JULIO M. LÁZARO | Madrid

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo admitió ayer a trámite una demanda de protección de los derechos fundamentales de la persona para revisar judicialmente la política exterior española respecto de Guinea Ecuatorial que, según los demandantes, ha favorecido la política represora del presidente Teodoro Obiang sobre ciudadanos de su país.


Mediante una providencia notificada ayer, la Sala tiene por presentado el recurso contencioso, reclama el expediente administrativo y da un plazo máximo de cinco días a la Administración del Estado para su remisión al Supremo. El alto tribunal ha designado ponente del recurso al magistrado Ramón Trillo.


La demanda, presentada por el abogado Víctor Hortal en nombre de un grupo de ciudadanos guineanos y españoles, plantea que desde el pasado mes de marzo cientos de guineanos están siendo víctimas de la práctica generalizada y sistemática de la tortura para obtener información, mientras el Gobierno español ha prestado ¨toda suerte de atenciones¨ al dictador y ha dedicado la actividad exterior a prodigarle toda clase de gestos en foros internacionales.


Resultado de ¨todo este enredo¨ fue la gravitación sobre los procesados del juicio de Malabo de 19 penas de muerte ¨que sólo una oportuna e intensa presión internacional, ajena a la autoridades españolas, logró desactivar¨.


Medidas efectivas


Los demandantes explican que han pedido al Gobierno español, en sendos escritos dirigidos al presidente, José María Aznar, y a la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, que se adopten medidas efectivas para proteger a lo ciudadanos guineanos en peligro o gravemente lesionados. Disposiciones como la invalidez efectiva del juicio de Malabo o de compulsión para que Guinea acepte la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.


Sin embargo, según los demandantes, el Gobierno ¨ha optado por desentenderse del problema humano¨, centrando todo su interés en una versión de las relaciones económicas ¨un tanto peculiar¨, con sendas visitas de los secretarios de Estado de Comercio y Turismo y de Cooperación para hablar de la condonación de la deuda externa guineana y de de la política comercial del petróleo. A cambio, las autoridades españolas ¨se han desvivido para que el presidente Obiang fuera ganando prestigio democrático en espacios internacionales cada vez más amplios, que él se ha ocupado de traducir en impunidad, para bochorno general¨.


El escrito recuerda que en Guinea superan el centenar el número de desaparecidos, y concluía con la petición de que se admitiese el recurso por vulneración de derechos fundamentales producidos por la ¨inactividad administrativa del Gobierno español¨ y que se requiriese el expediente administrativo para poder formalizar la demanda.


Fuente: El País - ( 23.10.02)

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