ver sección 1.e .).


La Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes


La ley prohíbe estas prácticas, las personas sin embargo, funcionarios de seguridad de abusos y torturas durante el año. Amnistía Internacional informó el 28 de mayo que ”los presuntos delincuentes siguieron siendo torturados o sometidos a malos tratos con impunidad en las comisarías de policía.” En septiembre de 2008 un funcionario del gobierno dijo a un diplomático extranjero que a pesar de los esfuerzos de un gobierno de centro los derechos humanos para supervisar los centros de detención, las palizas en las cárceles de todo el país fueron algo común debido a la falta de formación y de voluntad política para abordar el problema.
Después de su 11 2008 misión al país para evaluar el uso de la tortura en el sistema penal, de las Naciones Unidas Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o Castigos Manfred Nowak dijo que la policía empleó la ”utilización sistemática de la tortura” a los detenidos, incluidos los presos políticos y los sospechosos de delitos comunes. Nowak, quien observó una completamente equipada sala de torturas en el sótano de la comisaría central de Bata, documentó los abusos policiales, corroborado por un perito médico, incluidos los golpes en las plantas de los pies y los glúteos con porras, cables de goma sólida, y barras de madera; descargas eléctricas con cables de arranque atados a distintas partes del cuerpo con pinzas metálicas, y varios tipos de suspensión con las manos y pies atados durante períodos prolongados, mientras que agentes de seguridad golpearon a las víctimas, ya que volvió de ida y vuelta.


Nowak destacó el trato inhumano de los presos políticos prisión de Black beach, donde afirmó que había sido mantenido en confinamiento solitario durante un máximo de cuatro años sin que se les permita la hora de ejercicio por día requeridos por las normas internacionales mínimas. Los presos políticos en general, se celebraron en cadenas en los pies durante casi toda la duración de su encarcelamiento. La misión de la ONU dirigido por Nowak también se encuentran los inmigrantes corrían un mayor riesgo de abuso físico en las celdas policiales.
A raíz de un ataque armado en febrero del palacio presidencial, el gobierno rodeados, detenidos arbitrariamente sin orden judicial y sin cargos 10 Unión Popular (UP) miembros, al menos dos de los cuales fueron torturados. Ocho fueron liberados posteriormente, pero dos quedaron en la prisión de Black beach en espera de juicio a fin de año.


Los extranjeros, principalmente inmigrantes ilegales de otros países africanos, fueron hostigados, intimidados y detenidos arbitrariamente y encarcelados (ver sección 1.d.). Los diplomáticos extranjeros, principalmente de países africanos, también se quejó de la policía acosados, maltratados, y asaltado a ellos ya sus familiares, incluso después de que las víctimas mostraron sus documentos diplomáticos. En un caso, informó un diplomático extranjero cuando vino a la ayuda de su esposa, que estaba siendo arrestado por la policía, fue golpeado con la culata de un rifle. El gobierno no había respondido a las protestas formales en contra de este tipo de incidentes presentados por los diplomáticos extranjeros para fines de año.


No se tomaron medidas durante el año contra los funcionarios de la Comisaría Central de Malabo, que en 2008 golpearon al menos dos antiguos miembros del proscrito Partido del Progreso de oposición de Guinea Ecuatorial (PPGE) para forzar confesiones.


Según los funcionarios de gobierno y una empresa privada extranjera trabajando en estrecha colaboración con los militares sobre los programas de formación, durante el año un tribunal militar declaró culpable al menos un miembro de las fuerzas de seguridad en relación con la tortura de Jaime Ndong Edu, un miembro de CPDS, diputado por la policía Donato Abogo Menden comisionado en 2007.


Durante el año los funcionarios de 12 policías suspendidos como consecuencia de su papel en la agresión y el saqueo inmigrantes de Camerún después de un atraco a un banco en Bata 2007 fueron despedidos. En 2007 las fuerzas de seguridad y los ciudadanos asaltado y saqueado los bienes de hasta 8.000 inmigrantes cameruneses, cientos de los cuales buscaron refugio en la Embajada de Camerún en Malabo y el Consulado en Bata. El Gobierno del Camerún se vio obligado a transporte aéreo de varios de sus nacionales fuera del país. El gobierno no había respondido a las solicitudes de compensación económica presentadas por nacionales de Camerún afectadas por el saqueo a finales de año.


Condiciones en prisiones y centros de detención Las prisiones no cumplen con los estándares internacionales, aunque hubo algunas mejoras durante el año. Después de su 11 2008 misión al país para evaluar el uso de la tortura en el sistema penal, Relator Especial de la ONU Manfred Nowak señaló el uso del confinamiento solitario prolongado, la alimentación insuficiente, y las malas condiciones sanitarias.


Con la excepción de las prisiones recientemente renovado en Bata y Malabo, las condiciones en las cárceles de la estación de policía y otros centros de detención eran muy duras ya veces peligrosas para la vida. celdas están superpobladas y sucias, y los detenidos muy rara vez tienen acceso a la atención médica, el ejercicio, o colchones. Enfermedades como la malaria y el VIH / SIDA, son problemas graves. La comida era proporcionada generalmente por familias de los detenidos o compañeros de prisión, y el acceso al agua potable estaba severamente restringida. La mayoría de los detenidos no tenían acceso a baños y recurrieron a las botellas de plástico o bolsas de plástico en su lugar.


Detenido deportación de inmigrantes ilegales a la espera fueron recluidos en celdas policiales, sin comida ni agua durante períodos prolongados ya que la mayoría no tenía parientes cercanos. En febrero de 2008, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que visitó el país en 2007, expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias prolongadas de inmigrantes ilegales y recomendó al gobierno hacer esfuerzos importantes para garantizar los extranjeros han gozado de acceso a los funcionarios consulares y establecer plazos razonables de detención de máxima sin embargo, las embajadas extranjeras informaron de condiciones para los detenidos ilegales sigue siendo la misma durante el año.


A diferencia del año anterior, las reclusas fueron separados de los reclusos en general, y los menores fueron separados de los adultos en general, sin embargo, hubo excepciones. Por ejemplo, en abril de una mujer extranjeros detenidos en la cárcel de Bata, dijo que ella se llevó a cabo con los reclusos masculinos, femeninos y juveniles. Los presos preventivos se llevaron a cabo junto con los condenados.


Ni el sistema judicial ni la policía tenía un sistema adecuado y eficaz de registro de casos o prisioneros pista.


El gobierno a veces permite un seguimiento independiente de las condiciones en tres cárceles del país, las cárceles 12, y numerosas celdas de detención en localidades de menor tamaño. De acuerdo con funcionarios del Gobierno, se celebraron reuniones durante el año con los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para discutir reabrir la oficina del CICR en ese país. Sin embargo, las autoridades regularmente que la supervisión de determinadas partes de las prisiones y otros centros de detención, los centros de detención en particular la militar. Los funcionarios del gobierno confirmó que dos funcionarios del CICR se les permitió visitar la playa de Malabo Negro prisión el 18 de junio y 19; el CICR cerró su oficina de Bata y suspensión de dichas visitas, 03 2008 después de que el gobierno se negó a permitir el acceso a algunos prisioneros.


En noviembre de 2008 las autoridades de gobierno negaron el equipo del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura de acceso a centros de detención militar en el COGO y campamentos militares Ela, la prevención efectiva investigación de las denuncias de tortura y detenciones secretas, el acceso de seguimiento a las comisarías centrales de Malabo y Bata también fue rechazado. Según Nowak, durante la misión de observación de la ONU, los miembros de las fuerzas de seguridad amenazaron e intimidaron a funcionarios de la ONU de vigilancia, apuntando sus armas contra ellos cuando trataban de acceder a los centros de detención. En una carta de 22 de enero en respuesta a las acusaciones Nowak, el gobierno dijo que lamentaba la falta de cooperación que ha demostrado a Nowak durante su visita.


Durante el año el gobierno hizo esfuerzos para mejorar las condiciones carcelarias. Como resultado de la renovación efectuada en julio, las células de prisioneros y el patio de ejercicios en la cárcel de la ciudad de Malabo - que fue blanco de críticas por Nowak - eran más grandes y ventilados mejor. El gobierno también colgaron carteles antitorture en los aeropuertos y cruces fronterizos. Ministro de Seguridad Nacional de Obama también se reunió con Schama todos los comisarios de policía para poner de relieve la ilegalidad de maltratar a prisioneros.d. Detención o prisión arbitrarias


La ley prohíbe el arresto y detención arbitrarios, sin embargo, las fuerzas de seguridad con frecuencia personas detenidas o encarceladas arbitrariamente y sin el debido proceso legal. Un informe de febrero 2008 por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria expresó su preocupación por la policía y los gendarmes con frecuencia ordenó arrestos y detenciones sin autorización legal. Detenciones secretas presuntamente ocurrieron.


Papel de la Policía y Aparatos de Seguridad


La policía generalmente son responsables de la seguridad en las ciudades, mientras que los gendarmes son responsables de la seguridad fuera de las ciudades y para eventos especiales, ambos informe al ministro de seguridad nacional. El personal militar, que informe al ministro de defensa, también se cumple funciones policiales en las zonas fronterizas, zonas sensibles y zonas de alto tráfico. Además había elementos de la policía dentro de los ministerios del Interior (policía de fronteras y de tráfico), Finanzas (policía fiscal), y la Justicia (de investigación / persecución de la policía). funcionarios de la seguridad presidencial también ejerció las funciones de policía en las cercanías del presidente y de las instalaciones presidenciales. Los contratistas extranjeros siguió trabajando con el gobierno para consolidar y organizar las estructuras de seguridad en el país.


La policía mantuvo bajo financiados y mal entrenados, y la corrupción y la impunidad fueron problemas, aunque en menor medida que en años anteriores. Las fuerzas de seguridad continuaron extorsionando a los ciudadanos y los inmigrantes, aunque el número de incidentes de este tipo disminuyó considerablemente durante el año. No había unidad de investigación interna en la policía, y los mecanismos para investigar las denuncias de abuso fueron pobremente desarrollada. La policía mantuvo bajo financiados y mal entrenados, y la corrupción y la impunidad fueron problemas, aunque en menor medida que en años anteriores. Las fuerzas de seguridad continuaron extorsionar a los ciudadanos y los inmigrantes, aunque el número de incidentes de este tipo disminuyó considerablemente durante el año. No había unidad de investigación interna en la policía, y los mecanismos para investigar las denuncias de abuso fueron pobremente desarrollada.


El gobierno reconoció la necesidad de mejoramiento profesional de la policía y siguió prestando apoyo a un amplio programa de capacitación. Un contratista extranjero continuó entrenando a oficiales de policía y sus dirigentes en materia de derechos humanos, la prevención de la trata de personas, el Estado de Derecho, el uso apropiado de la fuerza, y un código de ética. La evidencia y los líderes de opinión de los expatriados, los ciudadanos y la comunidad expresan un mejoramiento en el desempeño en derechos humanos y ética profesional, especialmente entre los jóvenes oficiales que recibieron formación.


Los procedimientos de detención y tratamiento durante su detención


La Constitución exige que las órdenes de detención, salvo en los casos en que un sospechoso es sorprendido cometiendo un delito. A diferencia de años anteriores, no se reportaron algunas personas fueron detenidas por orden verbal de los funcionarios. Un detenido tiene derecho a una decisión judicial sobre la legalidad de la detención dentro de las 72 horas de arresto, excepto fines de semana y festivos, sin embargo, estas detenciones fueron a menudo más larga, a veces varios meses. La ley establece que el detenido sea informado sin demora de los cargos contra ellos, sin embargo, las autoridades no respetaron este derecho en la práctica. Algunos detenidos extranjeros se quejaron de que fueron detenidos y posteriormente deportados sin el conocimiento de los cargos en su contra. Aunque un sistema de libertad bajo fianza y defensores públicos - suministrada por el Colegio de Abogados, que recibe fondos del gobierno - eran disponibles bajo petición, el público fue en gran parte inconsciente de uno de ellos y ni sistema de funcionamiento eficaz.
La ley establece las visitas familiares y prohíbe la detención en régimen de incomunicación, sin embargo, el uso de la incomunicación y la denegación de las visitas familiares eran problemas graves (ver sección 1.c). Según el informe de febrero 2008 por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, los abogados no tuvieron acceso a las estaciones de policía y no se pudo contactar a los detenidos mientras que se celebraron allí; comisarios de policía entrevistados por el grupo de trabajo declaró que no veía la necesidad o conveniencia de dicho acceso.


La policía allanó periódicamente guetos de inmigrantes, las tiendas locales y restaurantes para detener a inmigrantes ilegales, sin embargo, fuentes fidedignas informaron que muchos jurídica, así como ilegal, los inmigrantes fueron víctimas de abusos, extorsión, o detenidas durante estas redadas. La policía a menudo utilizado una fuerza excesiva para detener y deportar a los detenidos, y casi todas las embajadas extranjeras en el país criticó al gobierno durante el año por su acoso, el abuso, la extorsión y la detención sin la representación de ciudadanos extranjeros. Muchos de los detenidos se quejaron de los sobornos necesarios para la puesta en libertad.


El gobierno arrestó arbitrariamente a un periodista durante el año (véase el apartado 2.a.).


prolongada detención preventiva sigue siendo un problema, y un número significativo de los encarcelados fueron detenidos antes del juicio, sin embargo, el número de detenidos en prisión preventiva no estaba disponible debido al mantenimiento de registros pobres. Los procedimientos ineficientes judicial, la corrupción, la falta de vigilancia y dotación de personal inadecuada contribuido al problema.


El 3 de noviembre, el Presidente indultó a Simon Mann (véase la Sección 1.e.).


e. Denegación de juicio público justo La constitución y la ley prevén un poder judicial independiente, sin embargo, el gobierno no respeta esta disposición en la práctica, y el poder judicial no es independiente, de acuerdo con funcionarios de la ONU y locales e internacionales defensores de los derechos humanos. Jueces actuará a las órdenes del presidente y se nombró, transferencia y despedidos por políticos, así como razones de competencia. La corrupción judicial se informó ampliamente, y los casos se decidieron a veces por motivos políticos.


El sistema judicial está compuesto por tribunales inferiores de provincia, dos tribunales de apelación, un tribunal militar, y el Tribunal Supremo. El presidente nombra a los miembros de la Corte Suprema, que al parecer recibió instrucciones de él. El Consejo Supremo de la designa a los jueces del Poder Judicial y los controles. Presidente Obiang es el presidente del Consejo Supremo, y el presidente de la Corte Suprema es el vicepresidente del Consejo Supremo.


El sistema de justicia militar no proporcionó los acusados con los mismos derechos que el sistema judicial penal civil. El código de los militares que desobedecen la justicia establece una autoridad militar, o se presuma que hayan cometido un delito considerado como un ”crimen contra el estado”, debe ser juzgado por un tribunal militar, de un proceso limitado debido y las garantías procesales, independientemente de si el acusado es civil o militar. El acusado podrá ser juzgado sin estar presente, y la defensa no tiene garantizado el derecho a interrogar a un acusador. Tales procedimientos no son públicos, y los acusados no tienen derecho a recurrir ante un tribunal superior. Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, ”los jueces y defensores en los tribunales militares no eran abogados o juristas, pero las autoridades militares sin formación jurídica”.


ancianos tribales adjudicadas las acciones civiles y penales de menor importancia en los tribunales tradicionales en el campo. Estas adjudicaciones se llevaron a cabo de acuerdo a la tradición y no pagar los mismos derechos y privilegios que los del sistema formal. Los descontentos con las sentencias tradicionales podrían recurrir al sistema judicial civil.


Procedimientos de prueba
Por ley el acusado goza de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Muchos ensayos para los delitos comunes son públicas, pero los jurados fueron utilizados raramente. Los acusados tienen derecho a estar presente en sus ensayos, pero rara vez se pudieron consultar inmediatamente a abogados, a menos que podían pagar un abogado privado. El inculpado que no pueden pagar un abogado tiene derecho a solicitar al Gobierno que facilite una, pero sólo si el acusado es llamado a comparecer ante el tribunal y los acusados no se les aconsejó rutinaria de este derecho. La asociación de la barra de país se disponía a defender los acusados indigentes, sin embargo, seguía habiendo una grave escasez de abogados, y seguía habiendo un sistema eficaz de representación de oficio. La ley establece para los acusados de confrontar y cuestionar a los testigos y presentar sus propios testigos y pruebas, sin embargo, este derecho se ha aplicado pocas veces en la práctica. Por ley, el acusado tiene derecho a apelar, sin embargo, los recursos legales no son a causa común a la falta de representación legal adecuada y la ignorancia de los derechos constitucionales.


Presos Políticos y Detenidos


Es difícil estimar el número de personas detenidas o encarceladas por ejercer sus derechos políticos, en parte porque las autoridades no mantienen listas fiables preso o permitir el control completo e independiente de los centros de A finales de 2008, 39 personas fueron encarceladas por delitos relacionados con el ejercicio de los derechos políticos, y todos eran miembros de partidos de la oposición, principalmente prohibió los partidos, o personas que el gobierno acusado de estar involucrado en los intentos de golpe de Estado le atribuye. De los condenados, la mayoría fueron acusados de ”delitos contra el Estado”. Algunos fueron condenados por tribunales militares sin respeto al debido proceso, y algunos fueron sometidos a juicios sumarios sin derecho a apelar sus sentencias, según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.


Tras el 17 de febrero ataque al Palacio Presidencial en Malabo, 10 miembros del partido de la UP fueron arrestados y detenidos. Ocho de los 10 fueron puestos en libertad bajo fianza, pero miembros de la UP Marcelino Asumu Nguema y Santiago se mantuvo en Negro Playa prisión en espera de juicio a fin de año.


El ex coronel del ejército de Cipriano Nguema Mba, que en octubre de 2008 fue secuestrado de Camerún, donde fue reconocido como refugiado y secretamente transportado a Negro Playa cárcel de Malabo, se mantuvo en prisión a finales de año. En un ensayo de 2004 militares, Nguema fue declarado culpable de traición a la patria en rebeldía y condenado a 30 años de prisión por presuntamente planear un golpe y salir del país con fondos del gobierno. Además, el gobierno continuó deteniendo a otros presos políticos a los agentes del gobierno habían secuestrado a los países vecinos en los últimos años, según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria recomendó en febrero de 2008, la aprobación por el Gobierno de las medidas necesarias para poner fin de inmediato a las detenciones secretas. Además de Juan Ondo Abaga, quien fue liberado de la prisión de Playa Negro en junio de 2008, el grupo citado las continuas detenciones secretas de Florencio Ela Bibang, Felipe Esono Ntumu y Antimo Edu Nchama, todos los cuales fueron secuestrados en países extranjeros donde habían el estatuto de refugiado, torturado y condenado por traición en un tribunal militar. Bibang, Ntumu y Nchama se cree que permanecen en prisión Negro Playa, donde se les negó acceso a abogados ni a sus familias.


En julio de 2008 un tribunal y condenado a seis años de prisión cinco ex miembros del partido político prohibido PPGE - Cruz Obiang Ebele, Emiliano Esono Micha, Gerardo Angue Mangue, Gumersindo Ramírez Faustino y Juan Ecomo Ndong - por cargos de pertenencia a un partido proscrito, la celebración de reuniones ilegales, tratando de derrocar al gobierno, y el contrabando de armas. Policía detenido arbitrariamente a los cinco individuos en marzo de 2008, junto con otro miembro PPGE anterior, Bonifacio Nguema Ndong, que el tribunal absolvió después del descubrimiento de las armas en el maletero de un coche puede ser importados al país de España. Según AI, las autoridades arrestaron a los cinco obligado sin orden judicial, a firmar declaraciones que no había hecho, golpearon al menos dos de los hombres, ellas en régimen de incomunicación sin acceso a un abogado hasta cinco días antes del juicio, y no aporta la prueba que había estado en posesión de las armas.

Los cinco hombres fueron declarados culpables en el mismo juicio que Simon Mann, aunque los cargos contra ellos no tenían relación con los hechos por los que fue juzgado Mann. Mann, un ciudadano británico que se declaró culpable de planear un golpe de Estado en 2004, fue indultado por el presidente el 02 de noviembre y puesto en libertad.
En febrero de 2008, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria recomendó el proyecto de gobierno de un nuevo código penal, establecer un poder judicial independiente, jueces y agentes del sistema para efectuar visitas periódicas a las cárceles y centros de detención de la policía, que limita la competencia de los tribunales militares a los delitos militares cometidos por personal de las fuerzas armadas; ampliar los derechos humanos de capacitación para jueces, agentes de la ley de todos los grados, los miembros de las fuerzas de seguridad, y la Oficina del Fiscal General, los abogados de garantizar el libre acceso a las comisarías y prisiones, y garantizar los recursos para el funcionamiento eficaz de la poder judicial, la prisión, y el sistema de detención de la policía. El gobierno declaró que carecía de la capacidad interna para instituir tales cambios.


Judiciales civiles Procedimientos y recursos


materia civil puede ser resuelta fuera de los tribunales, y en algunos casos ancianos de la tribu adjudicadas las disputas locales. Los tribunales se dedicaban cada vez más al pronunciarse sobre los asuntos civiles que se les presentan, algunos de ellos con las quejas sobre derechos humanos. Muchas empresas internacionales que realizan negocios en el país funciona con las cláusulas de mediación, que se activaron vez en cuando. resoluciones resultantes fueron respetados en general.


f. Interferencia arbitraria con la privacidad, familia, hogar o correspondencia


La constitución y la ley prohíben tales acciones, pero el gobierno a menudo no respetan estas prohibiciones en la práctica. Las fuerzas de seguridad violan los hogares y arrestó a los disidentes sospechosos, los delincuentes, los nacionales extranjeros, y otros - a menudo sin órdenes judiciales, que no son necesarios para determinados funcionarios a entrar y casas de búsqueda - y confiscó sus propiedades con la impunidad.

informantes Gobierno habría supervisado miembros de la oposición, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y periodistas. La mayoría de los residentes y periodistas creían que el gobierno controlara las llamadas telefónicas.


La ley prevé la restitución o compensación por la expropiación de propiedades privadas, sin embargo, el gobierno rara vez proporcionan una compensación equitativa o una vivienda alternativa al obligar a las personas de sus hogares o sus tierras. Las personas pueden tener títulos de propiedad a los pedazos de tierra, pero el Estado tiene pleno poder de dominio eminente, que a menudo ejerce en beneficio del desarrollo. Durante años la regeneración de las principales ciudades continuaron lugar a desalojos forzosos. Decenas de familias fueron desalojadas de sus hogares para hacer espacio para carreteras y urbanizaciones de lujo de vivienda, especialmente en Malabo y Bata. La Cruz Roja local, la Iglesia Católica, los abogados de derechos humanos y miembros de la oposición expresaron su preocupación por el desplazamiento de comunidades pobres.


Sección 2 Respeto a las Libertades Civiles, Incluyendo:


a. La libertad de expresión y de prensa


La constitución y la ley prevén la libertad de expresión y de prensa, sin embargo, la Ley de Prensa, Edición y Medios Audiovisuales concede amplios poderes a las autoridades para restringir las actividades de los medios de comunicación, y el gobierno siguió limitando estos derechos en la práctica.


Mientras que la crítica de las políticas gubernamentales se le permitió, los individuos no pueden criticar al presidente, su familia, otros funcionarios de alto rango, o las fuerzas de seguridad sin temor a represalias, y el gobierno informa que intentaron frenar las críticas de un seguimiento continuado de las actividades de la política la oposición, periodistas y otros. Desde 2007 algunos periodistas se han tratado temas que antes se consideraban fuera de los límites, incluso leve crítica de las instituciones por falta de progreso en cuestiones de desarrollo económico y la ineficiencia del gobierno, pero los medios del país siguió siendo débil y bajo la influencia o control gubernamental, y los periodistas practicaron la autocensura .


Las publicaciones del gobierno incluyen Ébano, un periódico quincenal publicado por el Ministerio de Información, Turismo y Cultura, y la publicación mensual La Gaceta de Guinea Ecuatorial periódico. publicaciones independientes se emplearon la publicación bimensual diario El Correo, periódicos de la oposición La Opinión y El Tiempo, de propiedad privada y las publicaciones de El Sol, La Nación, Hola, Ceiba, El Mono, La Verdad, y La Voz Del Pueblo.


Inicio de una nueva publicación periódica requiere un proceso complejo regulado por una ley ambigua y era a menudo inhibidos por la burocracia gubernamental. Además de acreditación es incómodo tanto para los periodistas locales y extranjeros, que deben registrarse ante el Ministerio de Información.

Sólo una agencia internacional de noticias había un regalo larguero regular en el país, y agentes del Estado, los informes, seguido y vigilado corresponsales para medios extranjeros. Algunos medios de comunicación internacionales no han podido operar libremente en el país durante el año, y el gobierno se negó a conceder visados a periodistas españoles de las organizaciones grandes medios de comunicación antes de la elección presidencial de 29 de noviembre (ver sección 3). Prensa nacional e internacional o revistas eran por lo general no están disponibles en los mercados rurales, debido, al menos parcial, a su alto precio y la baja tasa de alfabetización en las zonas rurales, pero, revistas y periódicos internacionales son cada vez más se vende en varias tiendas de comestibles en Malabo y Bata.


El 17 de julio, la policía detuvo a Rodrigo Angue Nguema, corresponsal en Malabo de la Agencia France-Presse y Radio France Internationale, por difamación y presentación de información falsa. Nguema había escrito un artículo acusando a Mamadou Jaye, director ejecutivo de la compañía aérea nacional Ceiba, de malversación de 3,5 mil millones de francos CFA (7.640.000 dólar) y de huir del país, una historia que posteriormente se retractó después de enterarse de que su fuente había proporcionado información falsa. A pesar de la publicación de una retractación, Nguema fue juzgado el 01 de septiembre por difamación; el 15 de octubre, fue liberado después de pasar casi cuatro meses de prisión. Jaye, el ejecutivo de aerolíneas, que llevó el caso, demandó a Nguema por 5 millones de euros (7.060.000 dólar), el importe que se habría malversado en Nguema se retractó de informe. Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió la detención ”castigo desproporcionado” por difamación y pide a las autoridades a modificar la legislación para evitar las penas de tal severidad.
La ley permite al gobierno amplias facultades a restringir la prensa a través de actividades de censura previa oficial. La ley también establece penal, civil, y las sanciones administrativas por violación de sus disposiciones, en particular cuando se trata de violaciónes de los 19 principios de publicación ”en el Artículo 2 de la Ley de Prensa, Edición y Medios Audiovisuales.


Muchos de los obstáculos jurídicos y administrativos criticada por grupos internacionales de defensa de la prensa libre sigue planteando problemas importantes para los medios de comunicación del país. Por ejemplo seguía habiendo una falta de inversión pública adecuada en infraestructura necesaria para el desarrollo de fuertes medios de comunicación independientes, incluidas las prensas de impresión y minoristas periódico, y había poca evidencia que el gobierno alentó - sobre una base no discriminatoria - la publicidad pública a nivel local en medios de comunicación impresos. Durante el año 2008 un periodista, un miembro de la Asociación Nacional de Prensa, equipara la falta de inversión por el gobierno para la ”censura económica” y expresó su profunda preocupación por la falta de oportunidades de capacitación para periodistas locales, a pesar de reciente del país el crecimiento económico excepcional.


El gobierno era dueño de una cadena nacional de radio y el sistema de televisión abierta, RTVGE. El hijo mayor del presidente de propiedad de los medios privados de difusión única. Transmisiones por satélite cada vez estaban disponibles.


En ausencia de cualquier radio o televisión independiente, la cobertura de la campaña presidencial para las elecciones del 29 de noviembre fue en gran medida de un solo lado. Teniendo en cuenta el bajo nivel de los medios estatales de atención a actividades de la oposición, RSF dijo que el presidente estaba ”espera que se acercan al 100 por ciento de los votos, lo cual es casi idéntica a la cuota de la cobertura mediática que recibió.” La radio y la cadena de televisión RTVGE las que no se debate y se limitaron a una oposición pocas actividades o reuniones.
El 12 de enero, el viceministro de Información Purita Opo Berila anunció el despido de los periodistas David Ndong, Miguel Eson Ona, Cirilo Nsue, y Ndong Casiano, que fueron empleados por RTVGE, por ”insubordinación” y ”falta de entusiasmo”. Citando fuentes locales, RSF afirma los despidos se debieron a los cuatro periodistas no alabar al gobierno de ”méritos”. La organización señaló la prensa estatal los empleados se esperaba para retransmitir la propaganda gubernamental, fueron considerados como empleados del Estado, y no tienen ninguna protección jurídica o la representación sindical para defender sus acciones o que los represente en un desacuerdo con el gobierno.


La Iglesia Católica aplicado para establecer una estación de radio en 2007, pero el gobierno no había concedido la autorización a fin de año.


canales extranjeros no fueron censurados, fueron difundidas en todo el país, e incluyó Radio Francia Internacional, la BBC y Radio Exterior, el servicio internacional de onda corta de España.
Libertad de Internet


No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a Internet o informes que el gobierno controlara el correo electrónico o salas de charla. Individuos y grupos pudieron participar en la expresión pacífica de opiniones a través de Internet, incluso por correo electrónico. La mayoría de la crítica abierta del gobierno vino de la comunidad del país en el exilio, y la Internet había reemplazado a los medios de difusión como la forma principal de la oposición opiniones fueron expresadas y difundidas. sitios de los ciudadanos de los exiliados no fueron bloqueadas. De acuerdo con estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para el año 2008, aproximadamente 1,8 por ciento de los habitantes del país utilizadas de Internet.


Libertad Académica y Eventos Culturales


No hubo restricciones oficiales a la libertad académica o eventos culturales, sin embargo, en los últimos años algunos profesionales calificados perdieron sus puestos de enseñanza a causa de su afiliación política o declaraciones críticas notificadas a los funcionarios públicos por los estudiantes en sus clases. La mayoría de profesores de los informes, practicaron la autocensura para evitar problemas. Actos culturales requiere coordinación con el Ministerio de Información, Cultura y Turismo.

Miembros de partidos políticos de oposición y miembros de la facultad se quejaron de la interferencia del gobierno en la contratación de maestros, el mantenimiento del empleo de profesores no cualificados, y la presión para dar buenas calificaciones a los estudiantes en su defecto con las conexiones. Maestros con conexiones políticas pero carecen de experiencia o acreditación fueron contratados, a pesar de que rara vez se presentó en las clases que supuestamente enseñan. Ningún maestro de la unión existen para defender los derechos de los docentes y cargos docentes estaban disponibles sólo para miembros PDGE.


b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas


Libertad de reunión


La constitución y la ley prevén el derecho de reunión, sin embargo, el gobierno restringió este derecho, en gran parte gracias a los límites a la libertad de asociación, lo que hacía difícil para las organizaciones que no habían obtenido una autorización legal para operar y mantener reuniones legalmente. Aunque el gobierno abolió formalmente los requisitos de autorización para las reuniones de partidos políticos dentro de los edificios del partido, los partidos de oposición se esperaba que informar a las autoridades si deseaban celebrar reuniones fuera de su sede. El gobierno requiere de notificación de actos públicos tales como reuniones o marchas. De acuerdo a los donantes extranjeros y miembros de los grupos locales de la sociedad civil, a la luz de los intentos de golpe de Estado en los últimos años, el gobierno siguió para ver algunas de las reuniones informales por parte de asociaciones como las amenazas de seguridad.


Las autoridades locales impidieron los intentos de la oposición para hacer campaña en las regiones leales al presidente (ver sección 3).


Libertad de Asociación

La constitución y la ley prevén la libertad de asociación, pero el gobierno limita de manera significativa este derecho en la práctica. Todos los partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones deben inscribirse con el gobierno. Hasta la fecha sólo una organización laboral se ha registrado. La ley prohíbe la formación de partidos políticos a lo largo de líneas étnicas, y varios partidos políticos seguían prohibidos (ver sección 3). El proceso de registro para las ONG fue costoso, complejo, opaco, y algunas veces tomó años para completarse (ver sección 4). Durante el año continuaron los donantes extranjeros para instar al Gobierno a revisar y reformar el régimen jurídico aplicable a la creación de organizaciones no gubernamentales. Muchas asociaciones, incluyendo varios grupos de mujeres se centró en el desarrollo económico, fueron incapaces de obtener la autorización o la condición social del gobierno.


c. Libertad de Religión


La constitución y la ley prevén la libertad de religión, y el gobierno generalmente respetó este derecho. No hubo informes de funcionarios del gobierno controlar los servicios religiosos.


La ley da preferencia oficial a la Iglesia católica y la Iglesia Reformada de Guinea Ecuatorial debido a sus raíces tradicionales y la influencia histórica en la vida social y cultural. Una misa católica romana era normalmente parte de cualquier función principal de ceremonia o de vacaciones. Las escuelas católicas de larga tradición reciben los mismos beneficios del Estado como las escuelas públicas.
Una organización religiosa debe ser formalmente registrados ante el Ministerio de Justicia, Religión, y las instituciones penales para operar. La aprobación podría tomar varios años, debido principalmente a la lentitud burocrática más que política, sin embargo, la falta de procedimientos de registro claramente definidos seguía siendo un problema.


estudio de la Religión es opcional en las escuelas públicas, pero requiere en las escuelas parroquiales y fue por lo general, aunque no exclusivamente, católica.


Abusos y Discriminación


La comunidad judía es muy reducido, no hubo informes de actos antisemitas.


Para una discusión más detallada, vea el Internacional de 2009 Informe sobre Libertad Religiosa en www.state.gov / g / drl / SPI / IRF.


d. Libertad de Movimiento, Personas Desplazadas Internamente, Protección de los Refugiados y Apátridas


La ley establece la libertad de circulación dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatriación. Sin embargo, el gobierno restringió los derechos en la práctica.
Durante el año no hubo casos en los que el Gobierno colaboró con el Alto Comisionado para los Refugiados, que no tiene oficina local, o de otras organizaciones humanitarias para ayudar a los refugiados y solicitantes de asilo.


La policía en controles de carretera que pasa revisa de manera rutinaria los viajeros y, ocasionalmente, involucrado en una extorsión de poca monta, aunque los informes de tales prácticas se redujo durante el año. Los observadores atribuyen el descenso a una mayor capacitación y la contratación de jóvenes, mejor educados oficiales. redadas frecuentes de los inmigrantes ilegales también se produjeron en controles de carretera. El gobierno afirmó obstáculos impidieron la inmigración ilegal, las actividades mercenarias, y intentos de golpe, sin embargo, los cortes de carretera también restringió los viajes.


La ley prohíbe el exilio forzado interno o externo, sin embargo, el gobierno no ha respetado en la práctica. Tras la concesión de indultos a presos políticos en junio de 2008, el gobierno obligó a varios de ellos a regresar y permanecer en sus aldeas de origen. Varios miembros de partidos políticos proscritos permaneció en el exilio autoimpuesto.


Protección de los refugiados



El país es Parte en la Convención de Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, así como a la Convención de 1969 de la Unión Africana que regula los aspectos específicos del problema de los refugiados en África, sin embargo, el gobierno no ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados.


En la práctica, el gobierno proporcionó alguna protección contra la expulsión o retorno de personas a países donde su vida o su libertad se vería amenazada. Sin embargo, en octubre de 2008 agentes de policía del Camerún informa ilegalmente arrestado el ex Guinea Ecuatorial coronel del ejército de Cipriano Nguema Mba en Camerún, donde fue reconocido como refugiado, y lo entregó a la embajada del país en Camerún, desde donde fue trasladado en secreto a Negro Playa prisión (véase la Sección 1.e.).


El gobierno proporcionó protección humanitaria temporal a personas que no califican como refugiados según la convención de 1951 y su Protocolo de 1967.


Sección 3 Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno


La constitución y la ley prevén los ciudadanos el derecho de cambiar su gobierno pacíficamente, sin embargo, a pesar de las continuas mejoras en el proceso electoral durante el año, este derecho sigue siendo extremadamente limitada, en parte como resultado de la dominación del partido gobernante PDGE.


Elecciones y participación política
El 29 de noviembre, el presidente Obiang fue reelegido, ganando 95,37 por ciento de los votos emitidos; candidato opositor Plácido Mico del CPDS ganó 3,55 por ciento de los votos. Los resultados desiguales y la deficiente supervisión independiente del proceso electoral planteó la sospecha de fraude electoral sistemático. Pocos observadores electorales internacionales seguimiento estaciones de 1.289 colegios electorales del país como resultado de la insistencia del gobierno en la coordinación de sus movimientos, prohibición de la crítica, y el control de acceso a los medios. irregularidades de procedimiento en algunos centros de votación incluyó la votación múltiple, insuficiencia de respetar el secreto del voto, y la ausencia de una lista publicada de los candidatos registrados. En algunos lugares de los votantes se les permitió votar a los miembros de la familia, los votantes no registrados se les permitía votar, y las urnas fueron selladas. Los soldados fueron desplegados en todos los colegios electorales.


El 16 de octubre, el presidente Obiang anunció la elección sería el 29 de noviembre, con una campaña para comenzar oficialmente en Noviembre 5, según la constitución, las elecciones presidenciales en caso de ser llamado por lo menos 45 días antes del final del mandato del presidente de 30 días a partir de entonces . Según Human Rights Watch, el calendario electoral apretado y la negativa del gobierno a hacer públicas las listas de votantes muy limitada la capacidad de la oposición hacer campaña y ganar apoyo. El proceso de registro de votantes, una parte importante de los preparativos para las elecciones en el país, se presentan graves deficiencias. El registro del Comité estaba integrado principalmente por miembros PDGE y rutinariamente cuestiones decidió a favor del PDGE. Al registrar un miembro PDGE, el comité registrado todos los miembros de la familia como votantes PDGE, incluidos los niños. Las personas que estaban muertos, menores de edad, o viven en el extranjero fueron incluidos como titulares de PDGE.
Ningún organismo independiente e imparcial existido para supervisar el proceso electoral o considerar las quejas relacionadas con las elecciones. La Comisión Electoral Nacional, que fue separado de la comisión de registro de votantes y la responsabilidad de garantizar la imparcialidad de las elecciones y tramitación de denuncias formales después de las elecciones, estaba controlada por el partido en el poder y encabezada por el ministro del Interior, un miembro prominente del partido. Aunque su composición formada por un representante de cada partido político que presentaron candidatos, sino que también incluyó a representantes del gobierno, carecía de representación de la sociedad civil, y la mayoría de sus miembros eran funcionarios del partido gobernante. El partido de la oposición CPSD afirmó uno de sus funcionarios electorales se vio obligado con una pistola lugar a la cabeza para firmar apagado en un recuento de votos.


Miembros de la oposición de partidos y candidatos operados en clara desventaja al tratar de obtener el apoyo de los votantes. En general, los partidos de oposición y sus candidatos estaban mal organizados, mal financiados, y carecían de apoyo público. Debido a la colección de cuasi-obligatorio de cuotas y otras aportaciones, el partido gobernante había en gran medida desproporcionada financiación disponibles, incluyendo los regalos a los votantes potenciales. Varios partidos políticos pacíficos prohibido en los últimos años no se les permitió participar en las elecciones. El gobierno negó la oposición igualdad de acceso a los medios de comunicación. Miembros de la oposición y los líderes también alegó el gobierno controlara sus actividades.A diferencia del año anterior, no miembros de la oposición fueron detenidos arbitrariamente, detenido, ni torturado, sin embargo, candidatos de la oposición fueron acosados e intimidados durante la campaña presidencial.


Por ejemplo, el 14 de noviembre, un sacerdote de la parroquia en la ciudad de Ayene detuvo CPDS Plácido Mico candidatos para ocupar un mitin en la plaza del pueblo frente a la iglesia porque, de acuerdo con el sacerdote, la plaza era propiedad de la iglesia. El jefe de la policía local intervino en nombre del sacerdote y ordenó que el candidato y sus partidarios fuera de la plaza. El jefe de la policía también ha ordenado a la juventud local para despojar a carteles de la campaña de vehículo propio del partido y blandía una pistola mientras amenazaba Mico y sus seguidores. funcionarios CPDS afirma miembros PDGE asaltado miembros de CPDS.


El 19 de noviembre, en la localidad de Aconibe, en la provincia natal del Presidente Obiang de Wele-Nzas, las fuerzas de seguridad, los miembros del PDGE, y los aldeanos asaltado partidarios de la oposición UP partido y su candidato presidencial Archivaldo Montero Biribe. Funcionarios de la policía supuestamente le dijo a los partidarios que no eran bienvenidos a las calles en la ciudad, porque todos sus habitantes apoyó al presidente Obiang. UP presidente del partido, Daniel Martínez, quien solicitó la intervención del ministro del Interior, Clemente Nguema, informó que le dijeron ”esto es África, ¿qué más espera y lo que quiere usted que hacer al respecto?” Después de recibir el mismo tratamiento en la ciudad adyacente de Nsork, los líderes de UP se detuvo campaña en la provincia. dirigentes de CPDS y el Partido de Acción Popular informó de un trato similar en la provincia, donde también dejó de hacer campaña.
El partido gobernante PDGE gobernó a través de un arreglo complejo de apartamentos construido alrededor de la familia, el clan, y las lealtades étnicas. presión indirecta para los empleados públicos a unirse al PDGE continuó. miembros de partidos de la oposición continuó informando que habían sido objeto de discriminación en la contratación de mantenimiento del empleo,, becas, y la obtención de licencias comerciales. Durante el año las personas miembros del gobierno sostuvo la presión impide la oposición de la obtención de puestos de trabajo con empresas extranjeras. Miembros de la oposición de las partes alegó encontró que las empresas han contratado a trabajadores con enlaces directos a las familias, individuos, partidos o grupos en desgracia con el gobierno se vieron obligados a menudo a despedir a los empleados o recriminación cara.


Durante el año, el gobierno habría advertido que el cónyuge de un líder de partido de la oposición a unirse al PDGE (presumiblemente para avergonzar al líder de la oposición) o perder la posición. El cónyuge se negó a unirse al PDGE y fue despedido.


Los tres partidos legales de oposición se enfrentan restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión (ver secciones 2.a. y 2.b.). Algunos partidos políticos que existían antes de la ley de 1992, por los procedimientos para legalizar los partidos políticos seguían prohibidas, en general, para ”apoyar el terrorismo.

Durante el año el CPDS afirmó que no tenía planes para reiniciar una estación de radio, pero se reservaba el derecho de hacerlo en el futuro. En agosto de 2008, después de informar al gobierno por escrito su intención de crear una emisora de radio, el partido de la oposición CPDS comenzó a probar sus equipos. Posteriormente, el gobierno ordenó la CPDS dejará de transmitir, asaltaron la estación, y se apoderaron de los materiales.


El presidente, que puede servir un número ilimitado de mandatos de seis años, ejerció poderes fuertes como jefe de Estado, comandante de las fuerzas armadas, jefe del poder judicial, y fundador y jefe del partido gobernante. En general, las posiciones de liderazgo dentro del gobierno se limita al partido del presidente o de la coalición de ”oposición leal” partes. Debido a que el partido en el poder abrumadoramente dominado las comisiones establecidas para examinar las prácticas electorales y recomendar reformas, pocos cambios se hicieron. El ministro del Interior fue designado para desempeñarse como presidente de la comisión electoral nacional.
El gobierno no abiertamente limitar la participación de las minorías en la política, sin embargo, predomina la etnia Fang, que se estima constituyen más del 85 por ciento de la población, continuó ejerciendo fuerte poder político y económico.


Sección 4 Oficial Corrupción y Transparencia del Gobierno


Leyes prevén severas sanciones penales por la corrupción oficial, sin embargo, el gobierno no puso en práctica estas leyes con eficacia, y con frecuencia los funcionarios implicados en prácticas corruptas con impunidad. La corrupción sigue siendo un problema grave. No hay casos de corrupción fueron procesados durante el año.


El presidente y los miembros de su círculo íntimo continuaron acumulando enormes beneficios personales de la bonanza petrolera. Según Human Rights Watch, Teodorín Obiang, el hijo del presidente, gastaron más en bienes de lujo durante el periodo 2004-2007 que el gobierno de Presupuesto 2005 para la educación; compras incluye una mansión de $ 35 millones, un chorro de $ 37 millones, y los coches de lujo valor de al menos 2,6 millones dólares . Presidente Obiang afirmó información sobre los ingresos del petróleo fue un secreto de Estado ”y resistido a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas. Según internacionales ONG Global Witness, el gobierno no ha revelado la ubicación de más de dos mil millones de dólares en fondos públicos.

En diciembre de 2008 grupos de activistas contra la corrupción, incluida la Asociación francesa de Amnistía Internacional, presentó una demanda en París contra el presidente Obiang y otros dos jefes de Estado africanos, que les acusa de adquirir viviendas de lujo en Francia con fondos públicos malversados. Los demandantes señaló que ”no hay duda de que estos bienes no podrían haber sido adquiridos únicamente con los salarios y beneficios de estos jefes de estado.”


También en diciembre de 2008, un grupo español de derechos humanos presentaron una denuncia formal ante anticorrupción fiscales en España, alegando los miembros de la familia del presidente Obiang y los funcionarios políticos de alto rango cercano al presidente había ilegalmente sustraído 12700 millones de francos CFA (27,73 millones dólares) de un empresa estatal de gasolina para comprar casas en España y había lavado de esos fondos públicos entre 2000 y 2003 en bancos extranjeros. Según informes de prensa, el fiscal anticorrupción de España había comenzado a investigar las acusaciones contra estas personas a fin de año.


Funcionarios por la ley deben declarar sus bienes, aunque no se publicaron declaraciones en público. , No se exigía a los funcionarios a renunciar a los intereses empresariales en los conflictos potenciales con las responsabilidades oficiales, y ninguna ley que prohíba los conflictos de interés. Mayoría de los ministros siguió a trabajar de noche y llevar a cabo negocios que combinaba con sus responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, el ministro de Justicia tenía su propia empresa de derecho privado, y el ministro de transportes y comunicaciones fue director de la junta directiva y poseen las acciones de la compañía paraestatal y la compañía telefónica nacional.
La Presidencia y la Oficina del Primer Ministro fueron los principales organismos de lucha contra la corrupción. Varios ministros fueron sustituidos los informes, después de la elecciones de mayo 2008 como resultado de las prácticas corruptas.


Durante el año el Gobierno hizo nuevos progresos hacia los objetivos de la reunión para unirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), una iniciativa multinacional sociedad civil para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las industrias extractivas, el desarrollo de un plan de trabajo aprobado y alcanzar la condición de candidato. Sin embargo, seguía habiendo importantes desafíos en el cumplimiento de los requisitos de la EITI, relativa al desarrollo de la sociedad civil, y continuó siendo la falta de transparencia en las industrias extractivas.


En octubre de 2008, el gobierno comenzó a desembolsar fondos para proyectos sociales en el marco del fondo de desarrollo social (SDF), un mecanismo desarrollado en colaboración con un donante extranjero destinadas a aumentar la transparencia del gasto social en consonancia con las normas internacionales de desarrollo. Irregularidades en el manejo de los fondos se produjo durante el año. Por ejemplo, los fondos para los proyectos seleccionados fueron depositados en las cuentas bancarias de supuestos distintos ministerios, sin embargo, los críticos de las cuentas en realidad pertenecían a los ministros que encabezó los ministerios, lo que coloca los fondos bajo su control personal directo. Un ministro presuntamente ignoró las ofertas de empresas que respondieron a una convocatoria abierta y seleccionó una empresa de su propiedad, aunque su empresa no había presentado una oferta, el ministro aseguró que su compañía era elegible para recibir dinero de la cuenta de SDF que controlaba.


La ley no permite el acceso público a la información gubernamental, y los ciudadanos y no ciudadanos, incluidos los extranjeros, eran por lo general no pueden acceder a la información gubernamental. La falta de registro organizado de mantenimiento, archivo y bibliotecas públicas también el acceso limitado.
Sección 5 Actitud del gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntas Violaciónes de los Derechos Humanos


La ley restringe la actividad de las ONG, y los pocos que existen organizaciones no gubernamentales nacionales de derechos humanos se centró en cuestiones de desarrollo relativos a los derechos sociales y económicos, como la salud y el cuidado de ancianos. Aunque la ley incluye los derechos humanos en los ámbitos en los que las ONG puedan operar, ninguna ONG informará públicamente sobre los abusos de los derechos civiles o políticos por el gobierno o en la corrupción oficial. En 2008 el gobierno nacional se reunió con representantes de las ONG para mejorar la cooperación en los esfuerzos para adherirse a los principios de transparencia de la EITI. A pesar de este aumento de la cooperación, la actitud del gobierno hacia las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que trabajan en o informar sobre el país en general sigue siendo ”no amistosa”, según un diplomático extranjero a cargo de evaluar el estado de la sociedad civil en el país. Las restricciones gubernamentales, incluidos los requisitos de registro onerosos y la falta de capacidad para gestionar y proporcionar al público información, seguían obstaculizando las actividades y desarrollo de la sociedad civil nacional. No eran pocos los derechos humanos internacionales residentes en el país las organizaciones no gubernamentales, y por lo general se centró en los derechos sociales y económicos, no los derechos civiles y políticos.


El gobierno cooperó en diversos grados con organizaciones internacionales como el CICR y la ONU. De acuerdo con funcionarios del gobierno, se celebraron reuniones durante el año con representantes del CICR para discutir la reapertura de una oficina del CICR en el país. El CICR había suspendido las visitas prisión en marzo de 2008, tras el gobierno se negó a permitir el acceso a algunos presos (ver sección 1.c).

Durante el año, el gobierno rechazó categóricamente el informe de 2008 sobre los centros de detención por el relator especial sobre la Tortura, Manfred Novak. Novak informó la tortura parece reflejar un método respaldado por el estado de obtención de pruebas y confesiones, y de una cultura de la impunidad total permitido la tortura para no cesan (ver sección 1.c). Nowak no observó ninguna condena por tortura se puede encontrar en los registros oficiales de la corte y conocida por recurrir a la tortura son capaces de establecer exitosas carreras en las fuerzas de seguridad. También se refirió a ”la falta de funcionamiento de la administración de justicia y, por tanto, la ausencia del imperio de la ley”. Nowak recomendó al gobierno realizar ”reforma profunda” de sus leyes, un sistema penal y judicial y las instituciones policiales. También recomendó al gobierno a establecer mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas para combatir la tortura y los diplomáticos extranjeros en Malabo realizar visitas periódicas de supervisión a los centros de detención. funcionarios de la ONU también recomienda a la comunidad internacional, incluidas las empresas transnacionales, asegurarse de que no eran cómplices de violaciones de los derechos humanos en sus prácticas de negocios y actividades de desarrollo.


La organización primaria con alguna responsabilidad por los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue a cargo y fuertemente influenciado por el gobierno y sufrió graves de financiación, personal e institucional limitaciones. No investigar las denuncias de derechos humanos o de estadísticas sobre ellos. El presidente nombró a los miembros de la CNDH.


La comisión parlamentaria para las quejas y peticiones proporcionan un foro para la oportunidad de registrar las inquietudes y fue cada vez más activo durante el año. El Comité aceptó las quejas y peticiones cada vez que el parlamento estaba en sesión.


Sección 6 Discriminación, Abusos Sociales y Trata de Personas

La Constitución y la ley prohíben la discriminación por motivos de raza, sexo, religión, discapacidad, idioma o condición social, sin embargo, el gobierno no hizo cumplir efectivamente estas disposiciones. No obstante, numerosas actividades de divulgación pública se llevaron a cabo para mejorar el conocimiento de las cuestiones relacionadas con la violencia y la discriminación contra las mujeres y los niños, la discriminación contra las minorías étnicas y la discriminación contra las personas con VIH / SIDA.


Mujeres


La violación es ilegal, pero la violación conyugal no se especifica en la ley. El gobierno no hizo cumplir la ley con eficacia. violación de informes se considera una vergüenza para las familias involucradas. Vinieron varios procesos ante los tribunales durante el año, pero el número exacto no se conocía.


La violencia doméstica es un problema. La violencia contra la mujer, incluido el abuso conyugal, es ilegal, pero el gobierno no hizo cumplir la ley con eficacia. La policía y el poder judicial se mostraron renuentes a enjuiciar los casos de violencia doméstica. En relación con las organizaciones internacionales, el gobierno llevó a cabo campañas de concienciación pública sobre los derechos de la mujer y violencia doméstica.


La prostitución es ilegal, y el gobierno siguió aplicando la ley contra las empresas y los proxenetas, sin embargo, la prostitución se produjo, sobre todo en las dos principales ciudades de Malabo y Bata. Actuando sobre las órdenes de los ministerios de Interior y Seguridad Nacional, la policía allanó los lugares de prostitución durante el año.


El acoso sexual es ilegal, su extensión era desconocida. No se conocía ningún caso ante los tribunales.


El gobierno no ha interferido con el derecho básico de las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, el espaciamiento y el intervalo entre éstos, ya disponer de la información y los medios para hacerlo libre de discriminación, coerción y violencia. Las mujeres fueron diagnosticadas y tratadas por igual para las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.


La ley establece la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, incluidos los derechos en virtud del derecho de familia, derecho de propiedad, y en el sistema judicial, sin embargo, los derechos de las mujeres estaban limitadas en la práctica. Según el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la prevalencia de estereotipos negativos y la ”arraigada normas culturales que son perjudiciales, costumbres y tradiciones, incluyendo el matrimonio forzado y precoz, y el levirato (la práctica mediante la cual un hombre puede la obligación de casarse con la viuda de su hermano) discriminan a la mujer. La falta de legislación que regule los matrimonios consuetudinarios y otros aspectos del derecho de familia también discriminaba contra la mujer, particularmente con respecto a la poligamia, la herencia y custodia de los hijos.


En las zonas rurales, las mujeres estaban confinadas en gran medida por la costumbre a los roles tradicionales. En las mujeres el medio urbano con calificaciones equivalentes rara vez sufren una discriminación manifiesta. Sin embargo, el país ha mantenido una cultura conservadora en la que el sesgo de la sociedad contra la mujer persistía. Las mujeres a veces víctimas de discriminación en el acceso al empleo, el crédito y la igualdad de retribución para un trabajo similar sustancialmente.


Durante el año, el gobierno brindó cursos, seminarios, conferencias y programas de los medios de comunicación para sensibilizar a la población y los organismos gubernamentales a las necesidades y los derechos de la mujer. Por ejemplo, el 15 de febrero, el Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer llevó a cabo un seminario para miembros del poder judicial sobre las prácticas culturales que violan los derechos de las mujeres, incluido el abuso físico, los matrimonios forzados, el levirato y el uso de la dote. El 15 de mayo, el Ministerio llevó a cabo una conferencia similar para los miembros del parlamento, y en noviembre el Ministerio celebró un seminario de derechos de las mujeres de los 68 miembros de la rama ejecutiva.


Un fondo de desarrollo exterior, como parte de su programa de apoyo a la sociedad civil, dedicó uno de sus foros a los derechos de la mujer. Los temas dominantes fueron la poliginia y tradicionales actitudes discriminatorias contra la mujer.


Niños


La ciudadanía se deriva de los propios padres. La inscripción del nacimiento es la responsabilidad de los padres, y de no hacerlo puede resultar en la negación de los servicios públicos.


La educación era gratuita y obligatoria hasta los 13 años de edad. La inmensa mayoría de los niños a la escuela por lo menos hasta los grados de primaria. Los niños eran esperados por sus familias en general, ya sea para completar un plazo adicional de siete años de escuela secundaria o para terminar un programa de estudios de educación vocacional después de la primera. Para muchas niñas en zonas rurales, sin embargo, el embarazo precoz o la necesidad de ayudar en casa limitadas oportunidades educativas, y las mujeres alcanza generalmente a niveles educativos más bajos que los hombres. Durante el año, el gobierno siguió colaborando con una compañía petrolera extranjera para llevar a cabo una escuela multimillonarias programa de renovación y continuó trabajando con un país extranjero a la reforma materiales obsoletos planes de estudio.


El abuso de menores es ilegal, pero el gobierno no hizo cumplir la ley con eficacia, y el abuso infantil ocurrido. El castigo físico era el método culturalmente aceptado de la disciplina. Durante el año un pequeño número de casos en que se alegaba abuso de menores llegó a los tribunales.


La ley no se ocupa de la prostitución infantil o pornografía infantil. Hubo poca evidencia los niños que ejercen la prostitución para sobrevivir sin la participación de terceros. La edad mínima para el consentimiento sexual es 18 años.


La trata de personas
La ley prohíbe la trata de personas, sin embargo, algunos a través de la trata y al país se sospechaba. No existen cifras fiables sobre el número de víctimas de trata. El país ha sido principalmente un destino para los niños víctimas de trata con fines de trabajo forzoso y, posiblemente, para fines de explotación sexual. Los niños se creía que eran víctimas de la trata de países vecinos, principalmente Nigeria, Benin, Camerún y Gabón para la servidumbre doméstica, el mercado de trabajo, ambulantes expendedoras, y otras formas de trabajo forzoso, como llevar agua y lavar la ropa. La mayoría de las víctimas se cree que se trata a Malabo y Bata, donde una creciente industria del petróleo creó una demanda de mano de obra y la explotación comercial. Las mujeres también pueden haber sido víctimas de la trata en el país de Camerún, Benin, otros países vecinos, y China por explotación laboral o sexual. En el último año hubo un informe de la extracción de las mujeres de Guinea Ecuatorial, se trata también a Islandia con fines de explotación sexual comercial.


En general, los traficantes pasado cruzaron la frontera con documentos falsos y los niños que se afirmaba falsamente fuera el suyo propio. Sin embargo, la eliminación de los incentivos económicos para dicha actividad, aparentemente redujo el tráfico a un pequeño número de casos.


Las sanciones para la trata de personas con fines de explotación sexual o de otro tipo de explotación son de prisión de 10 a 15 años y una multa de no menos de aproximadamente 50 millones de francos CFA (109.000 dólares).


Cuando se presiona por las embajadas de víctimas de trata identificados, el gobierno cooperó con otros gobiernos, organizaciones internacionales y ONG para ayudar a las víctimas y ayudar en su repatriación. Sin embargo, las misiones diplomáticas extranjeras confirmaron muchos de sus ciudadanos fueron enviados fuera del país antes de las embajadas se dio cuenta de un problema.


El Ministerio de Justicia es responsable de la lucha contra la trata de personas, y el ministro de justicia era presidente de la comisión interinstitucional sobre la trata ilegal de migrantes y la trata de personas. El Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer es responsable de las cuestiones relacionadas con la protección de las víctimas de la trata.


El gobierno proporcionó protección limitada o asistencia a las víctimas o los testigos. Durante un 2 a 6 feb visita al país, un consultor de la Organización Internacional para las Migraciones señaló que no había refugios para albergar a las víctimas de la trata u otras poblaciones vulnerables durante un período temporal. El gobierno, en general pidió a las embajadas de los países víctimas de origen, si está presente, al asumir el cuidado de las víctimas hasta que puedan ser repatriados. Sin embargo, el gobierno había previsto ningún procedimiento para notificar incluso embajadas si uno de sus nacionales habían sido identificados como una víctima de la trata. Había pocas organizaciones no gubernamentales en el país para ayudar a las víctimas.


El gobierno, a través del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Infantil, siguió financiando un programa para educar a la población contra la trata de personas, asistir a las víctimas y castigar a los infractores.


Durante el año, el gobierno continuó impartiendo formación contra la trata de fuerzas de seguridad; más de 800 funcionarios de seguridad han recibido esta formación desde 2007.


Anual sobre la Trata del Departamento de Estado de Personas se puede encontrar en http://www.state.gov/g/tip.


Las personas con discapacidad


La ley no ofrece protección a las personas con discapacidad de la discriminación en el empleo, la educación o la prestación de otros servicios del Estado, ni imponer el acceso a los edificios para las personas con discapacidad.


Los servicios educativos para los niños mental o físicamente discapacitados eran limitadas. La Cruz Roja local, con el apoyo financiero del gobierno, logró la escuela del país para los niños sordos. El gobierno y la Iglesia Católica trabajado juntos para proporcionar la atención a las personas con discapacidad mental en la Virgen María Madre instalación de África.


Los ministerios de educación y salud tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos de las personas con discapacidad. anuncios de servicio público en materia de derechos de las personas con discapacidad sigue siendo transmitido.


Nacional / minorías raciales y étnicas


La discriminación contra las minorías étnicas o raciales es ilegal, sin embargo, la discriminación social, el acoso fuerza de seguridad, y la marginación política de las minorías eran problemas. Los extranjeros fueron víctimas con frecuencia. los residentes ilegales de Nigeria, Ghana, Camerún, Malí, Togo, Gabón y otros países africanos representa una porción significativa de la fuerza de trabajo y sigue creciendo, a pesar de los intentos de la policía para hacer cumplir las leyes de inmigración. Los trabajadores extranjeros de África Occidental y en otras partes fueron atraídos al país por su economía que crece a base de aceite.


Abusos, la Discriminación y los hechos de violencia por orientación sexual e identidad de género


la estigmatización social y discriminación contra las personas homosexuales era fuerte, y el gobierno hizo pocos esfuerzos para combatirla.


Otros actos de violencia y discriminación sociales


Pese a las frecuentes declaraciones públicas y campañas de radio abogando por la no discriminación, las personas con VIH / SIDA continúan siendo víctimas de la estigmatización social, que les llevó a mantener oculta su enfermedad. El gobierno dispuso la libre pruebas de VIH / SIDA y el tratamiento y el apoyo de campañas de información pública para aumentar la concienciación.


Sección 7 Derechos de los trabajadores


a. El derecho de asociación


La ley proporciona a los trabajadores el derecho de constituir sindicatos y afiliarse a sindicatos de su elección, sin autorización previa ni requisitos excesivos, sin embargo, el gobierno puso obstáculos prácticos antes de los grupos que deseen organizar. Muy a menudo, aquellos que tratan de organizar fueron cooptados en las estructuras partidarias existentes por medio de la presión e incentivos. La Organización de la Unión de Pequeños Agricultores sigue siendo la única unión legal de trabajo operacional. De acuerdo con la Confederación Sindical Internacional, las autoridades seguían negándose a registrar la Guinea Ecuatorial de Sindicatos. La ley estipula un sindicato debe tener por lo menos 50 miembros de un lugar de trabajo concreto que se registren; esta regla bloqueado la formación de sindicatos. Las autoridades se negaron a legalizar a los servicios independientes sindicado, un sindicato del sector público, a pesar de haber cumplido con los requisitos de la ley.


Los trabajadores rara vez ejercido su derecho de huelga, en parte porque temían perder sus empleos y los posibles daños a sí mismos oa sus familias. En raras ocasiones, los trabajadores participan en las protestas temporal o ”ir lento” (lentitud de trabajo y las ausencias previstas).


A diferencia del año anterior, no hubo informes de seguridad fuerzas mataron a los huelguistas. No se tomaron medidas contra la policía responsables de la matanza de 2008 de dos delanteros chino.


b. El derecho de sindicación y negociación colectiva


La ley permite a los sindicatos para llevar a cabo actividades sin interferencia, pero el gobierno no protege este derecho en la práctica.


La ley establece que los representantes del gobierno, empleadores y trabajadores para cumplir dos veces al año para revisar y establecer los salarios mínimos, sin embargo, representación de los trabajadores es limitada. Hubo algunos informes de la negociación organizada, colectiva realizado por cualquier grupo, sin embargo, el Ministerio de Trabajo a veces los conflictos laborales mediada. Los trabajadores despedidos, por ejemplo, podría apelar ante el ministerio, en primer lugar a través de su delegado regional, sin embargo, había poca confianza en la equidad del sistema. Los ciudadanos tienen el derecho de apelar las decisiones del Ministerio del Trabajo a un comité especial permanente del Parlamento estableció para conocer de las demandas de los ciudadanos sobre las decisiones de ninguna agencia gubernamental.


No hay ninguna ley que prohíba la discriminación antisindical, pero no hubo informes de que ocurrió.


No existen las zonas francas industriales.


c. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio


La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio y la esclavitud,

incluso de niños, sin embargo, los niños fueron objeto de trata para trabajo forzado y la explotación sexual (ver sección 6).


d. Prohibición del Trabajo Infantil y Edad Mínima para el Empleo


La ley prohíbe que los niños menores de 14 años de trabajo y establece que las personas declaradas culpables de forzar ilegalmente a un menor a trabajar puede ser castigado con una multa de entre 50.000 y 250.000 francos CFA ($ 109 a $ 545), sin embargo, el trabajo infantil se produjo. La ley prohíbe a los niños trabajan como vendedores ambulantes o de lavado de coches, sin embargo, los niños realizar tales actividades. Los niños también trabajaban en los mercados locales y participaron en la servidumbre doméstica.


Los oficiales de policía estaban estacionados a menudo en lugares de mercado, donde se aplican las leyes que prohíben los menores de los que trabajan allí. Los vendedores que violan estas leyes se vieron obligados a cerrar sus puestos, fueron multados en gran medida, o deportados, sin embargo, no hay vendedores fueron procesados durante el año. El gobierno no proporcionó los servicios sociales a los niños que se encuentran trabajando en los mercados.


El Ministerio de Trabajo es responsable de hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil.


e. Condiciones aceptables de trabajo


Aplicación de las leyes laborales y ratificado acuerdos internacionales del trabajo no fue efectivo, dando lugar a malas condiciones de trabajo. Mientras que el gobierno preste más atención a cuestiones como durante el año, los códigos de seguridad, por ejemplo, no se cumplieron en general. La mayoría de las compañías petroleras, en cambio, ha superado las normas mínimas internacionales de seguridad.


El 25 de abril, el gobierno emitió el Decreto 60/2009 Pública, que establece un salario mínimo mensual de 95.400 francos CFA (unos 205 dólares) para todos los trabajadores en el país, incluidos los agricultores, sin embargo, el salario mínimo no proporcionó un nivel de vida digno para un trabajador y su familia en Malabo o Bata. En el resto del país, el salario mínimo fijado una renta mínima adecuada. Muchas empresas del sector formal paga más que esto, pero muchos trabajadores (por ejemplo, agricultores) no estaban recogidos en la ley del salario mínimo. Por ley los trabajadores de la industria de hidrocarburos recibió sueldos varias veces superiores a las de otros sectores, creando desigualdades en la sociedad y alimentando la inflación de algunos bienes y servicios. El Ministerio de Trabajo es responsable de hacer cumplir las normas de salario mínimo.


La ley establece una semana laboral normal de 35 horas y un período de descanso semanal de 48 horas; estos requisitos se observaron en general en la economía formal. Se hicieron excepciones para algunos trabajos, como los de trabajo off-shore de la industria del petróleo. Premium pagar por las horas extraordinarias se requiere, pero el requisito no se ha aplicado efectivamente.


La ley establece la protección de los trabajadores de los riesgos laborales, pero el gobierno no hizo cumplir esta disposición. Durante el año, el gobierno contrató un adicional de 100 inspectores de trabajo para supervisar la industria. La ley no proporcionar a los trabajadores el derecho a retirarse de situaciones que la salud en peligro de extinción o la seguridad sin poner en peligro su empleo continuado.




Comentario adicional:


Apasar de tanto tiempo que he tomado en traducir este informe para que la gente pudiera leerlo en espanol, pero en realidad, en mi modesta opion, toda esta gente se mofan del pueblo guineano. Si, muchas cosas ahn dicho y que son verdades, pero despues que?, con perdon, a mi me ha parecido una burla toda esta historia. Este informe ya es un disco rayado para el sufrido pueblo de Guinea Ecuatorial, el proximo ano saldra otro informecomo siempre, y asi sucesivamente, la pregunta mia es, y despues que?. El problema de Guinea Ecuatorial lo tenemos que resolver como se dice en English, in our own way ( de nuestra propia manera), sin esto, no habra ningun cambio en Guinea Ecuatorial. Hasta cuando nos daremos cuenta de que todos estos paises occidentales se burlan de nostros?,. Ahora bien, no dudo de que este informe y los otros, por una parte pudieran ser una argumento mas que suficientes, para lo que pudiera sujir el dia de manana en nuestro pais, pero tambien tenemos que hacer una buena reflexionar con estos informes.

Es una sujerencia, no trato de dar lecciones ni causar dano a nadie. Yo se buenamente que habra mucha gente que no les gustaran mi comentario, deverdad, lo siento mucho, que no ha sido mi intencion.


Que Dios al pueblo de Guinea Ecuatorial.




Fuente: Oficina de Democracia, Derechos Human y trabajo d

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