Con este juicio, el enésimo sumarísimo que desde 1979 el régimen condena a centenares de ciudadanos simplemente por su oposición política, Guinea Ecuatorial, junto a países como Corea del Norte o Myanmar (antigua Birmania), lidera, en condiciones absolutamente inhumanas, la mayor prisión de presos de conciencia del mundo.
SÁNCHEZ MEMBA. YAOUNDÉ, 24.02.04
Fue el propio jefe de Estado guineano y primer magistrado del país, quien amparándose en su poder absolutista, asumió personalmente las funciones de la mesa del tribunal para dictar las sentencias definitivas, según se supo de fuentes próximas a la jefatura de Estado.
Más de un centenar de ciudadanos, militares y altos mandos del Ejército, civiles, miembros del Gobierno, parlamentarios y altos funcionarios de la administración, fueron sometidos a un Consejo de Guerra la semana pasada, acusados de haber intentado sublevar contra la dictadura.
En su informe definitivo, el ministerio fiscal se abstuvo en solicitar penas de prisión contra los procesados al no hallar causa ni delito alguno en el disparatado sumario al que sólo accedió durante la vista oral, han informado fuentes contactadas por este despacho desde la ciudad de Bata. “El juicio ha sido absurdo, vergonzoso y no se ha registrado delito alguno, pero suerte que se celebró a puertas cerradas porque hubiera sido muy escandaloso a la vista del público, que ni los presuntos implicados tenían idea de lo que les acusaba”, filtró un alto mando del ejército, que pidió el máximo anonimato.
En un proceso lleno de irregularidades y carente de las mínimas garantías jurídicas, como las otras tantas celebradas en el país para recriminar a supuestos ‘enemigos de la tiranía nguemista’, el Consejo de Guerra que, en principio debió dictar su veredicto el sábado 21, se vio obligado a postergar la sentencia después de que el ministerio público renunciara solicitar penas en su informe final por no hallar delito alguno ni en el auto procesal ni en las declaraciones de los encausados. El presidente del tribunal tuvo que trasladarse urgentemente a Malabo para recibir instrucciones del dictador quien, en última instancia, indicó quiénes tenían que penalizar y quiénes no.
Con este macro-juicio, el segundo en el que el régimen recrimina la disidencia política después de 2002 cuando fueron enjuiciados en un proceso similar cerca de dos centenares de opositores y líderes políticos, la situación socio política se ha reducido a una auténtica hoguera, de la que ningún ciudadano está a salvo, incluido miembros de la familia presidencial que hace poco estaban considerados como principales baluartes de este infame régimen del general Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979.
No podía ser más. El ‘Consejo de Guerra’ ha vuelto a poner de manifiesto la grave inseguridad jurídica ampliamente denunciada por organizaciones no gubernamentales internacionales. Sin contar con la presunción de inocencia más que demostrada en la casi totalidad de los implicados, se ha condenado a ciudadanos perseguidos y declarados ‘en rebeldía’ por la dictadura. Guinea Ecuatorial es uno de los raros países del mundo donde se condena a ciudadanos sin a penas oílos en declaración oral.
Se trata del parlamentario Germán Pedro Tomo Mangué, el director de Aduanas Marcelino Mbá Ovono y el Teniente Coronel Cipriano Nguema Mba. Los dos primeros se encuentran refugiados en España y el tercero permanece detenido en Camerún desde mediados de diciembre, cuando se produjeron los hechos.
Éstos, Junto a los demás procesados, habrían intentado dirigir una misiva al presidente de la República, en la que exigían una real apertura de transición democrática y el respeto de los derechos fundamentales, ante el constante impasse político que vive el país, sobre todo después de 1995, cuando la sociedad mostró su más rotundo rechazo al despotismo ‘nguemista’ durante unas elecciones municipales, cuyos resultados terminó secuestrando a favor de su partido, el PDGE.
El Gobierno exigió cerca del parlamento monocolor guineano la suspensión de inmunidad parlamentaria a los dos diputados presuntamente implicados, Germán Pedro Tomo y Elías Ovono Nguema (portavoz del PDGE en el parlamento), pero éste pidió explicaciones que nunca le fueron dadas hasta la fecha, según informaron fuentes próximas a éste fraudulento órgano legislativo.
Las leyes del país centroafricano contemplan, salvo casos in fraganti, que parlamentarios, miembros de Gobierno y del Poder Judicial gozan del derecho de aforado y no pueden ser enjuiciados sino por tribunales autorizados, previa suspensión de su inmunidad. Sin embargo, los tribunales guineanos, a juzgar por la experiencia, no respetan ninguna otra ley que la voluntad política del déspota Teodoro Obiang Nguema.
Junto a parlamentarios y altos mandos del ejército, también ha sido juzgado el ministro portavoz del Gobierno, Antonio Fernando Nvé Ngú. Tanto éste como su homólogo de la Cámara, han sido absueltos así como todos los altos mandos militares presuntamente implicados en la trama denunciada por el régimen a mediados de diciembre, si bien no se sabe nada hasta la fecha sobre la suerte que correrá sus responsabilidades.
El resto, más de un centenar de ciudadanos, civiles y militares, la mayoría originarios de Mongomo, la región natal del presidente, han sido condenados a penas de 12, 20 y 30 años de cárcel respectivamente. Los ciudadanos de esta región, viven una cruda persecución política después de que legendarios políticos de la zona fundaran la Fuerza Demócrata Republicana (FDR), cuyo líder Felipe Ondó Obiang Alogo, fue condenado a 20 años de cárcel en mayo de 2002, también acusado por delitos similares, aunque en el juicio se demostró lo contrario.
Con este juicio, el enésimo sumarísimo que desde 1979 el régimen condena a centenares de ciudadanos simplemente por su oposición política, Guinea Ecuatorial, junto a países como Corea del Norte o Myanmar (antigua Birmania), lidera, en condiciones absolutamente inhumanas, la mayor prisión de presos de conciencia del mundo.
Fuente: OPOSICIÓN EN BATA
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