Con fecha 13 de Junio del presente, aparece por primera vez una declaración gubernamental sobre la desaparición de Felipe Ondo de la cárcel de Black Beach

La DECLARACION DEL GOBIERNO DE GUINEA ECUATORIAL fué publicada por el Ministro de Información y Turismo Agustín Nze Nfumu, que no es el portavoz oficial del gobierno, un detalle por demás nimio en relación a las irregularidades que ya nos tiene acostumbrado el Tirano Obiang Nguema Mbasogo.
Otro detalle es que el comunicado no viene firmador por nadie o nada. Es decir que el gobierno de Guinea es todo y es nada, una especie de deidad que todo lo envuelve con aire malsano.

Hay que advertir que el gobierno no es un ente abstracto a la hora de ejecutar ni a la hora de manifestarse, por tanto, en este comunicado del gobierno:
a) No se sabe quíen en el gobierno ha llevado a cabo los hechos que intentaré caracterizar más adelante.
b) No se sabe quién en el gobierno ha elaborado el comunicado que difunde el Ministro Agustín Nze Nfumu, que asume funciones de portavoz.

En el derecho administrativo, los actos administrativos los deben ejecutar los órganos de la administración, formalmente y claramente reconocidos por sus nombres. Los hechos del comunicado tuvieron lugar en la madrugada del domingo y sin embargo el comunicado aparece el viernes, es decir, cinco días después. El comunicado dice haberse procedido al taslado de Felipe a Evinayong y sin embargo hasta el momento de escribir estas líneas, nadie, ni siquiera sus familiares, ha visto a Felipe Ondó Obiang.

Es evidente que desde hace tiempo el gobierno de Guinea carece de una dirección técnica y las cosas en Malabo se hacen peor que hace tres años. Un acto depravante como el que se lee en este comunicado resulta que no tiene un órgano responsable ni persona responsable sino EL GOBIERNO.

En la ejecución de sus actos, solo se debe hablar de gobierno cuando la decisión se ha tomado en el Consejo de Gobierno, máxima instancia administrativa. En el lenguaje coloquial puede hablarse del Gobierno para referirse a sus miembrso y órganos, pero nunca una declaración formal puede atribuir al GOBIERNO sin hacer mención del órgano ejecutor o decisor.

El gobierno no puede decir que EL GOBIERNO HA HECHO ESTO O AQUELLO. Debe decir que tal instacia del gobierno, facultada para ello, ha hecho esto o aquello con fundamento en tal o tal artículo de tal Ley. Tampoco debe haber una declaración que se autodefine procedente del gobierno hablando en términos vagos como ”Ley vigente”. El comunicado, como podemos deducir ha sido redactado por alguien sin una base en el funcionamiento de la Administración del Estado y en el formalismo que acompañan todos sus actos, entre ellos los actos declarativos.

Eso en lo que afecta a las formas.

En cuanto a los hechos:
Lo primero que nos enteramos, a través de la declaración del gobierno, es que una persona recluida en una cárcel ha hecho ”apología de la violencia” y EL GOBIERNO HA ACTUADO.

Sacar a Felipe de la cárcel de Black Beach y llevarle a Evinayong, tal como el propio comunicado indica, encierra varios delitos:

Lo primero que hay que saber y que han ignorado los que han cometido la brutal pifia, es que cualquier decisión que afecte a la libertad de una persona, aunque sea un recluso, SOLO LA PUEDE TOMAR UN JUEZ. Excluimos por supuesto las normas que afectan al régimen carcelario y que solo son váidas en el interior de la cárcel y se refieren al normal desenvolvimiento de la cárcel y de una carcel determinada.El traslado a otra cárcel no puede hacerse como resultado de una medida disciplinaria sin intervención de un juez, porque ello escapa del ámbito local y disciplinario del regimen carcelario.


Si un preso comete un delito estando en la cárcel, debe ser juzgado por un juez. Solo un juez puede deducir, a través del procedimiento penal, que los hechos que parecen atribuir a Felipe Ondo son constitutivos de un delito. Por tanto, el encargado de la cárcel debía notificar al juez de guardia que se habían sucedido unos hechos dentro de la cárcel y éste hubiera instruido. Una de las fases de la instrucción es la calificación. Entendemos por lo que dice el comunicado gubernamental que la ”Apología de la violencia” es una calificación y habrá que ver si está tipificado en el código penal vigente en Guinea.

Cuando el comunicado asegura que Felipe Ondo habría incurrido en ”apología de la violencia”, significa que EL GOBIERNO -seguimos sin saber quién en el gobierno- ha calificado los hechos. Y si alguien ha calificado es que alguien del gobierno -sin saberlo- ha instruido previamente un sumario para poder calificar más tarde, asumiendo atribuciones que solo corresponden a un juez de lo penal.

Para colmo ese alguien que incoa y califica ipso-facto, toma la decisión de traladar, como castigo o pena, a Felipe Ondo a la cárcel de Evinayong. Por tanto ese alguien -¿EL GOBIERNO?- ha hecho todo el trabajo que la constitución y el Derecho dice le corresponde a un juez: ha instruido calificando, ha juzgado y ha condenado, todo ello en menos de 24 horas. Y la pena del juicio ilegal es el extrañamiento de Felipe Ondo a Evianyong, ignorando que la pena debe ser la contemplada en el código penal.

La desaparición de Felipe Ondo de la cárcel de Black beach, reconocida aquí en el comunicado, constituye un hecho delictivo.
Y solo caben dos posibilidades a la hora de intentar ajustar el bárbaro acto dentro de un proceso penal obligado:
a) A las personas que han cometido tamaña barbaridad en menos de 24 horas, hay que acusarlas de secuestro y devolver a Felipe a la cárcel de Black Beach. Así dice la Ley y sería el procedimiento más magnánime para con los autores.

b) Al GOBIERNO -habrá que dilucidar todos los que han participado en la comisión de los delitos, pues el comunicado es parco en este detalle que consideran banal- hay que acusarle de usurpación de funciones por haber juzgado y condenado y por haber ejecutado mediante el confinamiento. El apresamiento y la conducción de una persona para su extrañamiento posterior CONTRA SU VOLUNTAD, es sin duda un secuestro. Este escenario procesal, une la asunción de funciones impropias al cargo con el secuestro, y ambos delitos suman penas más graves que el simple secuestro.

Tanto la situación a) como la b) implican que de procederse según lo que exigen las normas procesales, varios miembros de la seguridad de Obiang deben ser llevados a los tribunales.

Una vez más, se pone de manifiesto que los bárbaros que destruyen el país, no tienen intención de reglar sus actos de acuerdo a ninguna normativa y que prima más la comisión de actos delictivos sobre cualquier otra consideración, siempre que sea en aras de la SEGURIDAD DE OBIANG. Los bárbaros de Malabo no son capaces ya de ocultar sus actos mediante ningún formalismo legal, como bien claro nos deja la DECLARACION DEL GOBIERNO, donde desde la primera letra hasta el final, asistimos a una pleyade de despropósitos que como colofón máximo se rubrican sin rubricar al autor del acto declarativo.

Para gobernar en la dictadura, hay que conocer y ejecutar las leyes que rigen la propia dictadura. Una cosa es que no haya democracia en Guinea y otra es que EL GOBIERNO a cada paso COMETA DELITOS, incumpliendo sus propias normas. Dicho de otra manera, el colmo de esta dictadura es que cada vez que se analiza lo que hace EL GOBIERNO con la Ley en la mano, se le encuentra al gobierno delinquiendo en cada acto, sin rubor ni desazón alguna.

Y mientras todo ello ocurre, los jueces digitalmente nombrados por Obiang, desde el presidente de la Corte Suprema hasta el alguacil reconvertido a juez comarcal, se encuentran edmudecidos, no sabemos si de puro pasmo o de pavor...

Y así seguimos asistiendo, en continua sucesión, a las torpezas del tirano Obiang, hasta que el diablo, molesto de tanta eficacia destructiva, se lo lleve a su guarida eterna.


Celestino-Nvo Okenve Ndo

Fuente: Propia

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