La causa abierta en la Audiencia Nacional contra tres altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial, entre los que se encuentra Carmelo Obiang, hijo del presidente del país Teodoro Obiang, podría sufrir un duro revés en las próximas semanas. El juez Santiago Pedraz investiga la denuncia interpuesta por el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R) contra los tres mandatarios por secuestro y torturas de dos ciudadanos españoles y otros dos ecuatoguineanos residentes en España.
Los hechos se remontan a noviembre de 2019 cuando los cuatro hombres viajaron hasta Sudán del Sur. Todos ellos llevaban años sin pisar Guinea Ecuatorial, cuyas autoridades los acusaban de haber participado en el supuesto golpe de Estado contra Obiang ocurrido en 2017.
Según narra la acusación, cuando el 15 de noviembre de 2019 los cuatro exiliados aterrizaron en Sudán del Sur, la policía del país les estaba esperando. Fueron retenidos hasta la llegada del Falcon presidencial de Guinea Ecuatorial con Carmelo Obiang, hijo del presidente y secretario de Estado de Seguridad Exterior, a bordo. Los cuatro fueron conducidos a la aeronave y desde allí volaron hasta Guinea. Tras llegar a su país de origen, fueron presuntamente torturados, procesados por un tribunal militar y encarcelados.
El Movimiento por la Liberación de Guinea Ecuatorial III República, grupo opositor al régimen de Obiang, presentó en 2020 una querella por torturas y secuestros. Durante dos años, la Audiencia Nacional investigó a los acusados. Por orden del juez del caso, en diciembre de 2022, Carmelo Obiang fue notificado de la querella criminal interpuesta contra él durante una visita a España, tras la cuál abandonó el país. Según informó El País, Pedraz podría haber solicitado una orden de detención que impidiera la huida del acusado, pero cambió de opinión en el último momento.
Además del hijo de Obiang el juez investiga a otros dos acusados: Isaac Nguema, director de Seguridad Presidencial de Guinea Ecuatorial, y Nicolás Obama, ministro de Seguridad Nacional. Desde que conocieron la investigación judicial abierta contra ellos, ninguno ha vuelto a pisar España. Tampoco comparecieron ante la Audiencia Nacional el pasado 28 de marzo, cuando Pedraz los había citado para declarar por videoconferencia.
Por ello, la semana pasada, el fiscal Vicente González Mota solicitó al juez que emitiera una orden de busca y captura contra los tres acusados, todos ellos implicados en el presunto secuestro y tortura de los dos ciudadanos españoles y los otros dos ecuatoguineanos residentes en España.
La estrategia de los acusados
El Gobierno de Guinea informó al español de que los denunciados no iban a comparecer ante el juez a través de una nota verbal fechada el día antes de la cita fijada por Pedraz. Sin embargo, esta no ha sido la única comunicación de este tipo que se ha conocido en los últimos días y que habría sido remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores guineano a su homólogo español.
Ahora, la defensa ha puesto sobre la mesa una nueva nota verbal, fechada antes que la anterior, algo que ha levantado las sospechas de la acusación particular. En ese documento, el Ejecutivo de Obiang explica que será su país quien investigue a sus ciudadanos ante las acusaciones de torturas denunciadas.
Este giro de guión no es baladí, ya que coloca la investigación española en un punto de inflexión y abre dos caminos que van en direcciones opuestas. Si el país africano aporta los documentos que confirman la existencia de esa investigación judicial, el juez tiene dos opciones: inhibirse a favor de los tribunales guineanos y archivar la causa en España o no aceptarla y continuar adelante con el procedimiento en la Audiencia Nacional, incluida la orden de busca y captura de los querellados.
¿De qué depende que la balanza se incline por una u otra opción? Francisco Javier Roldán, catedrático en Derecho Internacional de la Universidad de Granada, esboza tres argumentos. En primer lugar, el principio de territorialidad, que establece que la jurisdicción de un Estado se extiende hasta sus límites geográficos, permitiéndole juzgar los delitos cometidos sobre su territorio, así como delimitar su intervención en los asuntos de otros Estados.
En el caso que investiga la Audiencia Nacional, recuerda Roldán, no todos los delitos de los que se acusa a los querellados se han cometido en Guinea Ecuatorial y ni siquiera en España, sino en Sudán del Sur, donde los opositores al régimen de Obiang fueron secuestrados. Por otro lado, señala que el hecho de que, si bien Guinea Ecuatorial tiene mayor jurisdicción que España para juzgar a sus propios ciudadanos, no hay que olvidar que dos de las víctimas, Julio Obama y Feliciano Efa son ciudadanos españoles. Razón "más que suficiente" para que España iniciara diligencias.
A esto se le suma el principio non bis in idem (literalmente "no dos veces por lo mismo"), un precepto fundamental del Derecho Penal que consiste en no castigar a la misma persona más de una vez por la comisión de un mismo hecho punible. Es decir, no sería posible que dos procesos judiciales penales concurrieran con el mismo objeto en tribunales diferentes. "En el caso de que los dos procesos judiciales -el español y el ecuatoguineano- circularan en paralelo con cargos idénticos, Guinea Ecuatorial tendría prioridad", aclara el catedrático.
Sin embargo, hasta que no exista una condena en firme por parte de ambos países, este principio no se vería afectado, explica el abogado penalista Sergio Nuño Díez de la Lastra. Por tanto, hasta que la defensa de los acusados no certifique ante la Audiencia Nacional que realmente se ha iniciado una investigación judicial por los mismos casos en Guinea, el juez que lleva la instrucción del caso en España puede continuar con sus pesquisas.
Al ser preguntado por el desarrollo habitual de los casos en los que los dos países reclaman para sí la jurisdicción de una causa judicial, el exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado Daniel Campos coincide en que, hasta que no exista una condena firme, "nada impide que la investigación siga adelante en España". Bajo su criterio, cuando en la disputa por la jurisdicción de un caso los acusados no son nacionales y los hechos y las pruebas se encuentran en otro país, la posibilidad de que España sea la jurisdicción preferente para juzgar los hechos se reduce.
Ante ello, "España tiene que comprobar y tener garantías de que hay una investigación seria y efectiva en Guinea, y que no es un mero paripé o un fraude para evitar la extradición". De ser así, "eso es lo que no deberíamos aceptar. La jurisdicción española puede seguir reclamando su preferencia".
Sobre todas estas reglas del Derecho Internacional sobrevuela la sospecha de que el sistema judicial de Guinea Ecuatorial no procese de forma imparcial a sus tres altos cargos acusados de torturas y secuestro en España, pues según Francisco Javier Roldán, “para que estos principios sean efectivos, deben de tratarse de procesos de debida garantía, no simulacros judiciales".
Así lo establece el artículo único de la Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2014 y según la cuál la Justicia española puede continuar adelante con su investigación, siempre que constate que el proceso iniciado en el otro país "no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial".
Es decir, que "si ahora los tribunales guineanos asumen la investigación y la continúan, la Audiencia Nacional deberá inhibirse a favor de sus homólogos guineanos -es decir, archivar la causa en España- pero se guarda la posibilidad de revisar o tutelar que el proceso judicial abierto en Guinea sea efectivo y real", añade Díaz de la Lastra.
El abogado es escéptico: "Aunque la norma faculta al Tribunal español -en este caso la Audiencia Nacional- a realizar verificaciones en orden de comprobar que la investigación que se lleva a cabo en el país en cuestión, -en este caso Guinea- es real y ´serio´ no hay forma de comprobarlo más allá de lo que las autoridades guineanas compartan con sus homólogos españoles", explica.
Estrategia recurrente
No es la primera vez que la justicia ecuatoguineana abre un proceso judicial paralelo a una investigación ya iniciada en otro país contra altos cargos del país. El hijo mayor de Obiang, Teodoro Nguema Obiang (alias "Teodorín"), se ha enfrentado en los últimos 15 años a varias causas por blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos y corrupción en EEUU, Suiza y Francia. En los dos primeros países la defensa llegó a un acuerdo con las autoridades, pero en el tercero, la Justicia gala decidió llegar hasta el fondo de la cuestión.
Según las pesquisas de los jueces franceses y las ONG Transparencia Internacional y Sherpa, varias empresas de las que era accionista mayoritario el hijo de Obiang habían resultado adjudicatarias de contratos públicos en Guinea Ecuatorial y, a través de ellas, Teodoro Nguema habría desviado fondos públicos del país africano para después invertirlos en numerosas propiedades y artículos de lujo en Francia y otros países.
Cuando en 2017, los tribunales franceses estaban a punto de procesar a Teodoro Nguema por corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos, la Fiscalía Anticorrupción ecuatoguineana inició un proceso paralelo en su país y acusó de blanqueo a los administradores de las empresas con las que el hijo del presidente había desviado dinero público. El medio ecuatoguineano Diario Rombe calificó este movimiento de la Fiscalía como "un juicio simulado". De acuerdo a las informaciones recogidas por este medio, el juicio era una estratagema para apartar a la justicia francesa del caso.
El 12 de junio de 2017, la Audiencia Provincial de Malabo absolvió a los administradores de las empresas. La defensa de Teodoro Nguema solicitó entonces a la Justicia francesa que reconociera la sentencia de su homóloga ecuatoguineana sobre el asunto y desistiera en juzgar los delitos en Francia, dado que no eran de su competencia.
Sin embargo, la Justicia gala decidió continuar
adelante con el proceso iniciado en Europa, alegando que el delito de
blanqueo de capitales cometido en Francia por el hijo de Obiang era
distinto y autónomo a los que pudieran haberse cometido -y juzgado- en
Guinea Ecuatorial. El 27 de octubre de 2017, el Tribunal Correccional de París condenó en ausencia a tres años de prisión a Teodoro Nguema Obiang por blanqueo de capitales. En 2021, el Tribunal de Casación de Francia confirmó la sentencia.
Garantías judiciales en Guinea Ecuatorial
El ranking de garantía judicial Rule of Law Index elaborado por el ´World Justice Project´ situó en su edición de 2020 a Guinea Ecuatorial en el puesto 124 de 126 países. Una de las razones de la escasa confianza internacional en el sistema judicial del país africano es el nepotismo, la corrupción y el férreo control del sistema judicial con el que el jefe del Estado, Teodoro Obiang, gobierna el país desde hace 42 años.
Según el artículo 98 de la Constitución de Guinea Ecuatorial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del país son designados por el propio jefe de Estado quien además ostenta el cargo de Primer Magistrado de la Nación. Es decir, que aquellos que procesarían y juzgarían por torturas a los altos cargos investigados en España, entre ellos Carmelo Obiang, son elegidos por su propio padre, el presidente de Guinea Ecuatorial.
Esta es una de las mayores preocupaciones de la acusación, que ve en la propia Carta Magna del país africano una evidencia de que su propia composición del sistema judicial es contrario a la división de poderes.
El propio expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial, Juan Carlos Ondo, ha declarado en varias ocasiones que el órgano que presidía venía a ser un instrumento del régimen totalitario de Teodoro Obiang. En una entrevista publicada en enero, aseguró que existe un férreo control del poder ejecutivo sobre la judicatura y que la independencia judicial no se cumple, aunque la Constitución del país la recoja.
El catedrático Javier Francisco Roldán, coincide en que "existen dudas muy muy fundadas de que en Guinea Ecuatorial se vaya a juzgar a estas personas". El experto considera que "declinar el asunto sería dejar de proteger a ciudadanos españoles en el extranjero que han sido víctimas de delitos brutales".
En febrero de este año, una mayoría amplia del Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que responsabilizaron al régimen dictatorial ecuatoguineano de la muerte del ciudadano español Julio Obama Mefuman y pidieron la suspensión "todo tipo de cooperación militar, policial y en materia de seguridad" con este país, "así como sancionar a los miembros del régimen que hayan perpetrado violaciones de los derechos humanos". Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch también han sido muy críticas con la falta de respeto a los derechos humanos en Guinea.
En este contexto, la acusación considera que la apertura de la causa en Guinea Ecuatorial es un fraude de ley cuyo único objetivo es apartar a las autoridades españolas del caso para evitar la imputación del hijo de Obiang y de los otros acusados. Por el momento, y hasta que la defensa pueda certificar que existe un procedimiento judicial abierto contra los tres acusados en Guinea, Pedraz puede continuar investigando. Sin embargo, la orden de busca y captura solicitada por el fiscal permanecerá paralizada.
