RESUMEN EJECUTIVO

El 7 de marzo de 2021, se registraron una serie de explosiones en el arsenal de la gendarmería y el cuartel militar de Nkuantoma en Bata, la capital económica de Guinea Ecuatorial (Figura 1). Según los registros oficiales, 107 personas perdieron la vida debido a las explosiones, que también causaron grandes daños en áreas residenciales y en el recinto militar. Más de 700 personas resultaron heridas, incluidas mujeres y niños, en el cuartel del ejército y en las zonas residenciales cercanas al complejo militar. El Gobierno calificó la situación de catastrófica y pidió el apoyo de la comunidad internacional para responder a las necesidades humanitarias. A continuación, se muestra un resumen de las cifras clave estimadas.

En respuesta a esta solicitud, las Naciones Unidas desplegaron dos equipos internacionales: un equipo de seguridad bajo el paraguas del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (UNREC) para analizar los riesgos de las municiones sin detonar (MUSE); y un equipo humanitario movilizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) a través del mecanismo de Coordinación y Evaluación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC). Varios estados miembros de la ONU (España, Francia, Israel, Qatar, Camerún y EE. UU.) Enviaron equipos médicos de emergencia (EMT) y expertos en eliminación de artefactos explosivos (EOD) para brindar atención médica inmediata y abordar los riesgos de artefactos explosivos sin detonar (MUSE) residuales como para restaurar la seguridad y la protección.

Del 12 de marzo al 2 de abril, el equipo UNDAC, compuesto por 16 miembros del equipo, fue enviado al área afectada para apoyar a las autoridades nacionales y al Equipo de País de las Naciones Unidas en la coordinación de la respuesta de emergencia internacional, evaluaciones de necesidades, manejo de emergencias ambientales, manejo de información y financiamiento humanitario. Se llevaron a cabo evaluaciones conjuntas de necesidades interinstitucionales, coordinadas por UNDAC, para identificar, medir y asesorar sobre las necesidades humanitarias clave en seis sectores acordados, las capacidades de respuesta existentes, las deficiencias y las prioridades humanitarias estratégicas resultantes. Este informe presenta hallazgos y resultados de estas evaluaciones.

Las explosiones resultaron en una alta distribución de municiones, en la ciudad de Bata, provocando una contaminación de MUSE en un radio de aproximadamente 7 km desde el epicentro de la explosión. Se han mitigado las preocupaciones iniciales sobre el acceso de los civiles a las zonas altamente contaminadas con MUSE y sobre los niños y adultos que recogen piezas metálicas de las municiones en el lugar de la detonación. Se avanza en asegurar el lugar de la explosión, patrullar el área, lanzar una campaña de educación para informar a la población y establecer una línea directa. La identificación, mapeo, remoción y destrucción de MUSE también está avanzando, aunque la recolección de residuos y el reciclaje informal siguen siendo una preocupación. Además, existen preocupaciones ambientales por la posible contaminación del agua y el suelo por el lavado de restos de municiones y explosivos.

Muchas personas desplazadas por las explosiones se han trasladado temporalmente hacia el interior. En el momento de redactar este informe, varias familias todavía viven en edificios muy dañados con malas condiciones de vivienda. Muchas familias también han sido separadas por las explosiones. En general, la vivienda, el WASH y la seguridad alimentaria se han convertido en necesidades prioritarias, con implicaciones para las políticas de reconstrucción y ordenación del territorio a más largo plazo. La logística sigue siendo una de las principales preocupaciones para el movimiento de la ayuda entrante y los socorristas; en relación con esto, la protección de los civiles (especialmente los más vulnerables) en un entorno altamente contaminado con MUSE es importante.

Se ha concedido la asignación de un millón de dólares estadounidenses del Fondo Central de Socorro de Emergencia (CERF) para cubrir las necesidades inmediatas de logística y protección, incluida la activación del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS).

Se ha proporcionado tratamiento médico a al menos 615 personas afectadas por las explosiones. Al 25 de marzo, la situación sanitaria estaba mejorando, quedando 58 pacientes en los tres hospitales de la ciudad. Las prioridades posteriores a la explosión incluyen rehabilitación, fisioterapia y apoyo psicológico (especialmente para los niños). Existe preocupación por las personas lesionadas que pueden no haber recibido atención médica todavía, así como por los pacientes que están siendo re-hospitalizados después del alta inicial, también aumentaron los riesgos de COVID-19. En los hospitales de la ciudad no hay capacidad para la gestión de desechos sanitarios, con potencial de contaminación por vectores.

Las escuelas han estado cerradas durante un mes antes de las explosiones debido al COVID-19. Posteriormente, el cierre se extendió por dos semanas más después de la explosión. Un total de 26 escuelas (públicas y privadas) han resultado dañadas. Existe preocupación por la continuidad educativa de unos 6.000 estudiantes afectados.