PROPUESTA DE DECLARACION POLITICA SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO.



En el momento de conmemorar el día 3 de agosto, día de las Fuerzas armadas y de la Seguridad del Estado, Convergencia para la Democracia Social(CPDS), consciente de su responsabilidad política ante el pueblo y la Historia y, asumiendo el compromiso de lucha por la democratización real y total de nuestro país, viene en adoptar la siguiente


DECLARACION POLITICA


Después de treinta años de independencia, y veinte años después del golpe militar del 3 de agosto de 1979 es necesario hacer un profundo
análisis de lo que han sido las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado como institución del Estado, tanto en su estructura como en su comportamiento.

Esta Declaración Política pretende únicamente ser una contribución al necesario debate nacional sobre las FFAA y de la Seguridad del Estado.

La historia de los once primeros años de independencia muestran con incuestionable evidencia el papel de primera línea que desempeñaron las Fuerzas Armadas en el aparato represivo del sanguinario régimen macista.

Valoramos y no podemos más que inclinarnos ante la memoria y el sacrificio de los hijos de nuestro pueblo que en la madrugada del 3 de agosto se alzaron en armas para poner fin a la dictadura de Macías.

Sin embargo tenemos que reconocer que desafortunadamente el llamado “Golpe de Libertad” no cambió la naturaleza represiva del Ejército ecuatoguineano. Los militares siguieron siendo utilizados por el poder de turno para atropellar, saquear y detener impunemente y de forma totalmente arbitraria. Podríamos citar muchísimos casos en los que las FFAA han sido el brazo ejecutor de actos de represión contra civiles y poblaciones indefensas.
El carácter represivo de las FFAA y de la Seguridad del Estado es reconocido incluso por el departamento de Defensa nacional como lo ilustra la Orden ministerial nº 12 de fecha del 16 de febrero de 1997.
En efecto, en su introducción, la Orden ministerial pone de relieve una de las misiones que el Ordenamiento jurídico confiere a las FFAA y de la Seguridad del estado consistente en “la protección de las personas y sus bienes...el respeto de los derechos humanos, característica esencial de todo estado de derecho.”
Esta misma introducción de la citada Orden ministerial reconoce que contrariamente a estos principios fundamentales, “se viene observando en la actuación de ciertos elementos de las FEA y de la seguridad del Estado unas actitudes irresponsables que perjudican no solo a los ciudadanos sino también a la buena imagen y reputación de la propia institución militar, poniendo en peligro su credibilidad ante el pueblo”

Abundando en el mismo sentido, en su artículo primero, la Orden ministerial prohibe a partir de la fecha de su publicación, “a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado practicar maltratos de obra, torturas y demás actos inhumanos a las personas...”
El articulado de esta Orden ministerial constituye un reconocimiento por parte de las autoridades militares del carácter represivo de las FEA, sin que en ningún momento se hayan tomado las apropiadas medidas políticas y administrativas que remedien dicha situación.

Existe un verdadero divorcio entre las Fuerzas Armadas y la Nación. La población, por la experiencia acumulada, sigue considerándolas como agentes de inseguridad, su presencia suscita miedo en vez de serenidad.

En un Estado democrático, las FFAA y de la Seguridad del Estado han de encarnar la unidad y la seguridad de la Nación. Sin embargo, como en varios países africanos, en Guinea Ecuatorial, esta noble misión ha sido siempre descarriada y adulterada. En vez de garantizar la seguridad colectiva, en muchas ocasiones se ha utilizado la las FFAA como instrumento de represión al servicio de un poder establecido. Ayer del PUNT, hoy del PDGE, contra las demás fuerzas políticas que no comparten su ideario político, y contra la población.

En tales condiciones, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad que en un Estado de derecho contribuyen a favorecer la integración de las diversas comunidades y la mezcla entre los diferentes grupos sociales y étnicos que conforman la Nación se han convertido en una especie de falange partidista y en un cuerpo armado monoétnico de base distrital y clánico-tribal.

Es obvio que un Ejercito de esta naturaleza no está en condiciones de defender un orden constitucional que se articula en la libertad y solidaridad de todos los ciudadanos ni puede salvaguardar los valores supremos de la Patria de Unidad, Paz y Justicia.
Estas FFAA no pueden defender los intereses superiores de una nación de la que a todas luces no emanan.

Este crudo diagnóstico impone la necesidad de una profunda reforma de las Fuerzas Armadas y la Seguridad del Estado.
Se trata pues de definir el lugar y la misión del Ejercito y de la Seguridad en un contexto democrático.

Esta imperiosa reforma ha de abarcar aspectos tales como la composición estructuración, condiciones de reclutamiento estatus militar etc.

Existe una urgente necesidad de despolitizar las FFAA y de la Seguridad del Estado. Esta separación de lo militar y lo político constituye una asignatura pendiente que se viene arrastrando desde los tiempos del Consejo Militar Supremo.
Es ya hora de que los militares vuelvan realmente a los cuarteles y, que aquellos que quieran hacer una carrera política abandonen su condición de militar.
No es normal que militares en activo ejerzan cargos de responsabilidad civil como delegados del Gobierno, gobernadores, directores generales, ministros etc.
Para afianzar el carácter civil del régimen, el mismo Jefe del Estado tendría que renunciar a su condición de militar como ocurre en cualquier otro Estado que se pretende democrático.

En el mismo orden de ideas, es necesario y urgente que los elementos de las FFAA y de la Seguridad del Estado que son miembros de órganos de dirección del PDGE se den de baja en conformidad a la Ley de Partidos políticos, que prohibe la afiliación de los militares y miembros de la Seguridad.

Es urgente y necesario profesionalizar las FFAA mediante la creación de academias con una seria exigencia de formación afín de que el Ejercito deje de ser un refugio para los que se sienten incapaces de hacer otra cosa.
Partiendo del dicho de que ”Un inculto armado es un criminal en potencia” es necesario establecer cierto nivel de formación acémica y moral para abrazar la carrera militar.
Es también urgente y necesario separar y definir la misión de cada un de los cuerpos armados de la nación, y estructurar su funcionamiento. El Ejército, bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa; La Policía a las órdenes del Ministerio del Interior y, las fuerzas de Seguridad del Estado bajo la responsabilidad de la Jefatura del Gobierno.

Es urgente y necesario que las FFAA, que defienden la unidad de la Patria y su integridad representen realmente a la Nación, desde el mando hasta la tropa. No es normal que en un Estado republicano, multiétnico, las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado estén formadas en su inmensa mayoría por ciudadanos del mismo término distrital.
Se impone pues la necesidad de formar unas FFAA en las que estén sensiblemente representados desde el mando hasta la tropa todos los grupos étnicos que conforman el Estado ecuatoguineano.


La democratización de nuestro país y su modernización no son posibles si no se abre un verdadero debate sobre la naturaleza y misión de nuestras FFAA y de la Seguridad del Estado, y como lo hemos subrayado al principio, CPDS como fuerza política quiere contribuir con la mayor sinceridad y responsabilidad posibles a la vertebración de una institución tan importante en la estructura del Estado .



LA COMISION EJECUTIVA NACIONAL









Fuente: ASODEGUE

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