Guinea Ecuatorial: busque una investigación independiente de las explosiones

El apoyo internacional debe ir directamente a las personas afectadas, no al gobierno

(Johannesburgo) - Las autoridades de Guinea Ecuatorial deberían invitar a expertos internacionales a realizar una investigación independiente sobre la explosión que tuvo lugar el 7 de marzo de 2021 en un campamento militar en Bata, la ciudad más grande del país, dijeron hoy Human Rights Watch y EG Justice.

Los funcionarios del gobierno dicen que 98 personas murieron y 615 más resultaron heridas, pero las personas entrevistadas por EG Justice en Bata dicen que, según el número de cuerpos sacados de los escombros, el número real de víctimas es mucho mayor. Dados los altos niveles de corrupción en Guinea Ecuatorial, los donantes y los grupos de ayuda deberían enviar apoyo directamente a las personas afectadas en lugar de desembolsar ayuda al gobierno.

“La gente de Bata está de duelo”, dijo Tutu Alicante, director de EG Justice, un grupo que promueve los derechos humanos y el buen gobierno en Guinea Ecuatorial. “Merecen respuestas creíbles sobre lo sucedido y apoyo inmediato para tratar a los heridos, albergar a las personas sin hogar y reconstruir la ciudad. La única forma de lograrlo es mediante una investigación independiente y ayuda internacional que vaya directamente a las personas afectadas ".

Alrededor de las 2 pm del 7 de marzo, hubo tres explosiones masivas, seguidas de una serie de explosiones más pequeñas, en el campamento militar de Nkoatoma, que se encuentra en un área densamente poblada de Bata y alberga una armería que almacena dinamita y otros explosivos. Las explosiones fueron lo suficientemente grandes como para ser escuchadas y sentidas en toda la ciudad y destruyeron o dañaron muchas casas en los alrededores, según entrevistas telefónicas con cinco personas en la ciudad en ese momento y videos del evento que circulan en las redes sociales.

Las declaraciones oficiales sobre la causa de la explosión han sido impugnadas. Inmediatamente después de la explosión, el presidente Teodoro Obiang difundió un comunicado en el que anunciaba que había solicitado a los “juzgados competentes” que realizaran una investigación, al mismo tiempo que se afirmaba que la explosión fue causada por un “incendio de la quema de terrenos aledaños por parte de los vecinos” y la “negligencia de la unidad” encargada de proteger los explosivos. . Una declaración separada del presidente culpó de  manera similar tanto a las “brasas causadas por la quema de rastrojos en los campos por parte de los agricultores” como al equipo a cargo de custodiar las municiones.

Las cuentas no verificadas que circulan en el país alegan que el fuego fue iniciado por soldados a quienes se ordenó quemar matorrales y que luego se extendió a la armería, o que se inició durante un entrenamiento sobre el uso de explosivos que salió mal. La apresurada declaración presidencial en la que desvió la culpa a los militares y las especulaciones sobre la causa subrayan la necesidad de una investigación independiente, dijeron Human Rights Watch y EG Justice.

El presidente también dejó claro en el comunicado que el gobierno guineano buscará ayuda internacional para ayudar a costear la recuperación, citando las dificultades económicas debido a la caída de los precios del petróleo y la pandemia Covid-19. La corrupción ha bloqueado durante mucho tiempoque el país rico en petróleo desarrolle servicios públicos y brinde protección social acorde con sus recursos, y una gobernanza opaca continua pone cualquier ayuda desembolsada directamente al gobierno en alto riesgo de ser saqueada, dijeron Human Rights Watch y EG Justice. En cambio, el apoyo internacional debe desembolsarse directamente a las personas afectadas.

Las instituciones gubernamentales carecen de independencia, transparencia y adherencia al Estado de Derecho. El presidente Obiang, el gobernante más antiguo del mundo, ha instalado a miembros de su familia en puestos clave, que lo han utilizado para amasar enormes fortunas con la riqueza petrolera del país, mientras que la gran mayoría de la población vive en la pobreza. El hijo mayor del presidente, que también es vicepresidente, fue condenado.por un tribunal francés en 2017 por el saqueo de más de 100 millones de euros de Guinea Ecuatorial y el lavado de dinero en Francia. En diciembre de 2019, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de $ 283 millones, pero permanece estancado después de la liberación del primer tramo porque el gobierno no ha cumplido con los requisitos de reforma de gobernanza incluidos en el programa.

La Unión Africana y la comunidad internacional en general también deben garantizar que el gobierno de Guinea Ecuatorial, que tiene un largo historial de represión severa de la libertad de expresión y otros derechos humanos, no utilice esta tragedia como pretexto para restringir aún más los derechos, dijeron las organizaciones.

“La respuesta del gobierno a la explosión ha dejado al descubierto su insensible desprecio por el bienestar de los ecuatoguineanos”, dijo Sarah Saadoun , investigadora principal de derechos humanos y empresas de Human Rights Watch. “Independientemente de la causa de la explosión, los guineanos merecen saber por qué los militares almacenan explosivos en medio de un área poblada, si hay otras sustancias almacenadas que representan un peligro público inminente y qué está haciendo el gobierno para evitar otro explosión similar en el futuro ".