JAVIER ESPINOSA. Corresponsal

RABAT. El macroproceso contra 144 opositores guineanos acusados de participar en un supuesto golpe de Estado previsto para el 12 de octubre del presente año comenzó ayer en el cine Marfil de Malabo con la presentación de los requerimientos del fiscal, que exige entre 30 años de cárcel y la pena de muerte para los ocho cabecillas de la hipotética revuelta.

Según el documento esgrimido por el fiscal, los dirigentes de partidos como la Fuerza Demócrata Republicana (FDR), Convergencia para la Democracia Social (CPDS) o la Unión Popular pretendían asesinar al presidente Teodoro Obiang y les acusa asimismo de «atentado contra la forma de gobierno y rebelión».

En un comunicado del CPDS, esta agrupación asegura que «graves irregularidades empañan ya el proceso desde su inicio» y dice que los abogados defensores de todos los implicados no habían podido hablar con éstos a 24 horas del inicio del juicio, además de «no haber recibido la causa, sino algunos folios sumariales sueltos, lo que resulta una ilegalidad que les impide conocer cabalmente todo el proceso que ha seguido la instrucción, desconocimiento que sin duda alguna crea indefensión».

Contactado por teléfono, el ministro del Interior, Clemente Ngonga, calificó de «falsas» todas las alegaciones de los opositores.«Mire, si se ha llegado a un juicio y hay gente detenida es porque algo ha pasado. Hay que confiar en la Justicia de Guinea Ecuatorial.No podemos cuestionarla cuando todavía no ha concluido el proceso.Lo que pasa es que la prensa española se presta a difundir propaganda y no refleja lo que ocurre. Piense usted que cuando existe un complot como éste uno de los primeros que muere es el ministro del Interior», señaló Ngonga.

El titular del Interior fue precisamente el que explicó en la televisión local el pasado 21 de marzo cómo los «amotinados» pretendían «reclutar antiguos militares y ciertos elementos de las Fuerzas Armadas para cometer acciones criminales y violentas contra las autoridades».

La «confianza» de Ngonga en los tribunales locales contrasta con la opinión del mismo presidente Obiang, que el pasado mes de enero reconoció la «ineficacia» de los mismos y que «habían perdido la credibilidad».


Fuente: El Mundo (25.4.02)

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