Malabo, 18 mayo (LD).- El Ministro de Justicia y Culto de Guinea Ecuatorial, en una nota de prensa hecha pública por la radio y televisión estatal, en el día de ayer 17 de mayo, ha anunciado el inicio, para el próximo jueves 23 de mayo a las 10 horas de la mañana, del juicio contra los detenidos y procesados Felipe Ondó Obiang, Guillermo Nguema Elá y Emilio Ndong Biyogo y otros dirigentes y supuestos militantes de FDR, juntamente con el Secretario General de CPDS, Plácido Micó Abogo, acusados de los delitos de “atentado contra la seguridad del Estado, terrorismo, tenencia ilícita de armas, sabotaje y otros”.

En su nota de prensa, el ministro, en aras de la “transparencia” del proceso, invita a todas las representaciones de las misiones diplomáticas y de organismos internacionales acreditadas en el país, así como demás organizaciones internacionales y asociaciones de derechos humanos, a asistir a las sesiones del juicio, que tendrán lugar en el cine marfil de Malabo.
A pesar del anuncio del ministro, y la manifestación de una más que dudosa voluntad de transparencia en el desarrollo del proceso, graves irregularidades empañan ya el proceso antes de su inicio, según algunos obsevadores imparciales.

“Los procesados no han recibido las copias del auto de procesamiento, a que la ley les da derecho; y eso, a pesar de que el Señor Juez Instructor especial prometió el pasado día 9 de mayo, hacer entrega de dichas copias a todos los procesados. Al no facilitar las copias del auto de procesamiento en tiempo y forma a los procesados, supone privarles del derecho que les asiste de recurrir contra dicho auto”, señalan las mismas fuentes.

Los procesados no disponen todavía de abogados defensores, y si alguno lo tuviera ya, no les constas a ninguno el paradero del sumario, por lo que no se conoce ni la calificación si la ha habido, del Fiscal, y los días que se separan al del inicio del juicio (4), son insuficientes para el estudio y calificación por los letrados de los procesados, que como poco deberían superar los (8), dado que se trata de más de un centenar de procesados. “Pensar que en tres días se puede hacer por los defensores este trabajo de estudio y calificación del sumario es lo mismo que decir no existe garantía de que los procesados y sus defensores conozcan el expediente antes del juicio, lo que ya lo dice todo sobre el tipo de juicio ante el que nos encontramos”, ha comentado un letrado que prefiere el anonimato.

Más grave si cabe todavía, es el hecho de que los procesados (todos en situación de privación de libertad) y/o los que puedan asumir o sean designados de oficio para su defensa, no conocen cuál es el Tribunal que les va a juzgar y por consiguiente no saben a quien dirigirse para cualquier aclaración sobre su situación y el estado del procedimiento en que se encuentran. El Tribunal, si existe, no ha dicho nada a nadie sobre la causa que se supone va a enjuiciar.

El Juez Instructor, al ser en realidad un Juez Especial, agente de la seguridad presidencial, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bata, ni su Juzgado ni él mismo son accesibles a los procesados y los que les representan.


Fuente: LD

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