La Audiencia de Navarra considera probado que se pusieron de acuerdo para matar a la víctima con alevosía
AGENCIAS/PAMPLONA

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a penas que suman 81 años de prisión a los tres acusados de matar en 1995 en la sierra de Urbasa a Juan José Urrutia, de 32 años y vecino de San Sebastián, que regentaba un picadero de caballos en el barrio donostiarra de Intxaurrondo.

El tribunal ha impuesto tres penas de 27 años a Alfonso Mendoza, confidente de la Guardia Civil y ex vigilante jurado; al ex ertzaina José Ignacio Gómez de Segura Berrocal y al ex policía nacional Manuel Hernández Berrocal, respectivamente. La sentencia considera que actuaron con alevosía para cometer el crimen y les obliga a indemnizar con 96.161,94 euros (16 millones de pesetas) a los familiares de la víctima.

Los magistrados aprecian que, aunque Mendoza fue el que efectuó el disparo que acabó con la vida de Urrutia, actuó conjuntamente con los otros dos acusados. La decisión de eliminarle la tomaron tras comprobar que la víctima no podía devolverles una deuda de 20 millones de pesetas que unos desconocidos les encargaron cobrar «a costa de lo que fuera».

Estos hechos ocurrieron el 17 de abril de 1995. Según considera probado la sentencia, los tres acusados, más Celestino Antonio Rodríguez, que se encuentra en paradero desconocido, se personaron en las instalaciones de la hípica Marekur para cobrar la deuda. Allí obligaron a Urrutia a introducirse a un coche y lo llevaron por distintos lugares para que pudiera conseguir dinero. Éste les dijo que sólo podía darles 400.000 pesetas y decidieron dirigirse a la sierra de Urbasa para acabar con su vida.

«¿Qué vas a hacer?»

Cuando se encontraban en el monte de las Limitaciones, en un momento dado, Alfonso Mendoza cogió una pistola marca Astra, de calibre 9 milímetros, con la que se dirigió a la víctima. Urrutia le dijo: «¿Qué vas a hacer?». Y el acusado le respondió: «¡Lo que ves!». En ese momento le disparó un tiro a quemarropa que le produjo la muerte instantánea.

La resolución judicial recuerda que «las complejísimas diligencias» -en algunos momentos se llegó a relacionar a los acusados con una trama que preparaba un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial-, se retomaron cuando la Guardia Civil consiguió en junio de 2000 que Manuel Hernández Berrocal relatara lo sucedido.

Fuente: el correo digital (9.11.02)

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