Amnistía Internacional insta al presidente de Guinea Ecuatorial a cumplir urgentemente el derecho internacional y garantizar que todos los detenidos son protegidos contra la tortura y otros malos tratos

En Guinea Ecuatorial, cientos de personas acaban entre rejas durante años sin poder recibir visitas de familiares ni profesionales del derecho. Estas personas olvidadas, en la mayoría de los casos encarceladas tras juicios plagados de irregularidades, están en prisiones tristemente famosas en el mundo, como las de Black Beach, Bata o Bioko.

Desde que traspasan los muros de la cárcel, no se las vuelve ni se sabe nada de ellas, y sus familiares no saben si están vivas o muertas.

Hace pocos años, un preso que quedó en libertad describió la prisión de Black Beach, situada en la capital, Malabo, como un agujero en el que, debido a la proximidad del mar, la humedad hacía que los presos vivieran en condiciones infrahumanas.

En las cárceles del país la tortura es una práctica generalizada y el hacinamiento supone una constante amenaza para la vida de las personas detenidas. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de presos desaparecidos, como los de Francisco Micha, ciudadano ecuatoguineano residente en España desde finales de la década de los noventa, y su amigo Fulgencio Obiang Esono, ingeniero, de nacionalidad italiana y originario de Guinea Ecuatorial.

Francisco y Fulgencio iban juntos de Roma a Togo en viaje de negocios. Al llegar a Lomé, el 18 de septiembre de 2018, de repente dejaron de estar localizables. Comenzó a rumorearse que habían sido secuestrados por las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial y estaban detenidos en la prisión de Black Beach. Pocos días después, fuentes oficiales confirmaron estos rumores.

Fulgencio y Francisco fueron juzgados junto a más de un centenar de hombres acusados de haber participado en una presunta conspiración para derrocar al presidente Teodoro Obiang en 2017. El juicio se celebró en la ciudad de Bata entre marzo y mayo de 2019.

Según las personas que asistieron como observadores, el proceso se vio empañado por todo un catálogo de violaciones del derecho a un juicio justo. La mayoría de los acusados habían estado detenidos de forma arbitraria durante aproximadamente un año sin que se les hubiera informado de los cargos formulados contra ellos.

Al final, se impusieron a los 112 acusados —algunos de ellos juzgados in absentia— penas de entre tres a 90 años de cárcel. Fulgencio y Francisco fueron condenados a casi 60 cada uno. Desde que se conoció el fallo, sus familias han vivido en una pesadilla. Siguen adelante, pero sin entender cómo un viaje de negocios a Togo puede haber acabado en una prisión de Guinea Ecuatorial.

En Madrid, donde vive la familia de Francisco, solo saben que viajó a Roma para reunirse con Fulgencio y que de allí ambos viajaron a Togo. La esposa de Francisco, que tiene que medicarse para dormir, siente que necesita urgentemente saber si sigue vivo, pues no puede soportar el sufrimiento de sus hijos e hija.

La última vez que vio a Francisco fue por televisión en 2019, cuando se leyó su sentencia. Desde entonces, es como si se lo hubiera tragado la tierra. Lleva más de dos años sin recibir noticias de él y quiere creer que sigue vivo y está bien.

Para los cuatro hijos y la hija de Francisco, la situación es tan dolorosa que no han sido capaces de compartirla ni siquiera con sus amistades más cercanas. Consideran a su padre un buen hombre con buenos valores. La casa les parece vacía desde que falta. Echan de menos cuando llegaba a casa del trabajo todos los días y les preguntaba uno por uno qué tal les había ido el día. Echan de menos los secretos que compartían con él, cómo los ayudaba y los partidos del Real Madrid que veían juntos en la televisión.

Pero a pesar de todo, aún tienen esperanza. Sueñan con el día en que su padre regrese a casa. Están deseando decirle lo bien que les va en la escuela y cuánto han mejorado jugando al fútbol. Quieren que Francisco se sienta orgulloso.

En Italia, la hermana de Fulgencio a veces se siente culpable por pensar que su hermano está muerto. Sus palabras muestran un interminable sufrimiento al que querría poner fin:

“Si supiera que Fulgencio está muerto, con toda la pena del mundo, uno se hace a la idea y se resigna, pero no saber si está vivo o está muerto es una eterna agonía. Las autoridades de Guinea Ecuatorial no solo están acabando con la vida de Fulgencio, la familia no tenemos vida. Lo que le pediría al presidente de Guinea Ecuatorial es que nos diga si mi hermano sigue con vida o lo ha matado. (...) Creo que las autoridades están haciendo esto pensando que con el tiempo nos vamos a olvidar de Fulgencio, pero no le vamos a olvidar”.

Las familias de Francisco y Fulgencio no son las únicas que viven esta pesadilla. En noviembre de 2019, cuatro miembros del grupo de oposición Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) fueron secuestrados en Sudán del Sur por las fuerzas de seguridad de Guinea Ecuatorial y trasladados a una cárcel del país. Pocos días después, fuentes oficiales confirmaron los rumores: habían sido juzgados in absentia en el mismo juicio de mayo de 2019.

La mayoría de los detenidos eran el sostén económico de sus familias, que ahora luchan por sobrevivir vendiendo sus pertenencias. En algunos casos no han tenido el valor de decirles la verdad a sus hijos e hijas. Simplemente les han dicho que sus padres están en Guinea Ecuatorial por motivos de trabajo, pues saber la verdad los matará de tristeza.

Una de las madres se hacía esta pregunta: “¿Cómo mi hija de ocho años, quien adora a su padre y que piensa que es una buena persona va a entender que a su padre lo han mandado 80 años a la cárcel? ¿Cómo puede entender que no lo va a volver a ver? ¡Solo tiene 8 años! No le puedo hacer esto. Se me rompe el corazón pensando que mi hija no va a volver a ver su padre nunca más.”

En Guinea Ecuatorial muchos presos seguirán desaparecidos, viviendo “en un agujero negro y profundo”, como dijo un exdetenido, solos y abandonados, sin que sus familiares conozcan cuál ha sido su suerte.

Sin embargo, sus familias no han perdido la fe. Siguen creyendo en la fortaleza de sus seres queridos y en que tal vez un día queden en libertad. Con arreglo al derecho nacional e internacional, toda persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio justo. Sin embargo, en muchos países del mundo, como es el caso de Guinea Ecuatorial, no se respetan los derechos básicos a la defensa y al debido proceso: que haya profesionales del derecho presentes durante los interrogatorios, personal médico independiente disponible para examinar a las personas detenidas y contacto con las familias, y que se garantice que nunca pueda usarse como prueba una “confesión” obtenida por medio de tortura.

Amnistía Internacional insta al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, a cumplir urgentemente el derecho internacional de los derechos humanos y garantizar que todos los detenidos son protegidos contra la tortura y otros malos tratos, están recluidos en condiciones humanas y tienen acceso a sus familiares y a profesionales del derecho.

Marta Colomer es encargada de campañas de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. Este artículo ha sido publicado en inglés en Daily Mavericks.