Por Samuel Mbá Mombe

Desde el inicio del proceso pomposamente bautizado de democratización, la actividad de los partidos políticos llamados legalizados siempre se gira entorno a la celebración de las elecciones (legislativas, municipales y presidenciales).

Pues, es llamativo éste hecho insólito en la República de Guinea Ecuatorial y la pregunta que se hace merece ser contestada sin atisbos de ninguna clase porque de lo contrario, se podría llegar a la conclusión inequívoca de que la adulteración del proceso democrático por el régimen, cuenta con la complicidad de éstos partidos que le acompañan en cada parodia electoral para después legitimarle en el poder de forma fraudulenta.

Si hacemos un análisis retrospectivo de lo que han sido las elecciones en Guinea Ecuatorial nos encontramos ante la paradoja de que los partidos políticos legalizados empiezan por cuestionar la legalidad de su convocatoria, la denuncia de la violación de las normativas electorales vigentes y demás irregularidades que en este caso suelen darse antes, durante y después de los comicios. Curiosamente, éstos partidos a pesar de esta situación crónica no cesan de hacerle el juego al régimen participando sucesivamente en las contiendas electorales anticipadamente amañadas. Después de descubrir el engaño, empiezan por denunciar las irregularidades claramente previsibles antes de los comicios y luego impugnar los resultados de los mismos a sabiendas de que nunca prosperaría tal impugnación ya que las instituciones encargadas de administrar la justicia en el país dependen directamente de los poderes fácticos.

Una vez fracasados esos desesperados intentos y la inoperancia de la llamada comunidad internacional que se contenta con emitir unos comunicados expresando su preocupación por la falta de transparencia de los comicios, la única opción que suele quedar para éstos partidos es venderse al régimen aceptando cargos en el gobierno salido de unas elecciones fraudulentas según ellos mismos. Hasta aquí sólo el CPDS (Convergencia para la Democracia Social) ha sido reticente en este sentido pero esto tampoco resuelve nada siempre que este partido al igual que los demás acompañan siempre a Obiang en sus periplos electorales y al final lo que consiguen es como se ha dicho arriba, legitimarle ilegalmente en el poder como ha sido en las pasadas presidenciales del 15 de diciembre de 2002.

Resulta a veces envidiosa la euforia y el optimismo con que ciertos actores políticos suelen acoger las promesas repetidamente incumplidas del régimen de Teodoro Obiang Nguema. El caso más ilustrativo lo ha marcado la convocatoria de las pasadas elecciones presidenciales que pese al convencimiento unánime de que el régimen violó de forma descarada las prerrogativas constitucionales que establecen los plazos legales para la convocatoria de las elecciones, decidieron inexplicablemente concurrir en las mismas para después hacer el ridículo de retirarse de los comicios cuando éstos ya estaban en curso. Las denuncias y exigencias que debían haber sido hechas mucho antes de las elecciones para obligar al régimen a desistirse de su actuación y que en el caso del incumplimiento hubiera demostrado una vez más la nula voluntad política del régimen a propiciar un desarrollo armonioso del proceso de democratización no se hicieron y el régimen lógicamente aprovechó esta situación para seguir haciendo su acostumbrado agosto.

Esta actitud y actuación de los llamados partidos políticos legalizados en mayor o menor grado ha conducido al proceso de democratización de Guinea Ecuatorial a un callejón cuya única salida sería un verdadero intento de reconducirlo hacia cauces de la legalidad exigiendo una apertura política real sin condicionamientos ni exclusiones. Una apertura política que implique la participación de todos los sectores de la sociedad. Si no hay participación no puede haber democracia porque lo que define la democracia es la participación popular. Es un hecho bien demostrado que a la mayoría de la población guineana se le niega a participar libremente en los asuntos públicos de su propio país. La democracia y la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos no son compatibles en un Estado de Derecho. Por una parte se dice a bombo y platillo que Guinea Ecuatorial es un Estado Democrático de Derecho pero sin embargo al ciudadano se le sigue vapuleando sólo por distribuir una información relacionada con la oposición o por manifestar verbal o por escrito su descontento por alguna que otra actuación de la autoridad gubernativa o simplemente por su simpatía con la disidencia política. ¿Acaso se puede hablar de Estado de Derecho en un país donde los ciudadanos están obligados a pertenecer a un determinado partido y en este caso al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) en el poder, o prohibiendo a ciertos ciudadanos la creación de un partido político como es el caso de Fuerza Demócrata Republicana, o la exclusión en la vida política del país a un movimiento político que defiende y representa a un importante grupo étnico como es el caso del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), o donde las detenciones arbitrarias, encarcelamientos extrajudiciales, torturas, juicios sumarísimos, asesinatos son unos hechos constatados, o donde se disuelve manu militari el Colegio de Abogados o el cierre también manu militari de la Asociación de Prensa Independiente, etc.etc? Nuestra respuesta es NO.

Es un hecho también constatado que la oposición llamada legalizada a excepción claro está de CPDS, siempre ha sido entreguista al régimen a pesar de sus denuncias a las actuaciones antidemocráticas que suelen ser olvidadas de repente cuando se sienten cerca de sus narices el olor de un cargo ministerial o similar quedando claro que no son políticos de convicción ni de principios sino unos aventureros que actúan por intereses personales.

Aunque no sorprende a nadie mentalmente equilibrado, la actuación de algunos “lideres” candidatos a las elecciones presidenciales pasadas y concretamente de Jeremías Ondó Ngomo, Secundino Oyono y Buenaventura Monsuy, que a pesar de sus pomposas declaraciones tachando de ilegítimos los comicios presidenciales y exigiendo la repetición de los mismos, sin más ni menos y de la noche a la mañana, se han convertido en EXCELENTISIMOS MINISTROS nombrados por un presidente que salió elegido en unas elecciones fraudulentas según ellos mismos. Parece que hubo una declaración conjunta de los cuatro candidatos concurrentes exigiendo la anulación de las elecciones. Sería pues interesante saber cuál pudo ser la razón por la que esos tres se retractaron de su decisión. Si hoy participan en este Gobierno es porque reconocen la victoria de Teodoro Obiang Nguema lo que demuestra claramente la falta de convicciones, principios y orgullo personal que deberían caracterizar a todo ente responsable no sólo en el quehacer político sino y en toda actividad humana.

Siguen grabadas en mi mente las declaraciones de Buenaventura Monsuy cuando un grupo de militantes de su partido decidieron “reinsertarse” al PDGE. Les llamó de todo. Me gustaría saber ¿cómo los mira ahora cuando ya son casi “hermanos militantes”? y sobre todo cuando es él que ocupa ahora un puesto EXCELENTE en el Gobierno del PDGE.

Volviendo a la pregunta que formulamos, parece ser que la oposición sólo tiene un margen de actuación en el periodo electoral después del cual todo se paraliza hasta la siguiente convocatoria. Mientras que el PDGE sigue con sus actividades normalmente, no se tiene información alguna de que una otra formación política haya o esté realizando alguna actividad en el ámbito nacional después de las elecciones presidenciales lo que nos hace llegar a pensar que los partidos políticos en Guinea Ecuatorial son un invento del régimen, unos instrumentos que utiliza a su antojo para constituir mayorías artificiales.

Como se ha reiterado en muchas ocasiones, no son las elecciones que democratizan los países sino la elaboración de unas leyes democráticamente consensuadas, el clima de distensión, la voluntad y el compromiso firme e incondicional de los gobernantes en introducir cambios sustanciales en el funcionamiento de las Instituciones del Estado. Esa voluntad y compromiso debería ser manifestado precisamente en las leyes que van a regir los destinos del país.

Si la democracia se define sin más ni menos que la celebración de elecciones, entonces se convierte en un simulacro de democracia.


Fuente: Samuel Mbá Mombe

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