H O J A nº 18 / 2003

NO TODOS LOS DICTADORES, NO TODOS LOS DÉSPOTAS. En el lenguaje de los miembros del gobierno español, de su ministerio de Asuntos Exteriores y en el del partido que los soporta, el Partido Popular, aparecen en las últimas semanas quizás ya en los últimos meses, con frecuencia inusual los términos ”déspota”, ”dictador, ”tirano” y se refieren con frecuencia a la conveniencia de eliminar este tipo de personajes del panorama político internacional.


No es este el sitio de establecer un juicio general sobre si estamos ante un recurso oportunista, al servicio de una operación política concreta (la invasión de Iraq) o de una estrategia general destinada a crear ”un mundo resplandeciente de paz y democracia”. Podemos, eso sí, analizar si es esta la misma política que nuestro país aplica a otro dictador como Teodoro Obiang Nguema.


En los análisis de la política española hacia Guinea, sobre todo si están ligados al gobierno, hay un cierto empeño en establecer el 14 de marzo de 2002 (la fecha de las primeras detenciones de opositores que serían más tarde juzgados en el cine Marfil) como el momento de un cierto cambio. La administración española habría asumido (sin reconocerlo) el fracaso de la política de compromiso constructivo con la dictadura guineana mantenido en los años anteriores y habría colocado a las reivindicaciones democráticas en un puesto más alto del que tenían hasta entonces en las relaciones España-Guinea.


Nuestra organización contradijo ya en su momento esta opinión, pero nos parece importante volver a discutir las bases de la política española y sus últimas manifestaciones coincidiendo con esta ”cruzada contra las dictaduras” y cuando dos países con intereses en Guinea, Francia y Estados Unidos, están tomando iniciativas de una cierta entidad.


La principal aportación del Partido Popular a la política guineana de nuestro país fue trasladar su centro de gravedad. Si hasta su llegada al poder este punto había sido equidistante del gobierno y la oposición democrática guineana, ahora pasaría a estar ”dentro” del régimen guineano. La esperanza de cambio, la iniciativa de la transición política correspondería, según las nuevas autoridades españolas, a Obiang y los suyos. La mejoría de las relaciones entre ambos gobiernos, la defensa del idioma castellano y una política ”sin complejos”, independiente de la defensa de los derechos humanos empezaron a ser las nuevas prioridades. Para los excesos de la administración guineana, que sin duda se producirían, estaban las gestiones (públicas o secretas) de algunos ”expertos en Guinea”, que pasaron a ocupar puestos fundamentales en la definición de la política exterior de nuestro país y que parecían tener acceso directo al dictador guineano...


Algunos de los límites de esta política estuvieron claros desde el principio. La dictadura guineana, probablemente animada por la nueva riqueza petrolera, solicitaba de las autoridades españolas (a cambio de nada) un aval internacional que estas no se atrevieron a otorgar. Estas mismas autoridades españolas, siempre para la mejoría de las relaciones, hicieron sonadas ofrendas en busca de concesiones del dictador: en primer lugar abandonaron a su suerte a la oposición guineana, más tarde defenestraron a Rafi de la Torre y acabaron con su programa para Guinea e hicieron posible la famosa foto de Valladolid de Obiang con el Jefe del Estado español... Nada de esto sirvió para nada. Las concesiones, o no se juzgaron suficientes, o se hacían en terreno inadecuado según el criterio de las autoridades de Malabo. Por ejemplo, y pese a las gestiones hechas desde Madrid, no dieron un solo paso a favor de una legislación que otorgara mínimas garantías jurídicas a los posibles inversores españoles. Sin embargo, en esta situación de influencia decreciente por parte de la antigua metrópoli y coincidiendo con unos años de relativo descenso en la actividad opositora, altos cargos españoles hablaban abiertamente de la disminución del carácter represivo de la dictadura encabezada por Obiang y su familia. Fue a este aspecto, más evidente que otros, al que puso fin el 14 de marzo de 2002 con el comienzo de las detenciones y torturas que condujeron al juicio del cine Marfil.


¿Puede decirse que haya cambiado la política del gobierno español hacia Guinea? Nuestra respuesta es claramente negativa. Es cierto que en algún momento del juicio del cine Marfil (no en todos), coincidiendo con la muerte de alguno de los condenados o ante el fracaso de sus gestiones para la puesta en libertad del secretario general de CPDS, Plácido Micó, los dirigentes españoles amenazaron con ”pasarse a la oposición”. No lo han hecho. Han puesto mucho empeño, a lo largo de estos últimos doce meses, en dejar claros los límites de su ”enfrentamiento” con Obiang y los suyos. En los momentos previos al proceso del cine Marfil, se apresuraron a dar crédito (contra toda evidencia) a los rumores de golpe de estado por parte de la FDR. Conocida la sentencia, no se han privado de manifestar en publico o en privado, en Madrid o en Malabo, en presencia, o no, de representantes del régimen de Obiang (basándose en sus actitudes ”antiespañolas” de antaño), que no les importa el mantenimiento en prisión de Felipe Ondó y el resto de sus compañeros de partido, porque, en una actitud inadmisible y prepotente, los consideran ”peores que Obiang”. Recientemente, cuando el Parlamento Europeo condenaba el comportamiento de las autoridades guineanas en las (fraudulentas) elecciones presidenciales del pasado 15 de diciembre, los representantes del Partido Popular español, rompieron el acuerdo previamente establecido con el resto de las fuerzas políticas, y votaron en contra.


La política española hacia Guinea en los últimos tiempos se limita a pedir pasividad a las fuerzas opositoras, mientras esperan que la casualidad les permita restablecer el diálogo con el régimen guineano. Sus objetivos parecen reducirse a estar presentes en Malabo cuando se cumpla el ”trámite sucesorio”. Sin duda no es mala idea, pero (vistos los antecedentes) habría que preguntarse para qué y si ese objetivo, tan modesto, debe enfrentarse con todas las demás de las exigencias de la política española hacia Guinea


Volviendo a nuestro planteamiento inicial, lamentamos sinceramentre no encontrar en la política del gobierno español hacia Guinea la ”implacable defensa de los principios democráticos”, el ”coraje” para asumir las situaciones y la nueva condición de ”primera potencia” que parecen caracterizar la política española hacia la dictadura iraquí, mucho más alejada de nosotros en el espacio y, sin duda, en la historia.


ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA CON GUINEA ECUATORIAL (ASODEGUE) 24 de marzo de 2003





Fuente: ASODEGUE

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