París, 11 de diciembre de 2020

La Corte Internacional de Justicia ("CIJ") ha emitido su decisión en el caso entre Guinea Ecuatorial contra Francia sobre la situación jurídica del edificio situado en la avenida Foch de París. El Tribunal rechazó todas las solicitudes de Guinea Ecuatorial.

Al negarse a reconocer el estatus diplomático del edificio situado en el número 42 de la Avenida Foch de París perteneciente a Teodorin Obiang y confiscado por Francia desde 2017, como parte del juicio de "Bienes mal adquiridos" en Francia, por el Vicepresidente de Guinea Ecuatorial, la CIJ condena esta práctica de inmunidad de conveniencia creada desde cero, con el único fin de escapar de los procedimientos judiciales en curso. La decisión, que se produce después de cuatro años de procedimiento, elimina otro obstáculo para el decomiso permanente de todos los activos de Teodorin Obiang, estimados en 150 millones de euros. También permite abordar el objetivo último que tienen las partes civiles implicadas en este caso, que era la devolución de todos estos activos incautados a la población en el país de origen.

La suntuosa mansión situada en el 42 de Avenue Foch de París se encuentra en el meollo de la parte de Guinea Ecuatorial del caso de bienes mal hechos, que tiene su origen en una demanda mediante constitución de parte civil presentada en diciembre de 2008 por Transparencia International de Francia ("TI-France").

El edificio de 4.000 metros cuadrados, estimado en decenas de millones de euros, y que la investigación ha permitido establecer que pertenecía a y lo usaba a título privado Teodorin Nguema Obiang Mangue, hijo del Presidente de Guinea Ecuatorial y Vicepresidente de ese país desde 2016, fue objeto de una incautación penal con carácter provisional en 2012.

Con el fin de obstruir estos procesos judiciales, Guinea Ecuatorial alegó que el edificio albergaba su embajada para que se le concediera protección bajo inmunidad diplomática. Alegaciones que no han convencido a la CIJ en la sentencia. Ahora es necesario esperar a la decisión del Tribunal de Casación de Paris, que debe pronunciarse en primer lugar sobre la admisibilidad de las dos cuestiones prioritarias de constitucionalidad planteadas en su día por la defensa del clan Obiang. El reto para ellos es poder escapar de la pena de tres años de prisión suspendida, una multa de 30 millones de euros y el decomiso de sus bienes confirmados en apelación en febrero de 2020.

TI-France, que lleva varios años abogando por la devolución de los bienes confiscados a las personas en los países de origen, acoge con satisfacción esta decisión, que suspendida temporalmente la confiscación definitiva y en firme de la mansión de la Avenida Foch.

El edificio es en efecto parte de los bienes pertenecientes a Teodorin N. Obiang M. que fueron confiscados como sentencia complementaria tras la condena de este último por el Tribunal de Apelación de París en febrero de 2020. El importe total de los bienes confiscados se estima en más de 150 millones de euros. Eso es, más que el presupuesto sanitario de Guinea Ecuatorial en 2011, el último año para el que se publicaron los datos.

Al trazar el horizonte de una confiscación definitiva, la decisión de la CIJ deja al descubierto un problema cuya solución es urgente: crear en Francia un marco legislativo adaptado y un procedimiento presupuestario ad-hoc que permita el retorno responsable y transparente a las poblaciones de los países de origen de los bienes confiscados en los casos de "bienes mal adquiridos" en Francia.

En su estado actual, la legislación francesa no permite la devolución de fondos procedentes del decomiso de bienes mal adquiridos (por corrupción): a falta de un mecanismo de restitución a los guineanos en este caso, los fondos irán a formar parte de los presupuestos generales de ingreso del Estado francés. El cierre de este vacío legal fue objeto de la proposición de ley del presidente Jean-Pierre Sueur, un senador socialista del Loiret, relativa a la asignación de activos derivados de la corrupción transnacional aprobado por el Senado hace 18 meses. Esta proposición fue retomada seis meses después por los diputados mayoritarios Jean-Luc Warsmann y Laurent Saint-Martin en un informe Parlamentario titulado "Invertir para atrapar mejor, confiscar para castigar mejor" encargado por el Primer Ministro Edouard Philippe.

TI-France y Sherpa, dos de las tres ONG francesas que se benefician de la aprobación del Ministerio de Justicia para convertirse en parte civil en casos de corrupción, también han publicado recientemente un foro en el que instan a la mayoría a relanzar urgentemente el proceso legislativo para apoyar la reforma, ante la inminente confiscación directa de los bienes de la avenida Foch.

Es fundamental que los activos de Teodorin N. Obiang M. vayan a la gente de Guinea Ecuatorial. Tras haber sido levantada por la CIJ la amenaza de inmunidad diplomática que impedía la confiscación efectiva del edificio de la Avenue Foch, Francia debe ahora cumplir su compromiso, asumido ante el Senado en mayo de 2019, de devolver las sumas confiscadas a las poblaciones despojadas, primeras víctimas de estas operaciones de lavado de capitales. Francia se lo debe a las poblaciones despojadas. Sería incomprensible e injusto que estas confiscaciones realizadas con tanto esfuerzo fueran entregadas sin precaución a las autoridades ecuatoguineanas o que fueran guardadas por Francia por falta de una ley adecuada.