GUINEA ECUATORIAL, INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 2003
Sobre el papel, Guinea Ecuatorial es una república constitucional multipartita; pero en la práctica, su presidente Teodoro Obiang Nguema y el pequeño clan de Mongomo perteneciente a la tribu fang, son los que dominan el gobierno desde que, en el año 1968, se proclamó la independencia del país.
El presidente Obiang, que se hizo con el poder tras el Golpe de Estado militar de 1979, fue reelegido en su cargo en los comicios celebrados en Diciembre del 2002 con el 97’1% de los votos. Dichas elecciones estuvieron marcadas por diversos actos fraudulentos e intimidatorios.
El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), al que pertenece el Presidente Obiang, controlaba el poder judicial, que no era independiente, y el legislativo. Tras las elecciones de 1999 este tipo de control fue ampliamente criticado y condenado por la comunidad internacional.
El Presidente Obiang ejerce un férreo control sobre la policía y sobre las fuerzas de seguridad a través del Ministerio del Interior. El Director General de la Seguridad Nacional es el hermano del presidente, Armengol Ondo Nguema. Las autoridades civiles mantienen, habitualmente, un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad; aún así, ha habido ocasiones en las que las fuerzas de seguridad no han actuado bajo la autoridad del gobierno, cometiendo graves y numerosos abusos contra los derechos humanos.
A pesar de que el censo del 2002 estima la población del país en aproximadamente 1 millón de habitantes, fuentes más fidedignas estiman que el número real de habitantes estaría en torno al medio millón.
La mayoría de la población vive de la agricultura de subsistencia, de la caza y de la pesca. El paro y la precariedad en el empleo alcanzan cotas muy altas. En el ambito económico, el trueque está a la orden del día. El producto nacional bruto ha crecido sustancialmente en los últimos 8 años y la tasa de crecimiento se situó entre 10 al 14% durante el pasado año. La renta per cápita se estima en torno a los 5 mil dólares; aún así, la mayor parte de este crecimiento se debe a un aumento en la producción de crudo, con una media superior a los 350 mil barriles diarios. La pésima gestión fiscal y la falta de transparencia en las finanzas nacionales han terminado de hundir el potencial económico del país.
Las compañías petroleras han asfaltado muchas carreteras en Malabo, han modernizado el sistema generador de electricidad, han diseñado diversos proyectos de salud y medioambientales para mejorar la calidad de vida de la población. Aún así hay muy pocas pruebas de que el gobierno haya utilizado la riqueza generada por la explotación del petróleo para el bien público.
Mientras la mayor parte de la población vive en la más absoluta pobreza, la mayoría de la riqueza generada por el petróleo parece estar concentrada en manos de los altos cargos del gobierno.
Se había suspendido la mayor parte de la ayuda económica internacional porque no se utilizaba para introducir reformas económicas y por el poco, casi nulo, respeto del gobierno hacia los derechos humanos.
Esa actitud del gobierno con respecto a los derechos humanos se ha manteniendo, y a pesar de que se han llevado a cabo mejoras en ciertas áreas, subsisten la mayoría de los problemas.
La posibilidad de que los ciudadanos cambien al gobierno por métodos pacíficos sigue siendo limitada. Las fuerzas de seguridad han cometido numerosos abusos, incluidos la tortura, palizas y otros abusos físicos a prisioneros y sospechosos, que a veces han terminado con su muerte. Aún así, el número de informes por este tipo de incidentes ha sido menor que en años anteriores.
Las condiciones de vida en las prisiones continúan siendo aterradoras. A menudo, se tortura a los prisioneros para obtener las confesiones deseadas. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometen habitualmente este tipo de abusos con total impunidad. Entre sus métodos están los arrestos y detenciones arbitrarias, o la retención de los sospechosos en celdas incomunicadas.
El sistema judicial ha mostrado fallos reiterados, ha sido incapaz de garantizar su propio funcionamiento y el del sistema penitenciario.
El gobierno ha liberado, en lo que va de año, a más de 30 prisioneros políticos, pero a su vez ha restringido los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, de reunión y libre asociación, y ha limitado las libertades de religión y de movimiento.
No hay representantes de ninguna asociación de derechos humanos, ni de ninguna ONG en el país. La violencia y la discriminación contra las mujeres siguen siendo un grave problema, al igual que la discriminación de las minorías étnicas, particularmente de la minoría bubi.
El empleo de mano de obra infantil sigue estando a la orden del día, al igual que los trabajos forzados en la cárcel.
Existen informes que aseguran que hay tráfico de personas en el país.
EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Sección 1 : respeto por la integridad de la persona, incluyendo su libertad:
a. Privación arbitraria o ilegal de la vida
Aunque no ha habido informes sobre asesinatos políticos durante el año, las fuerzas de seguridad han matado a varias personas y han abusado de su poder y su fuerza. Por ejemplo, el pasado día 2 de julio, los guardas fronterizos dispararon y mataron a Ana Isabel Sánchez Torralba, una misionera española, tras disparar y echar de la carretera a un autobús en Bata.
EL 15 de febrero, el jefe de una unidad militar mató a Dimas Bueriberi, de 35 años, fuera de Malabo durante un corte del fluido eléctrico. El tirador dijo que había confundido a Bueriberi, electricista, con un bandido.
El 7 de octubre, el comandante presidencial Narciso Edu Nsue mató a Luis Obiang, sargento bajo su mando, después de que ambos hubieran estado bebiendo en una barra de Malabo. Edu Nsue fue detenido por homicidio y está a la espera a ser juzgado por un tribunal militar.
El gobierno no ha procesado a ningún miembro de las fuerzas de seguridad considerados responsables de matanzas extraoficiales, y probablemente nunca serán procesados.
b. Desaparición
A lo largo del año no ha habido informes oficiales sobre desapariciones debidas al régimen político.
c. La tortura y otros castigos crueles, inhumanos y degradantes:
La ley obliga a respetar la libertad y la dignidad de las personas, pero no prohibe específicamente el empleo de la tortura o de cualquier trato cruel e inhumano contra ellas. Por esta razón los miembros de las fuerzas de seguridad abusan de su poder y de su fuerza y usan la violencia contra quien quieren.
Tras visitar el país, el representante especial de la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U, Gustavo Gallón, se refirió a la tortura como un recurso totalmente normal en cualquier investigación.
Hay informes que indican que algunos funcionarios torturaron a activistas políticos de la oposición, pertenecientes al grupo de personas que intentaron dar el golpe de estado, y fueron arrestados en marzo de 2002. La policía ataba a los presos de brazos o piernas y los mantenían suspendidos en el aire colgados de una barra. Debido a esto, varios presos se dislocaron codos, tobillos y muñecas, pero no tuvieron atención médica alguna.
Utilizaron la tortura para obtener confesiones forzadas, particularmente del grupo de 144 personas que promovió el fallido golpe de estado contra el gobierno. Es el caso, por ejemplo, de Felipe Ondo Obiang, líder del prohibido Frente Democrático Republicano (FDR), torturado, según se informa, en la Prisión de Black Beach, en Malabo. Después de ellas, perdió por completo la capacidad de movimiento de los dedos de las manos. Le prohibieron las visitas y no le entregaban todos los alimentos que amigos y familiares le llevaban a la cárcel.
Las condiciones de vida en las cárceles y penitenciarías del país siguen siendo aterradoras, llegando en algunos casos al punto de ser incompatibles con la vida humana. No proporcionan alimento a los internos, ni asistencia médica, ni saneamientos que funcionen, ni agua potable, ni un espacio limpio y saludable para vivir, ni un equipamiento mínimo como pueden ser camas. Hay informes en el sentido de que las condiciones de vida en Black Beach han mejorado durante este último año, sin embargo, siguen llegando otros indicando que persiste el maltrato a los prisioneros.
Placido Mico, el Secretario General de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS), que fue liberado en agosto tras concedérsele la libertad por amnistía, describe la prisión como una estancia superpoblada, donde se mantiene a los prisioneros encerrados en celdas del tamaño de un cajón y solo pueden salir al patio durante 1 ó 2 minutos, mientras el resto del día realizan trabajos forzados.
Las autoridades de las cárceles y penitenciarías, y los prisioneros de sexo masculino, agreden sexualmente a las prisioneras. Hay informes fiables sobre violaciones de prisioneras por parte de miembros de la policía de Malabo. Se utiliza habitualmente a las prisioneras como mano de obra y según ciertos informes, como empleadas de hogar en los domicilios de algunos jueces.
No se hace distinción alguna entre presos masculinos y femeninos, todos están juntos; tampoco la hay entre presos adultos o adolescentes. Asimismo, se mantiene juntos a los presos condenados por diversos delitos y a los presos políticos.
d. Arresto arbitrario, detención o exilio:
Aunque existen procedimientos establecidos para la detención de una persona, las fuerzas de seguridad los ignoran sistemáticamente, al igual que ignoran los derechos de los ciudadanos a los que detienen. Indican simplemente que la detención que están llevando a cabo ha sido ordenada por un superior, no aportando ningún requisito formal.
Durante este año, las autoridades hicieron detener a miembros de los diferentes partidos de la oposición durante cortos periodos de tiempo. Algunas de esas detenciones llegaron a durar, sin embargo, más de dos meses. Es difícil determinar el número exacto de presos políticos, que se mantuvo siempre por debajo de las 100 personas.
Felipe Ondó Obiang, el líder de la FDR, fue detenido en marzo de 2002, tras el fallido golpe de estado por el que se arrestó a un grupo numeroso de personas de los partidos de la oposición. Otro compañero suyo, Guillermo Nguema Ela, fue también detenido e internado en la misma prisión, Black Beach.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a amigos y familiares de los que intervinieron, de una u otra manera, en aquel intento de golpe de estado. Intentaban así forzar a los prisioneros a cooperar.
Es cierto que la constitución no permite el exilio forzoso. Pero aunque el gobierno de Obiang no utiliza el exilio fuera del país como un arma contra los ciudadanos que no le apoyan, la verdad es que algunas personas han decidido abandonar el país por claras razones políticas.
e. Negación de un juicio justo
La Constitución reconoce independencia a la judicatura respecto a la tendencia política del gobierno, pero la verdad es que la judicatura de Guinea Ecuatorial es de todo menos independiente. Los jueces están a merced del presidente y son cesados por razones políticas cuando el presidente así lo cree oportuno. La corrupción judicial está totalmente generalizada.
EL sistema judicial está formado por dos juzgados provinciales, por dos tribunales de apelación, por un tribunal militar, y por un tribunal supremo.
EL presidente nombra a los miembros del Tribunal Supremo, quienes obedecen sus órdenes y las llevan a la práctica.
El presidente es el miembro más poderoso del sistema judicial. No hay ningún criterio objetivo de selección para ocupar el puesto de juez, simplemente la ley permite al ministerio de justicia establecer ciertos periodos de inspección y de nombramiento de nuevos jueces.
Algunos jueces se ausentan de sus puestos, por lo que se producen retrasos a la hora de llevar a cabo los procedimientos judiciales. Como resultado de estas ausencias, algunos detenidos han permanecido en las comisarías más de las 72 horas establecidas por la ley, y a esto hay que añadir que las celdas pueden estar demasiados llenas y en condiciones de higiene lamentables.
Aunque la Constitución indica que hay que proporcionar representación legal a todo aquel que lo necesite, y reconoce el derecho a apelar en cualquier juicio, en la práctica, en Guinea Ecuatorial, esto no se cumple.
Los casos civiles raras veces llegan a tener un juicio publico, y los casos que afectan a la seguridad nacional son juzgados por un tribunal militar. Además, aunque los acusados sean civiles y los cargos que se les imputen no sean de origen político, su caso podrá ser juzgado por un tribunal militar, ya que el código de justicia militar permite juzgar a civiles que hayan desobedecido a una autoridad militar.
En el mes de mayo del 2002, un tribunal especial juzgó a 68 prisioneros, a sus familiares y amigos, y los sentenció a cumplir una condenar de 6 a 8 años por un fallido golpe de estado contra el presidente Obiang que había tenido lugar ese mismo año.
Hubo numerosas irregularidades durante el juicio, incluyendo la evidente tortura que habían sufrido los presos, y la falta de pruebas sustanciales condenatorias contra ellos.
El 3 de agosto, y gracias a una amnistía, 31 de esos presos fueron puestos en libertad.
Del total de 144 personas detenidas por este suceso, 76 han sido absueltas, 31 fueron perdonadas en agosto, 30 en octubre, y 3 de ellas murieron por las heridas sufridas durante su detención e interrogatorios.
A pesar de todas estas liberaciones, el gobierno mantiene todavía retenidos a numerosos prisioneros políticos.
f. Violación del derecho a la privacidad, a la familia, al hogar y a la correspondencia:
Aunque la ley prohibe estas acciones, el gobierno hace oídos sordos a su prohibición. No pone bajo vigilancia solamente a personas de la oposición política, sino también a personal del cuerpo diplomático y a periodistas.
La policía detiene a todo aquel que sospecha que no es natural del país y exige para su liberación el pago de fianzas que rondan los 200$, bajo pena de repatriación a su país de origen.
Tampoco se libran de estas violaciones quienes pertenecen al gobierno. Si se sospecha que alguna persona pertenece a otro partido político, puede verse obligado a abandonar la ciudad y a permanecer exiliado en su poblado, voluntariamente por supuesto, según las fuentes del gobierno.
Sección 2: el respeto por las libertades civiles incluyendo:
a. Libertad de expresión y libertad de prensa:
A pesar de lo que está escrito en la Constitución, los periodistas se ven obligados a practicar la autocensura. El gobierno no tolera las críticas respecto a las instituciones públicas, ni respecto a la mala forma como las dirige; también están prohibidas las críticas al presidente y a las fuerzas de seguridad.
Hay 5 periódicos de información general que se publican irregularmente: “La Gaceta”, publicación mensual con conexiones informales con el gobierno y que se imprime en España; “El Correo Guineo Ecuatoriano”, un periódico bimensual publicado por el grupo de La Gaceta; “La Opinión”, periódico de la oposición que se publica cada 2 ó 3 semanas; “El Tiempo”, otro periódico de la oposición; y “Ébano”, una publicación del Ministerio de Información, Turismo y Cultura que aparece, aproximadamente 2 veces al mes.
Los estudiantes de la Universidad Nacional han publicado una revista, AYO, y el Centro Cultural Hispano Guineano publica una revista mensual de carácter cultural llamada “El Patio”. El PDGE publica “La Voz del Pueblo”, y la oposición (CPDS) publica “La Verdad”.
Existen muy pocas publicaciones extranjeras en el país.
Todos los periodistas deben de estar registrados en el Ministerio de Información. De acuerdo con fuentes de este ministerio, en el 2001 estaban registrados 18 periodistas independientes, y entre 35 y 45 reporteros estaban empleados por el PDGE o por el gobierno. Los periodistas extranjeros son libres de viajar y de informar de manera independiente. Antes de entrar en el país, el gobierno exige a los medios de comunicación extranjeros que obtengan una acreditación ministerial.
La ley autoriza al gobierno para que ejerza la censura sobre cualquier información publicada. A veces, el ministerio exige a las publicaciones la entrega de una copia de sus informaciones para que sean aprobadas antes de su aparición.
La Asociación de la Prensa de Guinea Ecuatorial (ASOPGE) se ha abstenido, durante estos últimos años, de organizar cualquier tipo de acto o conferencia. Su presidente, Pedro Nolasco Ndong, permanece fuera del país, dejando al cargo de la asociación a Roberto Martín Prieto.
A pesar de que el gobierno no prohibe el acceso a internet, el único proveedor de servicios de internet está cercano al gobierno, y las dificultades para acceder a este medio son cada vez mayores. A esto hay que añadir que el acceso es demasiado caro para la mayor parte de la población, y que el número de personas que posee un ordenador es limitado.
b. Libertad de reunión y de libre asociación.
Al igual que en otros casos, aunque la libertad de reunión y la de libre asociación están contempladas en la Constitución, en la práctica se ven muy limitadas.
Para reuniones privadas de más de 10 personas, dentro de un hogar, el gobierno exige la previa autorización, al considerar este tipo de reuniones son, por naturaleza, de carácter político.
La ley prohibe la formación de partidos políticos formados por miembros de una misma etnia.
También se prohiben las coaliciones entre partidos políticos.
Existen 12 partidos políticos que el gobierno denomina “partidos de la oposición”, pero 11 de ellos son aliados del PDGE. El gobierno afirma así que existe en el país una democracia multipartidaria.
C. Libertad de religión.
La ley incluye una preferencia del estado por la Iglesia Católica y por la Iglesia Reformada de Guinea Ecuatorial, de raíces tradicionales y de influencia histórica en la vida social y cultural de sus habitantes.
Las organizaciones religiosas deben estar registradas en el Ministerio de Justicia y Culto para que sus actividades religiosas estén permitidas.
A pesar de que todos los grupos religiosos deben ser aprobados y registrados legalmente, durante el último año el gobierno no se ha negado a registrar a ninguno nuevo.
El gobierno limita la libertad de expresión del clero en el caso en el que suponga una crítica abierta al gobierno. Exige, además, un permiso para realizar cualquier actividad religiosa fuera de la iglesia, aunque en la práctica, este requerimiento no parece impedir las reuniones de grupos religiosos.
D. Libertad de movimiento dentro del país, de viajes al extranjero, de emigración y de repatriación.
En la practica todas estas libertades están limitadas por el gobierno.
La policía local obliga a todo aquel que quiera viajar fuera de la capital a pagar sobornos. Este cuerpo de seguridad detiene regularmente a los ciudadanos en controles de carretera, practicando registros ilegales, y obligándoles a pagar dinero para poder abandonar el lugar. El gobierno justifica la realización de estos controles como medio para compensar su incapacidad para garantizar de manera efectiva las fronteras del país. Estos puntos de control limitan la libertad de movimiento de los miembros de la oposición.
Todo ciudadano necesita un permiso de la policía para poder viajar al extranjero; a algunos miembros de los partidos políticos de la oposición les ha sido negado este permiso. Aquellos que sí han podido viajar pueden ser sometidos a interrogatorios sobre su viaje cuando regresan al país.
La ley garantiza el cumplimiento de la Convención de 1951 de Naciones Unidas en relación con los Estatutos de los Refugiados y el Protocolo de 1967.
En los últimos años, una media de 1 ó 2 personas, solicitan asilo en países extranjeros.
Sección 3: Respeto de los derechos políticos, el derecho de los ciudadanos de cambiar su gobierno.
De nuevo, la Constitución contempla el derecho de los ciudadanos de cambiar a su gobierno por métodos pacíficos, pero en la practica, no ha habido elecciones libres, justas y transparentes desde la independencia del país en 1968.
El presidente del gobierno ejerce un poder fuerte como cabeza de estado, comandante de las fuerzas armadas y líder del partido del gobierno, el PDGE. Acusar o procesar al cabeza de estado está prohibido por la Constitución. Los altos cargos del gobierno están reservados a los miembros del sub clan de la etnia fang a la que pertenece el Presidente. El gobierno domina por completo la Cámara de Diputados, y el ministro del interior es, a su vez, Presidente de la Junta Electoral Nacional.
Sección 4: Actitud del Gobierno respecto a la Investigación Internacional no gubernamental sobre violaciones de los derechos humanos.
No hay personal de ninguna ONG defensora de los derechos humanos trabajando en el país. La ley limita la capacidad de acción de las ONG’s especificando las áreas en las que éstas pueden operar, y los derechos humanos no están entre dichas áreas.
Aún así, durante el pasado año, ha habido signos de mejoría en las relaciones entre organizaciones internacionales y el gobierno.
El Servicio de Consuelo Católico, el CRS, ha reducido su programa de acción a tareas relacionadas con la salud. El CRS, Reporteros Sin Fronteras, y el Centro para el Desarrollo Rural han alegado que cuando sus miembros visitaron Malabo fueron, en todo momento, estrechamente vigilados y que se intervinieron sus llamadas, e-mails y faxes.
Sección 5: Discriminación basada en la raza, sexo, incapacidad, lengua o estatus social.
Mujeres:
La violencia doméstica y social contra las mujeres es el pan de cada día. El gobierno no detiene ni procesa a aquellas personas que maltratan a las mujeres; y, por si fuera poco, si una mujer es detenida, tanto las autoridades como otros detenidos, o presos, pueden abusar sexualmente de ella sin recibir castigo alguno.
Aunque la prostitución es una actividad ilegal, el alto número de hombres procedentes de otros países llegados para trabajar en el sector petrolero ha contribuido a un notable aumento de esta práctica supuestamente ilegal.
La poligamia, muy común entre los miembros de la etnia fang, sitúa a la mujer en un plano secundario con respecto al hombre, al igual que lo hacen las limitadas oportunidades de éstas para acceder a la educación.
Respecto a la ley de herencias, la mujer también sale perjudicada, ya que la herencia pasa de padres al primer hijo varón del matrimonio, nunca a las hijas.
La tradición obliga a la familia de la mujer a devolver la dote recibida en caso de que el matrimonio no se lleve a cabo, y si una familia acepta la dote de parte de otra, la mujer deberá contraer matrimonio obligatoriamente tanto si ella quiere casarse como si no. En caso de fallecimiento del marido, la mujer permanecerá viviendo con la familia de éste, o en su defecto se le obligará a devolver la dote y a marcharse sin nada. Si se produce un divorcio (el número de divorcios es muy bajo) el reparto de los hijos se hará según su nacimiento, los hijos nacidos en el matrimonio permanecerán con el padre, y los tenidos antes del matrimonio con la madre.
Niños:
La ley no proporciona ningún derecho, seguridad o protección a los menores; y el gobierno presta muy poca atención a los derechos infantiles.
La educación es obligatoria hasta la escuela primaria, y se espera que los niños continúen sus estudios durante 7 años más o que realicen un programa de estudio vocacional después de la educación primaria.
Los embarazos y la obligación de realizar el trabajo en el campo hacen que las niñas posean, en general, un nivel de educación más bajo que el de los niños.
La mayoría de las familias no tiene dinero suficiente para los libros de sus hijos; las escuelas carecen del material básico necesario para realizar su labor (libros, lápices, pupitres), y los profesores, en demasiadas ocasiones, no cuentan con ningún tipo de preparación para desempeñar su función.
Personas Discapacitadas:
Estas personas están discriminadas en el mundo laboral, en la educación, y a la hora de que el Estado les proporcione cualquier servicio público.
Nacional/ Racial/ Minorías Étnicas:
Aunque la discriminación no es legal, el gobierno limita abiertamente la participación de estas personas en la política.
El sub clan de Mongomo, de la etnia fang, monopoliza todo el poder desde hace años.
Fuente: ASODEGUE
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