De Canal Solidario
Madrid, 29 Jun. (Europa Press)

El Gobierno español considera ¨absolutamente imprescindible¨ la presencia de un representante especial de Derechos Humanos de la ONU a Guinea Ecuatorial tras la decisión de la Comisión de DD.HH de Naciones Unidas de no renovar el mandato de Gustavo Gallón el pasado mes de abril.

En una respuesta parlamentaria a la pregunta del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Guillerme Vázquez, sobre la renovación del mandato del representante especial de Guinea Ecuatorial, el Ejecutivo de José María Aznar subraya que la situación de los DD.HH en la antigua colonia española ¨merece cada vez mayor preocupación¨, especialmente tras las recientes detenciones de opositores y el posterior macrojuicio en Malabo.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó a comienzos de abril la retirada de su representante de DD.HH en Guinea Ecuatorial, Gustavo Gallón, por la colaboración del Gobierno de Malabo dirigido por Teodoro Obiang. La resolución fue aprobada con 32 votos a favor, uno en contra y 20 abstenciones (entre ellas las de la UE) y en la citada resolución se anima al Ejecutivo de Obiang a poner en marcha un plan de acción nacional sobre DD.HH, por lo que se pidió a Guinea Ecuatorial que negocie con la Oficina de la alta comisionada de DD.HH un programa ¨de asistencia técnica¨.

El representante del Ejecutivo de Malabo hizo hincapié en que en los últimos años no ha habido ¨arrestos o desapariciones por motivos políticos, detenciones arbitrarias, secuestros políticos, violencia étnica o discrimación contra grupos étnicos¨, al tiempo que se ha ¨transformado¨ el sistema político, según se recoge en la citada declaración. A mediados de marzo se inició en Guinea Ecuatorial una campaña de detenciones contra los principales opositores políticos del país, bajo las acusaciones de ¨intento de golpe de Estado¨ y de ¨intento de asesinato del jefe del Estado¨, Teodoro Obiang Nguema.

El pasado 9 de junio, un tribunal condenó en Malabo a 20 años de cárcel a quince dirigentes de la ilegal Fuerza Republicana Demócrata (FDR) y a 14 años y ocho meses a otros 19, entre ellos el secretario general de Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Plácido Micó. Las organizaciones de Derechos Humanos y los observadores en el juicio denunciaron torturas y malos tratos contra los acusados y graves irregularidades durante el proceso.


Fuente: Europa Press

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