José M. Clar Fernández
La dictadura de Teodoro Obiang
DESDE QUE GUINEA ECUATORIAL obtuvo la independencia de España, hace 34 años, la situación política y social de este país y de sus habitantes ha ido de mal en peor. Al despótico régimen de Francisco Macías, sucedió, en 1979, el represivo gobierno de su sobrino, Teodoro Obiang Nguema, convirtiéndose en un país donde la violencia del Estado contra sus ciudadanos es norma habitual.
En efecto. El presidente Obiang se está caracterizando por ser el mandatario de un régimen dictatorial que reprime cualquier sistema pluripartidista. Así, en mayo de 2002, tuvo lugar en Guinea un macro juicio contra 144 guineanos, miembros de la oposición y militares, acusados de una supuesta tentativa de ¨golpe de Estado¨. Fue un juicio político, lleno de irregularidades, sin la más mínima garantía jurídica para los acusados, censurado por Amnistía Internacional y por el Parlamento Europeo y que culminó con 68 sentencias a penas de entre 6 y 20 años de prisión. Entre los condenados figuraban los dirigentes de Fuerza Democrática Republicana, partido no legalizado, y el secretario general de Convergencia para la Democracia Social, Plácido Micó. Condena esta que tenía por finalidad acabar con el único partido legal del país.
El régimen tiránico de Teodoro Obiang se está caracterizando por la represión masiva a sus opositores políticos, periodistas y abogados ¨no afectos¨. El descontento de los guineanos es tal que en junio del pasado año se creó en ese país el colectivo de Asociaciones de Familias Víctimas de la Dictadura, cuyo objeto fue llamar a testimoniar a toda persona individual o jurídica, de cualquier nacionalidad, que hubiera sido víctima de los atropellos de las dictaduras del Estado. Esta asociación ha depositado ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un informe denunciando al presidente Obiang por ¨genocidio, asesinato de inocentes, crímenes contra la humanidad y expropiaciones de bienes de multinacionales occidentales¨.
La situación de los presos políticos en la tenebrosa prisión de Black Beach, en Malabo, es infrahumana. No reciben atención médica, alimentos y bebida, sólo torturas. Por este motivo, falleció en ella el dirigente de la oposición, Juan Ondó, uno de los condenados en el juicio de mayo de 2002 contra 14 opositores al Gobierno de Obiang. Aunque la oposición pidió que se le practicara la autopsia para conocer las causas reales de su muerte, las autoridades del régimen se negaron a entregar el cadáver a los familiares, argumentando que murió en el hospital por causas naturales.
El miedo, la represión y la miseria ahogan a la población de un país rico. Un país donde los rendimientos por la explotación de petróleo que ingresó el Estado, en el año 2000, superaron los 19.556 millones de pesetas, con una producción diaria de 200.000 barriles, que se elevará a 500.000 en el presente año gracias a las nuevas inversiones de Exxon - Mobil. Riqueza que se incrementa con otras procedentes de la madera, pesca, etc., suficientes para permitir vivir bien a los 400.000 habitantes que apenas tiene Guinea, pero que debido a la corrupción del Gobierno, como suele suceder en las dictaduras, apenas repercute en el desarrollo del país, pues la sanidad, la vivienda y la educación están bajo mínimos.
El aferramiento al poder ha llevado al presidente Obiang a ser el único candidato en las elecciones celebradas en diciembre pasado, al retirarse, en señal de protesta, todos los demás candidatos. Por cuyo motivo las ganó y seguirá gobernando durante los próximos siete años.
Esta es la realidad de Guinea Ecuatorial. Por eso, España, como país que gobernó y administró esta antigua colonia, tiene el deber moral de transmitir al Gobierno de Teodoro Obiang su preocupación por la vulneración de los derechos fundamentales de los guineanos, así como de elevar esta inquietud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante el Parlamento Europeo, a los fines que proceda.
Fuente: El Día (30.1.03)
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