H O J A nº 23 / 2003

¿LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS ANALIZARÁ EL CASO DE GUINEA ECUATORIAL? Si en los dos últimos años las resoluciones de la Comisión de Naciones Unidas han sido favorables al gobierno guineano podría suceder que en la sesión de este año, la número 59, ni tan siquiera se analizase el caso de Guinea Ecuatorial. Los votos del ”grupo africano” impulsaron en el año 2001 una resolución favorable a la dictadura guineana. Esos mismos votos suprimieron en 2002 la figura del ”relator especial” que venía manteniéndose desde 1979 y que suponía para los demócratas guineanos la garantía de que la comunidad internacional ”observaba” a su país y que los abusos y los crímenes del régimen de Obiang podrían no quedar impunes.

¿Ha mejorado en el 2002 la situación de los derechos humanos en Guinea? Evidentemente no.



A partir del 14 de marzo de 2002 el gobierno guineano, pretextando un intento de golpe de estado que nunca pudo probarse, desató una oleada represiva que llevó a las cárceles a unas 400 personas. La gran mayoría de ellas fueron objetos de torturas y de todo tipo de vejaciones; 144 fueron llevadas ante un tribunal entre los días 23 de mayo y 9 de junio. Buena parte de ellas mostraban signos evidentes de torturas. Unos 60 encausados denunciaron estos hechos ante el tribunal y describieron las torturas a las que habían sido sometidos.



El juicio celebrado en el cine Marfil de la capital del país careció de todo tipo de garantías. Los abogados defensores sólo dispusieron de una parte del sumario y ello 24 horas antes del comienzo de las sesiones. El ministerio fiscal fue incapaz de probar ni una sola de las acusaciones que se hacían a los detenidos. El tribunal se negó a reconocer las torturas a que habían sido sometidos los encausados y dio por buenas sus declaraciones previas aunque era claro que la mayoría se habían hecho para dejar de padecer malos tratos y, en no pocos casos, habían sido escritas por los propios policías. Pese a todo esto y siguiendo instrucciones del dictador, el tribunal condenó a 68 de los encausados a fuertes penas de prisión. Entre ellos se encontraban Felipe Ondó Obiang, Guillermo Nguema Elá y Plácido Micó. Los dos primeros son dirigentes de la FDR; Micó es Secretario General de CPDS.



El 29 de abril fue detenido Fabián Nsue, Secretario General de Unión Popular acusado de injurias al Jefe del Estado por unas declaraciones atribuidas a él y que aparecieron en Internet. Fabián Nsue fue cruelmente torturado y posteriormente condenado a dos años de cárcel. Durante un periodo de tiempo estuvieron en prisión los máximos dirigentes de los tres principales partidos opositores.



Coincidiendo en fechas con el juicio que se celebraba en el cine Marfil, 17 ciudadanos pertenecientes a la etnia bubi fueron detenidos en un lugar apartado de la isla de Bioko mientras celebraban unas ceremonias tradicionales. Sin prueba alguna, se les acusó también de intento de golpe de estado. Todos fueron torturados y a dos de ellos les cortaron las orejas.



Los condenados en el cine Marfil fueron llevados al penal de Black Beach, cercano a Malabo, donde volvieron a ser víctimas de tratos vejatorios y en algunos casos fueron nuevamente torturados. Se impidió que fueran alimentados por sus familiares y la falta de alimentación se convirtió en un instrumento más de tortura. El 5 de julio murió en el hospital de Malabo, a donde había sido conducido desde Black Beach, Juan Ondó Nguema; llevaba cuatro días sin comer ni beber. El 31 de agosto murió Juan Asumu Sima, tenía 80 anos, murió victima de las torturas y la desatención médica.



El 12 de octubre, con motivo de la Fiesta Nacional guineana, el dictador hizo públicas medidas de gracia por la que salieron de la cárcel todas las mujeres detenidas; cinco de los condenados en el cine Marfil que habían testificado a favor de las tesis del gobierno; cuarenta detenidos pertenecientes a la etnia bubi, que llevaban en prisión desde 1998 tras de un juicio carente también de garantías y el dirigente de Unión Popular Fabián Nsue.



En diciembre visitó Guinea el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Ambeyi Ligabo. Su informe, hecho público en febrero de 2003, denuncia la situación en que se encuentran los medios de comunicación guineanos, pide la libertad de los presos políticos y es especialmente crítico con las autoridades. En este mismo orden de cosas, hay que señalar la salida del país, a principios de junio, del periodista Pedro Nolasco tras recibir amenazas de detención procedentes del entorno del presidente Obiang. Nolasco venía manteniendo en sus escritos posiciones críticas respecto de las autoridades guineanas.



La situación actual de los presos de Black Beach puede resumirse como sigue: los más ”afortunados” viven en celdas de 1,5 por 1 metro; en otros casos son varios los detenidos que comparten este tipo de celdas. Durante meses no han podido salir al patio, sólo se les autorizaba la estancia quince minutos diarios en el pasillo de su celda. Tras la visita, a finales de febrero, de una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja estas salidas se ampliaron a dos horas que en algunos casos se hacen en el patio de la prisión. Reciben dos comidas diarias una a base de pan duro y otra, habitualmente, de arroz cocido. No pueden tener libros, cuadernos etc. No les están autorizadas visitas de sus familiares. Las autoridades guineanas firmaron un acuerdo el pasado octubre con el CICR en virtud del cual delegaciones de esta organización podrán visitar periódicamente a los prisioneros.


Esta situación no es el resultado del ”atraso”, sino de acciones delincuentes llevadas a cabo a través de las estructuras del Estado por la minoría que controla el país: la familia del dictador Teodoro Obiang Nguema. A lo largo de 2002,



ha continuado el proceso de ”privatización” del estado en beneficio de este reducido grupo de personas. Miembros de esta familia se apropian de buena parte de las rentas generadas en los sectores de la economía guineana con una inserción preferente en la economía mundial. El propio dictador y uno de sus hermanos aparecen como titulares de cuentas (Banca Riggs de Washington) en las que las compañías petroleras ingresan una parte de sus deudas con el estado guineano. Teodorin, el hijo mayor del dictador ocupa una posición similar respecto al sector maderero. Estos mismos u otros miembros de la familia Obiang se benefician de empresas que, sin ningún pudor y utilizando el poder político, monopolizan las importaciones realizadas en Guinea por los sectores de la construcción, el comercio y de una incipiente economía de servicios. Las estructuras del gobierno y del partido gubernamental PDGE sirven como mecanismo de distribución o de ascenso social para un grupo más amplio de adeptos al régimen.



El 15 de diciembre tuvieron lugar en Guinea elecciones a la Presidencia de la República. La convocatoria se hizo sin respetar los plazos marcados por la ley y utilizando en favor del dictador todos los recursos que le proporciona el control sobre el Estado guineano. Tras una campaña llena de incidentes organizados en buena parte por ministros, consejeros de Obiang o el propio Presidente del Parlamento guineano, el día de las votaciones estuvo plagado de irregularidades. El partido del gobierno intentó, una vez más, imponer el ”voto público” (no secreto) favorable al dictador. Las mesas electorales, sobre todo fuera de las ciudades de Malabo y Bata, estuvieron llenas de militares. Incluso los observadores internaciones llamados por Obiang se escandalizaron de las practicas electorales puestas en marcha por las autoridades guineanas. Todos los candidatos, con la excepción del dictador, se retiraron de las elecciones, en un ambiente de auténtico escándalo internacional.



Con un Estado sin auténticas instituciones, los enfrentamientos dentro de la familia Obiang lastran no sólo su futuro, sino el de todo el país. Los enfrentamientos entre la primera mujer de Obiang y su hijo Teodorin por un lado y los hermanos del dictador por otra, impedirán la supervivencia del régimen guineano y supondrán en su momento un riesgo grave para la paz en Guinea y en toda la región.


¿Cómo es posible que esta situación pueda ser ignorada por Naciones Unidas? Representantes de la oposición guineana se han hecho presentes en la Comisión. Sus posiciones pueden resumirse en los párrafos siguientes:

” 1. Denunciamos enérgicamente el mantenimiento en prisión de Plácido Micó Abogo, Felipe Ondo Obiang, Guillermo Nguema Ela y todos sus seguidores, encarcelados en Malabo sin causa que lo justifique, y pedimos la intervención de esta Comisión ante las autoridades de este país para que se consiga su libertad inmediata e incondicional.

2.Denunciamos asimismo la persecución y la aplicación de la tortura y otros tratos degradantes e inhumanos por los dirigentes de Guinea Ecuatorial a sus propios conciudadanos, únicamente a causa de sus convicciones ideológicas.


3.Pedimos, para terminar, que la Comisión restablezca la vigilancia de las Naciones Unidas sobre Guinea Ecuatorial en materia de respeto de derechos humanos y preste la asistencia técnica necesaria al Gobierno para su mejora.”


Pero Naciones Unidas, como en otras oportunidades, se ha mostrado más como un foro lastrado por afinidades, pactos o enfrentamientos entre países y grupos de países, que un ámbito capaz de reflejar las aspiraciones y los sufrimientos de los pueblos del mundo. Se ha tratado, por parte de la oposición guineana, de buscar patrocinadores para una resolución que reflejase los tres puntos anteriores:


La delegación de la UE, encabezada por la representación griega, no ha aceptado, en principio, presentar una resolución sobre Guinea. Sus razones parecen basarse, por una parte, en la experiencia del pasado año, cuando una iniciativa europea fue modificada sustancialmente por el ”grupo africano”; por otra, opinan que van a tener suficiente enfrentamiento con los países africanos (y quizás también con los asiáticos) en la discusión de sus propuestas sobre Zimbabwe y Sudan. Remiten la iniciativa de una posible resolución a los países miembros y, en todo caso, preferirían que fuesen otros los patrocinadores, incluido el propio ”grupo africano”.


La representación surafricana, coordinadora del ”grupo africano”, ha recibido con simpatía la propuesta de la oposición guineana pero ha manifestado que este grupo tiene por principio no criticar a ninguno de los países integrantes, ni apoyar resoluciones que vayan en contra de cualquiera de los gobiernos del grupo.


La representación sueca se ha manifestado al corriente de los problemas de Guinea Ecuatorial, su decepción por los resultados del pasado año y su disponibilidad, en primera instancia, para presentar la resolución.


Los representantes de México, Canadá, Senegal y otros, han mostrado su disposición a votar favorablemente una resolución contraria al gobierno guineano siempre que haya quien la presente. En todos los casos han puesto de manifiesto su preocupación por las dificultades para negociar con el ”grupo africano” y el riesgo de que sus votos puedan dar al traste con la misma.


La representación de Estados Unidos, a pesar de los términos en los que se expresa el Informe del año 2002 sobre la situación de los Derechos Humanos en Guinea del Departamento de Estado de su país, ha estado ocupada preferentemente en impedir una resolución de la Comisión sobre la situación en Iraq...


Los representantes de Francia y España han estado esquivos respecto a la propuesta de resolución. Cabe esperar pocos apoyos de la administración española muy empeñada en mostrar a Obiang y los suyos su plena disposición a olvidar los crímenes y abusos que han cometido en los últimos tiempos (Véase sino el voto en contra a la resolución de Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2003, en la que se denunciaban las violaciones de los derechos humanos en Guinea, se pedía la libertad de los presos políticos y se criticaba el comportamiento de las autoridades de ese país durante el proceso electoral del 15 de diciembre y, también, la ausencia total de referencias al proceso democrático y a la situación de los derechos humanos en las declaraciones hechas, y los acuerdos adoptados, por el señor Gil Casares en su reciente viaje a Malabo).


Aunque los calendarios de la Comisión de Derechos Humanos son dificiles de fijar parece que para el 25 de este mes estará todo resuelto. Seguiremos informando.


ASOCIACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA CON GUINEA ECUATORIAL (ASODEGUE)

21 de abril de 200


Fuente: ASODEGUE

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