Más de 100 personas fueron juzgadas a principios de año en Guinea Ecuatorial, acusadas de haber intentado derrocar al presidente Teodoro Obiang, en un juicio "ilegal" con una condena para 112 personas que no menciona pruebas y que es un reflejo de la falta de parcialidad de la justicia en el país, según observadores que presenciaron el proceso.

"Es un juicio que fue ilegal e injusto de principio hasta el fin", considera el exrelator especial de la ONU sobre tortura Juan Méndez, que estuvo observando el proceso y que así lo asegura en un vídeo hecho público hoy por Human Rights Watch (HRW).

Un total de 112 personas fueron declaradas culpables el pasado 31 de mayo y una veintena de ellos se llevaron penas de más de 70 años de cárcel, con cargos de traición, terrorismo, crímenes contra el jefe de Estado, rebelión y posesión de armas, entre otros.

Delitos algunos de ellos, que, como apunta a Efe la abogada ecuatoguineana y experta en Derecho María Jesús Bikene, pueden conllevar la pena de muerte, que se usó por última vez de forma oficial en el país en 2014, según Amnistía Internacional.

El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Bata, la principal ciudad continental del país, y fueron juzgadas unas 130 personas, que estaban acusadas de haber intentado atentar en diciembre de 2017 contra Obiang, en un golpe fallido y supuestamente perpetrado por mercenarios de Chad, Camerún y la República Centroafricana (RCA).

"Yo estoy en la cárcel. Un año, dos meses y 27 días. No veo a mi familia, no hay comunicaciones. Ni carta, ni una nota. A mí me suena a secuestro", se escucha en el vídeo que hoy divulga HRW a uno de los acusados que testificó en el proceso.

Según una investigación preliminar firmada por Méndez, que observaba el juicio como parte del proyecto Trial Watch, de la Fundación Clooney para la Justicia, todos los detenidos permanecieron incomunicados en la cárcel y ni siquiera pudieron hablar con sus abogados hasta apenas cuatro días antes del juicio.

Además, algunos acusados denunciaron torturas mediante golpes y descargas eléctricas por parte de las fuerzas de seguridad para conseguir una confesión.

Una persona murió mientras estaba detenido y otra en la primera semana del juicio, y "es posible que murieran por los efectos de las torturas", considera Naomi Grassman, otra de las observadoras del proceso.

La sentencia, de 70 páginas, no menciona en ningún momento "una sola prueba" contra los condenados, según otra observadora, Viancy Ortiz, que pudo leerla entera.

"El hecho de que las autoridades de Guinea Ecuatorial sientan que pueden llevarse a decenas de personas de las calles y condenarlas a décadas de cárcel sin otra prueba que una confesión obtenida bajo tortura debería generar repudio y alerta", consideró la investigadora de HRW Sarah Saadoun.

La Policía realizó una oleada de arrestos una semana después de la supuesta intentona y luego varios más a lo largo del 2018 que incluyeron también detenciones en otros países como la RCA.

"Hubo diferentes oleadas de arrestos y una falta de transparencia por parte del Gobierno que hace imposible saber cuáles fueron las razones -si las hubo- de las detenciones", explica a Efe Saadoun.

En el juicio, la Fiscalía tampoco presentó ninguna prueba contra los acusados y las únicas que se presentaron fueron confesiones obtenidas mediante torturas y coerción, según la investigadora y los observadores.

"Lo importante es que puede ser que alguno de los acusados estuviera implicado en el golpe, pero sin un juicio justo, con pruebas creíbles, jueces independientes, etc., no vamos a saber quién estuvo realmente involucrado y de qué forma", alega Saadoun.

Para Bikene, que ha participado en numerosos juicios de este tipo, el de la intentona golpista fue "como otros muchos, una farsa donde se violaron todos los principios básicos de garantías que tiene todo ser humano a un juicio justo".

"No es legal en Guinea -explica la letrada- que los abogados no puedan verse con sus clientes antes; sin embargo en este caso y en otros muchos de esta índole, pasan de las formalidades y de lo que disponen las leyes y hacen cosas como que no dejarnos hablar con nuestros clientes hasta el día anterior a que comience la vista publica".

Este juicio fue un proceso de alto nivel, pero las irregularidades -y las torturas- que los observadores internacionales detectaron son "rutinarios" en los juzgados ecuatoguineanos, según la experta de HRW.

"Ha habido al menos dos casos este año, además de este juicio, donde los abogados dicen que sus clientes murieron en detención debido a la tortura", asegura Saadoun.

Las detenciones preventivas -que se extienden incluso años sin un juicio- sin ningún tipo de comunicación no es algo aislado a este proceso. Saadoun, por ejemplo, cita el caso de un profesor que estuvo seis meses esperando a juicio por haber mandado un audio a un compañero, que luego se hizo público en internet, quejándose del gasto gubernamental.

Fue notable también el año pasado el caso del dibujante y activista Ramón Esono, que estuvo en la cárcel de Black Beach (Malabo), categorizada como una de las peores del mundo, durante 9 meses después de que le detuvieran por unos cargos -supuesto blanqueo y falsificación de dinero- que se retiraron durante el juicio.