NOTA: NOTICIA PROCEDENTE DEL SITIO WEB OFICIAL DEL GOBIERNO DE GUINEA ECUATORIAL EN EL EXILIO WWW.GUINEA-ECUATORIAL.ORG

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Madrid.- 2 de diciembre de 2004.

Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy que el juicio celebrado hasta la semana pasada en Malabo contra los presuntos participantes en un supuesto golpe de Estado contra el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, adoleció de ”graves defectos” hasta el extremo de que hubo ”motivos suficientes para que se suspendiese el juicio y se abriese una investigación” sobre las torturas perpetradas por las autoridades para obtener pruebas, que fueron denunciadas por la defensa e ”ignoradas” por el tribunal.

Aparte, según Amnistía, desde su detención el pasado mes de marzo ”se violaron de forma constante los derechos fundamentales de los acusados”. Asimismo, el juicio careció de las ”debidas garantías” y a lo largo de su desarrollo ”no se presentaron pruebas que fundamentasen las acusaciones contra los procesados”, añade la organización en un comunicado.
Un total de once extranjeros y nueve ciudadanos guineanos fueron condenados a penas de cárcel en el juicio, cuyo veredicto fue anunciado el pasado viernes 26 de noviembre. Entre las condenas anunciadas destacan los 63 años de cárcel dictados contra el dirigente opositor y presidente del autodenominado Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio, Severo Moto --a quien se juzgó en ausencia--, y los 34 solicitados para el supuesto jefe de los mercenarios participantes en el golpe de Estado, el sudafricano Nick du Toit.

El resto de acusados sudafricanos fueron condenados a 17 años de prisión y de los seis acusados armenios, uno recibió una pena de 24 años de prisión y los otros cinco penas de 14 años de prisión. Dos guineanos para quienes la Fiscalía había pedido penas de 62 y 42 años, respectivamente, fueron condenados a una pena de 16 meses de prisión y un día por imprudencia temeraria. El resto de ”ministros” del ”Gobierno” de Moto recibieron penas de 52 años. Los abogados de los acusados extranjeros han apelado contras las condenas ante el Tribunal Supremo.

Una delegación de Amnistía Internacional que participó como observadora en el juicio desde que comenzó el pasado 23 de agosto, ha estimado, ”a la vista de las imperfecciones procesales y a la admisión de confesiones extraídas bajo tortura”, que el juicio no ha tenido ”las debidas garantías”.

PRUEBAS BAJO TORTURAS

Según AI, no se han presentado pruebas durante el juicio que fundamentasen las acusaciones contra los procesados. Aparte, los abogados han asegurado que algunas confesiones fueron obtenidas bajo tortura, pero las protestas presentadas al respecto han sido ignoradas. ”Ningún tribunal puede ignorar acusaciones tan serias como éstas”, afirma Amnistía. ”Había motivos suficientes para que se suspendiese el juicio y se abriese una investigación”, añade. ”Al menos en dos ocasiones la defensa trató de plantear la cuestión de la tortura, pero el tribunal no la admitió”, denuncia.

Entre los datos presentados durante el juicio figuran contratos comerciales y listados de números telefónicos a los que algunos de los acusados habrían llamado el pasado mes de febrero, poco antes de ser detenidos. No obstante, estas pruebas no fundamentaron ninguna de los cargos presentados por la acusación, según Amnistía. También se presentaron ante el tribunal, como prueba, media docena de armas que ”no habían sido halladas en poder de ninguno de los acusados”.

Aparte, ”las declaraciones se presentaron en español y sin la debida traducción a los idiomas de los acusados, ninguno de los cuales habla castellano”, añade. De hecho, hasta la fecha, ni el veredicto ni las sentencias han sido traducidos al inglés, por lo que la mayoría de los condenados siguen sin saber con precisión cuál va a ser su destino.

Durante el juicio, la traducción para los acusados sudafricanos corrió a cargo del intérprete oficial de la Fiscalía General, ”lo que arroja dudas sobre su independencia e imparcialidad”. Los delegados de Amnistía Internacional observaron que se dejaban sin traducir fragmentos fundamentales, como las declaraciones de los acusados sobre la tortura, y que otros se distorsionaban.

Aparte, un sudafricano de origen angoleño sólo hablaba portugués. El tribunal no tenía conocimiento de este hecho crucial, y no le proporcionó intérprete oficial, lo cual ”suscita honda preocupación sobre las circunstancias en que este acusado firmó su declaración”, afirma la organización.

A petición de la Fiscalía General del Estado, el juicio se aplazó indefinidamente a finales de agosto, teóricamente tras el descubrimiento de nuevas pruebas consideradas fundamentales. ”Sin embargo, cuando se reanudó en noviembre, no se presentó ante el tribunal ninguna prueba nueva”, afirma Amnistía. En lugar de eso, se añadieron a la lista de acusados nuevos nombres, entre ellos el de Severo Moto, los de ocho miembros de su ”Gobierno en el Exilio” --que también fueron juzgados ´in absentia´-- y los de varios empresarios británicos y sudafricanos.

”A lo largo del juicio, y sin que los jueces hicieran nada por impedirlo, los acusados extranjeros fueron denominados ḿercenarios´ y ´perros de la guerra´”, denuncia AI. ”Fueron presentados ante el tribunal e interrogados esposados y con grilletes, lo cual constituye trato cruel, inhumano y degradante”, añade.

CONDICIONES DE DETENCION

Según Amnistía, desde el mismo momento de la detención de los acusados, el pasado 8 de marzo, ”se violaron de forma constante los derechos fundamentales de los acusados”. Uno de los 15 detenidos, el ciudadano alemán Gerhardt Merz, murió bajo custodia en la prisión de Black Beach, en Malabo, nueve días después. Las autoridades aseguraron que había muerto de malaria cerebral, pero dos de los acusados insistieron ante el tribunal en que había muerto delante de ellos a consecuencia de torturas.

En el caso concreto de Nick du Toit, ”las autoridades lo expusieron regularmente a los medios de comunicación internacionales y a los interrogatorios de abogados y agentes de seguridad extranjeros”, afirma AI. ”A consecuencia de ello se limitaron seriamente su derecho a guardar silencio y su derecho a la presunción de inocencia”, añade.

Según la organización, todos los acusados permanecieron recluidos en régimen de incomunicación, esposados y encadenados las 24 horas del día. No recibieron una dieta adecuada, y apenas recibieron tratamiento médico para las numerosas dolencias que sufrieron en prisión. Estas condiciones, junto con el mínimo acceso a sus familiares que les permitieron, tuvieron repercusiones negativas en su salud física y mental.

Aparte, los acusados fueron detenidos sin orden judicial, y no fueron informados sin demora de los cargos que se les imputaban en un idioma que comprendieran, según establece la ley. Tampoco tuvieron acceso a sus abogados hasta dos días después del comienzo del juicio. Los abogados defensores no contaron con tiempo suficiente para preparar la defensa, y no tuvieron conocimiento de las pruebas de la fiscalía contra sus clientes.

Según Amnistía, todos los acusados manifestaron ante el tribunal que sus declaraciones no habían sido realizadas ante el juez de instrucción, conforme establece la ley de Guinea Ecuatorial, sino ante el fiscal general, que se encargaba de la acusación en este caso y que, en virtud de la ley, no desempeña papel legal alguno en la fase de interrogatorio de los procedimientos.



Fuente: Gobierno en el exilio

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