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Editorial

DIFUNDE ASODEGUE: GUINEA ECUATORIAL ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS.


publicado por: asociación de solidaridad democrática con guinea e ASODEGUE el 29/03/2004 17:21:50 CET

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
60° periodo de sesiones
Punto 9 del Orden del día 24/03/2004



GUINEA ECUATORIAL:

NECESIDAD DE RESPUESTA INTERNACIONAL
ANTE EL AGRAVAMIENTO DE LAS
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS


Señor Presidente, distinguidos Delegados :

Después de que el 19/04/2002 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobaba la Resolución L.20 por la que se suprimía el seguimiento de la situación de los derechos humanos en la República de Guinea Ecuatorial, el régimen que gobierna este país desataba una oleada de detenciones contra la oposición. 144 ciudadanos eran sometidos a un juicio político del 23/05/02 al 09/06/02, acusados de una imaginaria conspiración contra el régimen y encarcelados la mayoría de ellos, entre los cuales se encontraban los principales líderes de la oposición. Tres encausados en este juicio, Juan Asumu Sima, Juan Ondo Nguema y Francisco Abeso Mba, murieron por consecuencia de las torturas recibidas en la cárcel.

La supresión del seguimiento de Guinea Ecuatorial se producía después de 23 años de seguimiento continuo por esta Comisión de la violación sistemática e impune de los derechos de la población en aquel país, sin progreso significativo, como invariablemente lo apuntaban los informes de absolutamente todos los relatores enviados sucesivamente a ese país desde 1979: Fernando Volio Jiménez (1979-1993), Alejandro Artucio Rodríguez (1993-1999) y Gustavo Gallón Giraldo (1999-2002).

El 15 de diciembre del mismo año 2002, el Presidente Obiang organizaba elecciones presidenciales tan descaradamente fraudulentas que todos los demás candidatos decidieron retirarse tres horas después del comienzo de los comicios.

El pasado año 2003, en el 59° periodo de sesiones de esta Comisión, a pesar de la persistencia manifiesta de los atropellos a los derechos fundamentales de los guineoecuatorianos y con las cárceles llenas de presos de opinión, no se consideró la necesidad de reconducir el mandato de un Relator para Guinea Ecuatorial, lo que refuerza al dictador en su convicción de que puede maltratar a su población en absoluta impunidad.

Prueba de ello ha sido que, desde diciembre de 2003, el Presidente Obiang ha vuelto a desatar otra oleada de detenciones contra más de un centenar de ciudadanos militares y civiles, acusados, como siempre, de una supuesta conspiración contra el régimen y juzgados a puerta cerrada en un consejo de guerra del 16 al 20/02/2004, sin las mínimas garantías jurídicas. Las penas, de 6 a 30 años de prisión, fueron dictadas por el propio Presidente Obiang y pronunciadas el 23/02/2004; las sentencias fueron leídas una sola vez y no fueron entregadas a los procesados. No se han hecho públicos los documentos sobre este juicio.

Tal juicio, como las veces anteriores, es al mismo tiempo un claro mensaje de intimidación destinado a toda la población, como preludio a unas elecciones generales y municipales, previstas para el 25 de abril próximo, y que están siendo preparadas de manera absolutamente fraudulenta, con el claro objetivo de excluir a los principales partidos de la oposición con arraigo en el país, CPDS y Unión Popular (UP), según la voluntad personal y exclusiva del Presidente Obiang, para consolidar la dictadura imperante en Guinea Ecuatorial.

En marzo de 2004 se realizó una redada contra los extranjeros, en un arrebato de xenofobia generalizada. El 4 de marzo, un nutrido grupo de agentes de la Seguridad encapuchados secuestraba en su domicilio a Weja Chicampo Puye, líder Bubi Coordinador General del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioco, actualmente recluido en el penal de Black Beach sin cargo oficial.

Muy preocupados por el vacío actual en el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y, por todas las razones expresadas en el texto que acompaña a este resumen, deseamos traer de nuevo a su conocimiento y reafirmar como actuales aquellas constataciones del Señor Gallón ante esta Comisión en el año 2002: “el pueblo de Guinea Ecuatorial sigue sufriendo impunemente los graves atropellos del régimen que lo gobierna. No se puede hablar de Estado de derecho en Guinea Ecuatorial al estar todos los poderes concentrados en una sola persona que decide por todas las demás y sin ningún tipo de miedo hacia la comunidad internacional: el Señor Obiang”.

El régimen del Presidente Obiang en el poder en Guinea Ecuatorial sigue matando, secuestrando, privando de libertad por motivos ideológicos, torturando, maltratando a los ciudadanos, impidiendo la organización de elecciones libres, mintiendo a la comunidad internacional, en absoluta impunidad. El pueblo de Guinea Ecuatorial, que está viviendo un verdadero terrorismo de Estado, no tiene la posibilidad de cambiar pacíficamente a sus gobernantes.

Por eso, convencidos de que tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Comunidad Internacional en su conjunto están cometiendo un error dejándole al dictador Obiang actuar con tanta libertad e impunidad, pedimos no solamente que se traiga de nuevo a la agenda de la Comisión de Derechos Humanos el caso de Guinea Ecuatorial sino que, además y sobre todo, se vuelva a nombrar a un Relator Especial para este país.

Muchas gracias.







LA SITUACIÓN EN EL PAIS

Con mucha razón, el Departamento de Estado americano pone de manifiesto en su informe sobre derechos humanos en Guinea Ecuatorial de 2003 que, a pesar del amplio reconocimiento de los derechos y libertades de los guineanos en la Constitución y las leyes, el Gobierno, y sus cuerpos de seguridad, apenas los respetan en la práctica, ni adoptan las medidas necesarias para su consecución. Por otra parte, constata que el Gobierno está utilizando la riqueza petrolífera para el enriquecimiento de los gobernantes mientras que la mayoría de la población permanece en la pobreza.

Tales son también, en efecto, nuestras observaciones en relación al respeto a la integridad de las personas. Los agentes del régimen del Presidente Obiang pueden matar con absoluta y total impunidad a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial sin que nadie les imponga ningún castigo por ello. Los autores de los siguientes atropellos gozan de todas sus libertades en la República de Guinea Ecuatorial:
 El 17/03/2004 muere en Malabo el súbdito alemán Gerahrd Eugen Nershz después de haber sido torturado en la cárcel.
 El 02/07/2003, un militar asesina en Mongomo a una joven cooperante española de 22 años, Ana Isabel Sánchez Torralba.
 El día 07 de octubre de 2.002, el Comandante Narciso Edu Nsue, mata a un colaborador suyo, el sargento Luis Obiang.
 El 03/06/2000, Victoriano Bibang, alias Efamba, cuñado del Presidente Obiang, asesina al súbdito francés Roger Gotzalek.
 El 13/01/1999, el teniente coronel Francisco Mba Mendame asesina a Julián Esono Bibang, ex–embajador de Guinea Ecuatorial en Francia.

De la misma manera, la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes son una práctica generalizada en todos los lugares de detención de la República de Guinea Ecuatorial. Cualquier persona puede ser detenida por cualquier sospecha infundada por las fuerzas de seguridad, y esto supone general y sistemáticamente sufrir malos tratos. La tortura no sólo concierne a los presos políticos, que por cierto raras veces escapan a ella, sino también a los implicados en delitos comunes, e incluso al propio pueblo llano. En todos los juicios, y muy particularmente en el macrojuicio de mayo-junio 2002, varios encausados aparecieron a declarar exhibiendo graves señales de tortura.

La detención, retención o exilio arbitrarios y la denegación de un juicio público y justo caracterizan la situación jurídica de los habitantes de la República de Guinea Ecuatorial.
Los guineoecuatorianos viven confrontados a una inseguridad jurídica permanente. Los disidentes y opositores políticos sufren especialmente de ella. Las detenciones se hacen generalmente sin mandamiento judicial; y en los casos en que existe uno, este no obedece sino a la voluntad de la autoridad administrativa, a la que está supeditada dicha justicia.

El 14/03/2002, el Presidente Obiang desataba una oleada de detenciones extrajudiciales de dirigentes y miembros de la oposición, antes de someter a 144 de entre ellos a un juicio político y condenar a 66 de ellos, sin causa justificada, a varios años de prisión. Entre estos presos se encontraba el líder socialista Plácido Micó Abogo, Secretario General del partido político Convergencia para la Democracia Social (CPDS), y Felipe Ondo Obiang y Guillermo Nguema Ela, co-fundadores del partido político Fuerza Demócrata Republicana (FDR). Tres de los condenados en este juicio murieron por consecuencia de los malos tratos recibidos en la cárcel: Juan Asumu Sima, Juan Ondo Nguema y Francisco Abeso Mba. Otros varios fueron hospitalizados por consecuencia de los malos tratos recibidos: Lorenzo Asú Nguema, Roque Nve Nso, Salomón Ovenga, etc.

En junio de 2003, los presos fueron presionados para que firmaran una carta autoinculpatoria pidiendo clemencia al presidente Obiang, y el líder opositor Felipe Ondo Obiang fue trasladado secretamente en junio de la cárcel de Black Beach a la de Evinayong, en el interior del país, donde permanece desde entonces en condiciones penosas.

Tras el indulto de Plácido Micó en agosto de 2003, nuevas detenciones y torturas por motivos políticos han sido realizadas: en noviembre de 2003 se detuvo al sacerdote Bienvenido Samba Momesori y al corresponsal de prensa Rodrigo Angüe Nguema.

En diciembre de 2003, el Presidente Obiang volvía a desatar otra oleada de detenciones contra más de un centenar de ciudadanos militares y civiles, incluyendo a altos miembros del régimen y mandos militares. Fueron sometidos a un consejo de guerra a puerta cerrada y muchos de ellos condenados, sin causa demostrada, a penas de seis a treinta años de prisión, sin ningún respeto a los procedimientos judiciales legales.

En marzo de 2004 se realizó una redada contra los extranjeros, en un arrebato de xenofobia generalizada, varios de los cuales fueron expulsados del país sólo con lo puesto, que estuvieran en situación ilegal o perfectamente documentados. Asimismo, el 4 de marzo, un nutrido grupo de agentes de la Seguridad encapuchados secuestraba en su domicilio a Weja Chicampo Puye, líder Bubi, Coordinador General del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioco, actualmente recluído en el penal de Black Beach sin cargo oficial.

En el tema de las libertades civiles, la libertad de expresión y de prensa son desconocidas del guineoecuatoriano. En todo el país no hay una librería digna de este nombre. No hay ningún periódico diario. Los periodistas viven un acoso permanente en el país, cuando no son obligados a exiliarse en el extranjero. La radio y la televisión nacionales, inaccesibles a la oposición, son utilizadas como instrumentos de propaganda permanente del régimen. Simón María Nsue Mokuy, ciudadano ordinario, fue secuestrado en enero de 2003 y abandonado durante más de dos meses en un edificio solitario anexo al penal de Black Beach por haber distribuido información recibida a través de Internet.

La ley de asociaciones de Guinea Ecuatorial sirve, en realidad, para restringir la posibilidad para la población de asociarse. La libertad de reunión y de asociación pacíficas no existe en Guinea Ecuatorial. El objetivo del régimen es controlar todo lo que significa grupo de personas organizadas. No hay asociaciones ni colegios profesionales. Sigue sin haber un solo sindicato en Guinea Ecuatorial. Los órganos de los partidos políticos, a pesar de los acuerdos firmados con el gobierno, no pueden reunirse normal y libremente en la periferia por las amenazas y el hostigamiento de las autoridades locales.

La libertad de circulación por el país y al extranjero sigue siendo sistemáticamente violada. El país entero está salpicado de barreras fijas y móviles que controlan los movimientos de la población. Ningún funcionario puede desplazarse dentro ni fuera del país sin autorización especial de la administración. A inicios de marzo, el Gobierno impidió al Secretario General de CPDS, Plácido Micó, viajar a una reunión de la Internacional Socialista en Abidjan.

Los derechos políticos de los guineoecuatorianos son totalmente ignorados por el Gobierno. Los acuerdos firmados y revisados varias veces con la Oposición nunca le han servido de referencia en sus actuaciones. La República de Guinea Ecuatorial, oficialmente multipartidista, funciona exactamente como un régimen de partido único, con una drástica y sistemática represión hacia la oposición política.

Todos los procesos electorales son fraudulentos, siempre organizados en clima de terror, intimidando a la población con presencia militar masiva. El Gobierno nunca ha permitido la presencia de observadores internacionales neutrales en los procesos electorales que se han desarrollado en el país. En Guinea Ecuatorial, no existe la posibilidad de que el pueblo pueda cambiar a sus gobernantes por la vía pacífica.

En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, a pesar del fuerte crecimiento económico que experimenta el país gracias a la explotación del petróleo, la mayor parte de la población sigue viviendo en condiciones de extrema miseria, en las que los derechos a la salud, a la educación o a la igualdad de género se ven permanentemente socavados. En cuanto al derecho al trabajo, el gobierno ha puesto en marcha diferentes mecanismos para excluir de cualquier puesto de trabajo, público o privado próximo del poder, a todo ciudadano que no tuviera afinidad con el partido en el poder.

Los atropellos de las fuerzas de seguridad del Estado contra los ciudadanos son cotidianos. Citemos simplemente el caso de estos habitantes de Malabo que sufrieron en abril de 2003 la demolición de sus viviendas situadas en las inmediaciones del palacio presidencial, sin previo aviso ni compensación económica. En octubre de 2003 se destruyó en Bata una cincuentena de viviendas en las cercanías del hospital general, en cumplimiento de órdenes directas del presidente Obiang, por la supuesta razón de que los dueños de las casas carecían de autorización para construir en el lugar. No sólo no se les concedió tiempo prudencial para desalojar sus pertenencias sino que tampoco se les acordó indemnización alguna. Sigue sin realizarse ninguna obra en aquel lugar.



Fuente: ASODEGIE

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