En Guinea Ecuatorial se ha vuelto peligroso decir la verdad. Cualquiera que se atreva a señalar el deterioro social, la inseguridad o el fracaso del Estado es inmediatamente etiquetado como “enemigo del país” o “opositor”. En la lógica del régimen dictatorial de Malabo, criticar al poder equivale a atacar a Guinea Ecuatorial. Como si el país perteneciera a una sola familia y no a millones de ciudadanos.
Mientras tanto, las dos principales ciudades del país, Malabo y Bata, viven desde hace años bajo el miedo creciente de la violencia juvenil y de bandas armadas conocidas popularmente como “8 Machetes”. Jóvenes adolescentes, muchos de ellos sin empleo, atrapados por la droga, la pobreza y la ausencia total de oportunidades, han convertido barrios enteros en territorios de terror e impunidad, matan, machetean a las personas en plena luz del día.
Lo más grave no es únicamente la existencia de estas bandas. Lo verdaderamente alarmante es la incapacidad —o la falta de voluntad— del aparato estatal para detener un fenómeno que lleva años destruyendo la convivencia social. Un Estado que presume de fuerza militar, de control absoluto y de vigilancia permanente contra cualquier disidencia política, parece incapaz de garantizar la seguridad básica de sus propios ciudadanos.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede un país profundamente militarizado no controlar a grupos armados de adolescentes en ciudades relativamente pequeñas? ¿Cómo es posible que, mientras se persigue con dureza a críticos y opositores, la población civil continúe expuesta a robos, machetazos, asesinatos y extorsiones cotidianas de jóvenes de 15-18 años?
Cada año salen promociones enteras de academias militares y policiales. Guinea Ecuatorial cuenta con numerosos cuerpos de seguridad, existen controles policiales y presencia armada constante de militares. Sin embargo, la inseguridad aumenta. Para muchos ciudadanos, esto alimenta una sospecha cada vez más extendida: que determinados sectores del aparato de seguridad y de justicia conviven con la delincuencia, promueven la violencia, se benefician de ella o la utilizan como instrumento de control social y miedo para perpetuar la dictadura.
La corrupción agrava todavía más el problema. Numerosos ciudadanos denuncian que delincuentes detenidos son liberados rápidamente por los jueces, que las condenas rara vez se cumplen y que la justicia funciona de manera desigual dependiendo del dinero, las conexiones o la cercanía al poder. Cuando las instituciones pierden credibilidad, el crimen deja de ser una excepción y se convierte en parte del sistema.
La droga también se ha expandido de forma alarmante. En barrios populares, escuelas, discotecas y calles de las principales ciudades de Guinea Ecuatorial circulan sustancias cada vez más peligrosas, afectando especialmente a jóvenes sin futuro ni perspectivas. En lugar de políticas públicas de prevención, educación y empleo juvenil, el país parece atrapado en una espiral de abandono social, sólo preocupa que la familia del presidente esté bien.
La violencia nunca surge de la nada. Allí donde no hay justicia, oportunidades ni instituciones confiables, el miedo termina ocupando el lugar del Estado. Y cuando la ciudadanía deja de confiar en quienes deben protegerla, el deterioro social se vuelve inevitable.
Guinea Ecuatorial necesita algo más que discursos oficiales y propaganda en la red X (Twitter) de su Vicepresidente Teodoro Obiang que desea emular a Nayib Bukele, pero su historial de vida le delata. Necesitamos instituciones independientes, justicia real, oportunidades para los jóvenes y un Estado que proteja a la población en lugar de intimidarla. Porque ningún país puede construirse sobre el miedo, la corrupción y la impunidad. Ni mucho menos con una publicidad barata en Twitter mientras la gente muere y la violencia sigue
La inseguridad que hoy sufren los guineanos no es solamente un problema criminal. Es el reflejo de una crisis política y moral mucho más profunda. Basta ya!
Fuente: reflexiones
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