GAB se complace en publicar este relato y análisis de Shirley Pouget y Ken Hurwitz de Open Society Justice Initiative sobre el veredicto en el juicio penal por lavado de dinero del vicepresidente de Guinea Ecuatorial Teodorin Nguema Obiang. Sus publicaciones anteriores en este blog se pueden leer aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí.
En la primera condena en tiempos de paz a un alto cargo de este rango y en ejercicio por un tribunal de otro estado, un tribunal penal de París condenó al primer vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, por blanquear dinero procedente de la corrupción en Guinea Ecuatorial en Francia. Esta decisión histórica, anunciada por la Sala 32 del Tribunal Correccional de París el viernes 27 de octubre, se vió atemperada por la realidad a la que se enfrentó el tribunal al fallar en contra de un alto funcionario de otro país por violar la ley francesa. Aunque concedió incondicionalmente a Transparency International - Francia, que como "parte civil" que ayudó a investigar el caso, € 10,000 en daños morales y € 41,081 en daños materiales, y ordenó la incautación de gran parte de los € 150 millones en activos que Teodorin tiene en Francia, suspendió (sursis) la pena de prisión de tres años y una multa de 30 millones de euros que impuso a Teodorin siempre y cuando el vicepresidente se no reincida durante los próximos cinco años. También se mantuvo la parte de la orden de embargo de activos confiscando la propiedad obscenamente extravagante de 101 habitaciones en la avenida Foch que pertenecía a Teodorin, pendiente del resultado de los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia donde, como se explicó en una publicación anterior, el gobierno de Guinea Ecuatorial alega que le pertenecen al Estado y no a Teodorin.
La Presidenta del Tribunal, la Sra. Benedicte de Perthuis, detalló el razonamiento que apoya la decisión en una explicación oral de 45 minutos que acompañó a la sentencia. Explicó que el tribunal compuesta por tres juezas rechazó todas las alegaciones procesales y sustantivas de Teodorin, incluido el argumento por el que Teodorin estaría protegido por la inunidad penal personal debido a su posición como primer vicepresidente de Guinea Ecuatorial. Señaló a este último que su nombramiento como Primer Vicepresidente se había producido convenientemente después de su acusación ante los tribunales franceses, y el Tribunal dictaminó que sus nuevas funciones no podían equipararse a las de un Jefe de Estado o Ministro de Relaciones Exteriores (funcionarios que, bajo el precedente de Corte Internacional de Justicia (CIJ), gozaría de inmunidad ante este tipo de procesamiento).
El veredicto envía un mensaje claro de que la gran corrupción y los delitos conexos de lavado de dinero ya no actividades libres de riesgo en Francia. Señalando el enfoque anterior enfoque de indiferencia que caracterizaba a Francia en la lucha contra la gran corrupción, la Presidenta del Tribunal explicó que "la naturaleza transnacional del delito de lavado de dinero exige una represión globalizada". La Sra. De Perthuis no rehuyó abordar la responsabilidad de bancos e instituciones financieras, especialmente el Banco de Francia y el SGBGE, una subsidiaria del banco francés Societe Generale, que no informaron de las transacciones sospechosas del acusado.
La sentencia es menos dura de lo que el fiscal inicialmente solicitó. Las "suspensiones" (sursis) de los tres años de prisión y la multa de 30 millones de euros significan que esas dos sanciones no se impondrán a menos que el acusado sea condenado por un nuevo delito dentro de los cinco años posteriores a la sentencia. La juez presidenta del tribunal hizo hincapié en que los cleptócratas en general y Teodorin en particular deberían entender el veredicto como una advertencia. La sentencia prevé que Francia ya no tolerará el lavado de dinero sucio en suelo francés.
Tutu Alicante, un testigo de la acusación y fundador de EG Justice, una ONG dedicada a luchar contra la corrupción en Guinea Ecuatorial, elogió el veredicto: "Esta es una gran victoria para el pueblo de Guinea Ecuatorial; esta es una gran victoria para la gente de África; esta es una gran victoria para muchas víctimas que han visto los recursos destinados a palacios, automóviles de lujo, objetos de recuerdo de Michael Jackson, en lugar de dirigirse a la atención médica y la educación”. Como dijo William Bourdon, abogado de la parte civil, la decisión es solo el primer paso para detener a Teodorin, su familia y otros cleptócratas. Todavía no ha terminado, dijo. De hecho, es el comienzo: habrá luchas que afrontar en Francia. Y también es el comienzo en otros lugares: hay otros líderes africanos corruptos que tienen activos en otros países.
Si el veredicto de la corte francesa marca un hito en la lucha global contra la gran corrupción, todavía hay un largo camino por recorrer antes de que los activos robados sean repatriados a la población de Guinea Ecuatorial. Además de la resolución del recurso presentado ante la CIJ por parte de Guinea Ecuatorial, la decisión de decomiso es definitiva una vez que se hayan agotado todos los recursos internos. Es prácticamente seguro que la defensa apelará la decisión y, mientras tanto, la casa adosada Avenue Foch de Teodorin y otros activos franceses permanecerán congelados hasta que puedan ser legalmente confiscados. Según la ley francesa, Teodorin tiene diez días a partir del 27 de octubre para presentar una apelación.
La corrupción cuesta a los estados africanos miles de millones de dólares al año. Es una parte importante de los flujos financieros ilícitos de las economías en desarrollo, privando a las poblaciones de los recursos necesarios para erradicar la pobreza y disfrutar sus derechos humanos. También corroe la vida social y socava el estado de derecho, ya que los líderes políticos corruptos y poderosos a menudo recurren a la represión y la brutalidad para defender sus bienes mal adquiridos y su riqueza. Durante décadas, los cleptócratas han podido desviar fondos públicos para fines personales y blanquearlos por todo el mundo sin prácticamente ningún temor de ser investigados o rendir cuentas. Los fiscales a menudo son reacios a abrir investigaciones judiciales o procesales y presentar cargos contra altos funcionarios públicos debido a las dificultades técnicas y los gastos de tales casos, así como las presiones políticas o económicas para dar marcha atrás.
Cuando se superan los obstáculos, se necesitan años de trabajo para rastrear e interceptar la riqueza saqueada, - frecuentemente escondida detrás de estructuras globales excesivamente complicadas de corporaciones opacas, sociedades pantalla o fundaciones - todo ello protegido por las leyes de secreto bancario. Congelar esos activos, litigar hasta la conclusión y devolver el producto de dicha corrupción a las poblaciones cuya riqueza ha sido robada o malversada lleva muchos años más. La prescripción de los delitos (el límite de tiempo en el que se pueden presentar acciones legales) son generalmente muy cortos, y para cuando los investigadores localizan los fondos robados y obtienen acceso a las cuentas bancarias, a menudo es demasiado tarde para procesar. Los testigos a menudo no están dispuestos a testificar contra sus gobernantes nacionales por temor a represalias. En los países de derecho civil, donde las partes privadas a menudo pueden iniciar acciones criminales en su propia capacidad o al provocar investigaciones procesales o judiciales, las ONG se enfrentan a una amplia gama de impedimentos legales para iniciar procedimientos en nombre de las víctimas de la gran corrupción, como, cuestione de competencia o jurisdiccionales. La comunidad internacional debe mucho a los numerosos funcionarios franceses que persiguieron el caso contra Teodorin ante todos estos obstáculos.
Los esfuerzos de Francia por frenar la corrupción, aunque tardíos, se produjeron en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el desastroso impacto de la corrupción, particularmente en las sociedades en desarrollo, preocupaciones que han estado creciendo durante mucho tiempo dentro de la comunidad internacional. En los últimos años, el legislador francés ha dado pasos iniciales para cumplir con los estándares internacionales anticorrupción (Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC) (efectiva 2005) y la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales) (vigente 1999). También ha comenzado a establecer el marco legal necesario para permitir la confiscación de los bienes robados. (Véase la Ley de 9 de julio de 2010 y el informe parlamentario de 2005 sobre la lucha contra la corrupción).
Sin embargo, queda mucho por recorrer. No existe una disposición legislativa que permita la repatriación de activos a la víctima legal técnica (el estado) o las víctimas reales (las personas) de la corrupción. Según la ley francesa actual, si se confiscan los activos de Teodorin, irán al Tesoro francés. (Para más información sobre el marco legal aplicable a los activos confiscados en Francia y las propuestas de cambio para reivindicar los derechos de la población víctima, véase el informe recién publicado de Transparency International - Francia, Le sort des "biens mal acquis" et autres avoirs illicites issus de la Grande Corruption: Plaidoyer pour une procédure adaptée, au service des population victimes).
Para avanzar realmente en la lucha contra la gran corrupción, el gobierno francés debe tomar en serio la necesidad de promulgar una legislación que permita la repatriación responsable de activos a las víctimas de la corrupción. Como explicó el juez presidente: "Francia debe tomar medidas para promulgar un marco legislativo sobre la repatriación de activos, de conformidad con el artículo 51 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción. Este es un requisito previo para la eficacia de la orden de confiscación”.
El gobierno debe crear un mecanismo a través del cual los fondos se transfieran temporalmente a una cuenta especial, y no al Tesoro, y el proceso de repatriación debe incorporar principios que, centrados en las victimas, que los bienes puedan ser administrados y se pueda disponer de los activos robados recuperados y devueltos.
A pesar de todas estas limitaciones, el caso de los “bienes mal adquiridos" sigue siendo el principal ejemplo de cómo los litigios estratégicos impulsados por grupos de la sociedad civil pueden, junto con la sensibilización y las campañas, ser herramientas poderosas para luchar contra las élites que saquean la riqueza de sus países. El fallo sienta un precedente importante para los procesos judiciales asociados que investigan a Teodorin en Suiza y otros funcionarios y compinches supuestamente corruptos en España.
