Document Nord-Sud XXI






COMISION DE DERECHOS HUMANOS
60° período de sesiones
Punto 11 del orden del día
Ginebra 15 de marzo 25 abril 2004


INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUINEA ECUATORIAL

ELABORADO POR PERIODISTAS INDEPENDIENTES















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Introducción

El presente informe ha sido elaborado con el objetivo de dar a conocer la lamentable situación por la que atraviesa la República de Guinea Ecuatorial, agravada desde que fuera retirado el mandato del Representante especial de la Comisión, don Gustavo Gallón, en abril del 2002, según resolución adoptada por la Comisión de derechos humanos en su 58° periodo de sesiones (E/CN.4/2002/L.20).

Guinea Ecuatorial ha sido detalladamente estudiada y presentada a la Comisión por los antiguos Relatores Especiales y el Experto Independiente que habían sido designados ininterrumpidamente por la Comisión desde 1979 y, desde ese año hasta el 2002 todos los expertos coincidieron en señalar en sus informes las muy graves violaciones registradas en el respeto de los derechos humanos en ese país, resaltando también que la mayoría de las recomendaciones dadas al gobierno guineoecuatoriano no eran llevadas a la práctica.

Contra todo pronóstico, dada las detenciones arbitrarias y masivas llevadas a cabo por el Gobierno en marzo del 2002, días antes del inicio del 58° periodo de sesiones de la Comisión, la misma resolvió retirar su supervisión y vigilancia al país africano y desde este momento hasta al actual se ha recrudecido y empeorado aún más el nivel de las violaciones sistemáticas de los derechos de los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros. De modo que, hoy más que nunca, Guinea Ecuatorial se asemeja a una institución penitenciaria donde no se contempla ningún derecho, ley o norma y sí se practica, con total impunidad, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura, el asesinato selectivo, la intimidación, la represión y todo lo que conlleva la práctica de un régimen dictatorial.

En Guinea Ecuatorial, ninguna institución pública da cuenta, mediante una publicación, de sus actuaciones y normas. Tal como han insistido los diferentes relatores de las Naciones Unidas, no existe un Boletín Oficial del Estado. Tanto normas como actuaciones gubernativas así como de otras instituciones públicas se leen por radio y televisión, como medio suficiente para que éstas se conozcan y observen. El desconocimiento de las mismas por la ciudadanía se aprovecha para interpretarlas por el Gobierno arbitrariamente, dejando indefenso al ciudadano.

No existe independencia judicial, los jueces son designados por el Presidente sin tener en cuenta su capacitación, y pueden ser igualmente destituidos. Eso tiene como consecuencia la permanencia de un régimen jurídico adicto y fiel al primer mandatario del país. Las fuerzas de seguridad del Estado actuan bajo las órdenes del Presidente, provocando también una constante confusion de sus atribuciones y responsabilidades.

Por todo ello, conocedores de dicha situación por nuestra actividad profesional, habiendo leido informes elaborados por organismos, asociaciones y entidades diversas y, sobre todo, escuchado los testimonios de numerosas víctimas que han sufrido y sufren dicho estado represivo, hemos decidido ponerlo en conocimiento de la comunidad internacional por medio de esta Comisión para dar término a esta situación y que estos hechos no queden impunes.






Antecedentes

Guinea Ecuatorial es un país de 28.000 km2 con dos regiones principales, una insular y otra continental. Cuenta con una población que no supera el medio millón. Destacan cinco grupos étnicos : fang, bubi, ndowe, bisío y anobonés.

Colonia española en el Golfo de Guinea, el país accede a la independencia en 1968, año en el que se celebran las primeras elecciones resultando electo Francisco Macías, cuyo régimen evolucionó hacia una dictadura dando lugar a su derrocamiento en 1979 por el entonces teniente coronel y ministro de defensa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, desde entonces presidente de la República.

Desde entonces se han realizado diversos ajustes institucionales. En 1981 fue adoptada una nueva Constitución que a su vez fue reformada por otra, sometida a referéndum en noviembre de 1991. Esta última fue severamente criticada por el entonces Experto Independiente de la Comisión de Derechos Humanos, debido, entre otras cosas, a que estableció inmunidad absoluta para el jefe del Estado « antes, durante y después de su mandato » (ver E/CN.4/1992/51, párr.11).

En 1987, el presidente Obiang funda el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), único partido legalmente reconocido en el país por más de cinco años. Fue en enero de 1992 cuando se expide una ley que permite la conformación de otros partidos. Se legalizan algunos de ellos : Unión Popular (UP), Partido del Progreso (PP), Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), Acción Popular (AP), Convergencia Social Democrática y Popular (CSDP), Partido Liberal (PL). En marzo de 1993, se firmó entre ellos y el Gobierno un Pacto Nacional, en el que el ejecutivo se comprometía a garantizar el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos. El incumplimiento sistemático de dicho Pacto dió lugar a que los partidos de la oposición boicotearan las elecciones legislativas de noviembre de 1993.

En 1995, se aprobó una nueva ley electoral bajo la cual la oposición ganó las elecciones municipales, siendo invertidos los resultados por el poder. En 1996, se celebran eleeciones presidenciales en las que se proscribe al candidato de la Plataforma de la Oposición Conjunta (POC), el presidente Obiang « obtuvo » el 99 % de los votos. En marzo de 1999, se celebraron eleciones legislativas previstas inicialmente para noviembre de 1998, siendo éstas, una vez más, manipuladas por el poder y calificadas de fraude por la oposición, negándose ésta a tomar posesión de los escaños que le fueron asignados por el Gobierno.

En resumen, el ambiente descrito anteriormente ha sido el que siempre ha caracterizado la actuación del régimen sobre todo en vísperas de convocatorias electorales, en donde el poder actua como un régimen de partido único, representado por el PDGE y con absoluta intolerancia y máxima represión hacia los partidos de la oposición que sufren una situación de hostigamiento permanente que les impide desarrollar sus actividades con normalidad. Estas trabas e impedimentos se traducen en :

· Detenciones arbitrarias a candidatos y militantes opositores.
· Limitación permanente de libertad de movimiento.
· Obstaculización para reuniones políticas y celebración de mitines.
· Hostigamiento permanente de las autoridades periféricas
· Campaña sistemática de intimidación y represión contra la población.
· Presencia militar intimidatoria en los lugares de voto.
· Voto público.
· Irregularidades en el censo y en la contabilidad de votos.
· Torturas, malos tratos y represalias hacia los partidos y simpatizantes de la oposición.

La práctica de estas violaciones es posible por la ausencia de un consistente Estado de derecho, en lugar del cual existe una concentración de poderes en el Ejecutivo. Este se encuentra respaldado, como ya se ha señalado, por el partido del Gobierno, PDGE, que controla hasta los puestos de empleo en el Estado y en la empresa privada. Además, está reforzado por la actuación prepotente de las fuerzas militares que no se diferencian de las de policía, y que ejercen incluso atribuciones judiciales sobre los civiles.



Represión generalizada

La condición de detenido, por cualquier sospecha, por más infundada que ésta sea, supone general y sistemáticamente sufrir malos tratos; las torturas son objeto de conocimiento público y de mayor atención cuando implican a detenidos por motivos políticos. Desde 2002, fecha en que se retiró el seguimiento del Relator Especial, el régimen guineano ha practicado sistemáticamente y en número creciente acciones que contravienen el respeto de los derechos humanos. Como ejemplo se destacan los siguientes casos:

El 14 de marzo del 2002, el Presidente Obiang desata una oleada de detenciones extrajudiciales de dirigentes y miembros de la oposición, principalmente del partido político Fuerza Demócrata Republicana (FDR) y sus familiares, pero también de los partidos Convergencia para la Democracia Social (CPDS) y Unión Popular (UP), antes de someter a 144 de entre ellos a un juicio político y condenar a 66 de ellos, sin causa justificada, a varios años de prisión. Entre éstos presos se encontraban Plácido Micó Abogo, Secretario General de CPDS, Felipe Ondo Obiang y Guillermo Nguema Ela, co-fundadores de FDR. Varios condenados en este juicio han muerto a consecuencia de los malos tratos recibidos en la cárcel: Juan Asumu Sima, Juan Ondo Nguema y Francisco Abeso Mba son algunos de los fallecidos en la siniestra cárcel de Black Beach de Malabo. Los demás siguen purgando penas y sufriendo vejaciones y torturas según la volutad del Presidente Obiang.

El día 9 de junio del 2003, Felipe Ondo Obiang es trasladado desde la cárcel de Black Beach, Malabo, a la prisión de Evinayong, en Río Muni, a unos 150 Km de Bata. Se le traslada, con nocturnidad, atado y habiendo sido repetidamente golpeado. En la actualidad se encuentra en régimen penitenciario férreo y en penosas condiciones sanitarias, sin la atención médica que requiere su lamentable estado de salud como consecuencia de las torturas. Por otra parte los otros presos políticos de Black Beach Malabo, entre ellos Plácido Mico (hoy liberado) y Guillermo Nguema, fueron objeto de presiones desde la fecha del traslado de Felipe a otra prisión, con la intención de que firmaran una carta de autoinculpación y arrepentimiento para que pudieran beneficiarse de un indulto. Algunos familiares de los detenidos fueron también objeto de acoso y vejación sexual.
Como lo vienen señalando diferentes informes, los agentes del régimen del Presidente Obiang matan con absoluta y total impunidad, tanto a los ciudadanos de este país como a los extranjeros. Así por ejemplo, el día 2 de febrero del 2003, un militar puesto en la barrera de Mbon Ecua, distrito de Mongomo, conocido por Jesús, asesina a una joven cooperante española de 22 años, Ana Isabel Sánchez Torralba. Como suele ser habitual en Guinea Ecuatorial, no ha trascendido, de forma oficial, el resultado de las investigaciones al respecto.
De la misma manera, el régimen, con el pretexto habitual de intento de golpe de Estado, ha vuelto a organizar detenciones masivas en el pasado mes de diciembre del 2003, con el encarcelamiento de altas personalidades, civiles y militares, que fueron posteriormente sometidos a un juicio sumarísimo en febrero de 2004. Entre los procesados se encontraban Antonio Fernando Nvé Ngu, ministro portavoz del Gobierno ; Elías Ovono Nguema, diputado del PDGE ; Policarpo Monsuy Mba, ex-embajador en China; Jesús Ngomo, teniente coronel jefe de Estado Mayor ; Inocencio Ngomo Ondo, contralmirante, etc. El diputado del partido gubernamental, German Pedro Tomo, que pudo huir del país y pidió asilo político en Madrid, acusó al presidente Obiang de ordenar detener y disparar a quienes piden la liberación de presos en su país. Fue el propio jefe de Estado guineano y primer magistrado del país quien impuso las sentencias definitivas.
Estas detenciones comenzaron a consecuencia de la iniciativa tomada por un grupo de personalidades, todas de Mongomo, distrito natal del presidente Obiang, de enviar un manifiesto al jefe de Estado en el que pedía el cese de las arbitrariedades ; la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres democráticas y transparentes.
A principios del presente mes de marzo, a raíz de un supuesto intento de golpe de Estado proyectado por supuestos mercenarios, el régimen de Malabo desató una nueva oleada de detenciones tanto a miembros de la oposición como a extranjeros. En una reunión mantenida por el ministro del Interior, Clemente Engonga, con miembros de la oposición éste se refirió a una tentativa de invasión mercenaria y a un golpe de Estado. Días antes de este anuncio, moría en circunstancias, aún no aclaradas, el director general adjunto de la seguridad presidencial, Diosdado Nguema Eyi, uno de los hombres más temidos del régimen, conocido torturador y estrecho colaborador del presidente Teodoro Obiang. Por otro lado, era violentamente secuestrado de su domicilio por unos encapuchados el opositor bubi, Weja Chicampo, coordinador del MAIB (Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko). Actualmente éste se encuentra en la cárcel de Black Beach en un estado preocupante de salud como consecuencia de las torturas que se le han practicado. También hay que destacar que en esos días el ministro del Interior, Clemente Engonga, “invitaba” a los extranjeros que trabajan como taxistas a colaborar como confidentes policiales, advirtiéndoles que evitaran “ ir contra la seguridad del Estado” e instándoles a permanecer “vigilantes” y que señalaran “a los servicios de seguridad de cualquier indicio que pudiera alterar la tranquilidad reinante”.
Desde las filas de la oposicion se calificó este encuentro de lamentable y se señaló que “el gobierno sigue empeñado en convertir o mantener a Guinea Ecuatorial en una situación de Estado policial, en el que lo primero que se inculca a los ciudadanos es a vigilarse unos a otros, a delatarse unos a otros inventando acusaciones”.
El dirigente opositor, Plácido Micó, recordó que después de destruir lo que es la base misma de la convivencia social y la confianza necesaria entre los integrantes de una sociedad, la familia, donde el padre vigilaba al hijo y viceversa, el jefe del Estado guineano, ha recurrido a los extranjeros, ante la negativa de los nacionales a ejercer de delatores.
Tras el anuncio del supuesto golpe de Estado se han practicado numerosas detenciones de extranjeros. Los registros y detenciones en los domicilios, sin orden judicial, como suele actuar el régimen, se han realizado a altas horas de la noche forzando las puertas de las viviendas. Se desconoce el número de personas detenidas, tanto nacionales como extranjeros. Hay que destacar, sin embargo, la muerte de un ciudadano alemán, Gerahrd Eugen Merchz, uno de los supuestos « mercenarios » detenidos el pasado día 7 de marzo.
Las primeras consecuencias del clima de tensión instaurado en el país por el régimen, se han observado por los impedimentos y obstáculos que éste ha puesto a las candidaturas de los partidos de la oposición en el marco de las elecciones legislativas y municipales previstas para el próximo 25 de abril, lo cual se interpreta como un claro objetivo de excluir a los partidos de la oposición democrática.

Discriminación de Género
La mujer en la sociedad guineana es la base del núcleo familiar y la que desempeña las actividades esenciales del mismo. Por ello es la primera víctima de la deteriorada situación socio-económica que atraviesa el país. Teniendo en cuenta el deficiente e inexistente panorama laboral, la mujer contribuye enormente al sostenimiento de la familia dedicándose a una actividad productiva en mercados y agricultura, como única alternativa para paliar la falta de ingresos por parte de los demás miembros de la familia. A pesar de sus esfuerzos, la mujer guineana no goza ni de derechos ni de reconocimiento. El Gobierno nunca ha contribuido al desarrollo y mejora de la situación del colectivo femenino, sino que lo frena, impide e incluso fomenta la marginación y explotación de la mujer, utilizándola como instrumento de animación en mítines y reuniones propagandísticos y también en la prostitución. Se puede decir que la prostitución, incluso infantil, está siendo alentada por el propio régimen. En los meses de verano se nota un incremento notable de mujeres, esposas y parientes de personalidades guineanas en Madrid y otras ciudades españolas con el fin de ejercer la prostitución.
Existen numerosos casos que muestran que los representantes del régimen no dudan en utilizar la violencia contra mujeres y madres de familia que desarrollan actividades manteniendo su dignidad. Este ha sido el caso concreto de las mujeres de asamsee en Malabo. El pasado enero las mujeres vendedoras de ropa usada (asamsee) fueron brutalmente atropelladas por efectivos de la policía antidisturbios de Malabo cuando protestaban pacíficamente por la destrucción de las casetas en las que vendían su mercancia. El alcalde de Malabo había ordenado la demolición de los puestos de venta sin antes buscar un nuevo lugar a las vendedoras. Este tipo de actuación muestra la indefensión de los ciudadanos del país ante las arbitrarias decisiones de las autoridades.
Otro ejemplo, es el de un grupo de mujeres residentes en Bata, que vieron la posibilidad de explotación agrícola ubicada en Mikomeseng. Una vez iniciado el proyecto con resultados favorables y llegado el momento de recoger la cosecha, el delegado de Gobierno de dicho distrito les notificó que debían abandonar dicha explotación por no ser residentes de ese distrito. Ordenó la detención de una de las promotoras del proyecto.

Impunidad y Corrupción
La situación económica general de Guinea Ecuatorial es teóricamente muy bollante, con la mayor tasa de crecimiento económico del mundo. Guinea Ecuatorial es hoy el tercer país de Africa negra en producción petrolífera. Sin embargo, los ingresos generados por la explotación de los ricos yacimientos de petróleo, a juicio del presidente guineoecuatoriano, son materia reservada y no deben figurar en el presupuesto del Estado.
El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que elabora Estados Unidos, en el capítulo dedicado a Guinea Ecuatorial, se señala que el dinero del petróleo beneficia sobre todo a funcionarios gubernamentales. El informe resalta el alto crecimiento económico del país, pero reconoce a continuación que se debe en su mayoría a un aumento de la producción del petroleo y además afirma que los ingresos por el crudo no han beneficiado al conjunto de la población y, añade que “el pobre control fiscal y la falta de transparencia en la contabilidad de las finanzas publicas han debilitado el potencial económico del país”.

El documento de Washington insiste en que hay “poca evidencia “ de que el Gobierno haya invertido la riqueza del petroleo nacional “en el bien público“ y que “ la mayoría de la riqueza del petróleo parece haberse concentrado en las manos de los principales funcionarios gubernamentales mientras la mayoria de la poblacion sigue en la pobreza” .

El documento recalca que “la mayor parte de la ayuda economica exterior ha sido suspendida debido a la ausencia de reformas económicas y la pobre trayectoria del Gobierno en materia de derechos humanos”.

El documento difundido por el Departamento de Estado indica que, aunque ese país es, en teoría, una democracia multipartidista, “en la práctica, el presidente Teodoro Obiang Nguema y el pequeño grupo de Mongomo, de la mayoría fang, que ha gobernado desde la independencia, hace 36 años, domina el Gobierno”. El informe subraya que la situación de los derechos humanos sigue siendo pobre y que los ciudadanos del país africano « siguen teniendo una limitada capacidad » para cambiar su gobierno de forma pacífica. El documento indica el hecho de que el año pasado hubo menos informes sobre torturas y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, EE.UU señaló que los abusos de las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo durante el 2003 “numerosos abusos incluyendo tortura, palizas y otros abusos físicos de prisioneros y sospechosos, que en ocasiones resultaron en muertes”. Abundando en este informe, se destaca que en general, los agentes cometen “con impunidad, esos abusos, entre los que también se incluyen la detención arbitraria e incomunicada”, mientras que el sistema judicial “ha fracasado repetidamente” en garantizar el proceso debido.


De espaldas a la ONU

Por otro lado, hay que destacar que en octubre del pasado año, el gobierno de Guinea Ecuatorial, no se presentó en Ginebra ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para responder a las acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos, razón por la cual los 18 expertos de este Comité decidieron tratar el caso y proceder a un dictámen.

Tras la evaluación dicho Comité sancionó y acusó al gobierno de Guinea Ecuatorial de la practica sistemática de la tortura y de sostener una cultura de impunidad en favor de los autores de violaciones de derechos humanos.

En esta oportunidad el Comité reunió pruebas contra el régimen que encabeza Teodoro Obiang Nguema, haciéndolo responsable de la existencia de centros de detención semiclandestinos, los llamados “barracones”, donde se practican detenciones ilegales y la tortura para conseguir confesiones de los prisioneros.

Otras conclusiones del Comité:

No hay poder judicial independiente en Guinea Ecuatorial. No existe separación entre los poderes ejecutivo y judicial. No se observan garantías que los civiles sean juzgados solamente por tribunales civiles y no por tribunales militares. El nombramiento y revocación de magistrados no se ajusta a los principios de Naciones Unidas.

Ausencia de garantías para la libre circulación en Guinea Ecuatorial. Existen barreras controladas por las fuerzas de seguridad que impiden el desplazamiento de ciertas personas por el territorio, llegando incluso a extorsionarlas y confinarlas. Existen además impedimentos y visados para salir del país y viajar al extranjero.

La falta de libertad de expresión en Guinea Ecuatorial impide que los electores ejerzan con garantías el sufragio universal, igual y secreto. El gobierno no trata a todos los partidos políticos por igual y no les da las mismas oportunidades para llevar a cabo sus actividades legítimas.


Llamamientos urgentes de la ONU:

Durante el periodo comprendido entre el 2002 y el 2004, las Naciones Unidas han realizado diversos llamientos al gobierno de Guinea Ecuatorial ante la grave situación padecida por ciudadanos detenidos ilegal y arbitrariamente por las fuerzas de seguridad.

El 4 de junio del 2003, la ONU notifica al Gobierno el caso de Juan Asumu Sima, de 80 años, muerto en la cárcel de Black Beach, como consecuencia de los malos tratos recibidos.

El 8 de octubre del 2003, la ONU recuerda al Gobierno varios casos transmitidos desde 1998 al 2002, respecto a los cuales no se había recibido respuesta.

Desde el 25 de septiembre del 2002 hasta el momento, han sido múltiples los llamamientos urgentes de las Naciones Unidas al gobierno de Guinea Ecuatorial sobre la situación de Felipe Ondó Obiang.

El 31 de octubre del 2003, la ONU hace un llamamiento urgente sobre la situación de Bienvenido Samba Momesori, un pastor protestante detenido por miembros de las fuerzas de seguridad el 26 de octubre de 2003 en Malabo. No ha sido visto desde entonces.
Por carta con fecha 22 de octubre del 2003, la ONU expresa su interés en que un Relator Especial visite Guinea Ecuatorial y solicita al Gobierno una invitación para ello. No se recibió ninguna respuesta a dicha comunicación.


Libertad de expresión y de prensa

Como ya se ha destacado, en Guinea Ecuatorial está sistemáticamente prohibido todo tipo de ejercicio de libertades y una de ellas es el de poder expresar libremente, cualquier opinion que pueda ser, a juicio de las autoridades, un disentimiento o crítica al regimen. Por tanto, si estas libertades se restringen o prohiben a los ciudadanos mucho menos se dejan ejercer por los profesionales de la información que se ven sometidos, no ya a la censura de sus trabajos sino directamente a la persecución y a veces a la pérdida de su libertad como el caso reciente de Rodrigo Angüe Mba, corresponsal de la agencia France Press. Aunque oficialmente no se precisó los motivos de su arresto parece ser que estuvo relacionado con un despacho de la agencia FP fechado en Malabo y en la que el citado periodista se hacia eco de unos rumores de golpe de Estado que circulaban insistentemente. Al igual que circularon rumores sobre la detención de Rodrigo y el Gobierno lo negó reiteradamente hasta varias semanas después en que se se supo que el periodista se encontraba en las dependencias de Black Beach donde recibió torturas y malos tratos. Hasta el momento este informador no ha recibido escrito ni explicación oficial alguna de su detención. La única asociación de prensa de Guinea Ecuatorial (ASOPGE) ha sido disuelta. No hay ningún periódico diario. Ni siquiera el Boletín Oficial del Estado es publicado con regularidad. Las leyes se publican simplemente por radio. Los periodistas viven un acoso permanente en el país, y se ven obligados a exiliarse en el extranjero. Es el caso de Pedro Nolasco, Joaquín Mbomio Bacheng y Donato Ndongo Bidjogo. La radio y la televisión nacionales son inaccesibles a la oposición y sirven como instrumentos de propaganda permanente del régimen.

Simón María Nsue Mokuy, ciudadano ordinario, fue secuestrado en enero de 2003 y abandonado durante más de dos meses en un edificio solitario anexo al penal de Black Beach por haber distribuido información recibida a través de Internet.
En todo el país no hay una librería; algunos quioscos de baratijas, venden a veces alguna revista.


Libertad de reunión y de asociación

La ley de asociaciones de Guinea Ecuatorial sirve, en realidad, para restringir la posibilidad a la población del derecho de asociación. Todo intento de creación de una asociación en Guinea Ecuatorial es sistemáticamente asimilado a la constitución de un grupo de conspiradores. No existen siquiera asociaciones profesionales. El Colegio de Abogados, que sobrevivía difícilmente, fue disuelto. En 36 años de independencia aún no se ha legalizado ningún sindicato en Guinea Ecuatorial. El régimen controla y prohíbe cualquier grupo de personas que deseen organizarse. Incluso Los órganos de los partidos políticos no pueden reunirse en la periferia por las amenazas y el hostigamiento de las autoridades locales.


Libertad de circulación

Esta libertad sigue siendo sistemáticamente violada en las múltiples barreras militares diseminadas por todo el país y que controlan los movimientos de los ciudadanos. En los vuelos nacionales entre Malabo y Bata se establecen rigurosos e inexplicables controles policiales y aduaneros en los aeropuertos.
Según un informe de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS), único partido opositor que malsobrevive a los múltiples acosos de represión, división e ilegalización a los que ha sometido sistemáticamente el régimen a la oposición democrática, durante la última campaña electoral, murió un miembro de la Ejecutiva Nacional de CPDS, Avelino Abaha Elo, con su acompañante Alberto Nguema Ndong, después de que su itinerario hubiera sido modificado obligatoriamente por los militares en una barrera en el distrito de Aconibe. Un grupo de mujeres del partido CPDS tuvo muchas dificultades el 23 de marzo de 2003 para salir de Malabo y participar a un seminario en Madrid.

Por todo el país se establecen barreras, fijas y móviles, que controlan los movimientos de la población y que suelen desaparecer cuando se sabe que va a llegar algún observador internacional. A título de ejemplo, en la Región continental del país, se pueden contar:
· Bata – Ebibeyín, 227 km: 7 barreras
· Bata – Mongomo, 228 km: 5 barreras
· Bata – Nsok, 295 km: 7 barreras
· Bata – Acurenam, 201 km: 4 barreras
· Bata – Acalayong (Kogo), 145 km 6 barreras
· Bata – Rio Campo (70 km) 4 barreras
En los últimos meses el número de estas barreras ha ido en aumento.

La misma formación opositora señala también que el presidente Obiang se ha negado a realizar las elecciones de los presidentes de los consejos de poblado y comunidades de vecinos, verdadero baluarte del sistema represivo y de los fraudes electorales, incumpliendo así las recomendaciones de organismos internacionales como la Unión Europea, y la propia ley por la que crearon dichas instituciones.

Según CPDS, el esfuerzo del Gobierno no ha ido en el sentido de cumplir las recomendaciones de los organismos internacionales, sino de evitar y obstruir la observación:


El derecho a la salud

Resulta prácticamente imposible conocer las verdaderas tasas de los principales indicadores sanitarios del país, al carecer de registros fiables y verificables, y en ausencia de estudios epidemiológicos prospectivos controlados. Todos los hospitales carecen de equipamiento adecuado. La incidencia del Sida crece a pasos agigantados, notándose ya verdaderos estragos en la población, sobre todo en la juventud. Sin embargo, no se observa ningú esfuerzo de los poderes públicos por informar y educar a la población. No existen medicamentos antiretrovirales ni política establecida para traerlos al país. Los pacientes de sida con medios económicos reciben tratamiento en el extranjero. Las mujeres aparecen más afectadas por el Sida que los hombres


El derecho al trabajo

El acceso al mercado de trabajo es absolutamente precario e informal. En Guinea Ecuatorial no existen estadísticas de nada, por lo que no se puede conocer ni el número de personas que demandan empleo, ni el de los ocupados ni el de los parados.
El régimen que gobierna el país ha puesto en marcha diferentes mecanismos destinados a excluir de cualquier puesto de trabajo, público o privado próximo al poder, a todo aquel que no tenga afinidad con el partido gobernante, el PDGE. La posesión del carné del PDGE es condición indispensable para obtener un puesto de trabajo.

Las multinacionales extranjeras, particularmente las que operan en el sector del petróleo, contribuyen grandemente a la violación de este derecho fundamental. Esto ocurre con todos los dirigentes y con la mayoría de los militantes de la oposición.

Por otra parte, los propietarios de las empresas privadas que hay en el país o son los familiares del Presidente o están en el PDGE, o simplemente son los prohombres del régimen.


El derecho a la educación

Este derecho también registra graves violaciones en Guinea Ecuatorial. Como: tráfico y trueque de notas a cambio de relaciones sexuales, exclusión de algunos liceos y colegios de hijos o familiares de miembros de la oposición. El acceso a las becas de estudios superiores en el extranjero queda abierto principalmente a los hijos y familiares de los grandes dignatarios del régimen, incluyendo las becas concedidas por las multinacionales del sector petrolífero y algunas agencias de cooperación.



Petición a la Comisión de Derechos Humanos
en su 60° Periodo de Sesiones:

Por todo lo expuesto y por otros muchos casos que hemos obviado u omitido por razones de espacio, solicitamos que con carácter urgente, se tomen medidas, en el marco de la Comisión, para poner término al estado de terror organizado que se sigue observando en Guinea Ecuatorial, cuyo Gobierno ha incumplido reiteradamente las recomendaciones que le han sido hechas por la Comisión de derechos humanos. También solicitamos que las Naciones Unidas procedan de nuevo al nombramiento de un Relator Especial para Guinea Ecuatorial.





Fuente: Periodistas Independientes, Nord-Sud, Foro Solidar

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