Publicado el 25 de junio de 2017 por Rick Messick

Global Anticorruption Blog GAB

GAB se complace en publicar este relato del segundo día del juicio contra el vicepresidente de Guinea Ecuatorial Teodorin Obiang, por Shirley Pouget y Ken Hurwitz de la Open Society Justice Initiative.

La defensa sufrió varios contratiempos significativos en el segundo día del juicio contra el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorin Nguema Obiang, por robo de fondos públicos, lavado de dinero y otros cargos que, en su conjunto, equivalen a cleptocracia. Como ya GAB, los abogados de Nguema Obiang trataron de retrasar el caso por motivos de procedimiento y bloquear a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, como la legislación francesa permite, para participar en la acusación. El tribunal rechazó ambas peticiones de la defensa.

Aún peor para el Vice Presidente, el tribunal mostró una detallada peticiñon de las acusaciones contra él, junto con la determinación de ver que se presentan en el juicio. Las acusaciones que han aparecido en los medios de comunicación, en las publicaciones de la sociedad civil o en otros lugares ahora serán probadas en un procedimiento formal y judicial. Una constatación de que son verdaderos, de que Obiang de hecho robó a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, no puede hacer otra cosa mas que envalentonar a los tribunales en otros lugares para perseguir casos similares, mientras que confirma al mundo el estatuto de paria del régimen.

La decisión del tribunal de permitir al menos por ahora la participación continuada de una organización que representa a partes importantes de la sociedad civil ecuatoguineana fue particularmente significativa. Gobernado por casi 40 años por la familia Obiang y sus compinches, el gobierno de Guinea Ecuatorial es uno de los más represivos del mundo; La oposición no se tolera, y como numerosos informes han documentado (aquí, aquí, y aquí por ejemplo), los que hablan en contra del gobierno son rápidamente arrestados y encarcelados. La sociedad civil independiente dentro de Guinea Ecuatorial, incluidos los partidos políticos y las organizaciones apolíticas, es débil y está bajo constante ataque, y gran parte de la oposición al gobierno de la familia Obiang está en el exilio. Un importante representante de estas actividades es la recién formada Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (CORED), que busca combatir la corrupción de la familia y llevar la democracia al país.

CORED ha reclamado un puesto en la sala del tribunal donde espera ser reconocido como una parte civil en el caso, lo que le permite ayudar en la acusación. Si lograra persuadir al tribunal de otorgarle el estatuto de parte civil, esto marcaría un importante paso hacia adelante en el desarrollo de la oposición a la dictadura de la familia Obiang, entre otras cosas, legitimando una actividad de la sociedad civil independiente. De ahí el vigor de las objeciones del abogado defensor a la concesión del estatuto de parte civil a CORED.

La defensa argumentó que CORED no cumplía los requisitos del artículo 2-23 del Código de Procedimiento Penal francés por ser parte civil en un juicio por corrupción. Ese artículo, añadido después de un fallo histórico del tribunal más alto de Francia en el proceso preliminar en este caso (traducción al inglés), establece que una asociación registrada cuyos estatutos disponen que uno de sus propósitos es luchar contra la corrupción, tiene derecho al estatuto de parte civil. CORED falla en esa prueba, afirmó la defensa, porque consiste en gran parte de partidos políticos ecuatoguineanos y se organizó con fines políticos, prepararse para una transición democrática y elecciones libres y justas y recuperar los ingresos de la corrupción oficial de alto nivel. La defensa argumentó también que no se debería conceder a CORED la legitimidad jurídica en virtud de la regla general del artículo 2 del código de procedimiento penal francés. Para ello tendría que demostrar que sufría un daño concreto y directo causado por la supuesta conducta delictiva.

Como concluyó el abogado defensor: "los juicios penales no pueden ser" contaminados "por individuos que no tienen nada que ver con los procedimientos." Para evitar convertir el juicio en un pleito político, pidió al Tribunal que se pronunciara inmediatamente sobre el asunto, Antes de abordar las cuestiones sustantivas de la acusación.

El abogado de CORED respondió que su participación en el procedimiento es adecuada en virtud del artículo 2, ya que actúa en nombre del pueblo de Guinea Ecuatorial, las verdaderas víctimas de la gran corrupción en ese país. El objetivo primordial de los partidos políticos es precisamente representar a los ciudadanos. Debido a esta función representativa, el consejo de CORED afirmó, CORED había sufrido un daño directo y concreto causado por la mala conducta del Vicepresidente en ejercicio de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang.

Probablemente tampoco escapó a la opinión de los jueces franceses de que el procedimiento de Guinea Ecuatorial era una puesta en escena. Al final de la audiencia de un día del 8 de junio en Malabo sobre el caso, la agencia oficial de prensa de Guinea Ecuatorial citó al fiscal que reconoció que:

"Con atención a los acusados ​​y la evidencia conocida, este ministerio público no encuentra evidencia de ningún delito ... Estas empresas realizaban actividades legalmente en el país".

Para el [magistrado instructor Rafael] Ondo Nguema, las tres empresas "ganaron sus contratos y los ejecutaron fielmente", mientras recordaba que "después de analizar los crímenes mencionados aquí, he encontrado que no hay castigo necesario; En conclusión, el ministerio público pide la absolución, ya que no se puede encontrar ninguna razón criminal ".

El 13 de junio, los tres acusados ​​fueron absueltos en una sentencia denominada "Sentencia Sumatoria 113/2017", la cual, aunque no ha sido publicada, ha sido descrita en declaraciones oficiales de prensa (convenientemente traducidas al inglés). El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial explicó en una conferencia de prensa algunos días más tarde que "se demostró ineludiblemente que la ofensa principal no muestra mal uso de los fondos públicos, la corrupción Y el abuso de los bienes sociales, por lo que el procedimiento actualmente en curso en Francia debe ser eliminado, porque no hay crimen principal ".

Después de calificar el juicio de Malabo como un procedimiento sumamente cuestionable, la juez presidente dedicó el resto de la audiencia a revisar el curso de los procedimientos hasta la fecha, los principales elementos de la investigación y el entorno contextual del caso . (Ver el sitio web de la Open Society Justice Initiative para los detalles.) Ella señaló que los hechos no son complicados y ni siquiera han sido negados con pruebas. En particular, la defensa no ha impugnado la afirmación de que Teodorin compró en Francia: i) grandes cantidades de ropa de famosas casas de moda internacionales (Yves Saint Laurent, Pierre Berge, Christies, Dolce Gabbana); Ii) equipos audiovisuales de alta gama; Iii) obras de arte; Iv) joyas y relojes costosos; V) 26 (!) Coches deportivos; Y vi) ocho motocicletas. Estas compras se suman a la estupenda mansión de 101 habitaciones y 2.835 metros cuadrados situada en la ultra-toney Avenue Foch de París.

Lo que estará en discusión durante el juicio será cómo caracterizar estas compras. La fiscalía aduce que la mayor parte de ellas representan el lavado de los productos del delito. Para probar el blanqueo, deben demostrar que los fondos ilícitos fueron ilegalmente introducidos en el sistema financiero francés (una violación de la ley nacional francesa). El delito de lavado requiere que exista un crimen subyacente (o "delito predicado") que genere los fondos que se lavan. En principio, el crimen predicado no tiene que haber ocurrido en Francia, ya que no es el crimen predicado el que está siendo procesado. La batalla legal se unirá a la cuestión de si hay suficiente evidencia para probar que el dinero se originó de un acto ilegal; Y si los tribunales franceses tienen jurisdicción para pronunciarse sobre este punto cuando el supuesto comportamiento subyacente se produjo no en Francia sino en Guinea Ecuatorial y fue llevado a cabo por un nacional guineoecuatoriano.

Para ello, la juez presidente indicó que el tribunal deberá, entre otras cosas, determinar si la apropiación indebida de fondos públicos, el incumplimiento de bienes y el abuso de confianza son delitos en la legislación ecuatoguineana. La defensa argumentará que ninguno de los actos que generaron el dinero fueron crímenes bajo la ley ecuatoguineana. Además, sostiene que, aunque se hayan cometido delitos en Guinea Ecuatorial, un tribunal francés no es jurídicamente competente para pronunciarse sobre la cuestión.

Durante 90 minutos, el Juez Presidente proporcionó un monólogo impresionante sobre el caso, dando largos detalles sobre los hechos, la investigación y el contenido del expediente. La fuerte impresión era que quería mostrar a las partes que conocía el expediente y entendía el caso. Dedicó mucho tiempo a mostrar los antecedentes contextuales del caso de los "bienes mal adquiridos", que indicaban que se habían presentado cargos de una organización de la sociedad civil contra tres jefes de Estado africanos y miembros de sus familias (a saber, los presidentes de Congo Brazzaville , Gabón y Guinea Ecuatorial) basados principalmente en informes de ONG y artículos de prensa. El Juez siguió leyendo extractos de material relevante del expediente, incluyendo declaraciones juradas y relatos de numerosos testigos y partes del Informe del Senado de 2004 sobre el Banco Riggs, cuyos registros contienen miles de páginas de información sobre presuntas transacciones sospechosas entre el clan Obiang, las empresas extranjeras que hacen negocios en Guinea Ecuatorial y Riggs Bank. El juez avisó a la defensa: sus mociones de procedimiento serán tratadas conjuntamente con las alegaciones sustantivas, que, subrayó, están copiosamente documentadas en el expediente.

Está claro que el tribunal está decidido a seguir adelante con el juicio. La defensa no tendrá otra opción que dirigirse al expediente de los hechos.

No importa el fallo final en el caso. Exponer los atroces actos de Nguema Obiang cometidos en el expolio de las riquezas de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial de forma pública en un procedimiento judicial marcará un enorme paso adelante en la lucha contra la cleptocracia. Justice Initiative seguirá proporcionando informes a medida que avanza el caso.