Estudio sobre algunos aspectos de
las exportaciones de armas
ligeras españolas a África.
En este documento pretendemos actualizar la información colectada desde la
publicación de nuestro informe “Las exportaciones de armas ligeras y municiones
españolas a África” publicado en mayo del 2.000 1 haciendo especial hincapié en las
consecuencias de dichas exportaciones. A dicho informe nos remitiremos en más de una
ocasión, sobre todo en lo referente a estadísticas y a países con los que España ha mantenido
relaciones comerciales en este campo.
I- Favorece la violencia en las sociedades africanas.
España es un país solidario tal y como lo demuestran las múltiples veces en que la
sociedad se moviliza en favor de poblaciones que son víctimas de catástrofes naturales o de
guerras. En consecuencia con esta actitud es importante conocer que, en cierta medida,
somos responsables del aumento de la criminalidad y violencia armada existente en ciertos
países. Así podremos trabajar con vistas a una mayor coherencia.
a- Compañías privadas de seguridad.
Las compañías privadas de seguridad han sido cuestionadas por el informe de Enrique
Bernales, relator en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre el uso de
mercenarios, sobre todo en tres países: Sierra Leona, Angola y Rep. Dem. del Congo (ex-Zaire).
Bajo el nombre de compañías privadas de seguridad se agrupa una serie de
actividades que van desde la vigilancia de edificios a la participación en combates. En el caso
de Angola se ha hablado de “explotación petrolífera off-shore (bajo superficie) y guerra on-shore
(en la superficie)”. Algunos contratos con dichas compañías privadas de seguridad
estipulan que las compañías deben proteger las minas contra “la agitación civil, término que,
en los hechos, puede referirse a toda clase de tensión social”2 .
Hay compañías mineras que firman contratos con sociedades de re-ubicación (human
resettlement) a las que se sub-contrata la responsabilidad de reubicar a las poblaciones
expropiadas de sus tierras como consecuencia de las concesiones mineras. La compañía
canadiense Alliances contrató a la compañía Goldfields Ghana de Sudáfrica para que se
encargase del desplazamiento de más de 20.000 personas en la región de Tarkwa (al oeste de
Ghana). Para conseguir su objetivo Goldfields “destruyó casas y escuelas, prohibiendo que se cultivasen los campos, lo que provocó violentos enfrentamientos, en los que varios civiles
fueron asesinados”3 . Es evidente que este tipo de compañías precisan, ya sea en su país de
origen o en aquel donde trabajan, un equipamiento en el que las armas ligeras y la munición
son imprescindibles. Por su parte la población civil puede desear “protegerse” y reacciona
adquiriendo a su vez armas. En ambos casos la proliferación de tales armas genera violencia
y perjuicios incalculables para la población civil.
b- Exportaciones de armas ligeras y violaciones de los derechos
humanos.
Otro aspecto relacionado con la seguridad civil y sobre el que debe velar nuestro
gobierno, es el relativo a los acuerdos por los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado se comprometen a formar el personal de otros ejércitos y cuerpos policiales. Médicos
Sin Fronteras (MSF), Premio Nobel de la Paz 1999, denunció el convenio de cooperación
firmado en octubre de 1999 entre los gobiernos de España y Guinea Ecuatorial (EL PAIS,
4-2-00). MSF lamentó que dicho convenio no incluya ninguna cláusula democrática (lo cual
estaría en sintonía con el art. 2 del Código de conducta de la UE sobre las exportaciones de
armas. Ver Tabla nº 1) y manifestó su indignación porque prevé la formación de agentes de la
policía ecuato-guineana. David Querol coordinador de MSF manifestó que “es una policía
tan temible que cuantas menos cosas sepa hacer mejor”. Según MSF este convenio supone
una violación de las propias normas establecidas por la Cooperación española y por
organismos internacionales. La Ong que tuvo que retirarse de Guinea Ecuatorial en enero,
al no poder acceder a la población necesitada, presentó el texto del convenio con sus anejos.
El Congreso de los Diputados no logró obtener ese documento antes de su disolución pese ha
haberlo solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores.
En esta linea el propio Ministerio de Defensa reconoce los lazos indisociables entre
paz, respetos de los derechos humanos, migraciones, lucha contra la proliferación de armas,
etc. y el interés práctico que Occidente debería tener para promover el concepto de
“seguridad compartida”: “... el desequilibrio económico entre países desarrollados y países en
vías de desarrollo constituye un factor de tensión muy a tener en cuenta en el nuevo escenario
estratégico. Para que no se convierta en riesgo, una postura pragmática por parte de
Occidente exige, sin duda, soluciones en el campo de la cooperación y la ayuda al desarrollo,
complementadas con medidas de control de armamentos... Mayor gravedad representan la
posibilidad de que se produzcan desplazamientos humanos masivos ante situaciones de
violencia o carencia extrema de recursos vitales... Con cierta frecuencia, los conflictos se
originan en el interior de Estados que toleran reiteradas y gravísimas violaciones de los
derechos humanos, el sufrimiento o la muerte de un gran número de personas e, incluso, en
ocasiones, verdaderos genocidios, situaciones todas ellas ante las cuales la comunidad
internacional no debe permanecer impasible”4 . En este sentido sería interesante estudiar la
incidencia en la inmigración que llega a nuestro país, procedente de los países a los que
exportamos armas y municiones, de las violaciones de los derechos humanos.


Fuente: Evha

¡Nota importante!
El contenido de los artículos publicados no refleja necesariamente la opinión de la redacción de guinea-ecuatorial.net
Véase también la declaración sobre el uso de seudónimos