Este es el texto completo del voluminoso informe elaborado por los partidos políticos del interior del país, poco después de las fraudulentas elecciones del año 1999 y dirigido al Gobierno Español, a a la Comisión de la Unión Europea y al Secretario General de las Naciones Unidas, y a otros Gobiernos y organismos.

” Los partidos políticos firmantes del presente Informe: UNIÓN POPULAR (UP), CONVERGENCIA PARA LA DEMOCRACIA SOCIAL (CPDS), CONVERGENCIA SOCIALDEMOCRÁTICA Y POPULAR( CSDP), ALIANZA DEMOCRÁTICA PROGRESISTA(ADP), PARTIDO SOCIALISTA DE GUINEA ECUATORIAL(PSGE), PARTIDO DE LA COALICIÓN SOCIALDEMOCRATA-BABORO (PCSD) Y ACCIÓN POPULAR DE GUINEA ECUATORIAL(APGE).

Ante el impacto negativo que ha causado el Proceso Electoral llevado a cabo a raíz de las Elecciones Generales Legislativas que han tenido lugar el día 7 de marzo pasado en la República de Guinea Ecuatorial, han decidido elaborar el presente Informe para dilucidar, paso a paso, cada uno de los aspectos que tuvieron lugar en dichos Comicios.

Sin ánimo de prejuzgar los hechos que componen el contenido del presente Informe, los representantes de las Formaciones Políticas de la Oposición Democrática anteponen la sinceridad y la máxima objetividad de todo lo que acontenció en el evento objeto del presente informe, salvando, además, los supremos valores que deben caracterizar un Estado.

1.- PERIODO CENSAL.

Como es habitual en todo Proceso Electoral y en base al Acuerdo 10 del Documento de Evaluación de los Acuerdos del Pacto Nacional, antes de proceder al desarrollo de las diferentes fases que componen el mismo, es inexorable aperturar una fase de identificación de las personas que ostentan el derecho de sufragio activo.

La Fase de elaboración del Censo electoral para las Elecciones Generales Legislativas dió comienzo en febrero de 1998 con una gira de explicación a las Autoridades periféricas del contenido del Documento de Criterios Técnicos y Acuerdos Políticos para la Revisión Profunda del Censo Electoral en evitación de obstáculos e impedimentos para el registro de electores. Después de varias reuniones en las que el Gobierno impuso el criterio de excluir a la Cooperación Multilateral y Bilateral para la Financiación y Asistencia Técnica para la realización del Censo, el registro de electores se inicia en el mes de junio y finaliza a finales del mes de julio de 1998, con muchas dificultades de índole logístico y financiero, ya que el Gobierno había asumido la responsabilidad de financiar íntegramente el Censo Electoral con un presupuesto inicial de 243 millones de francos cfas, que finalmente acabó siendo de 380 millones de francos cfas.

La financiación íntegra del Censo Electoral por parte del Gobierno originó muchos retrasos en el cumplimiento del Calendario de Ejecución Censal consensuado en el seno de la Comisión Mixta Gobierno Partidos Políticos , órgano competente en la formación del censo electoral y ocasionó muchas fricciones en el seno de la misma Comisión por la pretensión de los representantes del Gobierno de prescindir de las opiniones y sugerencias de los representantes de los partidos políticos.

Para intentar desplegar una actividad censal ordenada, se creó una Comisión Mixta Especial Gobierno-Partidos Políticos, presidida por el Ministro de Planificación y Desarrollo Económico y Portavoz del Gobierno, Antonio Fernando Nve Ngú y como vice-presidente, el Ministro Delegado del Interior y Corporaciones Locales, Clemente Engonga Nguema Onguene, respectivamente e integrada por los representantes de los Partidos Políticos; además de esos últimos, a nivel de los Distritos fueron involucrados los Delegados de Gobierno y los presidentes de los consejos de poblados y comunidadades de vecinos.

En resumen, al margen de lo que prevían los Acuerdos del Pacto Nacional y su Documento de Evaluación, el Gobierno, amparándose en una antosuficiencia , dió definitivamente la espalda a la comunidad internacional, aferrado en su convicción de que había terminado la transición política en Guinea Ecuatorial, y en consecuencia, ya no necesitaba la Asistencia Técnica y Financiera en materia censal y Electoral.

Durante el desarrollo de la fase de inscripciones , el Gobierno dispuso que se hiciese entrega de los carnets de elector en un momento posterior, lo que levantó una profunda inquietud en el seno de la oposición democrática ; pués, la postergación de la entrega de los carnets de elector para la oposición simbolizaba el comienzo del fraude electoral orquestado por el Gobierno del PDGE. Las razones esgrimidas por el Gobierno en el seno de la Comisión Mixta para justificar la postergación de la entrega de los carnets no eran convincentes para la oposición, y el tema fue denunciado en reiteradas ocasiones y objeto de agrias polémicas, llegando finalmente al consenso de hacer entrega a cada elector/a inscrito de un resguardo que posteriormente serviría de justificante para recibir el carnet de elector.

Además del aspecto relativo a la intempestiva distribución de los carnets de elector, durante la fase de inscripción hubo y se produjeron otras aberraciones dignas de mención, cometidas por los Gobernadores, Delegados de gobierno y presidentes de consejos de poblados; estos casos se referían especialmente a la negativa de inscribir a varios militantes de la oposición democrática y sus respectivas familias, la inscripción de ciudadanos menores de 18 años ( hijos de militantes del PDGE) , la inscripción de extranjeros y difuntos, todos ellos intachables defensores y activistas del PDGE.

Hay que resaltar que después de la gira de selección de los agentes censales encargados de la labor de registro de electores, el Gobierno , unilateralmente, procedió a la designación de militares, agentes de seguridad y militantes fieles del PDGE como agentes censales, para facilitar la labor de fraude arriba mencionada. Esta situación afectó, al menos , al 65 % de las mesas de registro de electores.

Durante la fase de impugnación se procedió a la inscripción de aquellos que no pudieron censarse en la fase anterior y el Gobierno, con la complicidad y colaboración de la Dirección General de Estadísticas, aprovechó la ocasión para borrar del censo a 60.000 electores inscritos ; muchos agentes censales se negaron a proseguir con la labor de registro por impagos anteriores de sus dietas, no se entregaron las listas provisionales a los miembros de la Comisión Mixta ni se expusieron en las mesas censales, circunstancias que aprovechó el Gobierno para introducir electores que no cumplían con los requisitos de registro y de posibilitar la doble y en ocasiones, múltiples inscripciones a los militantes del PDGE.

El gobierno también aprovechó la fase de impugnación para crear mesas censales adicionales en los centros escolares, institutos, cuarteles militares, dependenciales oficiales y en empresas privadas, con la finalidad de controlar el voto del colectivo de estudiantes, militares, funcionarios y asalariados del sector privado, y garantizar con métodos fraudulentos la victoria del partido gubernamental.

Transcurrió un periódo largo de tiempo antes del inicio de la distribución del carnet de elector ya convocadas las Elecciones Legislativas 1999. Mediante una tímida acción, la distribución del carnet de elector comenzó con una situación bastante controvertida y era el hecho de que al reunirse la Comisión Mixta Especial Gobierno-Partidos políticos para la Revisión Profunda del Censo Electoral, la delegación del Gobierno en el seno de la misma, impuso que dicha tarea fuese llevada a cabo por los presidentes de comunidades de vecinos y de consejos de poblados ( todos éstos, miembros del partido gubernamental), con el apoyo y colaboración de los Delegados de Gobierno y que se mantuviesen al margen los representantes de los partidos políticos en la citada Comisión Mixta. Se trataba de una decisión de extrema gravedad, si se tiene en cuenta que dichas autoridades locales y distritales son halcones genuidos del PDGE y , por lo tanto, confiarles la tarea de distribución del carnet de elector era una manera de dejar a los simpatizantes y militantes de la oposición democrática al margen de las elecciones, sin ninguna posibilidad de ejercer su derecho de sufragio activo.

La distribución se inició apenas una semana antes de que llegara el día de votaciones, de suerte que dicha distribución se vió volcada paralelamente a las últimas semanas de la campaña electoral y abarcó la víspera de las votaciones y continuó hasta el mismo día de las votaciones con el ánimo intencionado de crear y sembrar el desorden suficiente para disimular la distribución de múltiples carnets a militantes del PDGE.

Algunas mesas electorales de muchas circusncripciones se quedaron carentes de carnets y en otros casos se produjeron confusiones y manipulaciones para llevar los carnets de algunas mesas a otras, alejadas geográficamente.

Es digno de resaltar también que poco antes de proceder a la distribución de los carnets, el PDGE y sus agentes, temerosos de una derrota segura, iban elaborando un censo paralelo de forma clandestina, con la excusa de verificar el número de sus militantes. Este pseudocenso del PDGE fue empleado por los presidentes de comités de base de dicho partido en las mesas de votación el día 7 de marzo, en una especie de votación delegada de un número considerable de ciudadanos que no se les permitía ejercer directamente por ellos mismos el acto de votación. Esta práctica fue principalmente utilizada en las provincias de Kie- Ntem, Centro Sur y Wele Nzas, y en algunos distritos del Litoral, como Mbini y Cogo.

La Comisión Mixta Especial Gobierno-Partidos Políticos para la revisión Profunda del Censo Electoral, y de manera específica, los representantes de los partidos políticos en la misma, fue excluida de la tarea de distribución de carnet de elector.

En resumen, la actividad censal que abarca de febrero de 1998 hasta marzo de 1999 contó con las siguientes fases y períodos:

1.- Acreditación de los Representantes de los Partidos políticos en el seno de la Comisión Mixta.

2.- Armonización de criterios técnicos en materia de censo electoral.

3.- Creación y composición del Comité Gerencial y elaboración y aprobación del presupuesto.

4.-Gira de información y selección e instrucción de agentes censales.

5.- Actualización de la cartografía electoral ( tarea no realizada).

6.- Elaboración y reproducción de documentos técnicos.

7.- Distribución del personal y entrega de material electoral.

8.-Inscripción de electores.

9.- Recepción y archivo del material censal.

10.- Procesamiento de datos.

11.- Verificación de las listas provisionales

12.- Período de impugnación de las listas provisionales.

13.- Corrección e impresión de las listas definitivas.

14.- Adopción de las listas definitivas.

15.-Relleno, sellado y distribución de los carnets electorales.


2.- CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES.

Mediante Decreto nº 157/1998 de fecha 30 de diciembre, por la Presidencia de la República se convocan las Elecciones Generales Legislativas para renovar a los representantes del Pueblo en la Cámara. La convocatoria fue calificada por la oposición democrática como inoportuna e ilegal, porque quedaban pendientes aún compromisos y requisitos de consideración que fueron fruto de un encuentro que el Presidente de la República había mantenido con los Líderes y representantes de los partidos políticos en fecha 28-12-1998. Como tema de importancia significativa se cuestionaba si dichas elecciones habían sido convocadas dentro de las prescripciones legales establecidas por la Constitución.

En el encuentro mantenido con el Presidente de la República, se abordaron temas relacionados con el calendario electoral, que se fijó en tres meses a partir del día 15 de enero de 1998 como fecha probable para celebrar las votaciones, la invitación de observadores internacionales en número suficiente y con mucha antelación a la celebración de las votaciones ( ONU, Unión Europea, OUA y otros organismos independientes ), creación de una Comisión Mixta Gobierno Partidos políticos para resolver las quejas en materia electoral que pudieran surgir, financiación electoral suficiente para todos los partidos políticos concurrentes en los comicios, celebración de reuniones con todos los gobernadores, delegados de gobierno, comandantes militares y jefes superiores de policía para garantizar el cumplimiento estricto de todo lo acordado en el Pacto Nacional y su Documento de Evaluación ( Libertad de movimiento a los partidos políticos, libertad de celebrar reuniones y mítines sin ningun tipo de limitación o censura, etc..etc.) y la firme voluntad del mismo Jefe de Estado expresada ante los Líderes en el sentido de que las Elecciones fueran transparente, secretas, justas y libres.

Todos aquellos extremos que fueron avanzados por el mimso Jefe de estado y que la oposición consideró como compromisos firmes contraídos por el máximo mandatario de la Nación, fueron completamente incumplidos, ignorados y violados desde la misma sorprende convocatoria dos días después del encuentro, fijando la celebración de las votaciones el día 7 de marzo e imponiendo un calendario que imposibilitaba a la oposición cumplir cabalmente los requisitos.

La Junta Electoral Nacional fue constituida posteriormente mediante el criterio que estipulaba la nueva reforma legal como consecuencia de las negociaciones de la revisión del Pacto Nacional firmado en 1993.

La preocupación y la insistencia de la oposición democrática en el sentido de que el presidente de la Junta Electoral Nacional fuese una personalidad independiente y de marcado solvencia moral, fue ignorada por el Gobierno y el Parlamento mayoritariamente del PDGE a la hora de reformar los artículos relativos a la composición de la misma y, en cambio, mantuvieron una abultada presencia del Gobierno y la Administración en el seno de la Junta Electoral Nacional para garantizar la elección del candidato seleccionado previamente por el Gobierno.

Para la Elección del Presidente de la Junta Electoral Nacional se presentaron dos candidatos, el Ministro Delegado del Interior y Corporaciones Locales, Clemente Engonga Nguema Onguene y Tomás Mecheba Fernández Galilea, Secretario General del Partido Socialista de Guinea Ecuatorial.(PSGE), candidato del gobierno y de la oposición democrática, respectivamente.

Para la votación del Presidente de la Junta Electoral Nacional tenían que votar sus miembros, legalmente acreditados, fueron los siguientes:

* Representantes del Gobierno.

- Excmo. Sr. Clemente Engonga Nguema Onguene, Ministro Delegado del Interior y Corporaciones Locales.

- Excma, Sra. Caridad Besari Borilo, Secretaria de Estado de la Función Pública.

- Excmo. Sr. Juan Machimbo Bisabinga, Secretario de Estado de Información.

* Representantes de la Administración:

- Iltmo. Sr. Tarcisio Nguema Ondo, Secretario General del Ministerio del Interior y Corporaciones Locales.

- Iltmo. Sr. Secundino Nvono Avomo, Director General de política Interior.

-Iltom. Sr. José Ela Oyana, Director General de Estadísticas.

* Representantes del Poder Judicial:

- Excmo. Sr. Silvestre Siale Bileka, Ex- Primer Ministro y Consejero Presidencial.

- Excma. Sra. Eulalia Nvo Bela, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

- Excmo. Sr. Martín Ndong Nsue, presidente del Tribunal de Apelación de la Región Continental.

- Excmo. Sr. Antonio María Mba Mifumu, Ex Juez de Primera Instancia.

- Excmo. Sr. Juan Carlos Ondo Angué. Juez de Primera Instancia.

- Excmo. Sr. José Manuel Ndjoku Bondjale, Juez del Distrito de Evinayong.

* Los partidos políticos, incluido el PDGE tenían un sólo representante. ( 13 representantes de los partidos partidos ).

Tras una tensa reunión, con amenazas incluidas contra los representantes de algunos partidos políticos, y el nerviosismo manifiesto de los representantes del Gobierno, de la Administración, del Poder Judicial y del PDGE,( pretendían que el voto fuese público o a mano alzada ) la votación resultó favorable al candidato del Gobierno, Clemente Engonga Nguema Onguene, con 16 votos, frente a los 7 votos que obtuvo el candidato de la oposición, Tomás Mecheba Fernández Galilea.

La constitución de las Juntas Electorales Distritales corrió la misma suerte con la ” elección ” de todos los Delegados de Gobierno como presidentes de las Juntas Electorales Distritales, en algunos casos, sin siguiera la presencia de los representantes de los Partidos Políticos de la Oposición, echados o invitados a abandonar las salas de reuniones a punta de pistola.

Las Juntas Electorales Distritales para completar su composición tuvieron que designar a simples presidentes de consejos de poblados ( la mayoría analfabetos funcionales y sin ninguna formación académica ), destacados por su defensa al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, lo cual violaba la misma Legislación Electoral.

Las Juntas Electorales Distritales fueron presididas por los respectivos Delegados de Gobierno, brazos ejecutores de la política represiva contra la población y los militantes de la oposición democrática en los respectivos distritos.

El Presidente de la Junta Electoral Nacional, violando el Art. 32 de la Ley Electoral , procedió a la designación unilateral de los presidentes de las mesas electorales, contando con el beneplacito de su gobierno, marginando y prescindiendo en la adopción de aquella decisión a los representantes de los partidos políticos en la Junta Electoral Nacional.

Todas las mesas electorales fueron presididas por militares y altos representantes del PDGE oriundos de Mongomo, distrito del clan gobernante, miembros del gobierno, altos funcionarios de la Administración Pública, miembros del Poder Judicial, contraviniendo incluso a la Ley Electoral que estipula , entre otros requisitos, la necesidad de estar censado en una mesa para poder presidirla. ( Designaron personas residentes en Malabo, Bata y Mongomo, a presidir mesas en los Distritos de Mbini, Cogo, Niefang, Akurenam, Evinayong,y Ebebiyin.)

Los presidentes de las mesas electorales así seleccionados recibieron la instrucción y las órdenes tajantes de garantizar la victoria del PDGE en todas las mesas electorales que iban a presidir y no dar ningun ápice de victoria a la oposición democrática. Se organizón seminarios para instruir mejor a dichos presidentes de mesas, en ausencia de los representantes de los partidos políticos de la oposición, conminándoles a utilizar todos los medios y métodos posibles para que el PDGE saliese victorioso en cada una de esas mesas.

La selección cuidadosa de los presidentes de las mesas electorales es una prueba de que el fraude electoral estaba cuidadosamente organizado, premeditado, organizado a priori y de manera consciente.

Al convocarse las elecciones no fueron expuestas las listas electorales al décimo día de la convocatoria tal como estipula la Ley Electoral. Esta exigencia legal fue ignorada y silenciada por el Gobierno, la Junta Electoral Nacional y el PDGE a pesar de las reiteradas denuncias de la oposición democrática, no se dió ninguna explicación a esta conculcación de la Ley Electoral.

La constitución de las Juntas Electorales fue uno de los aspectos que el PDGE y su Gobierno se agarrón por encontar en él una vía más expeditiva para asegurar el fraudulento triunfo electoral.

Como se ha visto, se aseguró el Gobierno de una abrumadora mayoría en la composición de las distintas Juntas electorales. Esto les permitía aventajarse en cualquier cuestión que se tuviese que votar. es notorio y muy conocido que en Guinea Ecuatorial para ser alto funcionario de la administración ordinaria o del Poder judicial hay que reunir la condición de militante activo y declarado del PDGE.

En relación al tema de la financiación a los partidos políticos, el Gobierno decidió adelantar a cada uno de estos la suma de 5 millones de francos cfas con la finalidad de preparar las listas electorales y otros aspectos inherentes a las mismas. Esta cantidad fue entregada a los partidos políticos por el Primer Ministro Jefe de Gobierno, Angel serafín Seriche Dougan, con la asistencia del Ministro secretario general de la Presidencia de Gobierno, Ricardo Mangué Obama Nfube y del Ministro delegado de interior y corporaciones locales, y Presidente de la Junta Electoral Nacional, Clemente Engonga Nguema Onguene.

Los partidos políticos denunciaron enérgicamente esta medida, exigiendo al Gobierno una aclaración sobre la financiación electoral con la que iban a contar para participar con dignidad en las elecciones.

El día 29 de enero , el Gobierno promulgó el Decreto nº 7/ 1999 por el que se regulaba la financiación electoral en función del nivel de su participación a nivel nacional con arreglo a los criterios siguientes.

1.- Dos millones de francos cfas por cada una de las circunscripciones electorales que eran capitales de provincia y Annobón.

2.- Un millón de francos cfas por el resto de las circunscripciones electorales.

3.- Se restaba de la financiación final, los cinco millones que había adelantado el gobierno.

Sobre un total de 18 circunscripciones electorales hay 7 capitales de provincia , más annobón.

El total a repartir entre las 12 formaciones políticas de la oposición democrática fue de unos 90 millones de francos. ( El PDGE se gastó más de 1.200 millones de francos cfas, sustraidos de las arcas del Estado, por ” donaciones ” supuestamente voluntarias de todas las empresas privadas y operadores económicos, y de los ” descuentos obligatorios ” efectuados en las nóminas de todos los funcionarios y asalariados privados ).

Cuando todos los partidos políticos presentaron sus listas electorales, el Presidente de la Junta Electoral Nacional y Ministro Delegado del Interior y Corporaciones Locales, procedió a la remisión de copias de las mismas a todos los Delegados de Gobiernos de cada circunscripción electoral, y a la Oficina Nacional del PDGE, para acosar a los compromisarios de las listas de los partidos políticos de la oposición y obligarles a renunciar a las mismas y reinsertarse forzosamente al PDGE.

En el seno de la junta Electoral Nacional se creó la ilegal subcomisión de asuntos jurídicos, presidida por Silvestre Siale Bileka y compuesta por todos los miembros del Poder Judicial, que es la que se encargaba de estudiar si las listas presentadas por los partidos políticos de la oposición se ajustaban a la legalidad electoral, creando situaciones de injusticia e interpretando caprichosamente la Ley Electoral con el fin de eliminar y anular el máximo posible de listas de los partidos políticos de la oposición.

El Presidente de la Junta Electoral Nacional, con el apoyo de los representantes del Gobierno, de la administración y del Poder Judicial, con grave daño al multipartidismo constitucional y la derecho de los partidos políticos a la alternancia política, utilizó excusas con apariencia legal sin fundamento jurídico alguno, para impedir la cobertura a todo el país de las candidaturas de los partidos políticos . Hubo detenciones y persecuciones a militantes de la oposición en las giras de formación de las listas electorales.

El caso del Distrito de Mongomo destaca como el más grave, al no poderse siguiera permitir la presencia de ninguna candidatura de un partido político de la oposición, tónica peligrosa que incluso en período no electoral, impide la presencia proselitista del multipartidismo en el mencionado distrito. En defintiva, en el Distrito de Mongomo se celebraron ” elecciones ” con la única lista del PDGE, con lo que el partido gubernamental se garantizaba siete escaños antes de las elecciones. La realidad política en el Distrito de Mongomo es que los ciudadanos oriundos de dicho Distrito y que no comulgan con el régimen del PDGE están secuestrados, no tienen derecho a ejercer su derecho como ciudadano libre, votando otras formaciones políticas o militando en ellas.

Las listas presentadas por el PDGE , a pesar de presentar muchas irregularidades legales notorias, fueron aprobadas sin ninguna revisión. Todas las objeciones planteadas por los representantes de los partidos políticos en relación a dichas listas fueron ignoradas por la Subcomsión de asuntos juridicos y por el presidente de la Junta Electoral Nacional.

Se pueden destacar las siguientes irregularidades:

1.- Algunos candidatos del PDGE eran secretarios generales y directores generales de Ministerios, Jefes de Misiones Diplomáticas, Delegados de Gobierno y Presidentes de Juntas electorales Distritales....

- Francisco Ondo Nsue, delegado de Gobierno de Malabo y Candidato del PDGE por la cirunscripción electoral de Malabo.

- Santiago Nsobeya Efuman, Embajador de Guinea Ecuatorial en España, y candidato del PDGE por la circunscripción electoral de Añisok.

- Miguel Edjang Angue, secretario general del Ministerio de Economía y Hacienda, y candidato del PDGE por la circunscripción electoral de Niefang.

- Basilio Ava Eworo, Director general de industrias, candidato del PDGE por la circunscripción electoral del Evinayong.

- Greogorio Boho Camo, Gobernador de la Provincia de Bioko Norte y candidato del PDGE por la circunscripción electoral de Malabo.

- La lista electoral de Malabo, sólo tenía una autóctona, Pilar Buepoyo Boseka, en contradicción con el art. 166 de la Ley Electoral que estipula que para los Distritos de Malabo y Bata se tiene que reservar cinco escaños para los autóctonos y el resto para los residentes.

Estas son algunas de las irregularidades notorias y relevantes que presentaban las listas del PDGE y fueron ignoradas por la presidencia de la Junta Electoral Nacional, que trabajaba a las órdenes del Gobierno y del PDGE.

2.- Algunas irregularidades fueron subsanadas fuera de plazo, tal como la destitución del Delegado de Gobierno de Malabo y del Gobernador de Bioko Norte y las restantes fueron mantenidas sin ningun tipo de pudor ni respeto a la legalidad electoral. En definitiva, el PDGE se presentaba a las elecciones con unas listas no acordes a la legalidad electoral y en consecuencia, carentes de legitimad y legalidad democrática.

La fase de subsanación de irregularidades observadas en las listas estipuladas en la Ley electoral fue manejada caprichosamente por el elemento de la seguridad, torturador y asesino, secretario de la Junta Electoral Nacional, Faustino Ndong Esono Eyang, que se negó a notificar por escrito las supuestas irregularidades observadas en las listas de los partidos políticos de la oposición y se oponía en todo momento al acceso de los partidos de la oposición a sus propios expedientes de candidatura presentados , para verificar la veracidad de las supuestas irregularidades comunicadas verbalmente por él y por el presidente de la Junta Electoral Nacional, en nombre de la subcomisión de asuntos jurídicos.

Los representantes de los partidos políticos en la Junta Electoral Nacional se esforzaron en convencer al presidente de la misma que se ajustase a la legalidad electoral y que hiciese una interpretación correcta de la Ley y que por tanto, procediese a la revisión de las listas de los partidos políticos de la oposición anuladas de manera arbitraria, sin resultado alguno. Se apeló a la mediación de las altas instancias del Gobierno para que instaran al presidente de la Junta Electoral que tuviese un comportamiento más imparcial, decente, racional y ajustado a la legalidad, todo aquello fue infructuoso y el procedimiento de persecución de los candidatos de la oposición y la continuada anulación de las listas de la oposición siguió inexorablemente su curso.

Se dieron situaciones tan escándalosamente patéticas y cercanas a la locura criminal que algunos candidatos de las listas de la oposición después de haber sido torturados y maltratados salvajamente se les obligaba llamar por teléfono al presidente de la Junta electoral, en sesión plenaria, con todos los miembros de la Junta Electoral presentes, y dicho candidato renunciaba a figurar en la lista de algun partido de la oposición, con la excusa de que le habían engañado, e inmediatamente dicha lista quedaba anulada, sin debate ni explicaciones. En otras ocasiones, cuando el candidato no estaba en condiciones de hablar, por las torturas inflingidas, hablaba en su nombre el Gobernador o el Delegado de Gobierno. Y el resultado era el mismo: lista anulada.

Se registró además, un notorio retraso en la publicación de algunas listas como las de CPDS, PSGE y PCSD en Malabo, así como la posterior anulación de listas ya proclamadas y publicadas oficialmente por la misma Junta Electoral Nacional, en un ambiente de clara arbitrariedad, malicia, descaro y desprecio a las leyes.

A pesar de tantas irregularidades denunciadas los partidos políticos se mantuvieron en su determinación y decisión de concurrir en las elecciones animados por el compromiso del Presidente de la República en el sentido de que las elecciones iban a ser transparentes, que iban a estar los observadores internacionales y que se iba respetar la voluntad popular expresada de manera secreta y libre en las urnas el día 7 de marzo.

Además, todos los partidos políticos tenían la necesidad histórica de estar representados en el parlamento y basar desde esta alta institución su lucha política para el mejor funcionamiento de nuestra sociedad.

3.-PERIODO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL.

Al convocar las elecciones, el decreto de convocatoria llevaba incorporado un calendario electoral, que fue elaborado por el Gobierno y el PDGE. La oposición democrática puso todas las objeciones que pudo para que se pudiera revisar dicho calendario, habida cuenta de que se encontraba extramadamente comprimido, hasta el extremo de que ni siguiera la misma Junta Electoral Nacional podía ajustarse a lo establecido en el mismo.

Antes del inicio de la campaña electoral, las autoridades aduaneras procedieron a la incautación del material de propaganda traído por los partidos políticos e impusieron todo tipo de trabas burocráticas para que los mismos pudiesen disponer del citado material. Cabe destacar la incautación del material de CPDS, UP, y PSGE. UP y PSGE pudieron retirar su material cinco días antes de la finalización de la campaña electoral.

La campaña electoral estaba prevista dar comienzo el día 19 de febrero, con una duración de 15 días. Como era de esperar, algunos líderfes y representantes de los partidos políticos propusieron iniciarla en la Isla de Bioko, otros a la inversa, para concluir en un determinado punto de la geografía nacional.

Una de las características más relevantes que se han dado en estas elecciones es que el Decreto de convocatoria e incluso antes de este último no se había previsto una pre-campaña, la razón de ser de este hecho es que el PDGE y su gobienro hicieron todo lo posible para evitar que la oposición democrática mantuviese contactos previos con el electorado y su militancia, extremo que era de máxima preocupación de las altas instancias del poder y del PDGE: Pese a ello, el Presidente de la República, y al mismo tiempo presidente del PDGE aprovechó los momentos previos a la convocatoria electoral para realizar una gira de sensibilización política en favor de su partido por todo el territorio nacional, para alentar a todos los órganos distritales, provinciales y locales del PDGE así como todas las autoridades del Gobierno a nivel distrital, provincial y local que hiciesen todo lo posible para garantizar la victoria del PDGE por todos los medios posibles.

En esta misma gira aprovechó el Presidente de la República y del PDGE a pedir el voto para su partido y desacreditar con palabras gruesas a la oposición democrática.

Los gobernadores, delegados de gobierno y los presidentes distritales y provinciales del PDGE así como todas las organizaciones afines a esta fuerza política desencadenaron una auténtica persecución y caza a los directivos distritales, provinciales y militantes de los partidos de la oposición democrática. Se produjeron detenciones, confinamientos extrajudiciales, torturas y otra serie de acciones represivas graves.

Paralelamente a los mitines que iban organizando los partidos políticos, el PDGE desde sus más altas instancias, todo el Gobierno apoyado por los delegados de gobierno, Gobernadores y toda la directiva distrital y provincial del PDGE, los presidentes de las comunidades de vecinos y de los consejos de poblado iban transmitiendo el mensaje de que el voto iba ser PÚBLICO y los electores y electoras que votasen a la oposición democrática que se atuviesen a las consecuencias.

Con este mensaje se pretendía atemorizar a la población al máximo y el PDGE desplegó toda su parafernalia de pregoneros que emitían ese mensaje desde las horas más tempranas de la mañana y volvían a repetir lo mismo a primeras horas de la tarde en los medios de comunicación públicos y en bandas de propagandistas que iban de pueblo a pueblo , de barrio a barrio y casa por casa; así durante los 15 días que duró la campaña.

Ante esta desalentadora situación, la oposición democrática tomó como estrategia denunciar los hechos ante la Junta Electoral nacional y animar a la población y a los militantes a superar el miedo, acudir a las urnas y emitir de manera secreta su voto.

la denuncia presentada ante la junta Electoral Nacional no tuvo ningun efecto, ya que desde las más altas instancias del PDGE, Agustín Nze Nfumu, secretario general del PDGE y su adjunto, Cándido Muatetema Rivas y el Primer Ministro Jefe de gobierno, Angel Serafin Seriche Dougan Malabo, se defendía a ultranza la necesidad del voto público, alegando que era una cuestión de disciplina interna del PDGE y en consecuencia, ellos no se iban a retractar de la decisión adoptada de imponer el VOTO PÚBLICO, aunque tuviesen que violar el ordenamiento jurídico ( Palabras textuales del Primer Ministro y del Secretario general del PDGE ).

Con esta estrategia del voto del miedo y con la campaña de terror y amenazas llevada a cabo por todos los agentes del régimen policial imperante en Guinea Ecuatorial, el PDGE se limitó a organizar baleles y distribuir artículos alimenticios por toda la geografía nacional y además, perturbar de manera destacada todos los mítines que organizaban los partidos políticos de la oposición.

Esta estrategia de perturbar los mítines de los partidos politicos de la oposición llegó a crear situaciones de tensión que podían haber desembocado perfectamente en unos desórdenes y convulsiones que dieran al traste con el necesario ambiente de unas elecciones verdaderamente libres, democráticas y transparentes.

Cabe resaltar el incidente producido en el mitin organizado por UP en la explanada del Colegio Enrique Nvo Okenve, ciudad de Bata, cuando miembros del grupo ASHO ( Asociación de hijos de Obiang ), una organización afin al PDGE y dirigida por su hijo Teodoro Nguema Obiang Mangué, vinieron a perturbar dicho mitin con megáfonos. Ante la reacción de los organizadores del mitin, apareció un furgón de antidisturbios de la gendarmería nacional, al frente del cual se hallaba el siniestro y asesino notorio, comandante de la gendarmería, Cayo Ondo Mba Angué, procediendo a la detención y maltrato de varios miembros de la ejecutiva de UP y varios militantes y personas asistente al mitin. Los gendarmes estaban fuertemente armados y se llevaron diverso material organizativo, propagandístico y detuvieron a varios directivos y militantes de UP que luego fueron sometidos a maltratos y torturas en las dependencias de la gendarmería nacional.

Hechos similares con la misma o menos gravedad se produjeron en todos los distritos, sin excepción. La oposición democrática reconoce que durante la campaña electoral hubo una marcada limitación de la libertad de movimiento para los líderes, directivos y militantes de los partidos de la oposición, y se produjeron incidentes de diversa consideración, organizados premeditadamente por los candidatos del PDGE, miembros del gobierno y otros agentes afines al régimen.

En los medios de comunicación se montaron programas de difamación, insultos, de incitación al odio, de amenazas de represalias duras contra los ciudadanos que votasen a la oposición democrática, de limitación de la presencia de los partidos políticos de la oposición en los medios de comunicación, la censura de sus declaraciones y una serie de actuaciones dificiles de narrar, pero que violaban todos los acuerdos suscritos con el Gobierno en lo relativo al libre acceso a los medios de comunicación.

En todos los Distritos se organizaron comisiones de intimidación y persecución a los candidatos de la oposición democrática. Estas Comisiones funcionaban día y noche, y utilizaron todo tipo de medidas, estrategias, mecanismo y métodos para intimidar a la poblaciób y eliminar al máximo la presencia de los partidos políticos de la oposición democrática en todo el país. Todos ellos iban ostensiblemente armados con pistolas o con AK-47.

Son de resaltar las actuaciones delectivas, criminales y represivas de los siguientes activistas del PDGE:

- Candidatos del PDGE en Malabo y acompañantes: Pilar Buepoyo Boseka, Enrique Mercader Costa, Mauricio Mba Ebosogo Ayang, Francisco Ondo Nsue, Gabriel Mba Bela, Miguel Abia Biteo Boriko, Balbina Noha Borieku, Gregorio Boho Camó, Miki Madiba, Manolin Mbela....

- Candidatos del PDGE en Baney y acompañantes: Miguel Abia Biteo Boriko, Balbina Noha Borieku, Gregorio Boho Camó, Silvestre Siale Bileka....

- Candidatos del PDGE en Luba y acompañantes: Angel serafin seriche Dougan malabo, Cándido Muatetema Rivas, Manuel Enrique King Somo, Aniceto Ebiaka....

- Candidatos del PDGE en Annobón y acompañantes. Damián Segura Ballovera, Hilario Sisa torres, Ciriaco Tamarite burgos.

- Candidatos del PDGE en Bata y acompañantes. Marcelino Oyono Ntutumu, Francisco García Gatsens, José Antonio Elomba Viñas, Constantino Ekom Nsue, Teodoro Nguema Obiang Mangué, Casimiro Nkogo Nsomoro, Amado Nguema Owono, Santiago Ngua Nfumu Eyang, José Ferreiros Pérez, Fortunato Nzambi Machinde.

- Candidatos del PDGE en Mbini y acompañantes. Manuel Tito ncogo Esono, Esteban Ndong Membia, Filiberto Nguema Afugu, así como el Vice-ministro Joaquín Mecheba Ivina.

- Candidatos del PDGE por Kogo y acompañantes. Roberto nze Ndong, Santiago Hinestrosa Beholi, Francisco Pacual Eyegue Obama Asue. Hay que destacar también la acutación del elemento de la seguridad Eusebio Ipiko Penda y el Coordinador de Antorcha en Corisco Enrique kombe Mens.

- Candidatos del PDGE por Evinayong y acompañantes. Celestino Mansogo Nsi, Basilio Ava Eworo, Ignacio Milam Tang, Gabriel Amugu Akum, Anselmo Nsue Eworo.

- Candidatos del PDGE por Akurenam y acompañantes: Angel Alogo Nchama, Eulalia Mangué Esono, Leocadio Ndong Moñung.

- Candidatos del PDGE por Añisok y acompañantes: Salomón Nguema Owono, Santiago Nsobeya Efuman, Jaime Esono Ondo, Luciano Asumu Edajng, Judas Tadeo Ela Baby y Jesús Engonga Ndong.

- Candidatos del PDGE por Nsork y acompañantes: Angel Esono Abaha mangue, Fidel Marcos mañe, Carlos Eyi Obama, Policarpo Monsuy Mba.

- Candidatos del PDGE por Akonibe y acompañantes: Antonio Fernando nve Ngú, Jaime Ela Ndong, Alberto Ela Nzo y Guillermo Obam Nze.

- Candidatos del PDGE por Ebibeyin y acompañantes. Pascual Ondo Masa, baltasar Engonga Edjo, Elias Ondo Edjo, Domingo Mituy Edjang, Feliciano Nvo Oluy, Demetrio Ndong Mba, Federico Edjo Ovono y Ricardo Mangué Obama Nfube.

- Candidatos del PDGE por Mikomeseng y acompañantes: Angel Mesie Mibuy, Lucas Nguema Esono, Antonio Javier nguema, Felicisimo Mba Nze, Miguel Oyono Ndong Mifumu y Rosina Mangué Elo.

- Candidatos del PDGE por Nsok-Nsomo y acompañantes. Fortunato Ofa Mbo, Basilio Edu Nguema, Filiberto nsue Mibimi, Vicente Obama Ondo y Nicolas Edu Nzo.

Todos aquellos candidatos del PDGE arriba mencionados, con el apoyo de los órganos distritales y provinciales de su partido, así como con el apoyo de gobernadores y delegados de gobierno, comandantes militares, jefes de policía, agentes de seguridad y extranjeros con intereses en Guinea Ecuatorial, como libaneses, españoles del sector forestal y del comercio y otros, se dedicaron durante los 15 días de campaña electoral y durante la jornada de reflexión a intimidar a la población para que votasen al PDGE.

A lo largo de la campaña electoral del PDGE, sus dirigentes y candidatos se hicieron acompañar , para sus actos de campaña, por nutridos grupos de soldados, miembros de la seguridad presidencial, policías, gendarmes, en vehículos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado.

Se prohibió a muchos propietarios de vehículos y embarcaciones alquilarlos a los partidos de la oposición democrática, bajo la amenaza de cárcel y requisa de los mismos.

En muchos distritos donde la represión es más aguda como Akonibe, Evinayong, Kogo, Akurenam, Mikomeseng, Ebibeyin y Niefang, los partidos políticos vivieron jornadas muy dificiles de persecución y de impedimiento para organizar mitines.

La campaña electoral finalizó el día 5 de marzo, cuando todavía no se habían repartido todos los carnets electorales en la totalidad de las circunscripciones electorales y faltaban varios documentos de apertura y cierre de las mesas en muchos distritos, así como las actas de escrutinio faltatan en otros tantos.

En la tarde del día 6 de marzo, día de reflexión y víspera de las votaciones, el Presidente de la República pronunció una alocución televisada, mediante la cual, insinuaba hipócritamente, que el voto iba a ser secreto, disipando parcialmente una profunda duda y preocupación que se había creado en la población por la desenfrenada campaña del PDGE en favor del voto público. Con esa alocución se creó una vana esperanza de que las elecciones iban a ser libres, secretas y transparentes.

4.- OBSERVACIÓN INTERNACIONAL.

La observación internacional es uno de los aspectos que se contemplan en el Pacto Nacional y su Documento de Evaluación por expresa petición de los partidos políticos de la oposición como una de las garantías indispensables para la celebración de unas elecciones con una aceptable credibilidad.

El Gobierno desde el inicio de la elaboración del Censo electoral se negó a invitar a la comunidad internacional para la Asistencia Técnica y Financiera de dicho proceso y es la misma actitud que se mantuvo a la hora de celebrarse las elecciones, invitando sólo y únicamente a instituciones afines al régimen y de dudosa solvencia democrática y credibilidad.

El Gobierno constituyó también un grupo de observadores nacionales, que procedían en su totalidad de organizaciones de apoyo al PDGE o presididas por personas marcadamente afines al régimen.

Se admitió también la presencia de los Embajadores acreditrados en Guinea ecuatorial, pero cuya opinión no tendría ninguna consecuencia a nivel de la Junta Electoral Nacional.

Algunos observadores a pesar de que fueron invitados por el gobierno como amigos, no tardaron en mostrar, primero su extrañeza y luego su crítica por la forma en la que se había desarrollado la jornado electoral, y ante tanto descaro en cometer actos contrarios a unas elecciones libres y de la violación fragante, deliberada y pública de las leyes electorales.

Cabe mencionar el hecho de que los observadores no pudieron cubrir toda la geografía nacional y estos fueron guiados a los lugares y distritos que el gobierno había seleccionado previamente, instruyendo a los presidentes de las mesas electorales disimular los métodos del fraude una vez que aparecía un coche con un grupo de observadores.


5.- JORNADA ELECTORAL.

Después de todas las artimañas, insultos, perturbaciones, persecuciones y demás fechorías organizadas por el PDGE para ganar a toda costa, todo ello en perjuicio de la oposición democrática, llegó el día 7 de marzo, un día esperado por toda la población y el que se creía que iba a constituirse en el alba de la democracia en Guinea Ecuatorial.

La jornada empezó con la toma de posesión de los miembros de las mesas electorales, entre ellos, los interventores de los partidos políticos de la oposición, que previamente habían sido adiestrados en seminarios para cumplir con sus funciones en las mesas.

El PDGE y sus agentes no tardaron en poner en marcha el mecanismo final y fundamental del fraude electoral, empezando por expulsar de las mesas a los interventores de los partidos políticos de la oposición democrática en más del 80 % de las mesas electorales de todo el país. Muchos interventores de los partidos políticos fueron maltratados y detenidos en muchas mesas electorales al resistirse a abandonar las mismas.

En el 95 % de las mesas electorales no se expusieron las listas de electores, en clara violación de la Ley electoral, en su Art. 45, ni había un control riguroso en cuanto a la identificación de los mismos. ( sólo se expusieron las listas en 45 mesas electorales-habían 930 mesas elecorales en todo el país -, entre Malabo y Bata, por donde iban guiando a los observadores internacionales ).

Al maltrato de los interventores de los partidos políticos y de algunos electores , siguió un amplio abanico de irregularidades que fueron decisivas para que la victoria fuese malamente atribuida al PDGE y que pasamos a enumerar:

1.- Las papeletas y los sobres de votación no fueron colocados en la cabina, para garantizar el secreto del voto. En cambio, se colocaron delante de la mesa de votación para conocer el sentido del voto de cada elector y ejercer una coacción psicológica directa a la hora de escoger las papeletas.

2.- Voto público generalizado en casi la totalidad de las mesas y que consistía en obligar directamente a los electores a escoger la papeleta del PDGE, entre todas las que se hallaban expuestas, introducirla en el sobre y después depositarla en la urna.

Los electores que se atrevían a escoger varias papeletas y ejercer de manera secreta su derecho de sufragio activo, se les obligaba devolver al presidente de la mesa el resto de las papeletas no utilizadas entre las llevadas a la cabina de votación, ante los demás electores, y se les amenazaba con posteriores represalias por no haber votado al PDGE.

Los protagonistas de dicha imposición de voto público fueon los gobernadores provinciales, los delegados de gobierno, comandantes de las zonas militares, jefes superiores de policía, agentes de seguridad presidencial, miembros de las fuerzas armadas, todos los candidatos del PDGE, los presidentes y vocalales de las mesas electorales y todos los órganos locales de dirección del PDGE.

En numerosos casos , se situaban personas en el interior de las cabinas para conminar a los electores que habían escogido varias papeletas a votar al PDGE.

3.- Expulsión masiva y generalizada de las Mesas electorales de los interventores de los partidos políticos de la oposición que protestaban por la descarada violación de las normativas electorales y la abierta y pública coacción a los electores.

4.- Falta de tinta indeleble en el 100 % de las mesas electorales.

5.- Votos emitidos por menores de 18 años traídos expresamente por los candidatos , directivos y militantes del PDGE así como los dignatarios del régimen.

6.- Urnas( hechas de madera ) que antes del inicio de las votaciones estaban llenas de sobres con papeletas del PDGE y que los presidentes de las mesas respectivas se negaron a abrir y prescintar delante de los demás miembros de la mesa y de los electores.

7.- Militantes y demás personas afines al PDGE estuvieron votando por sus familiares ausentes, personas ya fallecidas y por otros electores que tuvieran la sospecha de que querrían votar a la oposición.

8.- En muchas mesas electorales, no permitieron a los electores acercarse a las mismas, se limitaban a recoger sus carnets de elector e introducir los sobres con las correspondientes papeletas del PDGE.

9.- El PDGE estableció varios grupos itinerantes de sus militantes, que trasladados con vehículos iban votando de manera rotatoria y en repetidas ocasiones en varias mesas en las que no estaban censados, con la complicidad de los presidentes de las mesas.

10.- habían mesas electorales en las que sólo se presentaron a los electores las papeletas del PDGE y se expulsaba del recinto a cualquier elector que reclamase las papeletas de la oposición.

11.- Urnas con doble rendija, una colocada de tal manera que permitía al presidente de la mesa ir introduciendo sobres con papeletas del PDGE.

12.- Intervención descarada de los efectivos militares encargados de mantener el orden en las mesas de votaciones, que amenazaban abierta y públicamente a los electores, invitándoles a votar al PDGE si no querrían tener serios problemas después.

13.- En la mayoría de los consejos de poblados en el interior del país,los presidentes de las mesas electorales, entregaban a los electores la papeleta del PDGE y el sobre para que ellos mismos lo depositaran en la urna. si se negaban, los mismos presidentes se encargaban de introducir el sobre.

14.- La mayor parte de los militantes del PDGE disponían de más de un carnet de elector, facilitado por la Dirección General de Estadísticas, al frente de la cual se encuentra un miembro del clan gobernante, miembro activo del grupo antorcha del PDGE.

15.-En los centros escolares, campamentos militares, patios agrícolas y forestales, se obligaba a los electores inscritos en las mesas correspondientes a esos lugares votar públicamente al PDGE sin ninguna posibilidad de protesta, bajo fuertes amenazas de expulsión del centro o del trabajo y en presencia de nutridos grupos de efectivos de la seguridad presidencia y de las fuerzas armadas.

16.- En la gran mayoría de las mesas electorales, las votaciones se concluyeron mucho antes de la hora oficial de cierre, quedándose muchos electores sin votar, ya que los presidentes de las mesas ya habían llenado con mucha anticipación las urnas con sobres fraudulentos y debían ajustarse al listado de las mesas para no sobrepasar ala cifra general de electores inscritos que ascendía a 194.0053 electores en todo el país.

Otros presidentes de mesas electorales, pasaron por alto el respeto del número de electores inscritos en sus listas y se dieron casos de mesas con 250 electores oficialmente inscritos, y aparecían más de 500 papeletas en favor del PDGE en el escrutinio.

17.- En las ciudades de Malabo y bata, densamente pobladas y con presencia de cuerpo diplomático , proliferon Mesas Electorales clandestinas, que quedaron fuera de cualquier control y observación.

18.- En el recinto presidencial, donde reside el jefe de estado, y que es la comunidad nº 1 de la ciudad de Malabo, se habilitaron cinco mesas electorales con más de 500 electores cada una. No permitieron a nadie acceder a dicho recinto para verificar si las votaciones se desarrollaban correctamente.

19.- A la hora de efectuar el escrutinio, se expulsaron de las mesas electorales a los pocos interventores que quedaban, a los electores que querían presenciar dicho acto y a cualquier ciudadano que no fuera militante activo y declarado del PDGE.

20.- Algunas urnas fueron secuestradas para realizar el escrutinio en lugares clandestinos y seguros para los presidentes de las mesas ante la ira de algunos electores.

21.- En el 100 % de las mesas electorales, ningun interventor de la oposición democrática firmó las actas del escrutinio y demás certificados de la mesa, sólo los interventores del PDGE y los miembros de la mesa que también son militantes del PDGE, suscribieron toda la documentación.

Una vez concluidas las votaciones, los delegados de gobierno, mientras los presidentes de las mesas y sus miembros realizaban el fraudulento escrutinio, fueron a la búsqueda de los interventores de los partidos políticos, para obligarles a firmar las Actas del escrutinio de las mesas electorales a punta de pistola y bajo severas amenazas. Algunos interventores tuvieron que internarse en los bosques, para ocultarse.

22.- En las Juntas electorales distritales, los apoderados de los partidos de la oposición democrática, se negaron tmabién a suscribir las actas del escrutinio distrital y se retiraron de las mismas, ya que todas las denuncias presentadas durante la campaña y durante el desarrollo de la jornada de votación fueron ignoradas por sus respectivos presidentes, que son al mismo tiempo delegados de gobierno en los distritos.

Los delegados de gobierno y presidentes de las Juntas electorales distritales intentaron asimismo corromper a los apoderados de los partidos políticos de la oposición con dinero y promesas de empleo, si firmaban las actas del escrutinio distrital para su envío a la Junta Electoral Nacional. Tuvieron muy poco éxito y la represión fue aún más cruel, después de la jornada de votación.

23.- Los interventores de las mesas electorales de los partidos políticos siguieron recibiendo amenazas para la firma de las actas y en algunos casos obligados a punta de pistola o de balloneta, tuvieron que firmar en contra de su voluntad las actas de los supuestos escrutinios. Muchos de ellos se vieron obligados a salir de sus respectivos distritos a pie, esconderse durante semanas en los bosques o buscar refugio en Bata o en Malabo.

24.- La Junta Electoral Nacional se negó a facilitar pases a vehículos de los partidos de la oposición para verificar la situación en las mesas distantes de los centros urbanos, ya que por norma, los días de votación en Guinea Ecuatorial, está prohibida la circulación de vehículos, salvo los que dispongan de pases, extendidos por el presidente de la Junta Electoral Nacional.

25.- En la circunscripción electoral de Malabo estuvieron vigilando las mesas y coaccionando a los votantes, el Director General de Seguridad, el Vice-Ministro de Seguridad, el Ministro Delegado de Defensa y el secretario general del Ministerio de Defensa, al frente de nutridos grupos de militares fuertemente armados y en actitud hostil.

En la ciudad de Malabo se instalaron dos barreras que impedían acceder a las mesas que estaban a las afueras de la capital y en las que sólo se dejaba el paso a los candidatos del PDGE, los miembros del gobierno y los activistas del PDGE.

Todas estas irregularidades fueron reconocidas por el mismo Presidente de la República cuando recibió a la prensa internacional el día 8 de marzo, señalando que es normal que en un país africano sin tradición democrática ocurran ese tipo y nivel de irregularidades.

Lo más sorprende es, conociendo que todas las irregularidades antes mencionadas vienen penalizadas por la Ley electoral, el presidente de la junta Electoral Nacional y las autoridades judiciales no hiciesen nada para castigar a los autores de tantos despropósitos y responsables de una violación y quebrantamiento tan graves de la legalidad constitucional.

El fraude electoral materializado el día 7 de marzo de 1999 fue conscientemente preparado por todo el aparato directivo del PDGE y su Gobierno, con el respaldo más absoluto a nivel de las provincias y distritos por los respectivos gobernadores, delegados de gobierno y las directivas provinciales y distritales del partido gubernamental.

Para idear y programar estrategias para la materialización del fraude , el régimen montó un gabinete siniestro y conspirativo, en contacto directo con el Presidente de la República y del PDGE y con el presidente de la Junta Electoral Nacional, compuesto por Demetrio Elo Ndong Nse Nfumu, Ricardo Mangué Obama Nfube, Fortunato Ofa Mbo, Alejandro Evuna Owono, Cristina Dyombe Djangani, Gregorio Boho Camó, Agustín Nze Nfumu, Cándido Muatetema Rivas y Miguel Oyono Ndong Mifumu.

6.- SITUACION POST-ELECTORAL.

Concluidos los mal llamados comicios, el PDGE y sus agentes, pese haberse atribuido la victoria y tras haber brindado a la comunidad internacional y nacional de un vergonzoso espectáculo, sin que tenga cabida en los albores del siglo XXI, desencadenaron una oleada de macabra y criminal persecución contra los militantes, simpatizantes y candidatos de la oposición, atirados por el ánimo impúdico con el que habían organizado el fraude.

Unas zonas se vieron más afectadas. Hay que destacar las represiones llevadas a cabo en las provincias de Kie Ntem y Centro Sur.

El Ministro de Información, Lucas Nguema Esono, y candidato del PDGE por Mikomeseng, creó una situación de verdadero pánico que obligó a muchos militantes y simpatizantes de la oposición a refugiarse en los bosques.

El Delegado de Gobierno de Nsok Nsomo, declaró un verdadero estado de sitio en su distrito, obligando a muchos ciudadanos y militantes de la oposición a refugiarse en otros distritos.

El Gobernador de Centro sur, Luis Oyono, mandó azotar públicamente y torturar a ciudadanos, militantes y simpatizantes de la oposición, entre ellos ancianos de 70 y 80 años, que se atrevieron a tocar las papeletas de la oposición con la intención de votar a la misma. Otros fueron obligados, por orden del gobernador Luis oyono , de abandonar sus respectivos lugares de residencia, sus respectivos consejos de poblado y trasladarse a la ciudad de evinayong o irse a pie a otros distritos.

Se procedió también al secuestro de simpatizantes de la oposición, que fueron paseados en todos los consejos de poblados, y en cada uno de ellos, se organizaban sesiones de maltrato público como escarmiento por pertenecer a la oposición y como advertencia al resto de los militantes y simpatizantes de la oposición.

Las autoridades gubernamentales y altos cargos del PDGE procedieron a la suspensión de sueldo y expulsión en sus respectivos lugares de trabajo a muchos funcionarios, profesores, maestros, etc.....por estar en las listas de los partidos políticos, hacer campaña en su favor y por la mera sospecha de haber votado o intentado votar a la oposición democrática.

Después de ajustar y cocer todas las artimañas que compusieron, la Junta Electoral Nacional, en fecha 15 de marzo procedió a la ñpublicación de unos resultados a todas luces inventados, insostenibles e incosistentes que arrojó el escrutnio general.

Dicho escrutinio general fue realizado en un despacho del Ministerio del Interior sin la presencia de los representantes de los partidos políticos.

La Junta Electoral Nacional, como era de esperar, y sin atenerse a las diversas denuncias presentadas por los representantes de los partidos políticos en la misma, dió la victoria electoral al PDGE con 131.414 votos y obteniendo 75 escaños y a la oposición en su conjunto 22.000 votos y cincos escaños, cuatro para Unión Popular y uno para CPDS.

Ante esta situación, los partidos politicos de la oposición democrática mostraron su absoluto rechazo a los resultados electorales, la exigencia de anulación de las elecciones y celebraciones de otras con garantías democráticas y asistencia de la comunidad internacional, y la decisión de los partidos UP y CPDS de no tomar posesión de los escaños atribuidos. Esta postura de la oposición democrática colocaba al régimen ante un parlamento monocolor en un sistema supuestamente multipartidista.

En fecha 18 de marzo de 1999 el presidente del Tribunbal Constitucional, cumpliendo con el calendario electoral, procedió a la proclamación de los diputados electos fraudulentamente, en un acto público celebrado en el Cine marfil.

El mismo día de la proclamación de los electos los partidos políticos procedieron a la interposición de los recursos contenciosos-electorales con la finalidad de lograr la anulación de las elecciones.

El Tribunal de Apelación, dando espalda a la Ley Fundamental y a toda la normativa electoral, falló en favor de la tesis de la Junta electoral nacional y del Ministerio fiscal, que defendían de manera descarada
actuaciones delectivas y antidemocráticas del PDGE, su gobierno y las juntas electorales distritales , reconociendo la validez de los comicios y alegando que no se habían observado irregularidades dignas de tenerse en cuenta durante el desarrollo del proceso electoral.

POR TODOS LOS HEHCOS ANTES RELATADOS Y CONSIDERANDO QUE:

a) Desde 1991 el gobierno de Guinea Ecuatorial y su Presidente se comprometieron a impulsar un proceso de cambios políticos en el país y respetar los derechos humanos.

bEn base a este compromiso, muchos países ofrecieron sus buenos oficios , asistencia financiera, asesoramiento jurídico y el relator especial de las Naciones Unidas, en sus diversos informes sobre Guinea Ecuatorial, aconsejó al mismo a ajustar su actuación a la legalidad vigente en el país.

El gobierno de Felipe González Márquez, designó al ex presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, asesor del Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, para llevar correctamente el proceso de cambios políticos. Dicha mediación tuvo un final desarfortunado.

La Unión Europea, desde la Comisión de Gobierno y su Parlamento, dictó varias resoluciones sobre la situación de Guinea Ecuatorial y envió varias misiones, sin resultado positivo ni cambios sustanciales en las maneras dictatoriales y arbitrarias de gobierno.

El mismo Jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, se ha comprometido en varias ocasiones ante las altas instancias de las Naciones Unidas y la Unión Europea en el sentido de llevar a cabo un auténtico proceso de democratización y poner fin a la impunidad de la que gozan sus colaboradores y agentes del régimen.

b).- La autoridad de todo el gobierno estará basada en la voluntad del Pueblo expresada en elecciones periódicas y auténticas, libres y justas, celebradas a intervalos regulares sobre la base del sufragio universal, igual, libre y secreto.

c).- Los derechos relativos al voto y la elección son derechos fundamentales que no pueden restringirse de ninguna manera.

Todo candidato a las elecciones y todo partido político tendrán iguales oportunidades de acceso a los mediors informativos para dar a conocer sus opiniones políticas, a la protección de sus bienes y de su vida.

d).- Los Estados y sus gobiernos deben adoptar y cumplir las disposiciones legislativas y otras medidas necesarias para garantizar los derechos y el marco institucional que permitan la celebración de elecciones libres, justas, auténticas, conforme a sus obligaciones contraidas en virtud del Derecho Internacional, tales como:

- Establecer un procedimiento eficaz, imparcial y no discriminatorio para la inscripción de los votantes.

- Facilitar el libre funcionamiento de los partidos políticos, reglamentar una financiación suficiente y digna para los mismos, asegurar la separación entre estado y el partido en el poder y establecer condiciones equitativas para la mejor concurrencia a las elecciones.

- Adoptar medidas polítcas e institucionales necesarias para asegurar el logro progresivo y la consolidación de los objetivos democráticos, comprendido el establecimiento de un mecanismo neutro, imparcial y equilibrado de administración de las elecciones.

- Lograr que los responsables de los distintos aspectos de las elecciones estén adiestrados y actúen con imparcialidad, y que existan procedimientos coherentes y democráticos de votación y que sean conocidos de antemano por los electores.

e).- Los Estados y sus gobiernos deberán respetar y garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los individuos presentes en su territorio y sometidos a su jurisdicción. Y en época de elecciones se deberá respetar especialmente:

-El respeto a la libertad de movimiento, reunión, manifestación y expresión.

f).- Los Estados y sus gobiernos deben, en momentos de elecciones, adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para conseguir que se respete el principio de voto secreto, y para que los votantes puedan votar libremente, sin temor ni intimidación.

g).- Las autoridades de todo gobierno, deben conseguir que el escrutinio se organice de modo que se evite el fraude o cualquier otra ilegalidad, que se mantengan la seguridad e integridad del proceso en todo momento, y que el recuento de votos esté a cargo de personal adiiestrado, sometido a vigilancia y verificación imparcial.

Se debe garantizar que todos los partidos y sus candidatos beneficien de igual seguridad y que las violaciones de los derechos humanos y las demandas relativas al proceso electoral sean resueltas con prontitud, actuando una autoridad independiente e imparcial, como lis tribunales o una comisión electoral.

Todos los preceptos democráticos arriba mencionados han sido violados y en algunos caos, ignorados en todas las elecciones celebradas desde 1993 y con más rigor en las últimas elecciones legislativas del día 7 de marzo de 1999 en un claro desafío a la Comunidad Internacional y provocación a la población. El régimen de Malabo se ha lanzado en un proceso imparable de afianzamiento de una tiranía de partido único, con uno de los índices de corrupción, incompetencia y desgobierno jamás conocidos en la corta historia de la existencia de Guinea Ecuatorial.

SOLICITAMOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, PAISES AMIGOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS:

1.- QUE TOMEN CONSCIENCIA DE LO QUE ACONTECE EN GUINEA ECUATORIAL.

2.- QUE NO RECONOZCAN AL ILEGAL E ILEGITIMO PARLAMENTO CONSTITUIDO Y EL POSTERIOR GOBIERNO QUE SE FORME.

3.- QUE EJERZAN SERIAS Y EFECTIVAS PRESIONES DIPLOMÁTICAS Y DE OTRA ÍNDOLE SOBRE EL GENERAL TEODORO OBIANG NGUEMA MBASOGO PARA QUE ANULE LAS ELECCIONES DEL DIA 7 DE MARZO Y CONVOQUE OTRAS NUEVAS ELECCIONES QUE DEBERÍAN CELEBRARSE EN CONDICIONES DEMOCRÁTICAS.

4.- QUE SE PROCEDA A UN AISLAMIENTO DIPLOMÁTICO DEL GOBIERNO DE GUINEA ECUATORIAL HASTA QUE CUMPLA LAS CONDICIONES DE CONVIVENCIA DEM OCRÁTICA Y CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS SOBRE LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PAÍS.

5.- QUE LA CUESTION DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES POLÍTICAS EN GUINEA ECUATORIAL SEA LLEVADO ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS,

MALABO A 30 DE MARZO DE 1999.

POR LOS PARTIDOS POLITICOS,

UNIÓN POPULAR, (UP), CONVERGENCIA PARA LA DEMOCRACIA SOCIAL (CPDS), PARTIDO SOCIALISTA DE GUINEA ECUATORIAL (PSGE), ACCIÓN POPULAR DE GUINEA ECUATORIAL (APGE), PARTIDO DE LA COALICIÓN SOCIALDEMOCRATA (PCSD), CONVERGENCIA SOCIALDEMOCRATICA Y POPULAR DE GUINEA ECUATORIAL (CSDP), ALIANZA DEMOCRATA PROGRESISTA ( ADP). ”.

Este es el abultado y completo informe elaborado por los partidos políticos arriba indicados a finales del mes de marzo del año 1999. Dicho Informe fue enviado a los Gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Gabón y Nigeria y a la Comisión y Parlamento Europeo así como al Secretario General de las Naciones Unidas, y a la OUA.

Lo hemos vuelto a poner de actualidad para refrescar la memoria a los partidos políticos firmantes del mismo sobre las actuaciones del régimen del caos en cuestiones electorales que ellos mismos conocen suficientemente y apelamos a una conducta más acorde a los principios para todos aquellos que piensan que en Guinea Ecuatorial se convocan elecciones para producir cambios o para dejar al Pueblo expresarse libremente.

Este Informe está circulando por los despachos de importantes gobiernos occidentales ( ya que se ha traducido en varios idiomas ) y forma parte íntegra del voluminoso ” dossier ” que se está elaboranto sobre el régimen del caos, en el que se incluyen asuntos como la situación económica del país, la fortuna de la familia presidencial, violaciones de los derechos humanos....En fin....




Fuente: MBO OBA

¡Nota importante!
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Véase también la declaración sobre el uso de seudónimos