El fiscal del caso contra Carmelo Ovono y otros dos altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial, Vicente González Mota, ha interpuesto un recurso de reforma contra el auto de Santiago Pedraz del 8 de enero, por el cuál cedía la instrucción del caso a Guinea Ecuatorial. La Fiscalía pide así al juez instructor que continúe con la investigación sobre el presunto secuestro con finalidad terrorista y torturas de cuatro opositores del Gobierno de Obiang exiliados en España, dos de ellos con nacionalidad española.
El pasado 8 de enero, Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, decidió dar carpetazo al caso y cederlo a Guinea Ecuatorial, que en junio del pasado año aseguró que también estaba investigando los hechos. La cesión de la investigación suponía, entre otras cosas, abandonar las pesquisas policiales contra los tres investigados, que podrían arrojar luz sobre los pasos previos que dieron los acusados para llevar a cabo los secuestros.
Por ejemplo, la vigilancia que sufrieron las víctimas en España o el engaño al que fueron sometidos para que viajaran a Juba (Sudán del Sur), desde donde fueron conducidos a la fuerza hasta Guinea Ecuatorial. Allí fueron torturados, juzgados y condenados a penas de hasta 90 años. También se están estudiando los medios económicos invertidos para acometer los delitos que se investigan.
En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Público, se pide a Pedraz que tenga en cuenta estas diligencias pendientes, y discrepa de que sea "irrelevante" que los hechos pudieran haber sido perpetrados en España.
Además, pide que se tenga en cuenta la nacionalidad española de dos de los opositores, uno de los cuáles murió en una prisión ecuatoguineana en enero de 2022, presumiblemente a causa de las torturas sufridas, tal y como recoge el propio escrito.
La Fiscalía contradice el criterio del juez de ceder el caso a Guinea Ecuatorial debido a la supuesta apertura de una investigación contra los acusados en su jurisdicción. Hace un repaso de otros casos en los que la nacionalidad de los acusados no ha sido razón suficiente para ceder la investigación de un caso. Lo ejemplifica con la sentencia del 31 de octubre de 2007 de la Sala de lo Penal, en la que se enjuició y condenó a ciudadanos de nacionalidad marroquí, argelina, libia, siria, egipcia y libanesa por los atentados del 11-M. La lógica de la cesión , señala el fiscal, como si se hubiese cedido la investigación del caso a los países de origen de los acusados.
El mismo día que Pedraz cedió la investigación a Guinea Ecuatorial, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aprobó la transformación de las diligencias previas del caso en sumario,
debido a la gravedad de los delitos investigados, que superan los nueve
años de prisión. Algo que la acusación ya había pedido en septiembre
del pasado año. Ante la negativa de Pedraz, elevó una queja a la Sala,
que finalmente revocó la resolución del juez y ordenó que las
diligencias se tramitaran en el marco de un procedimiento sumario.
Con ello, se modifican las competencias de la instrucción. Ahora, el único órgano con capacidad para archivar o ceder el caso es la Sala de lo Penal. Por tanto, hasta que esta no cierre el sumario, no podría llevarse a cabo la cesión del caso.
La Fiscalía recuerda que así fue como se procedió cuando el juez instructor del caso Couso,
en el que la AN investigó la muerte violenta de un periodista español
por el ataque de tres militares estadounidenses en Iraq. El sumario había dejado sin efecto el procesamiento y las medidas cautelares aprobadas contra los acusados. Es decir, que el entonces instructor del caso sólo pudo llevar a término todas todas las diligencias pertinentes,
independientemente de las medidas aprobadas contra los acusados. Una
vez terminadas las instrucciones, elevó el sumario al órgano superior
–la Sala– que decidió la conclusión y el sobreseimiento de la causa.
No parce casual que el fiscal utilice el 11-M y el caso Couso para ilustrar su argumentación. El primero fue juzgado por el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Actualmente, Gómez Bermúdez ejerce como defensa de Carmelo Ovono, Nicolás Obama e Isaac Nguema. Por otro lado, el caso Couso fue instruido por el propio Pedraz, que entonces era titular del Juzgado de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional
El fiscal tampoco comparte la interpretación que hace el juez de la tramitación de la cesión de jurisdicción, ya que sólo el Tribunal Supremo tiene competencia como para dar por verdadero un proceso extranjero.
