Con un retraso nada desdeñable desde la fecha en que se produjeron, han saltado a la actualidad guineana los hechos de la detención extrajudicial, tortura y otras acciones ilegales en torno a Joaquin Okué, del CPDS, dejando al descubierto, una vez más, hasta qué punto las cosas disfuncionan en Guinea.

Este es un tema que da buena cuenta de como en el país africano se saltan todas las leyes habidas y por haber sin tenerse en cuenta las instituciones que solo figutan como nombre para aparentar que haberlas, háylas pero... sin realizar su verdadera función . ¿Para qué están y sirven los jueces, juzgados y tribunales en Guinea cuando casos de su competencia se dilucidan en esa comisión de quejas y peticiones de la llamada cámara de representantes del pueblo?

El caso de Joaquin Okué, como muchos otros es cosa de los tribunales y no de los diputados cuya obligación es mirar y propiciar que la Justicia funcione
en el país exigiendo al ministerio competente y su responsable que eso sea una realidad, cosa que nunca ha ocurrido en Guinea.

Lo más inexplicable es que personas con titulación y máster en Derecho no exijan la aplicación de las reglas y normas que éste marca y acepten procedimientos fuera de la jurisdicción debida que entienda de estos casos.

Más aún, que la víctima y sus asesores,(compañeros de partido) estén de acuerdo con ese procedimiento, se acepte una cantidad establecida, no por un juez tras un juicio independiente como reparación a los daños, sino por la presidencia de una ”comisión” creada para inhabilitar, y así se está demostrando, las vías habituales de ejecución de Justicia en el país.

No se ha hecho justicia ni en este caso ni en otros de parecidas características tan habituales en Guinea. Empezando porque no es en ese ámbito donde debe juzgarse a un contumaz torturador que sólo con pagar una cantidad de dinero a su víctima, sin más, queda libre del delito cometido. Es una aberrante actuación contra la verdadera aplicación de la Justicia a la que tiene derecho todo ciudadano para su protección y garantías constitucionales.

No se debe ni puede entender que ocurran y queden sin respuesta casos como estos que sientan jurisprudencia en el modo y forma de actuación de la justicia tambien como en otros campos con etiqueta ” a la guineana” poniendo precio crematístico a los delitos y dejando en libertad a los que los han cometido.

¿Qué hacen los jueces guineanos que dejan así, en silencio, que otros sin la formación debida, usurpen sus funciones aplicando su libre interpretación a lo que ”entienden” por Justicia al margen de las instancias judiciales?

Mientras en un país no funcione la Justicia por sus cauces normales e independientes, no se puede concebir que se trate de un Estado de derecho. Allá las conciencias de los que callan y otorgan con este tipo de concesiones hacia los que ponen precio sin condenas explícitas a los torturadores que con dinero y cobertura de los que usurpan el puesto de jueces quedan exonerados de toda responsabilidad criminal.

No hay que olvidar que la Historia se sigue escribiendo y que estos hechos pueden influir y pasar factura a quienes dejaron irresponsablemente que en Guinea se imponga el dinero y los intereses gubernamentales y partidistas a la ejecución de la Justicia tal y como debe ser entendida.












Fuente: Propia

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