Según fuentes del CNI, se estaría investigando a algunas de las personas que gozan del estatuto de refugiado político para saber el grado de implicación que estas puedan tener en la organización de actos de desestabilización de países con los que España tiene relaciones diplomáticas.
Este podría ser el caso del refugiado Severo Moto, quien, como es público y notorio, se ha autodenominado presidente del gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio. Al parecer, está prevista una protesta verbal a nivel diplomático por parte de las autoridades ecuatoguineanas, puesto que consideran que no es de recibo que España pueda estar dando amparo a una iniciativa de esas características, independientemente que la misma se pueda situar en el grado de las parodias.
En esta protesta se haría ver al Gobierno español que se puede dar soporte jurídico a una asociación, sean cuales sean sus fines, siempre que estos se encuentren amparados por la normativa de las leyes españolas, pero que, de ninguna manera, se puede consentir que ese amparo jurídico se extienda a la formación de un supuesto “gobierno en el exilio”, puesto que se trata de una iniciativa tendente a perjudicar las excelentes relaciones diplomáticas entre ambos países.
Al parecer también se especificaría que no puede haber un gobierno en el exilio cuando en el propio país, en este caso Guinea Ecuatorial, hay partidos políticos que concurren libremente a las elecciones. Y, además, se hace especial énfasis en el hecho de que el refugiado Severo Moto esté condenado en rebeldía por organizar un golpe de Estado (como está más que demostrado y hasta él mismo reconoce) y por intentar utilizar sistemas para hacerse con el gobierno de la nación que nada tienen que ver con los conductos legalmente establecidos.
Por todo esto se ha de suponer que, de prosperar esta protesta, el siguiente paso podría ser la toma de medidas drásticas por parte del Gobierno español.
Fuente: Nick Chen
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