GUINÉE EQUATORIALE/LIBERTÉ DE PRESSE
RAPPORT AVRIL-JUILLET 2004
ASOPGE-Libre
ASOCIACIÓN PARA LA LIBERTAD DE PRENSA
Y DE EXPRESIÓN EN GUINEA ECUATORIAL
Introducción
El próximo día primero de septiembre se inaugura la tercera legislatura parlamentaria en lo que va de los trece años de la proclamación oficial del denominado proceso de “transición democrática” en Guinea Ecuatorial y, en ella, el hasta ahora emblemático partido interno de la resistencia contra la dictadura formará parte, por vez primera, en la Asamblea progubernamental salida, como las otras dos anteriores, de farsas y fraudulentas elecciones legislativas, llevadas a cabo juntamente con las municipales, el 25 de abril de 2004.
La CPDS, Convergencia Para la Democracia Social, considerada en los últimos tiempos como único contrapeso de la dictadura de Teodoro Obiang, participará en la tercera legislatura con tan sólo dos escaños, representados por sus pesos pesados, Plácido Mikó Abogo, Secretario General y Celestino Bonifacio Bakale, ex candidato a las presidenciales de 2002 y jefe de las Relaciones Internacionales.
La decisión ha cogido de hombros a todos, y cuya razón se explica en el seno del propio partido como “decisión política” y, como era de esperar, ha sido criticada dura y ampliamente por muchos sectores de la sociedad guineana, tanto en el interior que en la diáspora.
La sorpresa es tal porque se produce en momentos y circunstancias en que la cruda situación sociopolítica del país requiere ahora, en opinión de los observadores imparciales, estrategias tan firmes como inteligibles en la lucha política contra el intransigente régimen del déspota Teodoro Obiang Nguema que, en los últimos dos años, ha revolucionado el vandalismo y la persecución contra la más mínima sospecha de reivindicación de cambio de rumbo político, que exige el conjunto de la población.
La represión de los últimos años ha adquirido tal auge hasta el extremo de que el Gobierno se ha visto obligado a ampliar su destartalada infraestructura carcelaria, para emplazar más celdas, debido a la detención de un número cada vez mayor de ciudadanos, que no han cometido otros delitos que el uso de las libertades públicas, fundamentalmente de expresión, opinión y asociación, contemplados en la Constitución y en los Convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado.
En la actualidad, Guinea Ecuatorial alberga la mayor prisión de presos políticos y de opinión de la región de África Central, con cerca de un centenar de reclusos, muchos de ellos fueron secuestrados, detenidos extrajudicialmente o condenados por una justicia bananera, en ausencia de las mínimas garantías judiciales.
Este pequeño país, rico en hidrocarburos y expoliado por los dirigentes de turno y las multinacionales occidentales, vive los peores momentos de su larga historia dictatorial después de que en marzo de 2004 el Gobierno denunció la enésima tentativa de golpe de Estado, atribuida a la oposición del exilio y los servicios de espionaje de Gran Bretaña, Estados Unidos y Reino de España.
La reacción ha sido espectacular. Un ejército hambriento y desorganizado fue decretado en estado de alerta máxima y como resultados, han sido abatidos indiscriminadamente alrededor de una veintena de ciudadanos en los controles rutinarios, bajo el pretexto de “integridad” y “defensa” de la patria.
Como si fuese poco, el demoledor informe “Carl Levin” del Subcomité de Investigaciones del Senado sobre escándalos financieros y despilfarro de los ingresos petrolíferos por parte del presidente, familia y colaboradores no ha hecho sino aumentar el nerviosismo del régimen, cuyas primeras reacciones han sido la puesta en cuarentena del escasísimo margen de libertades de expresión y de opinión, prohibiendo incluso el uso de las antenas parabólicas por vía satélite.
El informe “Carl Levin”, cuya cobertura mediática en la prensa occidental puede considerarse como la más amplia sobre los excesos de poder que a menudo se registran en Guinea Ecuatorial, parece haber incidido en la ya debilitada imagen de la dictadura. El presidente, familia y colaboradores, tenían escondidos alrededor de 5.000 billones de Francos CFA (700 millones de dólares) en el banco Riggs Bank de Washington. El régimen considera esa información “no apta” para sus súbditos y ha anunciado acciones judiciales contra la Televisión española que hizo eco de ella y cuyos canales se captan desde Guinea Ecuatorial mediante antenas parabólicas por vía satélite.
El régimen no sólo pretende amedrentar a la indecisa prensa madrileña en asuntos de la ex pequeña colonia española, sino también se ha comprometido en llevar a los tribunales a los guineanos que tradujeron del inglés al español dicho informe para su publicación en los foros virtuales sobre Guinea Ecuatorial y con el tiempo no se descarta que anuncie más acciones persecutorias contra otros medios o ciudadanos sospechosos de haber incidido en la propagación del rapport “Carl Levin” para la opinión pública nacional.
Las autoridades del país considerado como el santuario de la represión política en África negra, viven con los nervios a piel de flor y las represalias no han hecho sino triplicarse contra quienes exigen el respeto de los incisos de libre expresión y de opinión contemplados en el artículo 13 de la Constitución.
Casos de violación de libertad de prensa y de expresión registrados entre abril y julio de 2004
Como recoge la introducción, este cuatrimestre ha sido especialmente reacio contra el uso de las libertades públicas en el país, ya sea por razones descritas anteriormente o porque la violación de las libertades se ha convertido en el principal ideario del sistema.
Abril de 2004
El 25 de abril se celebraron las elecciones legislativas y municipales, en medio de un clima político prácticamente hostil. Los medios de prensa occidentales, concretamente los diarios españoles, entre ellos El Mundo, no lograron entrar en el país para su cobertura mediática. La embajada de Madrid, por órdenes de Malabo, se negó en autorizar los visados de entrada al país de sus profesionales.
Consideradas como las más fraudulentas y desorganizadas registradas en el país, las pasadas elecciones justificaron de nuevo los cachetes “legales” del régimen monocultivo de Teodoro Obiang contra los derechos de la ciudadanía. La radio televisión estatal se postró, como es habitual, a los pies del partido gobernante y libró una campaña a favor del voto público, mientras recriminaba a la oposición con su acostumbrado lenguaje dogmático de “enemigos” de la patria. El PDGE, partido de Obiang, se hizo con el 98 por ciento de un “espectacular” recuento que arrojó la cifra de 130 por ciento, muy por encima de la participación. Según la oposición, prácticamente no hubo elecciones salvo en algunas zonas de Malabo, capital del país, mientras en otras el voto, o bien era público, o bien los presidentes de las mesas lo hacían en nombre de los habitantes de la zona, ausentes y difuntos, incluidos.
Coros del PDGE animan la violencia política.
Un grupo de animación del gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el “coro Antorcha de Añisok”, irrumpe las ondas de radio televisión pública desde el mes de abril con una inusitada versión titulada “Cristóbal” [actual ministro de Educación, antes de Minas y Energía]. La canción hace apología a la violencia política gubernamental contra la oposición y censura los derechos de expresión y de opinión.
La versión está en idioma fang, y sólo puede compararse [para hacer la idea de su extrema gravedad], con la incitación al odio étnico atribuido a la radio “Mil Colinas” durante el genocidio Rwandés de 1994. La traducción al español no sería tan literal como tampoco tendría el mismo impacto que se percibe cuando se escucha en fang. No obstante, algunas de las estrofas transcriben su trasfondo propagandístico contra los ciudadanos que intentan hacer uso de los derechos de la libertad de expresión y de opinión:
“Mal vives por tu boca porque/
Sueltas ‘blasfemias’ contra el régimen/
Te van a detener, te atarán y te estrujarán
como una ‘pequeña presa’ de antílope o de chimpancé/…”
La canción se emite casi a diario en las emisiones de radiotelevisión públicas, y hasta la fecha no ha sido denunciada, quizás porque se trata de Guinea Ecuatorial, país caracterizado por una dictadura salvaje, que no respeta los mínimos principios morales ni éticos.
Mayo de 2004
Expulsado del país un equipo de la televisión australiana.
A mediados del mes de mayo, cuatro profesionales del programa 60 minutos de la cadena australiana Chanal 9 fueron expulsados de Malabo por orden del entonces ministro de Estado de Información Agustín Nzé Nfumu. No hubo ninguna otra causa que el temor a que los informadores llevaran hasta sus antenas la caótica situación sociopolítica de Guinea Ecuatorial. Disponían de visados de ocho días, sin embargo el ministro les amenazó en abandonar el país, o estarían expuestos a una cárcel y a un juicio, sin que en ningún momento les explicara los motivos de tal decisión ni de los presuntos delitos cometidos.
El director Richard Carleton explicó que la expulsión fue inmediata y en el aeropuerto el hermano del presidente y jefe de la Seguridad Nacional, Armengol Ondó les requisó material profesional.
Julio de 2004
El régimen amenaza en demandar judicialmente a dos ciudadanos guineanos y a la TVE a raíz del informe Carl Levin.
El 15 de julio, un demoledor informe del Subcomité de Investigación del Senado norteamericano denunció graves escándalos de corrupción financiera contra el presidente de Guinea Ecuatorial, familiares y parte de colaboradores, que tenían escondido en el banco Riggs Bank hasta 700 millones de dólares provenientes de los recursos petrolíferos.
La prensa española, como casi gran parte de los medios occidentales, dedicó un amplio espacio a dicho tema. Pero Malabo, siempre muy alérgica a la libertad de prensa, de expresión y de opinión, se sintió molesto porque hubiera preferido que el tema pasara desapercibido en la sociedad. El canal internacional de la TVE es captada en Malabo y Bata, y gracias a ella la opinión pública nacional estuvo al corriente del caso, que los medios públicos si quiera mencionaron.
El régimen tildó a la prensa española de incitar al Senado de Estados Unidos para descalificar a Obiang y desestabilizar la democracia’. En este sentido, ha anunciado acciones judiciales contra la TVE y contra dos ciudadanos guineanos. Fernando Abaga Edjang y Celestino Okenve Ndó, residen en Estados Unidos y España, respectivamente, y habían traducido al español e insertado en los foros virtuales Guinea informaciones contenidas en el informe sobre los escándalos financieros del déspota.
Para el régimen, las conclusiones del informe del Senado estadounidense sobre las cuentas ocultas en Riggs Bank, “son una maniobra de la prensa española, cuyo objetivo es desestabilizar la democracia guineana al servicio de intereses inconfesables”, declaró el ministro Portavoz del Gobierno, Alfonso Nsue Mokuy, ante la radio televisión el 20 de julio.
Estos dos hechos muestran claramente el grado de hostigamiento y de represión que el régimen reserva contra el uso de los derechos de las libertades de prensa, de expresión y de opinión. La violencia contra quienes pretenden pensar y expresarse libremente no hace más que potenciarse en el país, máxime en estos momentos considerados como los más críticos del imperio ‘nguemista’.
El nuevo ministro de Información.
Alfonso Nsue Mokuy, antiguo periodista de medios públicos y desde 1990 dirigente de Convención Liberal Democrática, CLD, uno de los partidos apéndices del gobernante PDGE, es el nuevo ministro de Información. Después de 1993, tras las primeras elecciones Legislativas pluripartidistas, en las que su partido no logró el número de votos para acceder al Parlamento, se integró en el régimen y hace más de cinco años que es miembro de Gobierno. Junto a los partidos de la llamada oposición “domesticada”, trabajan para el lavado de imagen del sistema, ratificando los procesos electorales y defendiendo un sistema pluripartidista en el que sus propios partidos solamente tienen razón de ser en las siglas.
En mayo 2002, siendo viceministro del mismo departamento, prohibió a la ASOPGE organizar el Día Mundial de la Libertad de Prensa y más tarde pidió su ilegalización. A mediados del mismo año, tras el exilio de su presidente, forjó su institucionalización como órgano del ministerio de Información, en colaboración con el entonces ministro titular Lucas Nguema Esono, el ex secretario General del PDGE, Agustín Nzé Nfumu [también su predecesor] y algunos profesionales sumisos.
Nada bueno se espera en materia de libertad de prensa con el ascenso de Nsue Mokuy a ministro titular de Información, sino como opositor domesticado y rendido ante la política de violación de las libertades públicas, su papel proyecte más sombra sobre el ya de por sí opaco régimen de desenvolvimiento de los medios de comunicación social en la sociedad guineana.
Famoso como “el parlanchin que no dice nada”, más no se puede esperar de él que los ridículos y la torpeza demagógica por intentar defender lo indefendible. Sus primeras declaraciones contra la prensa española y los ciudadanos Celestino Okenve y Fernando Abaga, son ejemplos más que suficientes sobre el papel que está llamado a desempeñar en la política liberticida del régimen de Malabo.
“Prensa interna”
La prensa interna sigue siendo dominada por los medios audiovisuales estatales, la cadena de radio y televisión del hijo del presidente (RTV-ASONGA) y las publicaciones progubernamentales La Gaceta y El Correo, ambos de un empresario español afín a la dictadura, Roberto Martín Prieto Escolaza.
En torno a la prensa gubernamental, el periódico Ebano pasa por sus peores momentos de decadencia técnica-profesional, carente de los elementales medios para mejorar tanto el formato como los contenidos. El régimen no tiene el mínimo interés de invertir en el fomento de una prensa estatal de calidad, por temor a que surjan profesionales capacitados y competentes, capaces de sumarse a las exigencias de libertad de prensa iniciadas en 1996 por la ilegalizada Asociación de la Prensa de Guinea Ecuatorial, ASOPGE.
Entre tanto, “la muerte social” de los dos únicos periódicos independientes, El Tiempo y La Opinión, está prácticamente consumada y desde hace más de un año no han vuelto a ser publicados. La explicación hay que buscarla, a parte de las nulas oportunidades económicas, técnicas y profesionales, también en el interés de sus promotores en mantener buenas relaciones con el sistema.
3 de mayo 2004
Una buena noticia.
Nace en la diáspora el periódico independiente El Muni, editado por la Asociación para la Libertad de Prensa y de Expresión en Guinea Ecuatorial, ASOPGE-Libre. La presentación del periódico, en su número 0, tuvo lugar el 3 de mayo, coincidiendo con el acto que la sección española de Reporteros Sin Fronteras organizó en Madrid con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
El periódico está dirigido por Ramón N´’nar Nsie y Pedro Nolasco (Redactor-Jefe), dos periodistas guineanos refugiados en España. El Muni pretende especializarse en información subsahariana, y con más incidencia en Guinea Ecuatorial, considerado como el único país negroafricano donde prácticamente no existe prensa independiente ni profesionalizada.
En opinión de los propios promotores, sin embargo, se trata por el momento de un simple proyecto, cuya materialización dependerá de los medios financieros y técnicos profesionales de que dispongan en el futuro. El periódico mantiene una periodicidad irregular y la tendencia es transformarlo en un semanario o diario cosa, si no menos, imposible, si se tiene en cuenta las múltiples dificultades, sobre todo, económicas y financieras, que atraviesan organizaciones guineanas de lucha por las libertades y sus nulos o inexistentes fuentes de financiación.
Por ahora, se puede considerar que el nacimiento de El Muni responde a otra de las tantas buenas intenciones de guineanos honestos interesados en contribuir en la creación de una sociedad abierta y plural, al margen de los principios ideológicos y partidistas. No obstante, sus promotores han emprendido una serie de gestiones cerca de organizaciones, personas físicas y jurídicas, para solicitar el apoyo financiero del proyecto de lanzamiento, el cual asciende a un monto de alrededor de 20 millones de Francos CFA, unos 30.000 Euros.
Conclusión
En la actualidad, no se puede hablar de una prensa independiente, libre ni plural en Guinea Ecuatorial. Tampoco nada presagia que surja de aquí a un tiempo determinado, mientras el régimen continúa manifestando su odio visceral contra la libertad de expresión y de opinión.
Trece años después de la Declaración de Windhoek de 1991 sobre el fomento de una prensa independiente, libre y pluralista en África, Guinea Ecuatorial sigue siendo el único país africano donde el Gobierno no se ha comprometido si quiera con el desarrollo de los propios medios gubernamentales. Mas bien, siempre ha estado interesado en perseguir y frustrar todo indicio que supone la apertura de los medios independientes, como ocurrió con la ilegalización de la ASOPGE y la extinción de los pocos periódicos independientes que aparecidos en el país a partir de 1994.
AGOSTO DE 2004,
POR LA LIBERTAD Y LA SOLIDARIDAD DE LA PRENSA
EL CONSEJO DIRECTIVO-PRESIDENCIA DIRECCIÓN
Fuente: ASOPGE_Libre
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