Reproducimos a continuación, y dentro de la decisión que ha tomado esta Oficina Nacional de tener puntualmente informada a la opinión, y en la medida que se van produciendo, de todos los acontecimientos de relevancia en la vida política, económico y social de Guinea Ecuatorial, el discurso que S. E. Obiang Nguama Mbasogo, Jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, pronunció en la tarde de hoy, 9 de enero de 2003, con ocasión de la apertura solemne de la Conferencia Nacional sobre la Administración de Justicia de Guinea Ecuatorial:

Excelentísimo Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia,

Excelentísimo Señor Primer Ministro Jefe de Gobierno,

Excelentísimo Señor Presidente de la Cámara de los Representantes del Pueblo,

Excelentísimos Señores Miembros del Gobierno,

Excelentísimos Señores Embajadores, Jefes de Misiones Diplomáticas y Representantes de Organismos Internacionales,

Distinguidos Invitados Especiales y Representantes de Instituciones Comunitarias del Africa Central,

Honorables Líderes de los Partidos Políticos,

Excelentísimo y Reverendísimo Arzobispo de la Archidiócesis de Malabo,

Estimados Representantes de las Confesiones Religiosas,

Dignísimas Autoridades Civiles y Militares,
Estimados Representantes de Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones de la Sociedad Civil,

Sus Señorías Jueces y Magistrados,

Señoras y Señores:


En el marco de la potestad que me atribuye la Ley Fundamental del Estado, como Primer Magistrado de la Nación, y guiado por la decidida voluntad de cultivar y promover sin cesar los sagrados valores de la libertad, la justicia y la dignidad de la persona humana en nuestro País, así como nuestra firme determinación para hacer de Guinea Ecuatorial un Estado Democrático y Social de Derecho, he tomado la iniciativa de propiciar y ejercer el alto patrocinio de la Conferencia Nacional sobre la Justicia en Guinea Ecuatorial, cuyas sesiones aperturamos en el día de hoy.

Esta Conferencia Nacional sobre la Justicia en Guinea Ecuatorial, representa un reto y un desafío que se impone a toda la colectividad nacional para garantizar las bases de su convivencia pacífica y favorecer el continuo desarrollo político, económico y socio cultural de la Nación.

Al convocar y celebrar esta Conferencia Nacional con la participación de todas las capas y sectores representativos de la sociedad ecuatoguineana, estamos plenamente convencidos de que este acontecimiento sin precedentes en nuestro País traduce elocuentemente la voluntad común que anima al Pueblo de Guinea Ecuatorial para crear las condiciones propicias capaces de garantizar y consolidar los importantes progresos y logros alcanzados por el País desde la instauración del pluralismo político y el Estado de Derecho en Guinea Ecuatorial.

Evidentemente, ello es el resultado del esfuerzo que venimos realizando desde la misma fecha en que por la Providencia Divina y la voluntad del Pueblo asumimos la responsabilidad de conducir los destinos de la República de Guinea Ecuatorial.

Desde nuestro punto de vista, la Conferencia que hoy aperturamos representa también un paso apremiante y necesario porque nos permitirá analizar en profundidad el contexto y la problemática de la Administración de Justicia en nuestro País, con el objetivo claro y concreto de empeñarnos colectivamente en la búsqueda de las soluciones viables que permitan alcanzar una mayor eficiencia tanto de la estructura como el propio funcionamiento de la Administración de Justicia, dotándola de una mayor capacidad y coherencia para satisfacer las legitimas aspiraciones del pueblo en materia de justicia.

A este respecto, queremos expresar nuestra profunda gratitud y reconocimiento a los Organos del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia y Culto, por la organización de esta Conferencia Nacional, y a todos los que desde el interior y el exterior del País se han dignado corresponder a nuestra invitación, porque su presencia y participación constituye un elemento esencial para alcanzar la meta que nos hemos propuesto.

En efecto, la justicia es una realidad concreta y objetiva que debe encontrar su vigencia y expresión en la sociedad, para aportar a los ciudadanos los beneficios de su aplicación.

Por ello, esta Conferencia Nacional también está llamada a convertirse en un punto de partida desde el cual concentraremos nuestra inteligencia, voluntad y esfuerzo, individual y colectivo, para evaluar con objetividad y pragmatismo el camino que hemos recorrido y los importantes logros que hemos alcanzado, para luego analizar también todas y cada una de las deficiencias que todavía registra la Administración de Justicia en nuestro País, las cuales y con frecuencia, siguen ofreciendo una sensación de inseguridad jurídica en Guinea Ecuatorial y que hemos de combatir y erradicar con todos los medios que la ley pone a nuestro alcance.

Por ello, hemos afirmado que la justicia no es un mero ideal porque su administración ha de tener en cuenta las contingencias, las realidades y las aspiraciones legítimas que concurren en una sociedad concreta como la República de Guinea Ecuatorial, y siempre encaminada hacia la búsqueda del bien común de todos los ciudadanos.

Al abordar la problemática de la administración de justicia en Guinea Ecuatorial y más particularmente en lo que concierne a sus contingencias e insuficiencias, debemos recordar y reconocer que tanto el sistema colonial que imperó en el País, así como la vigencia del periodo dictatorial que derrumbó las frágiles estructuras del Estado Ecuatoguineano, han representado y siguen constituyendo serios y evidentes obstáculos para una adecuada administración de la justicia en Guinea Ecuatorial, por los vicios y las desviaciones de la ley creados y propiciados por ambos sistemas de opresión y negación de los legítimos derechos de los ciudadanos que es el objeto de la justicia.

En este sentido, mi mayor preocupación es la necesidad de mejorar cada día la calidad de vida tanto de los ecuatoguineanos como los extranjeros que residen en el territorio nacional, mediante la consolidación del Estado de Derecho, que tiene por misión garantizar a todos los ciudadanos los mejores servicios públicos, la satisfacción de sus necesidades en materia de justicia y, sobre todo, asegurar la igualdad de todos ante la ley.

Como podemos observar, iniciamos el año 2003 con grandes ilusiones y optimismo ante el panorama prometedor que ofrecen las expectativas del desarrollo económico y social de nuestro País.

Por lo tanto, es evidente comprender que estas ilusiones pueden tornarse como banales y ficticias si no tomamos a tiempo todas las medidas que se imponen para instaurar en el País una administración de justicia responsable y eficiente capaz de hacer de Guinea Ecuatorial un punto de referencia en el contexto africano y mundial, acrecentando cada vez más nuestra credibilidad y coherencia en el concierto de las naciones.

Ello nos impone trabajar con mayor tesón para convertir a Guinea Ecuatorial en un remanso de paz, bienestar y justicia para todos, porque el objetivo que nos hemos marcado con la celebración de esta Conferencia Nacional es el desarrollo de un marco jurídico efectivo, coherente y responsable que garantice la observancia y respeto de los principios del Estado Democrático y Social de Derecho.

A este respecto, conviene resaltar que en el Estado Democrático de Guinea Ecuatorial, el Gobierno, la Cámara de los Representantes del Pueblo y la Corte Suprema de Justicia, están estrechamente ligados mediante disposiciones legales emanadas de la Ley Fundamental y demás Leyes que conforman nuestro Ordenamiento Jurídico vigente, cuya observancia es indiscutible como principio de seguridad jurídica que garantiza a los ciudadanos la certeza y confianza en que sus representantes y gobernantes actúan bajo los criterios de legalidad, el respeto, el deber moral y el sentido de la responsabilidad.

Al mismo tiempo, los ciudadanos por su parte, tienen el deber de asumir sus responsabilidades cívicas mediante el conocimiento de sus deberes y obligaciones con el Estado y ejercer con el Estado las acciones que exige el mejor funcionamiento de las Instituciones de la Administración del Estado.

Sin embargo, debemos ser muy conscientes para reconocer que el camino hacia la consolidación de la democracia no es tarea fácil, y más aún para una Nación joven como Guinea Ecuatorial que, además, ha conocido múltiples obstáculos y vicisitudes en este arduo caminar hacia la instauración de la democracia, como consecuencia de las reminiscencias de su pasado colonial y dictatorial.

Por ello, la democracia no puede ser concebida como un artículo de importación, y la estructuración de una administración de justicia eficiente ha de hacerse con leyes y normas que respondan a las aspiraciones legítimas y la idiosincrasia de cada pueblo. De aquí mi más vibrante llamamiento a la Comisión de Codificación de las Leyes de Guinea Ecuatorial para que impulse sin demora la misión a ella encomendada, porque es imperiosa la necesidad de acabar con la aplicación supletoria de leyes de otras naciones ajenas a la realidad de Guinea Ecuatorial y las aspiraciones de su Pueblo.

Es por ello que, con este mismo convencimiento, desde que adoptamos el pluralismo político en 1.991, hemos puesto en marcha en Guinea Ecuatorial un programa político denominado “ENSAYO DE DEMOCRACIA”, porque estamos persuadidos de que el ejercicio de una democracia auténtica requiere obviamente un periodo indiscutible de aprendizaje tanto para el Pueblo que para los Poderes Públicos.

Pues, hoy por hoy, y sin lugar a dudas, podemos afirmar que como resultado de este aprendizaje y la asimilación de este ensayo de los valores democráticos, nos encontramos en la fase de consolidación democrática que garantiza las bases y principios del Estado Democrático de Derecho, cuyos pilares deben ser la legalidad, la seguridad, la división de Poderes y el reconocimiento de los Derechos de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros.

Excelentísimos Señores,
Señoras y Señores:

Como Arbitro y Moderador de este proceso, estoy firmemente animado por la constante voluntad de alcanzar como mayor ambición la plenitud y perfeccionamiento del Estado de Derecho en la República de Guinea Ecuatorial, pudiendo señalar que aún en los países cuya legitimación democrática no se discute, sin embargo, todavía se llevan a cabo en dichos países reformas continuas encaminadas a llevar a cabo las adaptaciones necesarias y subsanar las deficiencias que permitan mejorar los sistemas judiciales que deban regular la correcta aplicación de la Administración de Justicia.

Por ello, al patrocinar personalmente y convocar esta Conferencia Nacional, partimos de la constatación de que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados y los enormes recursos consentidos para facilitar progresivamente la estructuración y el buen funcionamiento de los Servicios de la Administración de Justicia en Guinea Ecuatorial, todavía prevalecen una serie de conductas reprochables e intolerables deficiencias que están provocando la desilusión y frustración de los ciudadanos nacionales y extranjeros que acuden a los servicios de la Administración de Justicia.

Por lo tanto, desde nuestra responsabilidad como Presidente de la República y Primer Magistrado de la Nación, debemos poner de manifiesto que ha llegado el momento de poner fin a estas actitudes y conductas irresponsables que merman el prestigio de nuestra Nación y el buen funcionamiento de la Administración de Justicia en el País, como consecuencia de egoísmos mezquinos, la lucha de intereses personales y la falta de profesionalismo y de valores morales y éticos en el ejercicio de la función jurisdiccional.

A este respecto, cabe destacar que la justicia se imparte con carácter exclusivo por los Jueces y Magistrados independientes y responsables sometidos al imperio de la Ley, para lo cual la Administración de Justicia constituye uno de los Poderes del Estado, es decir, el Poder Judicial.

Por ello, el quebrantamiento del principio de la Independencia Judicial supone impartir una justicia arbitraria y desviada que viola la finalidad por la que ha sido concebida como protectora legítima de los derechos de los ciudadanos.

En este sentido, el ejercicio de la función jurisdiccional debe consistir en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado de forma imparcial e independiente para que los ciudadanos depositen su confianza en la Administración de Justicia, razón por la cual la independencia judicial exige una conducta responsable y el estricto acatamiento de los Jueces y Magistrados a la correcta función jurisdiccional.

Desde mi condición de Moderador de los tres Poderes del Estado, abogo por la Independencia del Poder Judicial, compatibilizada con los valores y finalidades del Estado de Derecho. Es decir, no hay independencia de ningún Poder del Estado sin control, como tampoco hay independencia de ningún Poder del Estado sin responsabilidad, porque en definitiva, los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial son objeto de control y sus miembros son responsables ante las leyes por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

En este orden de consideraciones, la independencia y la imparcialidad de los Jueces y Tribunales se refuerzan mutuamente, porque no puede haber independencia sin imparcialidad, ni imparcialidad sin independencia. Pues, no se puede reclamar la independencia de los Jueces si éstos actúan parcialmente, defienden sus propios intereses y perjudican los objetivos y finalidades del Estado.

Como hemos manifestado anteriormente, estamos seriamente preocupados por el desorden y la anarquía que observamos a diario en la Administración de Justicia y estamos determinados a poner fin este estado de cosas.

Entre los obstáculos, las deficiencias y las conductas reprochables que observamos en la Administración de Justicia, la corrupción y los fraudes al Tesoro Público ocupan un lugar de evidente preocupación y gravedad, porque de tales actuaciones hemos llegado a una situación anacrónica que perjudica seriamente la Administración de Justicia y lesiona los intereses de los ciudadanos.

Pues, como es sabido, la corrupción es una conducta maligna y deshonesta de los Jueces, Magistrados o de cualquier actor público o privado que pone en peligro el bienestar del Pueblo, porque implica la malversación y fraude de recursos que merman los ingresos al Tesoro Público y como consecuencia reducen los medios utilizados por el Estado para satisfacer el bien común.

La falta de ética profesional por parte de los Abogados, Jueces y Magistrados está dando lugar al mercantilismo judicial en nuestro País, según el cual la justicia no se administra en función de la razón, sino de acuerdo con los medios económicos y materiales que dispongan las partes en litigio o por su influencia social.

El desconocimiento del Derecho Consuetudinario y el escaso conocimiento por el personal jurisdiccional del Derecho Legislado, han creado la situación de inseguridad jurídica a que me he referido anteriormente, y que debe ser entendida no como voluntad deliberada de los Poderes Públicos, si no que es el resultado y la consecuencia de las actuaciones irresponsables que venimos denunciando y que se hace necesario erradicar sin contemplaciones.

Excelentísimos Señores,
Señoras y Señores:

Al margen de las acciones a emprender por la Administración de Justicia en el marco que hemos evocado anteriormente, quiero subrayar también tanto la urgencia como la importancia que tiene para los Poderes del Estado, y de manera especial el Poder Judicial, la necesidad de adoptar las medidas que las leyes ponen a nuestro alcance para prevenir, combatir y reprimir el terrorismo internacional y el crimen transnacional organizado, en el marco de las obligaciones y responsabilidades asumidas por todos los Estados de la Comunidad Internacional, de conformidad con las Resoluciones pertinentes de la Unión Africana y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo bajo todas sus formas y manifestaciones.

En este mismo orden de ideas, los Poderes del Estado están llamados a emprender las acciones y tomar las medidas apropiadas para adecuar la legislación nacional con miras a prevenir y reprimir los alarmantes fenómenos tales como la delincuencia, la criminalidad, el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la prostitución organizada, la inmigración clandestina y el tráfico de menores con fines de su explotación y venta, para contribuir al esfuerzo de la Comunidad Internacional en la lucha contra estos fenómenos.

Igualmente, es necesario seguir desplegando todos los esfuerzos al alcance para una adecuación progresiva del Ordenamiento Jurídico de Guinea Ecuatorial al espíritu de las disposiciones que promueven el respeto y la protección de los Derechos Humanos y las que garantizan a las mujeres y los niños el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

En efecto, para reafirmar y consolidar la condición de Guinea Ecuatorial como un Estado Democrático y Social de Derecho, esta Conferencia Nacional será de una gran importancia y alcance, porque tiene la oportunidad de dar satisfacción y respuestas concretas a las expectativas y esperanzas del Pueblo, y para acrecentar su confianza y credibilidad en los Poderes del Estado.

También esta Conferencia Nacional será de gran interés para los inversores nacionales y extranjeros que contribuyen con su esfuerzo para promover el desarrollo económico y social de nuestro País, como fuente de justicia, paz, orden y seguridad interior en el ejercicio de sus actividades.

Por lo tanto, esta Conferencia Nacional debe diseñar unas pautas de comportamiento del personal jurisdiccional para construir un Sistema Judicial que ataque con firmeza al crimen y resuelva con inteligencia sus causas, así como encontrar las formulas más viables que aporten una mejora substancial a la Administración de Justicia en nuestro País subsanando sus actuales y múltiples deficiencias.

Para ello, es recomendable que esta Conferencia Nacional sobre la Justicia en Guinea Ecuatorial, por la Consolidación del Estado de Derecho, aborde, entre otras, las siguientes cuestiones que preocupan a los ciudadanos y a la sociedad en general:

1.- La selección de los Agentes y Responsables de la Administración de Justicia con criterios de honestidad, méritos y capacidad.

2.- El establecimiento de unas bases remunerativas y estipendios que eviten la corrupción y las desviaciones de fondos públicos y contemplar recompensas por las acciones loables de los Agentes y Responsables del Poder Judicial que demuestren competencia y honestidad en el ejercicio de sus funciones.

3.- El establecimiento de severas medidas y sanciones para prevenir y reprimir las prácticas de corrupción y los fraudes al Estado.

4.- Impulsar la actividad de la Comisión de Codificación de Leyes ya creada para poner fin a la aplicación supletoria de la legislación española en Guinea Ecuatorial después de 34 años de la accesión de nuestro País a la Independencia Nacional, a fin de que el País disponga de sus propios Códigos Civil y Penal, así como sus leyes de Enjuiciamiento Civil, Criminal y demás leyes pertinentes.

5.- La puesta en funcionamiento de la Escuela Judicial, como sede de preparación, adaptación y capacitación de los profesionales en Derecho a las leyes y sistemas jurídicos de Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta que estos profesionales del Derecho proceden de diferentes Universidades extranjeras de países con sistemas legales distintos.

6.- La aplicación estricta de la ley a los delincuentes en los casos de delitos contra la vida, la integridad física de las personas, la propiedad, la Hacienda Pública, la delincuencia organizada, el terrorismo internacional, el crimen organizado, así como los delitos contra la mujer y la infancia, entre otros.

7.- Reforzar todos los elementos para una mejor promoción de la justicia que otorgue al Fiscal General del Estado y a todo el Ministerio Fiscal un carácter más activo y dinámico.

8.- La modernización de la Administración de Justicia, para dotarla del mayor número de medios legales, tecnológicos, humanos y económicos.

9.- La reordenación, modernización y mejoramiento de nuestro Sistema Penitenciario, a fin de que las cárceles cumplan con su misión como centros para la reeducación y reinserción social de los penados.

10.-La adopción de severas medidas para reprimir y sancionar el tráfico de influencia y los abusos de autoridad que practican los Jueces, Magistrados y Altos Cargos del Poder Judicial y de la Administración del Estado para satisfacer sus intereses personales en perjuicio del Estado y de los administrados.

11.- La creación del Cuerpo de Jueces y Magistrados de carrera, sobre la base del mérito, conocimientos profesionales y la previa superación de una prueba de aptitud para el ingreso a la carrera judicial.

12.- La edición de todas las leyes y demás disposiciones de carácter general y normativo para su acceso fácil y general de todos los ciudadanos y personas interesadas.

13.- La incorporación de las aplicaciones informáticas en la Administración de Justicia, con la finalidad de agilizar los procesos de información para una eficiente toma de decisiones judiciales.

14.-La necesidad de transformar los preceptos del Derecho Consuetudinario en disposiciones legales y normas concretas que permitan su más adecuada aplicación por los Tribunales de Justicia.

15.-La conveniencia de adoptar medidas y establecer pautas reglamentarias para poner fin a los constantes desordenes y reclamaciones provocados, por un lado, como consecuencia de los casos de usurpación de competencias entre los mismos Organos del Poder Judicial en la ejecución de Sentencias, y por otro, los conflictos de atribuciones y de competencias entre las acciones de la Comisión de Quejas y Peticiones de la Cámara de los Representantes del Pueblo y las decisiones de los Tribunales en materia de la Justicia Ordinaria, al tratarse de una situación que crea la incertidumbre y la confusión en el seno del Pueblo para asegurarse de los medios apropiados, con el fin de garantizar una protección legal de sus legítimos intereses.

Para concluir,
Excelentísimos Señores,
Sus Señorías Jueces y Magistrados,
Señoras y Señores:

Confiamos en que los debates e intervenciones de esta Conferencia Nacional se desarrollen desde una base realista y constructiva, para determinar las deficiencias con objetividad, y analizar las causas con serenidad, en orden a la adopción de las medidas más apropiadas para contribuir al mejor funcionamiento de la Administración de Justicia en la República de Guinea Ecuatorial.

DECLARO APERTURADA LA CONFERENCIA NACIONAL SOBRE LA JUSTICIA EN GUINEA ECUATORIAL, PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO.

MUCHAS GRACIAS.


Fuente: OFICINA NACIONAL DEL PDGE

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