El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) del presidente Teodoro Obiang ha reconocido implícitamente por vez primera que los españoles de origen guineano Feliciano Efa y Julio Obama y los ecuatoguineanos Bienvenido Ndong y Martín Obiang, residentes en España, están presos en su país. A través de un comunicado, con el que sale al paso de un artículo de EL PAÍS, el partido gobernante en Malabo sugiere que los cuatro opositores fueron entregados por las autoridades de Sudán de Sur, donde fueron capturados el pasado 15 de noviembre tras caer en una trampa, y se queja de que España no haya atendido las demandas de Guinea Ecuatorial para que fueran detenidos y extraditados.

El comunicado del PDGE recuerda que la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Litorial-Bata condenó a una serie de personas, en distintos grados, como autores o cómplices de los delitos de traición, financiación del terrorismo o incitación a la sedición militar por su presunta implicación en el  supuesto intento de golpe de Estado de diciembre de 2017. Y agrega que algunos de los condenados “se encuentran en rebeldía y residen en España”.

Tras dictarse órdenes de busca y captura, continúa la nota, el Gobierno de Malabo “solicitó por vía diplomática la colaboración de países amigos y organismos internacionales; entre ellos, España e Interpol". Pero “mientras algunos países están reaccionando positivamente a estas peticiones”, agrega, en aparente alusión a Sudán del Sur, “otros guardan un silencio cómplice”.

El comunicado condena lo que califica de “doble estándar” de países, organizaciones y medios de comunicación ante delitos graves como el terrorismo, “dependiendo de dónde se produce o contra quiénes se dirigen sus acciones”. No explica, sin embargo, por qué Guinea Ecuatorial no ha informado en ningún momento de la detención de los cuatro opositores, ni siquiera a sus familias, si fueron entregados por las autoridades de Sudán del Sur hace ya mes y medio en base a un procedimiento legal de extradición.

Tampoco alude la nota a la negativa de las autoridades ecuatoguineanas a permitir que la Embajada española en Malabo preste asistencia consular a los dos ciudadanos españoles y ni siquiera le facilite información sobre su estado de salud o paradero.