PARTIDO REFORMISTA: “ES POSIBLE UNA AMBICIOSA POLITICA DE VIVIENDA EN GUINEA, PERO EL GOBIERNO CARECE DE VOLUNTAD Y CAPACIDAD PARA REALIZARLA”


El último censo de vivienda realizado en Guinea Ecuatorial hace más de 20 años (1983), además de constituir un botón de muestra del grado de subdesarrollo del país entonces (4 años después del golpe de Estado), aporta una visión comparativa de hasta qué punto las cosas no se han mejorado desde entonces.

La posibilidad de acceder a una vivienda tanto en régimen de alquiler como de propiedad se ha convertido hoy en Guinea Ecuatorial en el indicador que mas y mejor ilustra la política discriminatoria del actual gobierno, basada en la desigual distribución de la riqueza nacional, donde la vivienda constituye cada vez un bién escaso y de primerísima necesidad para la inmensa mayoría de la población.

Ochenta y dos por ciento (82%) de la población guineana carece de vivienda propia, siendo el único país del mundo donde no existe una sola promotora ni cooperativa de viviendas; no hay una clara apuesta por la vivienda pública por parte del gobierno de la nación, y los intentos realizados en este sentido han sido un fracaso clamoroso, obligando de este modo al conjunto de la sociedad a la histeria colectiva de adquirir terrenos urbanos en régimen de propiedad y edificar igualmente por propia cuenta. El encarecimiento del alquiler en Malabo y Bata (una media de 61.000 Fc. por 3 m2 habitables) es consecuencia de esta falta de oferta de vivienda; siendo así que el privado se ha convertido en el único proveedor de la escasa cuota de viviendas y locales que hoy se pueden alquilar en el país. Sin la mínima garantía de información disponible que posibilite el acceso fácil a esta, de por sí, escasa oferta.

Los dos únicos intentos oficiales de promoción de viviendas públicas: las 50 viviendas de Macias y los recientes apartamentos unifamiliares de Ngolo, han sido ambos promovidos por vía de la cooperación internacional. Lo que prueba la falta de impulso de una política propia en el sector.

Las 50 viviendas de Macias fueron fruto de uno de los acuerdos de la comisión mixta guineoespañola celebrada en Madrid en 1974. A estos efectos, España se comprometió a financiar un plan quinquenal de edificación de viviendas para funcionarios guineanos a razón de 200 viviendas por año, hasta que el empeoramiento de las relaciones obligó a su paralización. El caso de Ngolo, mas reciente, responde a una política de financiamiento al desarrollo promovida por la Unión Europea.

Pero cabe preguntarse si el gobierno guineano no posee una política propia de viviendas. Semejante pregunta, por lógica, nos debería llevar a cuestionar las posibilidades de financiación de tal proyecto, teniendo por norte la necesidad cada vez grande de vivienda urbana a propósito del crecimiento demográfico, el éxodo rural (inmigración masiva hacia Bata y Malabo) y la creciente presencia de extranjeros en el país (además por razones económicas). La realidad es que el país tiene hoy dos fuentes de financiación de magnitudes respetables para impulsar un plan de viviendas en condiciones muy favorables para la sociedad, pudiendo para ello adoptar medidas fiscales y financieras adecuadas en orden a evitar riesgos de una gestión deficitaria en la implementación de dicho plan.

En este sentido existe un crédito abierto en el BEAC para los paises miembros de la CEMAC para promover la construcción de viviendas. El Estado (miembro del BEAC), como debería ser normal, puede promover condiciones de fácil accesibilidad de las empresas nacionales a dicho crédito, a intereses muy bajos y periodos muy largos de amortización. Por otro lado, el país ha experimentado un crecimiento económico hoy superior a 86,2%, lo que establece una diferencia en términos adquisitivos de mas de 7 puntos respecto del año 1999.

Sin embargo, para estupor de todos, el gobierno actual del país no sólo no ha hecho uso de estas posibilidades de financiación para poner en marcha un plan nacional de viviendas, sino que desde 1999 crea un apartado presupuestario fantasma (en las partidas de gasto social) destinado a la construcción de 5.000 viviendas anuales, y que en cada año venía figurando la misma cantidad de viviendas en la misma partida sin posibilidad alguna de justificación respecto del ejercicio anterior; tanto es así que se ha venido librando los fondos correspondientes (mas de 50.000 mill. Fc anuales) a dicho apartado presupuestario, a la vez que las maniobras del jefe de Estado para hacerse con dichos fondos se habían convertido en un secreto a voces en el parlamento, pese a las consignas dadas a su Presidente de no permitir debate alguno sobre el tema.

Este último se confiesa adoctrinado para contrarrestar el malestar de los diputados con argumentos como el excesivo gasto por la adquisición de los helicópteros, el buque mercante Djibloo etc como expresión de lástima por lo abultado de dichos gastos, y que los tenía que soportar el presidente de la República directamente. Sólo ante lo escandaloso que resultaba el tema, se ha reducido el total que figura en dicho apartado en 500 viviendas en los presupuestos generales del Estado del 2004.
En cualquier caso, el remedio viene a ser peor que la enfermedad, porque se trata de justificar las restantes 4.500 viviendas construidas con cargo a dicho apartado presupuestario. ¿Dónde estan construidas?. Es que aunque estuvieran todas construidas en el poblado natal del Presidente, sólo discutiríamos el criterio de la oportunidad; pero estaría ampliamente salvada la legitimidad por cuanto que se trataría de haber sido construidas en territorio nacional para lo que también se gasta un dinero de las cuentas públicas del Estado.



Guinea Ecuatorial es hoy un país que puede cerrar la brecha de financiación de su proceso de desarrollo con recursos propios. Es cuestión de disponer de la soberanía necesaria para adoptar una estrategia de desarrollo nacional basada en una reforma fiscal y financiera que permita la articulación de instituciones que garanticen un modelo de crecimiento equilibrado, capaces de fomentar el ahorro; que sean el resultado de un sistema políticamente estable, con las garantías y la cobertura de un estado de derecho que permita desarrollar un sector privado fuerte y competente.

Es aconsejable, en estos momentos de monopolio estatal del suelo, adoptar un sistema de oferta mixta que permita liberalizar una parte importante del suelo edificable a la iniciativa privada; primero, como la vía mas adecuada de regulación del mercado del suelo y, luego, como criterio de abaratamiento de la oferta inmobiliaria, lo que sin duda redundará en el incremento de la inversión, amén de que el dinamismo inyectado en el sector será en sí mismo una importante garantía de creación de empleo.
Es igualmente aconsejable realizar una importante reforma legislativa, debe redefinirse el concepto del llamado bosque libre del Estado en la Ley de corporaciones locales, otorgar amplias competencias a los entes locales tanto para disponer como para enajenar el suelo definido como genuinamente local. Esto será a la vez un estímulo suficiente para promocionar el autodesarrollo local en otros ámbitos también.




Próximamente hablaremos del mercado de trabajo en nuestro país….



El suelo estatal se destinaría a la construcción de edificios y viviendas de interés público con la prioridad establecida previo inventario de los bienes públicos actualmente existentes, en el siguiente orden: edificios destinados a hospitales públicos, escuelas públicas, casas cuarteles y residencias de las autoridades públicas; las viviendas públicas responderían a un plan preferentemente quinquenal distribuidas en función de un cálculo proporcional por volumen demográfico, volumen inversionista, así como razones objetivas basadas, por ejemplo, en la capitalidad etc. En todo caso el plan contemplaría una cuantía total en ningún caso inferior a 10.000 viviendas.


Fuente: partido reformista

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