Aunque dos jueces franceses, émulos de Eliot Ness, han dado con una buena forma para intentar acabar con la dictadura que padecen los habitantes de Guinea Ecuatorial con el Presidente Teodoro Obiang Nguema a la cabeza, no hay mucho margen para pensar que la situación en ese país africano no vaya a seguir como en los más de 30 años que dura su gobierno.

Al Capone, que no alcanzó a tener un currículum tan abultado como el de Obiang, centrado como estaba en eliminar a otros mafiosos en Chicago y amasar unos cuantos millones de dólares, pero sí méritos sobrados para merecer la pena que se aplica en Estados Unidos a los autores de los mayores crímenes, ingresó en la cárcel por un asunto menor: evasión de impuestos.

Ness fue encargado por el gobierno estadounidense para dirigir un grupo de funcionarios destinados a sentar a Al Capone en el banquillo. Lo primero que hizo fue seleccionar a un puñado de ‘intocables’, ya que el soborno de funcionarios y de políticos era lo que más fácilmente podía hacer fracasar su objetivo, puesto que las pruebas contra los criminales estaban a la vista de todos.

A diferencia del gangster estadounidense, que utilizaba intermediarios para sus negocios y actividades ilegales, sobre los cuales no se guardaban registros, Obiang ha dejado en esos años un rastro bien visible como gobernante y otro algo menos notorio como hombre de negocios. En concreto, sus actuaciones políticas por un lado, sus abultadas cuentas bancarias y sus exageradas propiedades por otro. Las pruebas aguardan encerradas en prisiones, enterradas en cementerios y depositadas en cuentas bancarias.

No hace falta ser Sherlock Holmes para poner esto en evidencia y así lo han demostrado unas personas pertenecientes a una asociación católica sin poder alguno y completamente desarmadas: las que han presentado ante esos jueces una denuncia por la existencia de bienes mal adquiridos por parte de la banda de los Obiang.

Sus abogados franceses han protestado ante Francia por “el atentado” cometido en París contra miembros de la familia del presidente, promovido por “unas asociaciones cuya legitimidad está por demostrar”, o sea, los denunciantes.

Ésta es la gracia que tienen al menos las democracias occidentales: mientras los responsables de velar por el estado de derecho se lavan las manos en el mejor de los casos, o –más habitualmente- son cómplices de su violación, algunos ciudadanos consiguen con sus actos alterar el statu quo en alguna ocasión.

¡Un atentado contra Obiang! ¿Se ha ejercido alguna violencia contra el presidente o su entorno? ¿Han intentado derrocarle? ¿Le han robado sus riquezas? ¿Entonces ha sido finalmente conducido al campo de detención de Guantánamo para que confiese? ¿Quizás a la prisión de Black Beach, situada cerca del Palacio Presidencial, en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, en la que los presos son destinados a una muerte lenta según Amnistía Internacional? ¿Al menos ha ingresado en la comisaría del distrito 16 para prestar declaración, ya que es en éste, en la avenida Foch, donde mantiene una de sus caras propiedades además de en Sudáfrica, Estados Unidos y otros países.

Nada de eso. Simplemente once de sus automóviles de lujo, que están entre los más caros del mundo, unos cinco millones de euros sobre 44 ruedas, han sido requisados por la policía por orden de esos dos jueces, probablemente para su subasta pública. Poca cosa, desde luego, tanto si se compara con el resto de la fortuna amasada por la extensa familia (¿miles de millones?) como con la importancia de los crímenes que ha cometido: incontables violaciones de los derechos humanos de sus compatriotas.

Pero menos es nada, lo que ha habido hasta la fecha. Ahora se habla de un comienzo, una esperanza basada en la historia protagonizada por Eliot Ness en Chicago en los años treinta del siglo pasado. Ante la perspectiva de que pase por la tierra sin rendir cuentas, más vale que pague cuanto antes de la manera que sea. Aunque ni siquiera los coches sean suyos.

Los automóviles pertenecen al aprendiz de mafioso de nombre idéntico aunque con las palabras en distinto orden, es decir, su hijo Teodoro Nguema Obiang, alias Al Patrón y Al Teodorín. En el lío de bienes de la extensa y caprichosa familia Obiang repartidas por el ancho mundo, tampoco le faltan méritos al que ha sido designado más o menos oficialmente sucesor de Al Papá Teodoro.

Si los jueces siguen adelante –ha habido intentos anteriores sin éxito- es muy probable que no podrán contar con los ‘intocables’ de que dispuso Ness tras seleccionar primero a 50, luego a 15 y finalmente a nueve que lo eran verdaderamente.

En caso de ser citada, Hillary Clinton declarará que Estados Unidos, en su infatigable trabajo en pro de los derechos humanos, la justicia y bla, bla, bla, ha colaborado intensamente con Francia para que Obiang explique el origen de sus bienes.

Es cierto, llegaría admitir, que a comienzos de la década pasada Estados Unidos pudo haber llevado a Obiang ante los tribunales en vez de esperar a que la gloria justiciera se la lleven los franceses. Si no lo hicieron cuando el Senado estadounidense anunció en 2004 que Obiang tenía cuentas opacas en el Banco Riggs, en Washington DC, con más 700 millones de dólares, mediante su investigación “Blanqueo de capitales y corrupción en el extranjero”, es solamente porque estaban muy ocupados haciendo justicia en Sudán, Somalia, etc.

La ministra de asuntos exteriores se limitaría a manifestar la satisfacción del gobierno español por la caída de otro dictador africano: “Ya el presidente había advertido de que la madre patria no estaba dispuesta a tolerar que Obiang tuviera más de 10 coches de lujo”. No podría aclarar, sin embargo, por qué España, con más de cuatro millones de desempleados y un PIB que cae más que el de Guinea Ecuatorial, financia proyectos de “cooperación al desarrollo” en un país de 700.000 habitantes que es el tercer productor de petróleo de África negra.

La Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) acaba de presentar las cifras de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) bilateral bruta para 2011: 9.6 millones de euros. La AOD no ha conseguido en toda su historia el desarrollo en Guinea Ecuatorial, pero al menos con esa cantidad –superior a la del año pasado- la familia de Teodoro bien puede comprarse nuevos cochazos para sustituir a los requisados o acudir a la subasta.

Un ex presidente del senado, actualmente presidente de una fundación que manifiesta que “España tiene con Guinea Ecuatorial un deber moral” y que es testigo privilegiado de la conducta de Obiang, podría relatar sus conversaciones privadas con éste. Sería de mucha utilidad para un juez, ya que las conversaciones no debieron de centrarse en cuestiones morales, sino en coches de lujo, mansiones de 30 millones de dólares en Malibú y otras localidades igualmente chic, cuentas bancarias estratosféricas y otras gangas.

De momento no se cree que los jueces franceses cuenten ni con media docena de ‘intocables’, no se ha publicado que ninguno de los que conocen bien a Obiang se haya puesto en contacto con aquellos para colaborar con la justicia.

No se les echará de menos, que llamen a cambio a declarar a Manfred Nowak, investigador de la ONU sobre la tortura en Guinea Ecuatorial, a abogados y forenses de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Global Witness.

Mejor aún, que pregunten a las víctimas y a sus familias, a cualquier ecuato-guineano, sobra información y falta voluntad para actuar en consecuencia.


Fuente: propia

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