El Gobierno de Guinea Ecuatorial no logró mejorar el cumplimiento del plan anticorrupción acordado con el Fondo Monetario Internacional,según las conclusiones del informe publicado hoy por Transparencia e Integridade (TI Portugal) en el marco de  APROFORT.

El Observatorio de los Derechos Humanos y la Buena Gobernanza de APROFORT, un proyecto financiado por la UE y destinado a apoyar y fortalecer la sociedad civil en Guinea Ecuatorial, en colaboración con EG Justice, monitoreó el plan  de tres años y valorado en 280 millones de dólares y sólo pudo confirmar el cumplimiento del 20% de las medidas que debían completarse para septiembre de 2020.

Este segundo informe revisó todas las medidas desde el inicio del acuerdo entre Guinea Ecuatorial y el FMI en enero de 2020.

“El objetivo de los informes de APROFORT es garantizar que la aplicación del plan anticorrupción tenga un impacto social positivo, pero dado que muchos de los compromisos no se han cumplido, especialmente el marco jurídico anticorrupción, vemos con gran preocupación el hecho de que Guinea Ecuatorial sigue sin cumplir con los estándares internacionales. Confiamos en que el gobierno entienda estos desafíos y estamos dispuestos a aumentar nuestro papel como facilitadores, teniendo en cuenta que el país se unió a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa en 2013”.

– Karina Carvalho, Directora Ejecutiva TI Portugal.

El informe señala que una de las medidas más importantes del plan, el decreto-ley anticorrupción aprobado por la Cámara baja y firmado por el Jefe de Estado en julio de 2020, sigue estando en revisión en el Senado. En el marco jurídico de Guinea Ecuatorial, la firma del Jefe de Estado de un decreto-ley implica que puede aplicarse, sin embargo, este decreto-ley nunca entró en vigor. El decreto-ley también muestra algunas lagunas importantes, por ejemplo, no incluye la participación activa de la sociedad civil en los esfuerzos contra la corrupción, como exige la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).

También preocupa el hecho de que algunas de las medidas no pudieron ser evaluadas o verificadas debido a la falta de fuentes de acceso público y a la falta de respuesta a las solicitudes de información de APROFORT.

Aunque el informe destaca algunos elementos positivos como la elaboración de una guía del contribuyente, la publicación de los presupuestos nacionales e información sobre la deuda pública, el establecimiento de un servicio de atención ciudadana para cuestiones fiscales, así como pequeñas mejoras en la administración aduanera, estas medidas se quedan cortas ante las principales deficiencias:

• Si bien el gobierno auditó a algunas empresas estatales menores que han descubierto escándalos de corrupción, el informe sostiene que todavía no se ha cumplido con el compromiso de publicar las auditorías de compañías petroleras nacionales como GEPETROL o SONAGAS, y existe una opacidad persistente en GEPROYECTOS, el principal organismo nacional de gestión de obras públicas de Guinea Ecuatorial;
• El plan anticorrupción también exigía que el país solicitara su membresía en la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), sin embargo, este proceso continúa bloqueado desde 2010 debido a las limitaciones a la sociedad civil, entre otras causas;
• En agosto se destituyó a todo el ejecutivo ecuatoguineano, aunque casi todos sus miembros fueron reconducidos. Más tarde, en octubre de 2020, el Ministro de Hacienda, Economía y Planificación, César Mba Abogo, figura principal detrás del plan anticorrupción en el país, fue abruptamente reemplazado por su número dos, Valentín Ela Maye.

“El programa de reforma económica firmado con el Fondo Monetario Internacional representa una gran oportunidad, pero está claro que, sin la participación y el seguimiento de las organizaciones de la sociedad civil, el camino hacia un compromiso duradero y verificable de Guinea Ecuatorial hacia la buena gobernanza, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, está destinado a fracasar”.

– Tutu Alicante, Director Ejecutivo EG Justicia.

Lea el informe completo aquí.

Sobre APROFORT

APROFORT- Apoyo, Protección y Fortalecimiento de activistas y organizaciones de la Sociedad Civil en su labor de promoción de los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial, es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea y coordinado por Transparencia e Integridade – Transparencia Internacional Portugal, con sede en Lisboa. El objetivo principal del proyecto es proporcionar apoyo, protección y fortalecimiento de capacidades a los activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción de los derechos humanos y la buena gobernanza en Guinea Ecuatorial, mediante el logro de tres resultados principales: 1)la abolición de la pena de muerte, b) la protección efectiva de activistas, organizaciones y grupos minoritarios vulnerables y 3) el mayor cumplimiento de los compromisos de desarrollo del sostenible y los derechos humanos.