Por Obama Ochinan

Apenas cesado de su cargo de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y del de secretario de organización del PSOE,  José Luis Abalos Meco se ha desplazado a Malabo, en su calidad de lobista, para prospectar mercados a favor de la transportista aérea “Plus Ultra“. Aquella misma (creada en el año 2015, con una flota de tan solo tres aviones y enlazando 4 destinos) que beneficio de un rescate financiero de 53 millones de euros, desatando una autentica tormenta política en España. Una polémica decisión que motivo una querella criminal por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación (iniciada por el partido VOX), así como la interpelación de los ministros de Economía, Hacienda y Transportes, Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos, respectivamente, de los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante su periplo por el país africano, el ex-ministro Abalos se ha entrevistado con el tirano Obiang, merced a la mediación del lobby español de éste, que integran exclusivamente ex-ministros socialistas (José Luis Zapatero, José Bono y Migual Ángel Moratinos) y del que probablemente forme parte en lo sucesivo el ya también ex-ministro socialista Abalos. Una funcion lobista reforzada por el actual gobierno español (PSOE), por el alto representante para la política exterior de la Unión Europea Josep Borrel (PSOE) y por la propia red de influencia de Moratinos en la ONU (en la que ejerce actualmente el cargo de jefe de la alianza de civilizaciones!). Siendo el principal cometido del lobby la ocultación política y mediática de la lucha contra la dictadura de Obiang, mediante la creación de espacios alternativos de  “libertad mediatica” monitoreados por el mismo lobby… Dicha siniestra (pero exitosa) labor ha garantizado durante más de tres decenios el mutismo de las élites españolas acerca del drama guineoecuatoriano, al tiempo que ha conllevado la desunión permanente de los movimientos y partidos políticos envueltos en la lucha contra la dictadura.  

Pese a la acción obstructiva del poderoso lobby, desde que se hiciera pública y se confirmara la presencia del ex-ministro Abalos en el lujoso hotel Sipopo (que acoge habitualmente a los demás lobistas socialistas), se ha especulado mucho en las redes sociales acerca de la vinculación del interesado con la dictadura guineana, y de los motivos que justificaron su presencia en el país africano. Siempre que ni el gobierno español ni el guineano se pronunciaron al respecto, si bien se indicó a través de la prensa española que el interesado seria próximamente requerido por la justicia española en relación precisamente al rescate de “Plus Ultra”, y a su presunta relación con la red de blanqueo de dinero del régimen chavista.

La singular osadía del ex-ministro español, al incurrir consciente y voluntariamente en incompatibilidad y en innegable conflicto de interés, suscitara, no cabe duda, numerosas y variadas reacciones desde los estamentos oficiales de su País. No obstante ello y por consideración de la impunidad estatutaria del dictador Obiang, y de la inaccesibilidad de la prensa española (véase supra la acción obstructiva del lobby socialista), quisiéramos expresar nuestra consternación ante la inmoralidad de Abalos, al propiciar acuerdos de coinversión con empresas vinculadas con el dictador Obiang, financiadas íntegramente merced a la malversación de fondos del Estado guineano y con el tráfico de droga. Constándole si bien que toda inversión privada asociada al entorno familiar del dictador (como las promovidas por Pedro Hermosilla Molero, Ignacio Palomo Álvarez, o por los testaferros de José bono, miguel Ángel Moratinos, José Luis zapatero, etc) contribuye al blanqueo de los fondos públicos malversados por Obiang y su camarilla, y del producto generado por el tráfico internacional de estupefacientes. 

En efecto, e independientemente de su naturaleza liberticida, no requiere abundarse sobre la naturaleza cleptocratica de la dictadura ecuatoguineana que en 43 años ha procedido a la privatización de las finanzas públicas al fin de enriquecimiento personal del tirano Obiang, considerado a día de hoy por la prestigiosa revista Forbes como uno de los jefes de estado más ricos del mundo. Una actividad delictiva de la que da constancia el informe del senado americano sobre Riggs Banks, en el que se consignan pruebas de la implicación directa de Obiang, de su hijo Gabriel Mbega Obiang y de sus sobrinos Baltasar Engonga Edjo y Melchor Esono Edjo, en una vasta trama de malversación y blanqueo de renta petrolera. Siendo de relevar que si bien buena parte de los fondos ilícitos procedentes de la extinta Riggs Bank han sido blanqueados en España a través del banco Santander, los presuntos autores de dicha actividad delictiva no han merecido sin embargo la preceptiva acción punitiva del Estado español. De contrario, a raíz de las denuncias formuladas por la sociedad civil ante la justicia francesa (en el proceso denominado de los bienes mal adquiridos) ha recaído una sentencia por la que se condena a tres años de prisión al hijo del tirano, Teodoro Nguema Obiang, por malversación, receptación y blanqueo de fondos públicos, y por la que se acuerda la confiscación de sus bienes.

Sin perjuicio de lo anterior y pese a la ocultación mediática propiciada por su lobby, el sátrapa Obiang es asimismo, a día de hoy, un reconocido narcotraficante internacional cuyos vínculos con los mayores carteles de la droga son de notoriedad pública. Una actividad criminal que ha servido para financiar el fastuoso tren de vida del tirano y de su familia antes de la explotación del petróleo (y que constituye todavía una importante fuente alternativa de financiación de la dictadura), y de la que dan fe numerosas detenciones de personalidades públicas allegadas al dictador (promovidas todas, posteriormente, a altas responsabilidades del Estado tras su liberación). En otro contexto específico expondremos próximamente, de manera detallada, sobre dicha lacra.

La presencia de Abalos en Malabo revela el estrechamiento de las relaciones entre las dictaduras de Obiang y de Nicolás Maduro (ambas volcadas en el blanqueo de dinero y el tráfico de droga).

A resultas de información contrastada, la vinculación de la firma “Plus Ultra” (que trae a causa la mediación de Abalos ante el dictador Obiang) con el régimen de Venezuela está suficientemente acreditada. Si bien dicha firma está presidida por un español (Fernando García Manso) y su sede social está en Madrid, su principal accionista (47,2% de sus acciones, según datos de Insight View) es sin embargo Snip Aviation, una sociedad española aparentemente inactiva, administrada por tres venezolanos que a su vez son consejeros de la aerolínea: Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli. Los cuales son considerados cercanos al Gobierno de Nicolás Maduro y a su vicepresidenta Delcy Rodríguez, a los empresarios Camilo Ibrahim y Alex Saab (que llevan meses detenido en Cabo Verde y al que el Gobierno estadounidense acusa de ser un “testaferro” de Nicolás Maduro). Forman igualmente parte del consejo de “Plus Ultra” Pedro Antonio Borquez Tarff (figura identificadaen Los Papeles de Panamá) y Héctor Antonio Tobías Roye. Ambos inyectaron 1,237 millones cada uno en “Plus Ultra” a mediados de 2018 (según Vozpópuli).

En diciembre de 2017, y para evitar entrar en causa de disolución, « Plus Ultra » suscribió un préstamo participativo de 6,3 millones de euros con la panameña Panacorp Casa de Valores, SA (constituida en Panamá en 2008 por la también firma Panam Capital Market Holding, SA, y dirigida entre otros por el propio Rodolfo Reyes Rojas). Es de notar que los suscriptores de las acciones de Panam Capital Market Holding, SA, Dianeth de Ospino y José Eugenio Silva Ritter aparecen vinculados a centenares de empresas en ese país (presuntos testaferros de una sociedad de la familia de Rodrigo Rato en ese país, Walden Enterprises Inc).

Por tanto y pese a la sutil complejidad de la estructura organizativa del Holding de empresas con participación directa o indirecta del gobierno de Caracas, no puede cuestionarse la vinculación de la poderdante del ex-ministro Abalos,  “Plus Ultra”, con la nebulosa de empresas del régimen chavista. Una relación político-mercantil por tanto coherente y enmarcada en las tradicionales relaciones entre las élites del partido PSOE y las dictaduras de Nicolás Maduro y de Obiang Nguema.

En efecto, el lobby español del tirano Obiang es al propio tiempo el encargado de la defensa y promoción internacional de la dictadura chavista.

Principal interlocutor de los países de América latina por razón del vínculo histórico y cultural, España representa el nexo principal por el que se encauzan las relaciones entre éstos y la Unión Europea. A cuyo efecto la formulación de la política exterior española se ha venido articulando en torno al consenso y el respeto mutuo entre los partidos políticos. El dialogo y el consenso como virtudes ínsitas a la democracia española, que le merecen la consideración de las homologas europeas y americanas.

Tal es así que, en relación a la crisis política venezolana, se ha venido observando una convergencia entre el gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy y el entonces partido de la oposición PSOE y sus socios. En virtud de dicho consenso, ambas formaciones políticas preconizaron la imposición de sanciones económicas a algunos dirigentes del régimen de Nicolás Maduro previamente identificados  (prohibición de entrar o transitar por la UE, embargo de bienes, veto al comercio de todo tipo de material usado para la represión, etc). A dicha posición adhirieron destacados socialistas como el ex-presidente Felipe Gonzalez, quien advertía sin ambages (con ocasión de una entrevista) que, “es obvio que mi posición es distinta (a la de Pedro Sánchez), y no porque no haya creído en la posibilidad de una negociación […]. Estoy seguro de que Maduro no va a ceder nada en los derechos constitucionalmente exigibles ni en la equidad en una confrontación electoral. La tentación de Maduro es elegir a quién se presenta por parte de la oposición“.

Sin embargo, la disposición de las élites del PSOE a la defensa del régimen chavista (a la imagen del lobby de Obiang y de Abalos) ha conllevado la falta de equilibrio de la relación del gobierno español (PSOE) con la dictadura chavista, así como la dificultad de búsqueda del consenso político con los demás partidos políticos (véase las disensiones en el seno del PSOE expresadas por Felipe González). Tal es así que, desde la constitución del gobierno socialista en octubre de 2018, el ahora alto representante para la Política Exterior y entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, se desmarcaba de la política de sanciones, frente a la que propuso el diálogo político y el respaldo al Grupo de Contacto, y la cautela con el reconocimiento de Juan Guaidó. Simbólicamente, el primer ministro Sánchez se negaría a recibir a ese último (pese a tratarlo como lider de la oposicion de Venezuela), desmarcándose así del primer ministro Boris Johnson (Reino Unido) y del presidente de la republica Emmanuel Macron (Francia), que le recibieron con todos los honores.

No obstante, y al margen del expuesto aspecto meramente simbólico, el giro en la relación con el chavismo se manifestaría claramente a través de las contradicciones entre las declaraciones de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y las propias de Moncloa (que desde entonces manifestaba sostener la invariabilidad de su política, y disponerse a la búsqueda de estrategias de salida de crisis, etc), y a través de la obstrucción del gobierno y sus socios a la investigación iniciada por el Congreso en relación a la reunión de Abalos con Delcy Rodriguez.

Paralelamente, el PSOE y sus socios designarían como lobista en jefe del régimen chavista al ex-presidente José Luis Zapatero, cuya principal misión internacional es apoyar a Nicolas Maduro a tender puentes con el nuevo gobierno americano de Joe Biden en busca de eliminar las sanciones estadounidenses, la principal justificación de la propaganda revolucionaria frente al colapso y la ruina del país. A criterio de éste (según sus propias declaraciones a la prensa), ” la versión extendida (sobre la crisis venezolana) entre la opinión pública internacional (impulsada por el ex-presidente Donald Trump) es incorrecta y fruto de intereses políticos; y el camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional es equivocado, plagado de mala información de lo que pasa allí desde supuestos falsos“.

En definitiva, y al igual que en relación a la dictadura ecuatoguineana, las élites del PSOE no defienden el ideal humanitario socialista en la crisis venezolana, sino los intereses de una dictadura petrolera, narcotraficante y liberticida, que ha sumido a su población en la mas inenarrable indigencia. Lo cual redunda en su desprestigio y en el  reforzamiento de la sospecha de corrupción que día a día se ciñe sobre los barones del PSOE agrupados en lobby pro-dictaduras.

El régimen chavista arropado por el lobby del PSOE, una dictadura sangrienta implicada en el blanqueo de dinero y en el tráfico de droga.

Sin necesidad de interminables conjeturas, valga remitirse a las acciones judiciales iniciadas en España contra los representantes del régimen chavista. Tal es asi que el año 2019 el titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una macro causa contra altos cargos de Nicolás Maduro por blanquear en España dinero procedente del petróleo venezolano. Las diligencias abiertas por el magistrado apuntan tanto a miembros del ejecutivo actual y del anterior como a colaboradores de todos ellos que residen en la península ibérica desde hace años y que habrían facilitado a sus compatriotas las vías para devolver los fondos de la empresa estatal PDVSA al curso legal a través de diferentes inversiones inmobiliarias y de todo tipo (se hallan implicadas en las mismas más de 40 imputados, según fuentes judiciales).

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos de América considera a Nicolás Maduro (al que no reconocen como presidente de Venezuela) como el líder de un cartel de drogas (el cartel de los soles) y un colaborador de la guerrilla colombiana de las FARC (del que afirman que recibio 35 millones de usd mientras servía como canciller de Hugo Chávez). El departamento de justicia, representado por el fiscal general William Barr, ha presentado por tanto cargos contra él por corrupción, narcotráfico y blanqueo de dinero, y ofrece 15 millones usd a cambio de información que lleve a su captura, o a la de Diosdado Cabello (número dos del chavismo), Maikel Moreno (presidente del Tribunal Supremo de Justicia), Vladimir Padrino (ministro de Defensa), Hugo Carvajal (ex-director de inteligencia militar), y Clíver Alcalá (ex-comandante del Ejército), etc.

En el escrito de imputación por narcotráfico firmado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman y presentado por el fiscal general William P. Barr (al que accede libremente la prensa) se citan eventos y evidencias cuya reseña se inicia en el año 2003 cuando aún gobernaba Hugo Chávez. Desde la instalacion de un campamento de las FARC en territorio venezolano, con anuencia de las autoridades, para la coordinacion de los envíos de cocaína a Centroamérica y a los Estados Unidos, hasta el testimonio y las declaraciones de los sobrinos de Nicolás Maduro, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores (capturados por la DEA y condenados por la justicia americana). La Fiscalía afirma que, pese a ese hecho tan cercano al líder actual del cártel de los soles, la organización continúa enviando droga a Estados Unidos.

Paradójicamente, y pese a la incuestionabilidad de los anteriores hechos, el lobby socialista español del régimen chavista ha persistido en la política de la avestruz, librándose a una vana refutación dialéctica de los mismos, pese a ser consignados en informes oficiales del gobierno norteamericano y en resoluciones judiciales, tanto españolas como norteamericanas.