´AHORA NO DIRÁN QUE ESPAÑA ES COMO BIRMANIA´


El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado a declarar este viernes al fotoperiodista Jordi Robit, quien se negó a facilitar a los Mossos d´Esquadra todas las instantáneas que tomó, el pasado fin de semana, en la Plaza del VI de Girona cuando medio centenar de independentistas catalanes quemaron fotocopias de retratos de los Reyes como muestra de apoyo a Jaume Roure, el individuo imputado judicialmente por prender fuego a cuatro fotografías de don Juan Carlos y doña Sofía el 13 de septiembre.

[28-09-2007]
Esta iniciativa judicial ha sido contestada en múltiples instancias profesionales que la consideran una agresión al ejercicio del periodismo.

En Madrid, el sector de Comunicación Social de la Federación de Servicios de UGT se ha manifiestado públicamente en contra de la pretensión del juez Grande-Marlaska, y ha manifestado su apoyo al reportero gráfico y a todos los profesionales de la información que puedan estar recibiendo requerimientos judiciales para que entreguen su material de trabajo. “Jordi Ribot tiene todo el apoyo del sindicato, del mismo modo que lo está recibiendo de diversas plataformas profesionales, para negarse a entregar su material gráfico al juez”, señala la UGT.

En Barcelona, el Colegio de Periodistas de Catalunya (CPC) ha denunciado que este requerimiento ”coercitivo” vulnera el secreto profesional, necesario para preservar el derecho fundamental a la libertad de información, que ”no se puede entender sin la capacidad de acceso a la fuente, preservando su identidad”.

Grande-Marlaska ha comunicado a Jordi Ribot que, aunque comparece como testigo en la causa, debe acudir a la Audiencia Nacional acompañado de un abogado, ya que podría ser acusado de desobediencia si persiste en su negativa de facilitar los archivos fotográficos que le fueron requeridos en reiterados apercibimientos del magistrado, tanto directamente como a través de la Policía Autonómica Catalana.

Según fuentes judiciales, el instructor también ha pedido a TV3 y a Televisión Girona las imágenes de los hechos. Por el momento, ambas instituciones no se han negado a colaborar con la Audiencia Nacional, aunque se desconoce si mantienen en sus archivos todas las imágenes grabadas.

Grande-Marlaska no será el único juez de la Audiencia Nacional que este viernes se ocupe de la quema de fotos de los monarcas. El magistrado Santiago Pedraz, que instruye la causa por la primera quema de retratos de los Reyes que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, ha citado a declarar como imputado al segundo independentista identificado por aquellos hechos. Se trata de Enric Stern Taulats, un estudiante de física de 19 años.

Según los informes de los Mossos remitidos a Pedraz, Stern fue la persona que roció con líquido inflamable las cuatro fotografías que se quemaron en la Plaza del Ayuntamiento de Girona, mientras que Jaume Roure les prendía fuego con una antorcha. Roure quedó en libertad el pasado 19 de septiembre tras prestar declaración ante este mismo magistrado.

Los Mossos d´Esquadra, que ya tenían en sus archivos la ficha de Stern por participar en otros disturbios independentistas, han logrado identificarle por su atuendo, una pulsera y una bolsa de plástico que, antes de la quema, llevaba en la concentración y en la que, supuestamente, transportaba la gasolina.

El magistrado, tal y como hiciera la pasada semana con Roure, tiene previsto decretar libertad sin medidas cautelares para Stern, después de imputarle formalmente un delito de injurias graves a la Corona, un ilícito castigado con penas de entre seis meses y dos años de cárcel.

UGT: el juez no debe forzar la entrega de documentación protegida por el secreto profesional

La documentación que pretende conocer el juez de la Audiencia Nacional está protegida por el secreto profesional, un derecho fundamental reconocido por el artículo 20 de la Constitución. El secreto profesional es uno de los elementos fundamentales para garantizar una información libre en una sociedad democrática, señala la Federación de Comunicación de UGT en su comunicado de apoyo a Ribot.

Para el sindicato, el conflicto creado por la pretensión del juez es consecuencia de la falta de desarrollo normativo del artículo 20 de la Constitución en lo relativo al derecho al secreto profesional. De todos modos, del artículo 450 del Código Penal se infiere que sólo se puede pretender romper el derecho al secreto profesional de un periodista si con ello se puede evitar la comisión de un delito. En este caso, el presunto delito –si finalmente lo hubiera- ya no puede ser evitado. Por ello, prima el derecho al secreto profesional sobre la pretensión del juez.

Por tanto, considera UGT, ni Jordi Ribot, ni ningún otro profesional de la información debe sentirse obligado a entregar su documentación al juez. Al contrario, la defensa de la libertad de expresión requiere que los profesionales de la información preserven dicho material del conocimiento de terceros.





Fuente: RSF | ASOLPEGE_Libre

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