H O J A I N F O R M A T I V A
ENTREGA DE FIRMAS. A las doce de la mañana de hoy se ha procedido a la entrega en el Ministerio de Asuntos Exteriores (Palacio de Santa Cruz, Plaza de la Provincia nº 1) de las firmas que suscriben la carta enviada por partidos y organizaciones sociales al Ministro Piqué sobre la situación en Guinea Ecuatorial.
En el momento de la entrega estaban presentes Juan José Laborda y Juan Barranco (senadores, PSOE), Gaspar Llamazares (diputado, IU), los concejales del Ayuntamiento de Madrid (PSOE) Matilde Fernandez y Felipe Carballo, los profesores de universidad, Carlos Taibo, Jaime Pastor y Juan Carlos Monedero y representantes de las organizaciones que suscriben la iniciativa y que aparecen al final del texto de la carta.
Texto de la carta:
Excelentísimo señor don Josep María Piqué i Camps
Ministro de Asuntos Exteriores
Excmo. Sr.:
De su respuesta a la interpelación parlamentaria que el senador don Juan José Laborda Martín le formuló el miércoles de la semana pasada, en relación con la política gubernamental española hacia Guinea Ecuatorial y el juicio celebrado en Malabo contra miembros de la oposición al régimen del presidente Obiang Nguema, se desprende una voluntad resuelta a «buscar la máxima eficacia» en el «respeto de los derechos humanos» de los ciudadanos guineanos y a realizar el esfuerzo «adecuado» en beneficio de un «proceso democrático» que, además, destacó, es «guía» de la política exterior española con el país hermano. El interés con que emprenderá ese cometido tan particular de la actual política exterior queda reflejado en la valoración que le merece el juicio a que nos referimos y que usted no duda en calificar de «farsa» y de «auténtico escándalo». Coincidimos plenamente con su ánimo para afrontar el problema y con la poca estima que la actuación de las autoridades guineanas tiene acreditada.
Quienes le dirigimos esta carta consideramos la vida y la dignidad de todos los ciudadanos guineanos y de manera especial de los vejados en Malabo por un alevoso ejercicio del poder público, como los valores supremos a proteger en estos momentos, muy superiores a todo otro interés legítimo que pudiere concurrir de la naturaleza que fuere, en territorio guineano o externo a él. Por ello, le encarecemos la adopción de las medidas que estime necesarias, en la función directiva de la política exterior española, para que obtenga con carácter de urgencia de las autoridades guineanas:
1. La libertad de todos los condenados en el juicio de Malabo y de los detenidos con ocasión de los mismos hechos pero que no han sido enjuiciados ni siquiera procesados y, pese a ello, continúan privados de libertad en lugares desconocidos.
2. Autorización para la asistencia médica a los torturados, por los daños físicos o mentales recibidos en el citado proceso, con el necesario reflejo forense del maltrato sufrido.
3. Una indemnización para las víctimas ya sean de torturas, enjuiciamiento o privación de libertad, así como para sus familiares, a cargo del Estado guineano, en la proporción del daño recibido y de la gravedad de la acción lesiva ejecutada.
4. El sometimiento a proceso judicial de los torturadores y demás agentes que hayan conculcado los derechos esenciales de las víctimas con la exigencia de resarcimiento a éstas por los daños o el sufrimiento que las diversas acciones ilícitas cometidas contra sus personas les han causado tan injustamente.
En el plano internacional, también le pedimos que obtenga, con igual carácter de urgencia:
5. El reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional a las víctimas y sus familiares, con aplicación efectiva de medidas preventivas y protectoras de sus personas y derechos.
6. La acción y cooperación internacional para aliviar el sufrimiento de las víctimas y sus familiares.
Y por último:
7. Igual trato de protección y resarcimiento para toda aquella persona que haya sufrido pérdida, daño o lesión o haya estado en grave riesgo de sufrirlos al intervenir en auxilio de la víctima, cualquiera fuere el motivo de su intervención.
La nulidad del juicio de Malabo y de todas las actuaciones judiciales preparatorias y derivadas se impone no ya como idea previsible sino como necesidad acuciante. Es fruto de un umbral básico de civilidad del que no cabe descender. La comunidad internacional en su conjunto está decidida a que esa degradación en ningún caso se produzca. El gobierno español se halla pues en una circunstancia inmejorable para lograr, tanto en el ámbito interno guineano como internacional, la invalidez de la decisión judicial que ha puesto término momentáneo al juicio en cuestión y de todos los efectos que de él puedan derivarse para todos los afectados por esa acción tan inicua. Ahora bien, la nulidad material y formal del juicio por rápido que se diligencie siempre demorá más de lo que las situaciones personales de las víctimas pueden esperar. Para dar una inmediata solución humanitaria y de protección a estas personas, la presidencia de la Comunidad Europea es otra circunstancia sumamente favorable que su potestas de gobierno no debería desaprovechar. Con el grado de ilicitud que representa el juicio de Malabo en su totalidad, verdadero crimen internacional, insostenible ante cualquier instancia protectora de los derechos fundamentales de la persona, y la voluntad solidaria de usted dirigida a «corregir» el dolor causado a los ciudadanos guineanos y la ofensa a la comunidad internacional, punto de partida de un sistema de garantías ineludible, el tiempo restante en la función presidencial europea es suficiente para alcanzar los resultados que tan encarecidamente le instamos.
Madrid, 25 de junio de 2002
Organizaciones firmantes:
-Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
-Izquierda Unida (IU)
-Comisiones Obreras (CCOO)
-Unión General de Trabajadores (UGT)
-Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE)
-Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)
-Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatoril (ASODEGUE)
Firmas
Organizaciones: Suscriben la carta los máximos dirigentes y los responsables de Internacional de las organizaciones firmantes, la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ANUE, APDHE, CEAR, Institud de Drets Humans de Catalunya, IEPALA, Justicia y Paz, Liga Española ProDerechos Humanos y MPDL), el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Mujeres de E´Waiso Ipola, Plataforma de Apoyo al Pueblo Bubi (Cataluña) y Acción Popular de Guinea Ecuatorial (APGE)
El eurodiputado Carlos Carnero, el senador Juan José Laborda, Juan Carlos Rodriguez Ibarra (Presidente de la Junta de Extremadura), Cecili Buale i Ramis (Diputado del PSM-Entesa Nacionalista en el Parlamento de las Islas Baleares), Matilde Fernandez (Concejala en el Ayuntamiento de Madrid), Esther Cabezudo Martinez (Concejal Ayuntamiento de Portugalete), Jose Luis Corcuera Cuesta (Ex-Ministro del Interior), Jose María Benegas Hadad (Diputado a Cortes), Juan Barranco Gallardo (Senador), Carmen Romero Lopez (Diputada a Cortes), Jose Antonio Gimbernat (Presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa y Protección de los Derechos Humanos), José Garcia Botía(Presidente del Comité de Solidaridad con Africa Negra de Albacete), Lucila Corral Ruiz (Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Fuenlabrada)
Los catedráticos de universidad: Bartolomé Clavero, Jose María Maravall, Jose Ramón Montero, J uan del Val, Fernando Vallespín, Francisco Laporta, Donato Fernandez Navarrete, Jose María Mella Marquez, Manuel Perez Ledesma, Alfonso Ruiz Miguel, Pilar Perez Cantó, Carmén Ruiz Bravo-Villasante, Enrque García Michel, Jose Luis García Ruano y Cayetano Lopez Martinez, Antonio Remiro Brotons,
Profesores de universidad: Carlos Taibo Arias, Itziar Ruiz-Gimenez, Agustín Velloso, Jaime Pastor, Xulio Rios Paredes, Amparo Moreno, Eugenia Sebastian Gascón, Luis Rodriguez Abascal, Paco Peñas Esteban, Pablo de Lora del Toro, Javier Bermudez Sanchez, Carlos Piera, Pilar Monreal, Juan Carlos Gimeno, Lucia Contreras Caballero, Soledad Varela, Teresa Sanz Garcia, Juan José de Miguel Llorente, Elena Martín Ortega hasta un total de 68 profesores firmantes.
Periodistas y escritores: Nativel Preciado, Rosa Regás y José Maria Ridao.
Intelectuales guineanos en España: Donato Ndongo Bydiogo.
Investigadores: Alicia Duran, Marcelo Castellanos Beltran, Antonio Sanchez Moreno, Rafael Martinez Cáceres.
Sindicalistas: Andres Mellado Molla, Juan Manuel Bautista, Maite Nuñez
Profesionales: José Cienfuegos, Ana Romero Gonzalez, Elena Flores Valencia, Josefa Pardo, Elena Faraco, Micaela Lugones, Fernando Ledesma Ibañez, Jordi Jaumandreu, Laura Costa, Arturo Camarero, Abel Hernandez Martin, Roberto Sevillano, Lina Pargada...
Cuarenta y tres profesores, un funcionario, una subalterna, una auxiliar sanitaria y dos auxiliares administrativos del I.E.S. La Almadraba, de Benidorm, encabezados por Carlos Jorge Ruiz; psicólogos, sociologos, contables, ingenieros, economistas, arquitectos, empresarios, del comercio, informáticos, empleados de banca, abogados, antropòlogos, amas de casa, recepcionistas, actuarios, bibliotecarios, historiadores, traductores, diseñadoras, coserjes, gestores culturales, maestras, electricistas, jefes de prodecto, mozos, esteticistas, administrativas todos ellos de Madrid.
Siete militantes del Frente Organizado de Juventudes Africanas de Madrid, guineanos residentes en Alcalá de Henares, guineanos residenes en otros lugares de Madrid. Estudiantes españoles y guineanos.
Escrito de adhesión particular de Julio Ndong Elá Mangué, ex-ministro de Guinea Ecuatorial.
ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA CON GUINEA ECUATORIAL (ASODEGUE)
9 de julio de 2002
Fuente: ASODEGUE
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