Comisión de Derechos Humanos
58 período de sesiones
Tema 9


Discurso del Representante Especial de la Comisión de
Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en Guinea Ecuatorial
Sr. Gustavo Gallón


28 de Marzo de 2002



Señor Presidente:

Permítame felicitarlo, al igual que a los miembros de la mesa directiva, y desearles los mejores éxitos en la conducción de los trabajos de la Comisión. Uno de esos éxitos sería la contribución que ustedes puedan seguir prestando para superar la crisis de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Se trata del caso más antiguo de supervisión que la Comisión ejerce sobre un país. Es una situación que, si bien difícil, puede mejorar si la Comisión continúa fortaleciendo las medidas para que sus recomendaciones sean puestas en práctica. Guinea Ecuatorial, por ello, pone a prueba la eficacia de los mecanismos de la Comisión.

Desde 1976 la Comisión decidió supervisar a Guinea Ecuatorial a través del procedimiento confidencial, y luego, desde 1979, a través del procedimiento público. El año pasado la Comisión fortaleció el mandato de este Representante Especial al atribuirle tres funciones: supervisar la situación de derechos humanos, supervisar la asistencia técnica y ayudar a la Oficina de la Alta Comisionada y al Gobierno a establecer un programa de asistencia técnica.

Con este triple mandato visité el país en noviembre de 2001. Ya había yo hecho una primera visita en 1999, de la cual rendí informe a la Comisión. El año pasado también rendí informe, basado en los datos que recaudé fuera del país, pues el Gobierno no autorizó mi visita. Este es, pues, mi tercer informe, y me complace señalar que recibí de las autoridades nacionales plena colaboración para el desarrollo de mis actividades, colaboración que contrasta con la falta de disposición de algunas autoridades locales.

El Gobierno ha empezado a poner en práctica, sin necesidad de asistencia externa, algunas de las recomendaciones que la Comisión ha venido haciéndole durante más de dos decenios. Así, se han instalado servicios sanitarios en una de las cárceles que carecía de ellos, se han empezado a publicar leyes en un boletín oficial que circula casi cada semana, y se ha dejado de perseguir a quienes bajen prensa extranjera de los aviones. Además, el Gobierno prometió que durante el primer trimestre del presente año pondría en práctica otras recomendaciones, como la adhesión a las Convenciones contra la tortura y contra la discriminación racial, la presentación de un proyecto de ley para que los civiles no sean juzgados por tribunales militares, el mejoramiento de las instalaciones sanitarias de otros centros de detención, la prohibición de encarcelar a las mujeres divorciadas que no devuelvan la dote matrimonial, y la orden de no efectuar detenciones arbitrarias. Este Representante no tiene información precisa sobre el cumplimiento de esa promesa, pero seguramente el Gobierno traerá noticias al respecto.

En cualquier caso, la aceptación de la necesidad de estas medidas demuestra que la Comisión ha tenido razón en insistir año tras año en la pertinencia de estas recomendaciones. Como la Comisión lo había advertido, tales recomendaciones podían adoptarse directamente por el Gobierno, sin necesidad de asistencia técnica externa. Esto evidencia que los esfuerzos invertidos por la Comisión durante tantos años pueden dar frutos si ella se mantiene firme en sus decisiones y en sus mecanismos.

Es claro entonces que la asistencia técnica que pueda darse a Guinea Ecuatorial debe partir del compromiso del Gobierno de poner en práctica específicas recomendaciones de la Comisión. Así, como producto del diálogo realizado con el Gobierno durante esta visita, este Representante Especial ofreció proponerle a la Oficina de la Alta Comisionada el envío de una misión de expertos al país, durante aproximadamente una semana, para ayudar a aplicar la Convención contra la tortura, estudiar técnicas de investigación judicial sin tortura y organizar la jurisdicción penal militar de tal forma que los civiles no estén sometidos a ella. Al igual que el Gobierno, la Oficina de la Alta Comisionada aceptó la propuesta y está realizando las gestiones para que la misión se lleve a cabo tan pronto como sea posible.

Restan sin embargo muchas recomendaciones esenciales por cumplir. Guinea Ecuatorial continúa careciendo de un consistente Estado de derecho, en vez del cual opera en la práctica un régimen de partido único, aun cuando formalmente esté reconocido el multipartidismo. La concentración de poderes y el uso de la fuerza militar sobre la ciudadanía son evidentes. Como consecuencia de todo ello, la población está expuesta a una total inseguridad jurídica, de tal forma que cualquier persona puede ser detenida en cualquier momento y por cualquier motivo sin que opere en su favor ningún recurso para evitar o reparar tal arbitrariedad. Se trata de una situación crónica, de profunda intolerancia con la disidencia, que viene desde antes de la independencia de España en 1968, pero que sigue siendo palpable hoy en día.

Así lo constató una vez más este Representante Especial en su visita. En la Gendarmería de Bata encontró un sitio semi-clandestino de detención donde había 17 personas (entre ellas cuatro niños) hacinadas en una celda diminuta. Por todo servicio sanitario disponían de una pequeña botella en la reja de entrada. Los responsables del sitio, todos militares, no pudieron mostrar ninguna orden judicial que amparara la detención de estas personas, la mayoría de las cuales llevaban más de 15 días presas. No existía ni siquiera una lista de detenidos: se encontraban al arbitrio total del comandante. Al visitar de nuevo el sitio al día siguiente, dos de los detenidos exhibían evidentes señales de haber sido torturados durante la noche. El comandante de turno no negó el hecho, sino antes bien lo justificó. Ese inhumano sitio de la gendarmería de Bata es uno de los lugares a los que son conducidas de manera natural y diaria las personas detenidas arbitrariamente en la localidad y donde la tortura es normal, como medio de investigación judicial. La celda de la Gendarmería de Bata es una muestra patente de la inseguridad jurídica prevaleciente en Guinea Ecuatorial como algo corriente y cotidiano, y coincide con prácticas similares en otros sitios de detención.

Por ello, no es extraño pero sí es preocupante que, luego de la visita al país, este Representante haya seguido recibiendo una alarmante cantidad de denuncias de detenciones arbitrarias. Preocupa especialmente la detención de dos fundadores del partido -no reconocido legalmente- Fuerza Demócrata Republicana (FDR), Felipe Ondó (el 14 de marzo) y Guillermo Nguema (el 15 de marzo) y ocho familiares del primero: sus tres hijos, una sobrina embarazada, sus dos hermanos y otro pariente (el 23 de marzo) y un cuñado (el 14 de marzo). El partido FDR agrupa importantes personalidades de la región de Mongomo (la tierra del presidente), muchas de las cuales han sido altos funcionarios de este gobierno o del anterior, y actualmente son opositores. Siete militares importantes, también originarios de Mongomo, fueron confinados allí luego de obligarles a abandonar la capital, Malabo, el 14 de enero. Tres de ellos fueron finalmente privados de libertad sin orden judicial, junto con un número aproximado de otras 40 personas, a mediados de marzo.

El partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS), que es prácticamente el único partido de oposición legalmente reconocido, también ha sufrido persecución en estos meses. El 7 de enero, cinco activistas fueron detenidos cuatro días en Añisok, acusados de tener una reunión política clandestina; y otros cinco, el 21 de enero. En Aconibe fue detenido, también por cuatro días, el secretario general del CPDS en esa localidad, acusado de mantener contactos clandestinos. El secretario general del CPDS en Kogo fue amenazado de muerte el 14 de enero por el Delegado de Gobierno, quien prometió acabar con la oposición allí. También en Kogo, el 5 de enero, el mismo Delegado de Gobierno amenazó de muerte a un miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del CPDS (el doctor Wenceslao Mansogo) y lo acusó de organizar reuniones políticas clandestinas.

Un ex militar, militante del partido Unión Popular (UP), Faustino Ondó, fue detenido el 17 de febrero en Kie Ntem y trasladado a los Barracones de Bata. Se denuncia que fue torturado y que su residencia fue registrada por agentes de seguridad.

La población bubi (etnia mayoritaria en la isla de Bioko, pero minoritaria en la región continental, donde predomina la etnia fang) también ha denunciado hostigamientos. El señor Dimas Bueriberi Napo, de la etnia bubi, fue matado a sangre fría por un militar fang el 13 de febrero, como producto de un altercado en la empresa de energía de Luba.

Estas y otras manifestaciones de intolerancia se dan en medio de una situación de extrema pobreza que afecta al 65% de la población, perjudicando especialmente el disfrute de los derechos a la educación y a la salud por parte de muchas niñas y niños. El país podría satisfacer aceptablemente los derechos económicos, sociales y culturales con el producto de importantes yacimientos de petróleo explotados en forma creciente desde 1995. Para ello se requiere que haya conocimiento público del monto de las regalías y de su destinación, y que se enfrenten los efectos negativos de riquezas de esta naturaleza, como la agudización de la diferenciación social o el auge de la prostitución infantil, fenómenos visibles y preocupantes en este momento en Guinea Ecuatorial.

La cooperación internacional puede ser útil para hacer frente a estos retos si, como se ha advertido reiteradamente, enmarca sus acciones dentro de las recomendaciones de la Comisión. No sobra recalcar este principio a los cuatro programas de asistencia técnica de los cuales recibió información durante su visita este Representante Especial, sin desconocer por ello los esfuerzos que cada uno de tales programas ha hecho, a su manera, para orientarse en tal sentido. Son proyectos impulsados por la Comisión Europea, el PNUD, el Gobierno español y el Gobierno francés. Es importante que ellos contribuyan decididamente a poner en práctica las recomendaciones identificadas por la Comisión durante más de 20 años de supervisión.

Para seguir avanzando en esta dirección es necesario que la Comisión mantenga una supervisión estrecha sobre la situación de derechos humanos en el país, renueve para el efecto el mandato del Representante Especial, urja al Gobierno a que avance con mayor decisión y prontitud en el cumplimiento de las recomendaciones (sobre todo en relación con las detenciones arbitrarias y la tortura) y adopte mecanismos adicionales para asegurar que las decisiones de la Comisión produzcan más frutos.

Muchas gracias, señor Presidente.

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/NewsRoom?OpenFrameSet

Fuente: Comisión de

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