El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha exigido al reportero Jordi Ribot que haga entrega de las fotografías que tomó durante la manifestación antimonárquica del pasado 22 en Girona en que se quemaron retratos del Rey Juan Carlos. La Audiencia Nacional entiende que esas imágenes son fundamentales para avanzar en la identificación de los autores de la quema. Dos de ellos han prestado ya declaración ante el juez, quedando en libertad con cargos, y otros nueve comparecerán el próximo jueves.
Marta Molina
[01-10-2007]
Ribot, quien entregará el material a los Mossos d’Esquadra, se vio obligado a romper el secreto profesional en que se amparó en un primer momento ante la amenaza de la imputación de un delito por desobediencia grave. Colegios y asociaciones de periodistas reaccionaron para denunciar que la decisión de Grande-Marlaska va contra el secreto profesional y debilita la libertad de expresión.
El fotógrafo Jordi Ribot, quien comparece como testigo en la causa por la quema de imágenes de los Reyes, es director de la agencia de fotoperiodismo Clickart Foto, que sirve imágenes a varios medios de comunicación como La Vanguardia, El Mundo o Avui. “Los periodistas no somos ni espías ni confidentes de nadie”, defendió ayer el fotógrafo en declaraciones a RSF. Ribot se negó a hacer entrega de las fotografías al haberle sido reclamadas sin mediar a orden judicial. Las imágenes fueron tomadas durante la manifestación en solidaridad con el primer imputado por la quema de fotografías del Rey, del 22 de septiembre en Girona, durante la manifestación antimonárquica del pasado 13.
El Colegio de Periodistas de Cataluña, que ha asistido la defensa del reportero y cuyo presidente, Josep Carles Rius acompañaron a Ribot en su declaración ante el juez, ha denunciado que este requerimiento “coercitivo” vulnera el secreto profesional, recogido en el artículo 20 de la Constitución española y necesario para preservar el derecho fundamental a la libertad de información. Si se vulnera, los informadores perderían sus fuentes, al verse incapacitados para asegurarles que preservarán su identidad.
Ribot, quien se negó inicialmente a entregar las imágenes, recibió la recomendación judicial de ir acompañado de un abogado, ante la posibilidad de que se le imputara un delito grave de desobediencia si insistía en su negativa a facilitar las fotografías. Esta semana, Ribot recibirá la orden judicial que requiere la entrega de las imágenes a la policía autónoma.
Decisión inadecuada
Esa decisión ha sido calificada de inadecuada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que recuerda que el secreto profesional que establece el artículo 20 de la Constitución “ampara y obliga a los profesionales de la información para mantener reservados los materiales informativos”.
Según fuentes judiciales, el instructor también ha pedido a TV3 y a Televisión Girona las imágenes de los hechos. Por el momento, ambas instituciones no se han negado a colaborar con la Audiencia Nacional, aunque se desconoce si mantienen en sus archivos todas las imágenes grabadas.
La Federación de Comunicación de UGT interpreta que el conflicto es consecuencia de la falta de desarrollo normativo del artículo 20 de la Constitución en lo relativo al derecho al secreto profesional. De todos modos, del artículo 450 del Código Penal se infiere que sólo se puede pretender romper el derecho al secreto profesional de un periodista si con ello se puede evitar la comisión de un delito. En este caso, el presunto delito –si finalmente lo hubiera- ya no puede ser evitado. Por ello, prima el derecho al secreto profesional sobre la pretensión del juez.
Protestas
La orden judicial ha motivado la protesta de más de 70 periodistas gerundenses que se concretaron el jueves en la plaza del Vino de Girona contra la decisión de la Audiencia Nacional de citar al fotógrafo Jordi Robot. Además, cuatro encapuchados quemaron ayer una pancarta de más de tres metros de altura con un dibujo que pretende ser un retrato del Rey durante una concentraron en la Facultad de Física de la Universitat de Barcelona (UB) para expresar su solidaridad con los imputados por la quema de fotografías del Rey Juan Carlos I.
Según fuentes judiciales, el instructor también ha pedido al diario El Punt, a TV3 y a Televisión Girona las imágenes de los hechos. Por el momento, ambas instituciones no se han negado a colaborar con la Audiencia Nacional, aunque se desconoce si mantienen en sus archivos todas las imágenes grabadas.
Grande-Marlaska no es el único juez de la Audiencia Nacional que este viernes se ha ocupado de la quema de fotos de los monarcas. Ni el primer caso de este año en que monarquía y prensa se unen en un contencioso. El magistrado Santiago Pedraz, que instruye la causa por la primera quema de retratos de los Reyes que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, ha decidido dejar en libertad con cargos al segundo de los independentistas identificados por la quema de fotografías. Se trata de Enric Stern Taulats, un estudiante de física de 19 años.
Esta es la tercera vez que la Audiencia Nacional relaciona a la prensa con un delito de injurias graves a la Corona. Las dos primeras ocasiones, en los casos de la revista El Jueves y los diarios Deia y Gara, los periodistas están imputados por sendos delitos de injurias tras la publicación en sus páginas de viñetas alusivas a la Corona.
Fuente: RSF | ASOLPEGE_Libre
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