El proyecto de ley de Desarrollo Solidario, aprobado definitivamente en la Asamblea Nacional  francesa el martes, luego en el Senado el miércoles 21 de julio, crea un mecanismo para la devolución de los bienes mal adquiridos. Este avance considerable, luego de 14 años de trámites e incidencia por parte de las ONG, lideradas por Transparencia Internacional Francia (TI-France), abre un nuevo capítulo: el de la restitución de bienes a las poblaciones expoliadas. Ya era hora: la sentencia del Tribunal de Casación en el "caso Teodorin Obiang" está prevista para el 28 de julio. De confirmarse la condena del vicepresidente de Guinea Ecuatorial y la confiscación de sus bienes en Francia, esta decisión podría constituir un primer caso práctico de restitución de bienes mal adquiridos.

Devolver los bienes mal adquiridos era impensable anteriormente. De hecho, sin la petición o acción legal del Estado de origen de los fondos, la propiedad confiscada ingresaba en el Tesoro francés. Paralelamente a los procesos judiciales contra los Obiang, Sassou Nguesso, Bongo y sus familiares, TI-France llevó a cabo un largo trabajo de incidencia con los responsables públicos de la toma de decisiones para convencerlos de la necesidad de llenar este vacío legal y crear un mecanismo de restitución. 14 años después, este trabajo ha dado sus frutos.

"Que los bienes resultantes de la confiscación de bienes mal adquiridos pasara a los presupuestos del Estado francés en lugar de ser devueltos, habría sido un doble castigo para las poblaciones de los países de origen, despojados por segunda vez", subraya Sara Brimbeuf, directora de defensa de la gran corrupción y los flujos financieros ilícitos en TI-France. “Todo se ha acelerado desde la votación del proyecto de ley del senador Jean-Pierre Sueur en 2019. Los parlamentarios, tanto de la oposición como de la mayoría, han estado escuchando y han demostrado una verdadera voluntad Política. Es importante recordar esto. Gracias a este trabajo conjunto, Francia pudo sentar las bases de un modelo en este ámbito ".

“Debe entenderse que uno de los principales desafíos que enfrenta una política de restitución de activos es asegurar que los fondos confiscados, una vez devueltos, no vuelvan a caer en los canales de la corrupción. »Especifica Sara Brimbeuf. Por ello, insistimos en que el sistema estuviera acompañado de garantías de transparencia y rendición de cuentas y pedimos a las ONG, francesas pero sobre todo locales, que se implicaran en la definición de proyectos y en el seguimiento de su ejecución. Estas garantías se basan en las mejores prácticas internacionales y principios acordados internacionalmente. “Lo más importante no fue poder devolver bienes mal adquiridos, sino poder garantizar que, una vez devueltos, beneficiaran a las poblaciones, las primeras víctimas de la corrupción. »Añade Sara Brimbeuf.

Una vez consagradas en la ley, las garantías y sus modalidades de implementación deberán ser especificadas posteriormente en el contexto del proyecto de ley de finanzas para el año 2022 así como en el contexto de un posible decreto de implementación. El fallo del Tribunal de Casación en el caso Teodorin Obiang está previsto para el 28 de julio. Si confirma la condena del Vicepresidente de Guinea Ecuatorial y se ejecuta la confiscación definitiva de su propiedad, podría brindar una primera oportunidad para implementar este mecanismo.

Y Sara Brimbeuf concluye: “Con la creación de este mecanismo de restitución, la votación de la Ley de Desarrollo Solidario está a punto de cerrar un capítulo de 14 años de movilización ante los tribunales, ante los funcionarios electos. Hay que escribir una nueva historia: la de la restitución de bienes mal adquiridos a las poblaciones. Estamos listos. "