MADRID, 22 (EUROPA PRESS).- El Cine Marfil de Malabo será escenario a partir de mañana de uno de los juicios políticos más importantes y graves que se hayan celebrado bajo la presidencia de Teodoro Obiang Nguema, el mandatario ecuatoguineano que accedió al poder en el verano de 1978 tras derrocar (y fusilar) a su tío y también dictador Francisco Macías Nguema.
Desde mañana y durante un tiempo impreciso, en un juicio calificado de ¨pantomima¨ por la oposición, un centenar de dirigentes, militantes y simpatizantes de la ilegal Fuerza Demócrata Republicana (FDR), así como el secretario general de Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Plácido Micó Abogo, deberán responder de las acusaciones de ¨atentado contra la seguridad interior del Estado, tenencia ilícita de armas, terrorismo y otros delitos anexos¨, según informó el Ministerio de Justicia y Culto. Los acusados podrían ser condenados a penas de 40 años de cárcel y, en algunos casos, a muerte.
Entre los acusados se encuentran los dirigentes de FDR Felipe Ondó Obiang, Guillermo Nguema Elá y Emilio Biyogo, arrestados a mediados del pasado mes de marzo, según CPDS. Los procesados fueron detenidos a raíz de una campaña de arrestos de opositores iniciada a mediados del pasado mes de marzo y que la CPDS ha calificado de ¨terrorismo de Estado¨, debido a que los activistas fueron detenidos sin mandato judicial, lo cual, a juicio de este partido todavía legal, equivale a ¨secuestro¨. Según las diversas organizaciones opositoras y de Derechos Humanos, los detenidos han sufrido torturas.
En el entorno de las representaciones extranjeras que asistirán al juicio en calidad de observadoras reina la impresión de que va a haber ¨condenados a muerte¨, según indicó a Europa Press la Asociación para la Solidaridad Democrática en Guinea Ecuatorial (ASODEGUE), y de que la actitud del Gobierno va a ser ¨muy dura¨ con los miembros de FDR. Asimismo, las autoridades ecuatoguineanas están interesadas en que el juicio sea ¨rápido¨, añadió ASODEGUE, que no pudo precisar el sentido exacto del término.
Por parte española asistirá una delegación compuesta por el portavoz del PSOE en el Senado y ex presidente de la Cámara Alta, Juan José Laborda, y por el abogado Fernando Ledesma, en representación del Colegio de Abogados de Madrid y del Consejo de Colegios de Abogados de España.
¨LA MAXIMA TRANSPARENCIA¨
El Gobierno informó el pasado viernes 17 de la fecha del juicio en un comunicado dirigido a ¨los representantes de los organismos de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, al cuerpo diplomático y a representantes de organismos y misiones internacionales acreditados en nuestro país, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, y a todo el público en general¨.
En el comunicado, el Ministerio de Justicia y Culto invitaba a todos estos colectivos y organismos a asistir a la vista ¨en su afán de dar la máxima transparencia, así como dotarla del cáracter público que tal juicio se merece en aras de que se viva de una forma clara y sin otro tipo de interpretación la realidad de los hechos¨. Asimismo, señalaba que el objetivo del Gobierno es ¨garantizar la seguridad jurídica de los encausados, la imparcialidad en el juicio, la presunción de inocencia¨.
Se da la circunstancia de que el pasado 10 de mayo el Gobierno decretó la disolución del Colegio de Abogados de Malabo, con la justificación de llevar a cabo ¨actividades impropias¨ y bajo la acusación de ser una ¨plataforma política que no respeta los procedimientos¨, y su sustitución por un Consejo General de Justicia más afín, a juicio de la oposición, al Ejecutivo.
Este afán de las autoridades por aparentar transparencia choca con las duras críticas proferidas por la oposición sobre las condiciones del juicio. La organización opositora Resistencia Nacional de Guinea Ecuatorial (RENAGE) denunció esta semana la ¨parodia de juicio montado por el régimen dictatorial contra la oposición democrática¨ y aseguró que ¨la ley y la justicia en Guinea Ecuatorial se ejercen ´en nombre del presidente de la República´¨.
Según RENAGE, ¨en Guinea Ecuatorial no existe separación de poderes¨, ya que Obiang, ¨además de ser el jefe del Estado y el presidente del Partido Democrático (PDGE), es también el más importante miembro del poder judicial y el responsable del nombramiento de los jueces y magistrados, así como de su cese¨.
Por su parte, ASODEGUE señaló ayer que, ¨abstracción hecha de que el juicio alcance el rango de pantomima para mayor disfrute del más alto magistrado de la nación¨, lo indiscutible ¨es que la actuación de los poderes públicos guineanos en este caso viola los preceptos más básicos de las normas internacionales que aseguran a cualquier persona la tutela judicial en el marco del proceso debido, por serias y escrupulosas que las autoridades guineanas pretendan ser, en adelante, con la actividad enjuiciadora que se proponen llevar a cabo¨.
¨Los tribunales de excepción son incompatibles con el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella¨, prosiguió la Asociación.
¨Sin embargo, el órgano jurisdiccional previsible en Malabo será sin duda un tribunal de excepción, mientras el derecho recién indicado es piedra fundamental del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¨, añadió.
¨?Qué subsistirá del derecho a ser asistido por un defensor de su libre elección, que el mismo Pacto asegura a todo acusado como garantía mínima, después de la disolución del Colegio de Abogados?¨, se pregunta ASODEGUE.
¨En igual quiebra se verá el derecho del acusado, complementario del anterior, a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa en comunicación con ese mismo defensor de su libre elección, cuando el juicio se organiza de súbito, por sorpresa, en comparación con unos cargos que se presagian capitales, en un acto en completa desproporción¨, se responde la Asociación.
PLACIDO MICO Y CPDS
Plácido Micó fue detenido el pasado 9 de mayo cuando participaba en una reunión con representantes de otros partidos políticos y del Ministerio del Interior para analizar la situación del próximo proceso electoral en el país.
Tras permanecer unas horas en el penal presidencial de Black Beach, centro penitenciario habitual para los presos políticos y considerado uno de los más duros de Africa, fue puesto bajo arresto domiciliario por la ¨magnanimidad¨ del presidente (según palabras del juez instructor del caso), según afirmaron fuentes de CPDS. Micó está acusado de participar con FDR en una conspiración para derrocar y asesinar a Obiang y de mantener contactos con la ilegal FDR.
Según CPDS, la detención e inculpación de Micó forma parte de una trama contra este partido, apoyada por el resto de formaciones próximas al oficial Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), para ilegalizarla e impedir que se presente a las próximas elecciones presidenciales de primavera de 2003.
¨Somos un problema para Obiang, para su deseo de preservar el poder¨, afirmó la semana pasada a Europa Press el secretario nacional de comunicación del partido, Andrés Esono Ondó. El presidente pidió el apoyo de CPDS a su candidatura única ¨natural¨, tal como la declaró recientemente el Parlamento, pero el partido presentó el pasado mes de marzo a su propio candidato, Celestino Bakale, ¨y ahora (Obiang) ha decidido zanjar este asunto y acabar con CPDS¨, señaló el secretario nacional de formación, Carlos Ona.
Fuente: EUROPA PRESS/LD
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